32 resultados para Política monetaria--Perú


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La nacionalización de las entidades bancarias en 1948, conllevó al establecimiento de un Sistema Bancario Nacional en el cual el Banco Central actuaba como organismo independiente y director de la política monetaria y crediticia del país. Hasta ese año las funciones de la Autoridad Monetaria las ejercía el Departamento Emisor del Banco Nacional de Costa Rica.El Banco Central de Costa Rica (BCCR) vendría a dar al nuevo sistema bancario la orientación necesaria por parte del Estado. Se estableció como objetivo principal, el mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional y asegurar su conversión a otras monedas. Como objetivos secundarios se incluyeron el propiciar el ordenado desarrollo de la economía costarricense, promover la eficiencia del sistema de pagos internos y externos y mantener su normal funcionamiento, velar por el buen uso de las reservas monetarias internacionales de la nación y promover un sistema de intermediación financiera estable y competitivo.

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Nos acercamos a la finalización de un milenio conformado por grandes logros, pero también por frustraciones, e impactado por el surgimiento y decadencia de imperios y pueblos. En su transcurso hemos visto incrementarse el conocimiento que los seres humanos tenemos de la naturaleza y de nosotros mismos.Un primer vistazo nos hace sentir cómodos al ingresar en el próximo milenio con un buen bagaje de tecnología y de conocimientos. Esto podría permitir suponer que contamos con una excelente base para un desarrollo posterior. Esa actitud puede ser aún más optimista cuando comprobamos que en los últimos sesenta años el desarrollo ha sido exponencial y vertiginoso. Podríamos creer que, siguiendo esa trayectoria, el progreso sería ilimitado.

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  En la actualidad, la sociedad se ha visto amenazada por los altos niveles de degradación ambiental experimentados en los últimos tiempos, y por el creciente agotamiento de los recursos naturales que han limitado la seguridad alimentaria en algunas regiones del país -y en algunos países del mundo- (FMI, 1996). La contaminación ambiental ha sobrepasado niveles críticos y se está revirtiendo en contra del mismo ser humano en términos de salud, disponibilidad de recursos y del disfrute que podía experimentar de la naturaleza (Brown, 1991).   El replanteamiento del estilo de desarrollo requiere la implementación de acciones alternativas que conduzcan a un mejoramiento de la calidad ambiental, a una recuperación de la base de recursos naturales y, en general, a niveles de calidad de la sociedad manifiesto en mejoras de la salud, educación, seguridad, etc. Para tal efecto, se pueden desarrollar un conjunto de indicadores que permitan evaluar el comportamiento y la evolución de los recursos naturales y la calidad ambiental; por ejemplo, indicadores para monitorear la calidad del aire y del agua.

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Al analizar la problemática del desarrollo, hay coincidencia de que el estilo de desarrollo que se viene aplicando en las últimas décadas en los países subdesarrollados, no lleva a la sostenibilidad, pues no logra la satisfacción de las necesidades de amplios sectores de la población que viven en situación de pobreza, y porque se viene generando un cada vez más evidente daño ambiental.También podría afirmarse que hay algún consenso en la afirmación de que los países en desarrollo difícilmente lograrán el desarrollo sostenible sin un crecimiento sostenido de la actividad económica.Sin embargo, no se puede afirmar que por sí mismo el crecimiento económico pueda llevar a la satisfacción de necesidades presentes y futuras y al mejoramiento de la calidad ambiental. Así, el crecimiento podría considerarse como un requisito necesario, pero nunca como un mecanismo suficiente para la sostenibilidad.

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La sostenibilidad es un concepto que actualmente es utilizado en sus muy diversas acepciones que tienen como denominador común la histórica y protagónica definición de la O.N.U.. Las diferentes acepciones se remontan al siglo XVI , en las ordenanzas para el manejo de los bosques alemanes a mitad de los mil seiscientos.La Organización de las Naciones Unidas convoca a la Conferencia Mundial sobre el Medio Humano , en Estocolmo en el año 1972. Los indicadores sobre la crisis ambiental y sus tendencias, obliga al organismo mundial a reaccionar en forma más efectiva ( la crisis energética de 1972-1973 y la publicación del informe de la Sra. Meadows, o Club de Roma “ Los Límites del Crecimiento “ que ya para 1976 se había traducido a 30 idiomas y superaba la venta de 4 millones de ejemplares , son indicadores de esta coyuntura ).

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Las políticas de Ajuste Estructural han sido la base de la política económica costarricense en los últimos 10 años, por lo cual, han tenido gran incidencia en el análisis de los procesos y relaciones de cualquier sector productivo. En este contexto, los efectos ambientales de los últimos años, están decididamente influenciados por estas políticas, pues aunque, los programas de Ajuste no tienen como propósito direccionar aspectos ambientales, al modificar algunos precios relativos, pueden propiciar un cambio en el patrón de uso de un recurso, y es así como, tienen un efecto directo o indirecto sobre el ambiente

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Desde hace casi un siglo, el pensamiento burgués deja de responder a los contenidos de cualquier crítica a la sociedad burguesa, para pasar cada vez más a respuestas metodológicas. Esto inicialmente se aprecia con los primeros artículos de Max Weber a comienzos del siglo, y alcanza su cúspide durante la guerra fría sobre todo con la importancia que se asigna a la metodología de Popper. La crítica marxista hablaba de la ciencia burguesa, manteniendo la posición de que el pensamiento burgués es un pensamiento científico. La sociedad burguesa contesta con una totalización de la metodología, y sostiene que la crítica marxista y, por tanto, todo pensamiento marxista, no es ciencia. Donde el pensamiento marxista mantenía cierto puente de diálogo y de respeto mutuo en la discusión, el pensamiento burgués interrumpió el diálogo, declarando que las posiciones de sus críticos - y no solamente de sus críticos marxistas - no eran siquiera científicos.

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En la actualidad, la población mundial ha adquirido mayor conciencia sobre la importancia de los bosques y su relación con la calidad de vida de las personas. A pesar de lo anterior, la tala indiscriminada continúa y se siguen realizando proyectos que afectan la flora y la fauna de las selvas, sobre todo, en los países menos desarrollados que explotan estos recursos como materia prima.En Costa Rica se ha tratado de mantener cierto control sobre los bosques. Por ejemplo, el 16 de abril de 1996 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, la Ley Forestal No.7575. Dicha Ley dispone una serie de medidas para la conservación de las áreas de protección y de reserva forestal. En el primer caso, se estipulan las distancias requeridas para la protección de las nacientes permanentes, las riberas de ríos, las quebradas o arroyos, las riberas de los lagos y los embalses naturales, las áreas de recarga acuífera y otros. En estas áreas, por ejemplo, no se podrá realizar ningún tipo de construcción ni autorizarse la tala de árboles.

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Al considerar necesario incorporar a los grupos económicos en el gran proyecto de alcanzar metas de desarrollo sostenible, que surge como un nuevo paradigma al tomarse en consciencia por parte de los organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas, de la necesidad de hacer un planteamiento de desarrollo económico diferente al convencional que considera aspectos ambientales y de equidad social, se admite por primera vez que la explotación de los recursos naturales y su transformación en materia prima y fuente energética, tiene límites, los cuales deben ser considerados en cualquier planteamiento serio de desarrollo económico.Es así como surge la tesis de los impuestos verdes como una opción que permita a los gobiernos incidir tanto en el mercado como en el sector industrial y en los hábitos de los consumidores.

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De acuerdo al proyecto de Análisis Comparativo de Riesgos (ACR) y solicitado por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, que estudia llevar a cabo acciones en la región, Costa Rica obtiene el mayor puntaje en contaminación del aire.El Consejo de Seguridad Vial, en 1986, intentó controlar la contaminación vehicular pero sin éxito, aunque desde abril de 1982 ya se había elaborado el decreto No. 13470-T para realizar legalmente esa labor. Aun, la anterior ley de Tránsito de 1976 multaba los excesos a los límites máximos de contaminación en su art. 111-g. Por ejemplo el índice de opacidad que se estableció desde 1976 es un estándar de emisión establecido en 50 UH (UnidadesHartridge, densidad del humo) para los autobuses y demás vehículos a diesel, es la misma norma que rige en el reglamento recién publicado.

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Desde el arribo de los europeos, la minería ha jugado un rol decisivo en la estructuración social, económica y espacial de nuestros países, y comparte con otras actividades económicas el papel de generar dinámicas de marginación social, miseria y destrucción ambiental.Hoy, quinientos años después del encuentro de dos mundos, si bien la minería históricamente ha sido un polo de acumulación de riqueza para las estructuras coloniales primero, y las compañías extranjeras después, para nuestras naciones y sus economías ha representado un legado de destrucción ambiental y de desestructuración de las economías indígenas y campesinas, dejando tras de sí estelas de miseria y desolación.

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En los últimos años la política monetaria en Costa Rica ha descansado fundamentalmente en las Operaciones de Mercado Abierto (OMA) y el Encaje Mínimo Legal (EML). Sin embargo, en razón de la naturaleza y magnitud de las pérdidas que enfrenta el BCCR, existe un alto grado de inflexibilidad en el uso de ambos instrumentos.A pesar de que en el plano internacional la tendencia es a reducir o eliminar del todo los requisitos de encaje, este instrumento sigue siendo ampliamente utilizado en Costa Rica. No obstante, con la nueva Ley Orgánica del BCCR (Ley 7558) vigente a partir del 27 de noviembre de 1995 se modifica la aplicación y cobertura del encaje mínimo legal. En efecto, se reducirán las tasas y modo de empleo de tal instrumento, contando el BCCR con 4 años a partir de la aprobación de su nueva Ley Orgánica para reducir el encaje mínimo legal hasta un 15%, porcentaje a ser aplicado a todos los tipos de depósitos. Por otra parte, la cobertura del encaje se extenderá no solo a todas las captaciones del público que impliquen intermediación financiera, tales como: los OPAB, fideicomisos, comisiones de confianza, sino a otros intermediarios que anteriormente no estaban regulados.

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En el debate nacional sobre temas públicos de actualidad, destaca en los últimos meses la gran controversia que se ha generado en torno a los orígenes, causas, magnitud y consecuencias de la deuda pública interna. Y como este tema se vincula estrechamente con nuestras concepciones sobre el Estado y el papel de éste en la economía y en la sociedad, es sumamente difícil que nuestras opiniones al respecto se puedan liberar enteramente de prejuicios y estereotipos ideológicos, lo mismo que de determinados intereses materiales concretos. Todos tendemos a acercarnos a los problemas que analizamos con ciertas ideas preconcebidas, limitando nuestro entendimiento a lo que nos es familiar y habitual, condicionados por nuestro ambiente, por los intereses que nos afectan, por la experiencia previa sobre el tema, y por todo tipo de circunstancias en que nos desenvolvemos. Por este motivo, es de crucial importancia que los grandes problemas nacionales se filtren a través de un amplio y democrático debate público, que además debe ser adecuadamente conducido.

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El proyecto de Reforma Constitucional llamado de las Garantías Económicas, pretende ser una solución frente a un problema -el fiscal- que captura un gran interés en la opinión pública de Costa Rica. Se sustenta en una serie de ideas preconcebidas habituales en esta materia, la mayor de las cuales es la incorrecta suposición de que este problema fiscal es el más importante en la economía costarricense. Como propuesta de solución tiene el atractivo de la simplicidad, aparte fundarse en una opción ideológica que rechaza la participación activa del Estado, y la cual es predominante en influyentes sectores de la sociedad de Costa Rica. En ese sentido, su aprobación -particularmente en su versión original o en la sustentada por el Partido Unidad- impondría una severa limitación al accionar del Estado, la cual operaría a priori como mandato constitucional superior. Ello tendría la consecuencia antidemocrática de forzar a la aplicación de una reforma del Estado de la que estaría ausente todo mecanismo de concertación social, y en la cual habrían sido omitidos a priori temas fundamentales como el de la regresividad de la estructura tributaria, el de la desvinculación de esta con relación a la estructura productiva y el de la no correspondencia entre la organización y funcionamiento del Estado y las necesidades y demandas de los grupos sociales de nivel medio y bajo. Por los limitados márgenes de maniobra en que históricamente se ha movido la política fiscal, sus consecuencias para esta no serían muy significativos, pero en cambio sí lo sería para el cumplimiento del papel que es indispensable que el Estado asuma en el desarrollo social y económico. Por lo anterior y, además, por sus ligámenes no explícitos con las propuestas para una política monetaria liberalizante y desreguladora, las Garantías constituirían un paso adelante de decisiva importancia hacia la plena vigencia de los mecanimos del "libre" mercado como organizadores fundamentales del orden social y hacia la plena transnacionalización de la economía costarricense.