92 resultados para Departamentos


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El presente escrito realiza una interpretación alternativa, espacialmente centrada, de la violencia y el desplazamiento forzado en Colombia, desde la teoría neomarxista y la escuela de la regulación, tomando como base la influencia que tienen los intereses y estrategias, eminentemente económicos y políticos, de los actores del conflicto sobre el desplazamiento forzado. Ello, centrándose temporalmente en el período 2002-2010 y tomando como caso de estudio la franja fronteriza entre los Departamentos del Huila y el Tolima, concretamente los Municipios de Planadas y Ataco, al sur del Tolima. La hipótesis planteada establece que el desplazamiento forzado en Colombia, en tanto que fenómeno espacial complejo, tiene variadas causas y diferentes a la violencia, dentro de las que se enlistan los intereses económicos y políticos, en la consolidación del bloque hegemónico territorial. Se inicia con una presentación de los conceptos y planteamientos teóricos de los que parte el análisis, para luego hablar de la mentalidad imperante a nivel global, en términos del modo de regulación y el régimen de acumulación, así como de la malla de actores que componen el bloque hegemónico nacional, sus intereses y estrategias; y finalmente centrarse en el estudio de caso seleccionado, caracterizando los municipios e ilustrando en qué consiste el juego de intereses de los actores del bloque hegemónico local y cuál es su impacto sobre el desplazamiento forzado.

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Análisis de la situación que se vive en Colombia en el periodo 2005- 2008 respecto del reconocimiento del conflicto armado interno o de la existencia de una amenaza terrorista, y sus implicaciones frente al respeto del Derecho Internacional Humanitario.

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Se analiza la relación entre el gobierno nacional y los 6 departamentos beneficiarios de regalías directas producidas por la explotación de hidrocarburos desde 1991 a 2012. para lo anterior se describe sus antecedentes, su proceso de configuración y las vicios que ha traído la implementación de un sistema de general de regalías. Para terminar se hace realiza un análisis de la relación en donde se concluye un agotamiento del sistema y se exhorta al diseño de uno complemente nuevo.

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La supervisión del contrato estatal es que una materia que no se encuentra debidamente reglamentada, ya que con el estudio de la legislación vigente al respecto se observa que, por ser ésta insuficiente, general y delegataria, ha acarreado que el deber y la obligación de supervisar la actividad de contratación por parte del Estado sean reglamentados por la normatividad interna de cada entidad cobijada por el régimen de contratación pública. Reglamentación ésta que, al realizar un análisis, lleva a deducir que es numerosa, dispersa, contradictoria entre sí y entre las normatividades internas de las entidades públicas analizadas; con lo cual se constituye un panorama no propicio para el cabal cumplimiento de los principios generales del derecho, constitucionales; principios que rigen la función administrativa y los de la contratación estatal que le puedan ser aplicados. De acuerdo con todo lo anterior se expresa que, siendo la supervisión una herramienta ideal para el cumplimiento del deber y la necesidad de vigilar y controlar todo lo concerniente al proceso de contratación pública por parte del Estado colombiano, con miras a controlar y disminuir la corrupción en la contratación estatal, no goza de un régimen ideal para su desarrollo, por lo que además puede decirse que esta herramienta ha sido hasta la fecha subutilizada.

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Objetivo: Evaluar la exposición a plaguicidas organoclorados empleados en salud publica en la población trabajadora del programa de control de vectores en tres regiones de Colombia en 2013. Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en el grupo de trabajadores del programa de control de enfermedades transmitidas por vectores -ETV- (coordinadores, técnicos, entomólogos, técnicos y auxiliares) de los departamentos de Meta, Nariño y Risaralda. A todos los participantes se les realizó una entrevista en la cual se recogió, mediante cuestionario, información de las tres variables de muestreo: sociodemográficas, ocupacionales, clínicas y toxicológicas. Se determinaron los niveles de 13 organoclorados en suero mediante cromatografía de gases en el Instituto Nacional de Salud. Se llevó a cabo un análisis descriptivo y se llevo a cabo un análisis para determinar la distribución de medias entre variables de exposición ocupacional (Ji2 para cualitativas y U de Mann-Whitney para cuantitativas). Posteriormente, se llevó a cabo un análisis multivariado para estimar la asociación controlando por variables de antigüedad, exposición laboral a organoclorados. Resultados: El reporte de manipulación de insecticidas organoclorados fue del 39,1%. El 100% de los trabajadores que usaron organoclorados refirieron el uso DDT. El 7,5% (n=3) refirieron el uso de Aldrin. Los organoclorados fueron hexaclorbenceno, hexaclorocicloexano, heptacloro, heptaclorepoxi, α-Clordano, 4,4-DDT, 4,4-DDE, β -endosulfan, 2,4- DDT, endosulfan sulfato y mirex. Los organoclorados con niveles pico más altos fueron β-HCH, 4,4- DDT y α –HCH. Los síntomas de mayor presentación fueron: cefalea 28,7%, mareo 29,9%, disminución de fuerza en MMSS 17,2% y síntomas neurosiquiátricos.

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Existen disparidades importantes entre los departamentos expresadas en el acceso a los servicios públicos y sociales, en el ingreso per cápita regional, etc. Debido a esto la Constitución de 1.991 fortaleció el proceso de descentralización y aumentó las transferencias de recursos a las regiones más pobres para disminuir las brechas de desarrollo económico y social. La descentralización genera mayor cercanía entre ciudadanos, servicios y gobierno permitiendo una mayor eficiencia en la provisión de los bienes y servicios públicos con un mayor control ciudadano. Así “La descentralización tiene sentido desde el punto de vista económico en la medida en que permite captar mejor las generalmente muy diversas necesidades y preferencias de los ciudadanos.

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Las transferencias constituyen el mayor porcentaje de ingresos ordinarios de las entidades territoriales, es pertinente efectuar un análisis comparativo, para determinar hasta qué punto el nuevo esquema puede afectar el proceso de descentralización

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El sistema de organización territorial ha pervivido hasta el día de hoy con algunas modificaciones como por ejemplo la elección popular de alcaldes y gobernadores o el ascenso a la categoría de departamentos de las intendencias y comisarías

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El proyecto tiene como objetivo principal analizar la incidencia del Nuevo Sistema General de Regalías en el proceso de descentralización fiscal en Colombia iniciado por la Constitución de 1991, tomando como estudio de caso los departamentos de Cundinamarca y Meta. Para esto, se hace un análisis de la legislación a través de la historia, examinando los factores más importantes que inciden tanto en la descentralización fiscal, como en el régimen de las regalías. El Gobierno de Juan Manuel Santos propuso la reforma al sistema de regalías exponiendo cuatro objetivos: ahorro, equidad, competitividad y buen gobierno. Todo esto eliminando las regalías directas y centralizando los recursos por el Gobierno Central, lo que generó una fuerte discusión de los gobernantes de los entes territoriales. Es en este contexto que Cundinamarca como departamento no productor y el Meta como uno de los principales receptores de regalías directas constituyen una fuente de análisis importante.

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Esta investigación diagnostica constituye un análisis acerca de la posibilidad de creación del departamento del magdalena medio y la incidencia de los factores políticos y culturales en la planeación de nuevas entidades territoriales. En este sentido, se exploran las diferentes reformas al ordenamiento territorial colombiano desde la constitución de 1886, y las intersecciones de la constituyente de 1991 en la ordenación del territorio colombiano a través de la (LOOT). Para ello, se reflexiona a través de la articulación conceptual de las dificultades del ordenamiento territorial colombiano a causa de una deficiente distribución del territorio.

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Dentro del estudio se expone el perfil de importación de cada departamento colombiano de productos provenientes de la Unión Europea. Además, se analiza la evolución de estas importaciones en los últimos años. En el proyecto se representa y analiza la información recopilada en la base de datos Wiser Trade 2014. Ésta se expone de forma muy detallada, pues presentan los diez principales productos que cada departamento importa de cada país miembro de la Unión Europea, así como los principales proveedores de estos bienes al departamento.

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El Estatuto General de Contratación colombiano (Ley 80 de 1993 y normas que lo aclaran, complementan y desarrollan), como desarrollo de los artículos 4 y 209 de la Constitución Política y como ejemplo de la implantación de nuevas maneras de entender el derecho administrativo, habilita a las entidades estatales sujetas al estatuto general de contratación, en aras de alcanzar sus fines constitucionales y legales, para acudir a contratos del derecho privado, plasmados en normas especiales y aquellos derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, sin que ello se oponga al principio de legalidad, piedra angular del derecho público. No obstante esta autorización legal expresa, el uso de contratos atípicos es muy limitado.

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Esta investigación busca identificar los componentes que permiten que las organizaciones del segmento tiendas por departamento del sector retail en Colombia perduren; para ello analiza la definición alcanzada por la Universidad del Rosario en 2009 y la contrasta con estudios teóricos anteriores y posteriores a esta, entrevistas en profundidad a algunos de los actores del segmento en el país, e información sobre el tema publicada en medios de comunicación. A partir de la triangulación de estos datos se concluye que, en tanto el sector tiene las mismas problemáticas y criterios de evaluación de cualquier empresa, le son aplicables los mismos criterios de perdurabilidad.

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Nariño y Cauca son dos de los departamentos de Colombia más afectados por la violencia. La reciente firma de un acuerdo de un cese bilateral de hostilidades con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los diálogos de La Habana son apenas el comienzo de la Construcción de Paz (CP) que implica el esfuerzo continuo de diferentes actores (gubernamentales, sector privado, sociedad civil y organismos multilaterales) para lograr no solo una paz negativa sino una paz positiva. El apoyo al emprendimiento es una estrategia implementada por el Gobierno y por los stakeholders que participan en el proceso del posconflicto, que tiene como finalidad respaldar el proceso de integración económica de las víctimas y desmovilizados. El presente documento es un estudio exploratorio elaborado por medio de una investigación cualitativa en la temática de emprendimiento, instituciones y CP en los departamentos de Nariño y Cauca. Se utilizó una estrategia metodológica denominada Matrices de Stakeholders para representar gráficamente la influencia institucional sobre la toma decisiones e implementación de los stakeholders sobre las reformas o políticas de emprendimiento y CP en estos dos departamentos. En esta investigación se encontró que i) en general, las instituciones del gobierno de los de Nariño y Cauca son extractivas y limitan la participación de la sociedad; ii) los stakeholders de la sociedad civil a pesar de tener cierta organización y voz no están en capacidad de generar influencia más que a nivel local o comunitario; iii) los vacíos dejados por las instituciones extractivas del gobierno tienden a ser llenados por instituciones inclusivas de stakeholders del sector privado y de organismos multilaterales.

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El diseño y la ejecución de las políticas públicas es una de las actividades fundamentales del Estado y es la forma en la que éste ofrece soluciones para suplir necesidades más apremiantes de la sociedad. La formulación y la ejecución de las políticas públicas también dan cuenta de las relaciones entre los gobiernos y la comunidad, y los niveles de legitimidad y gobernabilidad que tienen el Estado en un territorio determinado. La estructura político-administrativa de Bogotá, como Distrito Capital, es muy diferente a la de los demás municipios y departamentos del Colombia, pues desde 1991 se ha desarrollado un proceso de descentralización interna de la ciudad para acercar más al gobierno distrital con la comunidad y permitir la participación activa de los ciudadanos en la construcción de las soluciones a las necesidades de su entorno más cercano, las Localidades. En la primera década de desarrollo de este proceso interno de descentralización, tres administraciones afrontaron el reto de profundizar dicho proceso (Jaime Castro 1992-1994, Antanas Mockus – Paul Bromberg 1995-1997 y Enrique Peñalosa 1998-2000), que estaría enmarcado en el Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto-Ley 1421 de 1993). De estas tres primeras administraciones que se enfrentaron a la figura novedosa en el país de la descentralización al interior de un ente descentralizado como el Distrito Capital, la administración de Enrique Peñalosa adoptó políticas que disminuían la relativa autonomía que habían logrado las Localidades y planteó un modelo de recentralización que transformaba la relación entre los gobiernos locales, el gobierno central distrital y la ciudadanía.