La prescripción de la acción para cobro de indemnizaciones en el contrato de seguros en el Ecuador

El seguro ha tomado especial relevancia en los tiempos actuales como una institución que busca proteger el patrimonio de los individuos contra los diferentes riesgos a los que el hombre se ve enfrentado, tomando en cuenta el desarrollo socio económico de la humanidad donde la tecnología tiene un papel preponderante. Un tema que amerita estudiar dentro del seguro es la prescripción, la misma que a la fecha genera dudas si se considera el aparecimiento de nuevos riesgos o la concatenación que pueden tener entre sí por su prolongación en el tiempo, lo que ha creado dificultades al momento de determinar la ocurrencia exacta de un siniestro, punto de partida para computar el plazo de la prescripción. El presente estudio, partiendo de un análisis de la definición de la prescripción como medio de extinguir las obligaciones de forma general, busca determinar las características específicas en materia de seguros en la legislación comparada y en la nacional con el fin de analizar el diferente tratamiento que a este tema le han dado en otros países. Este trabajo tiene por finalidad ser una propuesta de normativa relacionada con el tema de la prescripción en materia de seguros tomando en cuenta las peculariedades de cada modalidad de seguros.

Las indemnizaciones por traslado de actividades económicas en las actuaciones urbanísticas

Se aborda en este trabajo el marco jurídico de las indemnizaciones que corresponden a los titulares de bienes y derechos distintos del suelo, para revisar a continuación la casuística que la jurisprudencia ha desarrollado sobre el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a los titulares de actividades económicas cuando éstas deben trasladarse por resultar incompatibles con la ejecución del planeamiento. Bajo la rúbrica de «traslado de industria», la jurisprudencia ha reconocido distintos supuestos indemnizatorios que, sin constituir un catálogo cerrado, permiten la identificación de los elementos comunes a la mayor parte de las situaciones juzgadas. The legal context of the compensations that holders of properties, and different rights are entitled, is approached in this work, revising next the casuistry that jurisprudence has developed about compensation of damages caused to holders of financial activities when these turned out incompatible with the execution of plans and must be moved. Jurisprudence has admitted different data of compensation under the round off «moving industry», which enable to identify the common interests of the most part of the judged situations

Leyes : número 48, que establece la Junta Central de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Municipales de Conciliación : número 52, sobre indemnizaciones por accidentes sufridos en el trabajo : número 67, del trabajo y de la previsión social.

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Responsabilidad patrimonial y pérdida de oportunidad en materia sanitaria: bases de un modelo de estimación para la cuantificación de indemnizaciones

Tesis inédita presentada en la Universidad Europea de Madrid. Facultad de Ciencias Sociales. Programa de Doctorado en Derecho Empresarial

Prudentia Iuris, 1983, n° 10 (número completo)

Contenido: Editorial – El Código de Derecho Canónico de 1983 / Alejandro Gagliardo – Ley, costumbre y actos administrativos en el nuevo Código de Derecho Canónico / Pedro Lombardía – Reflexión iusfilosófica sosbre la naturaleza jurídica del dictamen y la profesión de abogar / Jorge Guillermo Portela – La igualdad : consideración iusfilosófica / Siro de Martini – Juicio prudencial y razonamiento jurídico en las indemnizaciones por daños a la persona / Héctor Pedro Iribarne – La jurisdicción naval militar en el Río de la Plata (1748-1895) / Guillermo Palombo – Escolios – Documentos – Notas bibliográficas

Prudentia Iuris, 2000, n° 53 (número completo)

Contenido: Editorial – Derecho Penal y Procesal Penal: Presentación – Jornadas de Derecho Procesal Penal: Los distintos proyectos de reforma al Código Procesal Penal de la Nación / Ricardo Gil Lavedra – Diferentes perfiles del ejercicio de la acción penal / Francisco D’Albora – El Ministerio Público Fiscal / José Cafferata Nores – El Ministerio Público Fiscal en Italia / Giorgio Cherubini – El Ministerio Público Fiscal en la provincia de Buenos Aires / Eduardo D’Empaire – El recurso extraordinario / Jorge Reynaldo Vanossi – La situación del imputado / Hernán Munilla Lacasa – Incorporación de prueba al debate / Roberto Raúl Daray – El recurso de casación en el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires / Carlos A. Mahiques – El procesado en estado de cautividad / Jorge Kent – Jornadas Internacionales de Derecho Penal: El derecho penal y el orden social / Alfredo Battaglia – Del Comité Especial a la Conferencia de Roma / Juan Manuel Gramajo – La protección de la vida inocente en vísperas del siglo veintiuno / Alberto Rodríguez Varela – Derecho Laboral : nuevas normas y doctrinas: Reformas laborales. Leyes 25.013, 25.165 y 25.250 / Jorge Rodríguez Mancini ; Juan A. Confalonieri (h), comentario de Héctor César Guisado – Recargos en indemnizaciones por despido : Ley 25.323 / Hugo Roberto Mansueti – In Memoriam – Recensiones

Actualidad jurisprudencial y doctrinal en materia tributaria

Gestión del conocimiento

Die Flughafenerweiterung Frankfurt im spannungsfeld zwischen politischer mediation und verwaltungsverfahren

¿La ampliación del aeropuerto de Frankfurt en el espacio de tensión entre mediación política y procedimiento administrativo?. Viola Bölscher El presente trabajo analiza la relación entre una mediación multiparte en el ámbito de lo público y el proceso administrativo paralelo que se llevaba acabo. El así llamado ¿Foro de Dialogo del aeropuerto Frankfurt¿ funcionó durante cinco años y buscó una solución compartida entre 26 diferentes organizaciones e instituciones afectadas por la posible ampliación del aeropuerto de Frankfurt. El ¿Foro de Dialogo¿ como nueva forma de la ¿Mediación Política en el Espacio Público¿ tiene sus raíces en el conflicto largo y violento de la pista de despegue "West" en los años sesenta a ochenta. Esa ampliación del aeropuerto anterior se realizó en base de una sentencia jurídica, utilizando el monopolio de poder estatal en contra de una protesta social por una parte amplia de la sociedad y dejó una sociedad polarizada durante unas décadas. El proceso de la mediación actual se inició por la iniciativa estatal. Las instituciones que participan en el Foro de Dialogo valoran el acceso a la información, igualmente lo ven como un éxito en sí mismo que se lograra crear ese diálogo. También se nota que el procedimiento paralelo del proceso formal administrativa de la solicitud de la ampliación del aeropuerto afecta al proceso de la mediación. Son las mismas personas que participan en los dos procesos y la confianza creada a través del dialogo se perdió cuándo se abrió el proceso administrativo. En este Foro de Dialogo se concentraba a la elaboración de informes de peritos para aclarar la situación del conflicto y para tener la base para posibles resoluciones. La creación de un dialogo mediativo que fuera más allá de la búsqueda alternativa de información se quedó más corto. Un aspecto interesante de este proceso de mediación anticipada a una decisión de la administración es la pregunta de cómo asegurar que los resultados del Foro de Dialogo sean vinculantes para las decisiones administrativas y políticas. Una vinculación "de facto" o voluntaria parece demasiado floja para un procedimiento tan grande. Una mediación parecida alrededor de la ampliación del aeropuerto de Viena optó por poner los resultados en forma de contratos, lo que podría ser una opción aunque jurídicamente limitada. Procesos como un foro de dialogo se titula ¿mediación¿ aunque es dudable si cumple con los principios estrictos de una mediación al ser más un dialogo facilitado. El termino ¿mediación¿ está actualmente utilizado como sinónimo de ¿gestión de conflictos¿ e incluye procesos participativos. Aunque el Foro no tenga el poder decisivo hacia afuera, trata de una mediación política dentro del espacio público. Hacia a dentro el Foro, sí tiene el poder para tomar decisiones y comprometer a las instituciones integrantes. (Por ejemplo acerca de indemnizaciones, contingentación hacia el futuro etc.). Se cuestiona si mediaciones en el espacio público violan el principio de la democracia constitucional. Parece contradictorio porque en principio promueven procesos democráticos participativos. Pero hay que tomar en cuenta que el sistema jurídico garantiza la participación de instituciones de diferentes intereses y la mediación en cambio no, porque la participación es voluntaria. En este caso resulta que las organizaciones de intereses ecológicos no participan en el proceso de la mediación pero en el proceso administrativo sí. Pero también resulta que este proceso administrativo, que tiene que cumplir con la constitución alemana y las leyes ordinarias, se enfrenta con un proceso mediativo que ofrece la integración de los intereses existentes independientemente de su valor jurídico. Eso es un dilema que se habrá que solucionar en el futuro si se quiere promover modelos participativos para la toma de decisiones con amplias consecuencias.

Grado de pérdida de capacidad laboral asociada a la comorbilidad de los desórdenes músculo esqueléticos en la junta de calificación de invalidez regional Huila, 2009-2012

Resumen: Los desórdenes músculo esqueléticos son entidades que generan un efecto en la salud relacionados con la calidad de vida, dado al impacto global en la condición física, el bienestar psicológico y funcional. Estas entidades generan un gran número de indemnizaciones y en algunas oportunidades según el grado de pérdida de capacidad laboral la invalidez. Objetivo: Determinar la asociación del grado de perdida de la capacidad laboral con la comorbilidad de los desórdenes músculo esqueléticos y otros factores asociados. Materiales y métodos: Se realizó un estudio de corte transversal, basado en registros e historias clínicas. Los registros iniciales fueron 1427 casos, de los cuales 513 presentaban diagnóstico de DME y de estos 240 solicitaron la pérdida de capacidad laboral a la junta de invalidez regional Huila en el periodo comprendido del 2009 al 2012. Resultados: La distribución del grado de la pérdida de capacidad laboral generada de los DME por incapacidad permanente parcial fue del 73,3% y por invalidez el 26,7%. Se encontró una asociación significativa con respecto a la edad (p=0,002), donde el rango de 50-65 años presento mayor pérdida de capacidad laboral; con el género (p=0,047), siendo el femenino más prevalente la invalidez (34,7%) que en el masculino (23,2%) y la comorbilidad (p=0,019), donde los desórdenes músculo esqueléticos y los trastornos depresivos generaron mayor pérdida de capacidad laboral. No se encontró asociación significativa con la escolaridad (p=0,167), oficio (p=0,442) y actividad económica (p=0,118). En el análisis multivariado se encontró asociación significativa con el origen común (OR=4.028, IC 95%: 2.010, 8.072), el sexo femenino (OR=2.565, IC 95%: 1.140, 5.771), y el nivel de escolaridad técnico (OR=12.208, IC 95%: 1.372, 108.634). Conclusiones: La comorbilidad generó mayor pérdida de capacidad laboral, aunque los factores que en conjunto mostraron asociación fueron la edad avanzada, el género femenino, el origen común y el menor nivel educativo.

La reparación integral a las víctimas en Colombia, análisis crítico a la “ley de víctimas”; caso del departamento de Nariño

La ley de víctimas es la norma creada para la protección de los derechos de las víctimas en Colombia; empero cuenta con falencias respecto del concepto de víctima y su reparación integral. El Derecho Administrativo es la herramienta jurídica para superar dichas limitaciones legislativas.

La responsabilidad del estado por la privación injusta de la libertad en Colombia

El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

El canal de María Cristina y sus repercusiones sobre la población de Albacete (1862-1865).

Se analiza la situación de la población de Albacete afectada por la obras del Canal de María Cristina en la última fase de su construcción, a finales de 1860. Cuando el Gobierno Central da por concluidos sus trabajos y la población es víctima de las emanaciones de gas producidas por el Canal, de las epidemias y de los perjuicios en la agricultura. El Ayuntamiento de Albacete, al asumir la administración del Canal y considerando los trabajos concluidos mantiene lo realizado hasta el momento. A consecuencia de la demora para repartir las indemnizaciones concedidas por la reina Isabel II entre las familias más necesitadas y construir nuevas casas para alojar a la población más afectada, se prolonga la agonía de éstos, víctima de las fiebres y epidemias.

Comisión Administrativa.

Título anterior de la publicación : Boletín de la Comisión Española de la UNESCO

El fraude en la póliza de seguros de vida y la cobertura de muerte accidental en el Ecuador

El Contrato de Seguro siendo una relación de dos personas en la que prevalece la buena fe de las partes por excepción una de ellas y por lo general la contratante altera la realidad del hecho fáctico con el objeto de que opere a su favor los beneficios a titulo de indemnizaciones. La historia de este contrato se ha visto empañada por sutilezas hasta grotescas falsificaciones de documentos de salud para lograr sus indemnizaciones. Este trabajo analiza a plenitud estas subjetividades que por ser dolosas inciden en el campo penal; en consecuencia los cuatro capítulos que conlleva esta tesis están orientados a analizar en derecho como recoge nuestra legislación positiva estos dolos, para finalizar analizando un caso concreto en el que convergen todas las artimañas de que se vale el contratado-beneficiario, para lograr el fin indemnizatorio en detrimento de los intereses y buena fe de la aseguradora. En el caso fáctico observamos que si existe vacío de ley en materia de seguros, concluimos que la agudeza de la parte contratante-beneficiario ha detectado este vacío y utilizando últimas técnicas obituarias destruyen la evidencia, dejando a la interpretación mas o menos legal las evidencias recabadas oportunamente por una parte procesal frente a la decidía total y absoluta de la otra.

La protección frente al desempleo en América Latina

Incluye Bibliografía