148 resultados para DEUDA GUBERNAMENTAL


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La experiencia se enmarca en un programa de educación intercultural diseñado para intervenir en tres ámbitos de actuación: alumnado, profesorado y familias. La experiencia está organizada por una Organización No Gubernamental para el Desarrollo. Se muestran las lineas generales del trabajo desarrollado por la ONGD con los padres en el centro educativo, los objetivos perseguidos y los resultados..

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Ante el nuevo panorama pol??tico fruto del 14-M, el autor repasa de manera sint??tica la opci??n educativa del PP en sus ocho a??os de gobierno, una pol??tica caracterizada por la contenci??n de los gastos sociales, la financiaci??n p??blica insuficiente y el empleo del sistema educativo como un instrumento de polarizaci??n y segregaci??n social y educativo. Y analiza algunos retos que se le plantean al PSOE. Dado que las comunidades aut??nomas gozan en la actualidad de competencias plenas en materia de educaci??n, el Gobierno central tiene que ejercer de elemento de cooperaci??n y coordinaci??n en un marco legal cuasifederalista. El fin prioritario ser?? llegar a una legislaci??n de consenso que quede al margen de los vaivenes pol??ticos.

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Se aborda el anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación (LOE) que supone la derogación de la LOGSE, de 1990; la LOPEG, de 1995; y la LOCE, de 2002, aunque recupera o mantiene algunos de sus aspectos. Los principales cambios regulados en esta ley son evaluaciones de diagnóstico realizadas por los centros a los alumnos de 4õ Primaria y 2õ de ESO; las pruebas de recuperación sólo se mantienen en 4õ de ESO y Bachillerato; se tendrá que repetir curso con cuatro materias suspensas y con tres, si lo decide el claustro de profesores, excepto en Bachillerato que será obligatorio; se aplica una diversificación curricular a partir de 3õ de ESO; aplicación de programas de cualificación profesional destinados a los jóvenes de entre 16 y 21 años que no hayan obtenido el título de Graduado en ESO; atención a la diversidad; supresión de la Prueba General de Bachillerato; creación de comisiones de garantías de admisión en cada comunidad autónoma; dotación de más recursos a los centros concertados que escolaricen en una proporción mayor a alumnos con necesidad específica de apoyo educativo; la dirección de los centros será propuesta por al menos un tercio del claustro y otro tercio por el Consejo Escolar, o el establecimiento de una biblioteca escolar en los centros públicos. El artículo se completa con información sobre la Educación Secundaria Obligatoria en Italia; el Foro Mundial por la Educación de los Pueblos; la abolición de la pena de muerte para los menores de 18 años; un plan para prevenir la obesidad infantil; el currículo de Bachillerato en las Islas Baleares; las residencias escolares en Canarias o la consolidación retributiva de los directores escolares en Extremadura.

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El Fòrum Social per lïEducació a Catalunya, celebrado los días 25, 26 y 27 de febrero de 2005, congregó a más de 2000 personas, que presentaron propuestas para mejorar la educación. Dos modelos educativos avanzan en direcciones opuestas: el primer modelo considera que la educación es un derecho universal y un bien público, al que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a acceder y la Administración tiene el deber de garantizar en condiciones de calidad y de igualdad. Este modelo considera que la educación es un factor de desarrollo personal, de emancipación social y una de las herramientas para hacer posible una sociedad cohesionada, inclusiva y justa. El segundo modelo considera que la educación es un bien individual y su valor es básicamente económico y que, por lo tanto, debe estar sujeto a las leyes del mercado, como cualquier otra mercancía. El gran debate se refiere al futuro de la educación y hacia cuál de estos dos modelos se quiere avanzar. La cuestión es si el Gobierno promulgará las medidas adecuadas, presupuestos incluidos, para poder avanzar en la dirección de reforzar una educación pública, laica e igualitaria, o bien cederá a las presiones de aquellos sectores que pretenden hacer de la educación un negocio.

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Los resultados de un reciente estudio sobre la educación y formación de adultos en 17 países de la OCDE revelan que este tema aún dista de ser una prioridad pública. Los cambios que provoca la sociedad de la información, el aumento de la migración y el envejecimiento de las sociedades obligan a que el nivel formativo de los adultos sea mejor y se adapte al entorno. En España, Italia, Portugal, Corea e Irlanda por ejemplo, menos de la mitad de los adultos de más de 45 años tienen Educación Secundaria, mientras que en países como Estados Unidos, Suiza o los países nórdicos, entre otros, al menos el 80 por ciento alcanzan este nivel. En este sentido, cabe destacar la reciente Estrategia de Competencias inglesa, la Iniciativa de Educación de Adultos sueca y la Reforma de Competencias danesa. El más reciente estudio de la OCDE sobre educación y formación de adultos propone varios niveles de actuación para mejorar la situación: crear las condiciones para aumentar y fomentar los beneficios de la educación de adultos; promover mecanismos de financiación racionales y eficaces; mejorar los programas de formación y su calidad; y mejorar la coordinación y coherencia de las políticas públicas en esta materia. En un marco de políticas públicas, el reconocimiento y la acreditación de los conocimientos previos contribuyen a reducir los costes y el tiempo total del proceso educativo, lo que ayuda a estimular la motivación y la participación en la educación de adultos. En casi todos los países de la OCDE existe algúm modelo de reconocimiento y acreditación de educación o aprendizaje previos. Los modelos varían: algunos ofrecen créditos parciales válidos para cualificaciones formales, otros ofrecen directamente un título o reconocimiento formal que se acepta en la sociedad. Así, existe una variedad de métodos que se utilizan individualmente o en combinación, por ejemplo, entrevistas informales y exámenes. En algunos países, las habilidades y competencias se reconocen directamente sin importar donde se obtienen, y sin necesidad de asistir a ningún curso.

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En 1993, el Ministerio de Educación establece la Orden que regula las líneas básicas para el desarrollo del currículo de las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria por las personas adultas. Dicha Orden, se limita a establecer la duración de estas enseñanzas en 1200 a 1500 períodos de 45 minutos repartidos en dos años académicos, y su organización en cuatro campos de conocimiento: Comunicación, Sociedad, Naturaleza y Matemática. Sólo un centro público de Madrid y otro de Burgos implantan anticipadamente las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria. En la normativa y política del Ministerio predominan dos enfoques: el de especificidad de la Educación de Personas Adultas y el de la adaptación a la Educación Primaria y Secundaria. En esto influye la incorporación de los profesores del Cuerpo de Secundaria a la EPA, tal y como propugna la LOGSE. La regulación por comunidades autónomas es la siguiente: Galicia opta por dar una visión más integrada que el Ministerio a la Educación Básica de Adultos/as y mayor orientación a los modelos optativos; Andalucía incorpora el Área de Desarrollo Social y Funcional como elemento distintivo de la EPA e imparte los últimos niveles de Educación de Adultos sólo en los institutos; Canarias incorpora el Área de Trabajo y Sociedad y el Área de Desarrollo Personal y Participación Social; País Vasco reduce a tres los ámbitos de conocimiento y extiende la estructura cuatrimestral a toda la Educación Básica de Adultos y la optatividad a más niveles; Navarra imparte los últimos niveles de Educación de Adultos sólo en los institutos, mantiene los campos curriculares en todos los niveles y flexibiliza la optatividad; la Comunidad Valenciana lo organiza en 'programas', lo que supone un currículo bastante abierto; la Comunidad de Madrid simplifica la ordenación de la Educación Básica de Adultos, amplía la optatividad y está pendiente de elaborar un nuevo currículo para adultos; Baleares adopta el modelo del Ministerio y está pendiente de elaborar un nuevo currículo para adultos; Cataluña se demora en la regulación de la Educación Básica de Adultos; y Castilla-León tiene cierta indefinición e imprecisión en aspectos como la ordenación, la optatividad y algunos elementos curriculares de la Educación Básica de Adultos.

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Conocer la estructura del Sistema Educativo en la dictadura de Primo de Rivera, a través de un estudio sobre los distintos capítulos de la cuestión como son: los alumnos, el profesorado, los planes de reforma, su proyección social, las retribuciones a los docentes, a la vez que destacar los niveles conseguidos en cada uno de los temas educacionales en relación con los puntos de partida. La instrucción pública en España en el período de la dictadura de Primo de Rivera (1923-30). Estudia la existencia o no del contenido ideológico de la política educativa de Primo de Rivera. Estudia la política presupuestaria en instrucción pública. Presenta el modelo de instrucción en la Enseñanza Primaria, en la Segunda Enseñanza y en la Enseñanza Superior. En la Enseñanza Primaria estudia como variables: la lucha contra el analfabetismo, escuelas, maestros, alumnos, organización, situación por provincias. En la Segunda Enseñanza las facetas estudiadas son: plan de estudios de 1903, proyectos anteriores a la reforma de 1926, el plan de Bachillerato de 1926, el libro de texto, la enseñanza oficial y enseñanza privada. En la Enseñanza Superior se limita a estudiar las variables: alumnos, profesores, centros y la reforma de los estudios universitarios. El modelo de instrucción existente en los años 1923-30 fue el de un nivel de enseñanza primaria aún distante de alcanzar cotas de difusión general, una enseñanza secundaria impartida por un reducido número de centros privados y una enseñanza superior a la que accedía sólo una minoría. Todo ello reflejo de la situación socioeconómica del país. Falta previsión y planificación racional con proyección a medio y largo plazo. La dictadura se preocupó por la instrucción en mayor grado que lo hicieron gobiernos anteriores y el nivel de instrucción, aunque muy bajo, había mejorado respecto a años anteriores. La política gubernamental llevada a cabo en el ámbito de la instrucción pública en los años 1923-30, pretendió revisar la realidad educativa vigente hasta este momento a través de sus realizaciones o proyectos de reforma en todos los niveles educacionales, pero, globalmente analizada, no pasó de ser una pretensión, ya que la falta de sistematización y de previsión impidieron abordar la política educativa como un hecho integrador de la evolución individual, política, social y económica. Por ello, difícilmente se puede definir las realizaciones de la dictadura como una reforma educativa.

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Memoria de las Jornadas sobre Pobreza Infantil en España celebradas en Madrid, con la Fundación la Caixa y con el apoyo de la Dirección General de las Familias y la Infancia. Las jornadas se llevaron a cabo con el objetivo de reflexionar sobre la lucha contra la pobreza infantil a nivel europeo y a escala nacional. El documento contiene los textos completos sobre políticas económicas, sociales y educativas presentados por Olga Cantó, Lourdes Gaitán y Domingo Comas con motivo de la jornada, junto con los resúmenes de los debates, aportaciones y conclusiones de los grupos de trabajo que se desarrollaron tras las presentaciones. Se trata de una visión actualizada, amplia y contrastada de la situación de la pobreza infantil en España.

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