89 resultados para BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD


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En el presente trabajo se analiza la obligación de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana referente a la constitucionalidad del Marco Jurídico para la paz. De la aparente remisión que hace la Corte Constitucional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario se concluye que la Corte Constitucional propone como premisa mayor una obligación que surge de una interpretación extensiva de la Convención Interamericana. De la misma forma, se estudia el tratamiento indebido del derecho aplicable a las amnistías e indultos, que se relaciona con la necesidad de evitar cualquier tipo de impunidad, cuyo concepto sirve para esclarecer cuáles son los estándares que se quiere proteger. Por último, se analiza el contexto al que se pretende aplicar dicha obligación, es decir, la justicia transicional, proponiendo un modelo interpretativo de los fines de la pena, y su aplicación por medio de la favorabilidad penal, para la justicia transicional, que sea acorde a la interpretación de la Convención Interamericana.

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El interés de este estudio de caso es analizar el papel de la cooperación internacional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) en la implementación del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (PLANEDH) como política pública en Colombia. El análisis conducirá a la importancia del apoyo de la OACNUDH en el proceso de consolidación del PLANEDH como política pública y como estrategia para garantizar la promoción, protección y ejecución de los derechos humanos. Para el caso, se tomará la perspectiva teórica del neoliberalismo institucional de Robert Keohane, por medio de la cual se pretende explicar la influencia de las instituciones internacionales en las acciones de los Estados.

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La salud además de ser un derecho fundamental también es un servicio público, el cual debe brindarse adecuadamente en términos de oportunidad, cobertura y calidad. Al entender la salud como un derecho fundamental autónomo, significa, que requiere por parte del Estado la garantía de su goce efectivo para todos los habitantes del territorio nacional, el cual es susceptible de limitaciones, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, dentro del marco de la dignidad humana. Por otro lado, el análisis de la salud como un servicio público puede abordarse desde la prestación del mismo por parte de los particulares, lo que significa analizar la figura de la descentralización por colaboración en un Estado Unitario, lo que implica: 1. La actuación de particulares en la prestación del servicio público, previa autorización legal 2. La implementación de sistemas de control, inspección y vigilancia, por parte del Estado sobre dicha prestación. 3. La expedición de instrumentos de regulación y reglamentación normativa que regulen la prestación del servicio público de salud. A través de la interpretación integradora podemos afirmar que la salud es un derecho de la persona que se materializa mediante la prestación de un servicio público de carácter obligatorio. Es decir, los servicios públicos se constituyen como instrumentos para garantizar el logro de la plena vigencia y eficacia de los derechos constitucionales y por ende de la realización de los fines del Estado Social de Derecho.

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La del acceso a la tierra y su distribución, ha sido una problemática transversal a la historia de los conflictos sociales en el país. En el caso de los pueblos indígenas, la existencia de todo un marco jurídico nacional e internacional que reconoce sus derechos territoriales, así como de importantes avances que a este punto se han producido en cuanto a titulación de tierras de resguardo en nuestro país, fueron dos factores que invitaron a preguntarnos en este trabajo por las dinámicas que, a pesar de ello, subyacen a un permanente desconocimiento de tales derechos. Con este objeto, en él se caracterizan las disputas que, desarrolladas en el marco del ordenamiento jurídico e institucional de la Constitución Política de 1991, han llevado a la existencia de una contraposición entre el reconocimiento y la eficacia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Desde una perspectiva crítica, la mirada propuesta presenta un abordaje a tales disputas que abarca una aproximación a sus antecedentes históricos y posterior configuración a instancias de la expedición de las normas, la formulación de las políticas y el ejercicio del control judicial constitucional, en los años posteriores a 1991. Resultado de tal caracterización, se demuestra de qué manera dichas pugnas, que tienen expresiones normativas, administrativas y judiciales, y a su vez son determinadas por factores sociales, políticos, económicos y culturales, han llevado a la existencia en nuestro país, de una brecha de implementación de tales derechos.

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Esta monografía busca analizar la figura de la soberanía estatal en el marco del Régimen Internacional de DDHH a través del caso de derogación de Leyes de Amnistía en Perú por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, se pretende identificar la afectación de la soberanía del Estado peruano como consecuencia de la declaración de incompatibilidad y carencia de efectos jurídicos de las leyes de amnistía por parte de la Corte Interamericana, en la sentencia Barrios Altos c. Perú. En ese sentido, estudiando el concepto de soberanía estatal, en particular en la rama del poder legislativo, y su relación con las instituciones internacionales de carácter interestatal como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podremos señalar cómo las decisiones de la Corte limitan el poder soberano de los Estados.

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Este es un estudio sobre la garantía y aplicabilidad de los derechos humanos de las poblaciones indígenas colombianas durante los primeros cuatro años de mandato de la administración Santos. La investigación busca explicar la manera en que las adversas condiciones socio económicas que caracterizan el desarrollo de las poblaciones indígenas, denotan la incapacidad del Estado Social de Derecho para garantizar la protección y aplicabilidad de los derechos fundamentales de estas comunidades. Las disposiciones constitucionales han tenido un desarrollo truncado debido a las escasas medidas proferidas por diferentes gobiernos frente a las necesidades de estos grupos en particular. En razón de lo anterior, el estudio se inscribe dentro del marco teórico referente al neo constitucionalismo debido al alto valor explicativo que ofrecen los postulados de Gustavo Zagrebelsky y Luigi Ferrajoli en relación al fenómeno que se pretende analizar. Se concluye que frente a la persistencia de los factores que afectan el desarrollo de las poblaciones indígenas, el reconocimiento constitucional debe ser complementado por una efectiva normatividad que asegure la aplicabilidad de los derechos fundamentales por parte de las administraciones políticas: no debe existir un desfase entre las nociones de principio y la ley.

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El documento busca identificar hacia que tipo de solución al problema de la opresión de la población homosexual tienden los fundamentos teóricos de la jurisprudencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional (1998 - 2009) que protege los Derechos Humanos de las personas y parejas homosexuales en Colombia, en términos de la teoría de la justicia desde la perspectiva del reconocimiento. Los pasos seguidos en esta investigación son: (i) identificación de las fuentes y formas de la opresión de la cual es víctima la población homosexual en occidente, (ii) identificación de la forma como ha operado dicha opresión —heteronormatividad— en Colombia, a través de un breve análisis del discurso jurídico, (iii) descripción de las soluciones que la teoría de la justicia como reconocimiento plantea al problema de la opresión de la población homosexual y, por último, (iv) análisis de los fundamentos teóricos de la jurisprudencia seleccionada a la luz de los criterios de la teoría de la justicia señalados. Como hipótesis se plantea que de las tres soluciones —afirmativa (política de la diferencia), transformativa (política queer) e intermedia (reforma no reformista) —, es la primera la que marca la tendencia.

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A partir de un análisis comparado, de orden cualitativo, se analiza la existencia de continuidades y rupturas estratégicas entre el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC y los Urabeños, con el fin de caracterizar a ambos actores armados. La investigación expone similitudes relevantes entre ambos grupos armados a fin de dilucidar la naturaleza, aun discutida, de las llamadas bandas criminales y su relación con los predecesores bloques paramilitares, además de la incidencia en las actividades económicas, la población civil y el poder político.

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La primera parte de la monografía, analiza el alcance y contenido de la integración suramericana, los sujetos, componentes y condiciones básicas para una integración política en la región desde la CAN y el Mercosur, haciendo mención al caso particular de Chile. Dado el enfoque político que tiene la monografía, no se desconoce el papel central que juega en estos procesos la integración económica. En la segunda parte entonces, se señalan las bondades y dificultades de esta, y hace un análisis de las perspectivas económicas de los dos bloques, cuestionándose, hasta que punto se quiere llegar en el camino de la integración económica. 3 La tercera parte se refiere a la necesidad de crear una hoja de ruta de la integración, a partir de la armonización de las políticas estructurales, orientada no solamente al buen entendimiento entre los diferentes países, o a la búsqueda de respuestas de los problemas coyunturales del momento, sino que deben permitir el diseño de nuevas políticas con las que se desarrollen proyectos de gran envergadura, en los que se involucre a todos los miembros. La cuarta y última parte, introduce el análisis sobre la importancia de las instituciones, entendidas como el conjunto de normas y órganos comunitarios diseñado para el mejor desempeño de las relaciones entre los Estados. Se concluye advirtiendo que el enfoque político último – el bien común integral- no puede subordinarse a cualquier fórmula de crecimiento económico. Esta es una consecuencia que se deriva del tipo de unidad que implica cualquier forma humana de integración.

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Con el presente documento, se busca que, por primera vez en los últimos 143 años de historia del derecho colombiano se realice un análisis a profundidad sobre como era que se realizaba el control de constitucionalidad en el régimen federal instaurado en la Constitución de Rionegro en el año de 1863. Toda la Información de este trabajo de investigación fue obtenida de los Registros Oficiales de los años de 1863 y 1864; y de los Diarios Oficiales del periodo comprendido entre marzo 31 de 1864 y abril 13 de 1886. Ya que estos eran los medios de comunicación permitidos por la legislación nacional en donde podrían estar consignados tanto los Acuerdos de la Corte Suprema Federal, como las resoluciones del Senado de Plenipotenciarios de los Estados Unidos de Colombia.

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Análisis de los tratados revisados por la Corte Constitucional

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Colombia, junto con otros países como Estados Unidos, Uruguay, Argentina y México se presenta como uno de los primeros países en el mundo que adoptó el control abstracto de constitucionalidad de las leyes. Recientemente y en especial desde la promulgación de la Constitución Política de 1991 la Corte Constitucional de Colombia es presentada como un ejemplo notorio de activismo judicial que crea normas jurídicas a través de sus sentencias. Este artículo presenta una revisión general de los desarrollos internacionales en materia de acciones de inconstitucionalidad así como de los métodos contemporáneos de interpretación y decisión constitucional, con el propósito de mostrar que el caso de Colombia no es tan excepcional como se supone y que tampoco constituye un caso que represente la vanguardia en materia de interpretación constitucional. La jurisprudencia Constitucional de Colombia representa más bien otro ejemplo de trasplante doctrinario y jurisprudencial que obedece a la globalización de la jurisdicción constitucional y de la utilización del método de ponderación para decidir demandas de inconstitucionalidad. Se hace una breve referencia a las dificultades institucionales de los países en desarrollo que inciden en las consecuencias de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional y su evaluación.

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Este artículo es una revisión historiográfica del tema Canadá y América Latina, así como del tema Canadá y Colombia, con el propósito de demostrar que el papel de Canadá en el estudio de la historia de América Latina ha sido en gran parte ignorado por los círculos académicos. Sostengo que aunque existe una larga historia de la presencia de Canadá en la región, los historiadores han optado por  centrar su análisis hemisférico en las relaciones entre Inglaterra y América Latina, y Estado Unidos y América Latina. Argumento que esta aproximación deja  grandes vacíos en el análisis moderno de la historia hemisférica, teniendo en cuenta que otros poderes medios como Canadá, Alemania, Francia, Italia, Holanda,  España, Suiza, Irlanda, Israel, Rusia y Japón también tuvieron gran influencia  en la transformación de las sociedades, economías, paisajes y mercados de la región. La ausencia de una significativa historiografía de las relaciones entre Canadá y  Colombia demuestran el hecho de que existe una considerable car cia gran vacío que debe ser cubierto por aquellos que estudian el hemisferio occidental. Un estudio más robusto sobre el papel de los poderes medios en América Latina brindará claridad y generará un mayor entendimiento sobre los procesos de modernización, desarrollo económico y la adaptación al capitalismo experimentada por la región.