897 resultados para Art 166 Decreto Ley 19 de 2012


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La Cámara de Comercio recibió una solicitud de corrección del certificado, puesto que se solicitaba que la sociedad al ser de naturaleza civil no debía realizar la renovación de su matrícula, sin embargo la Cámara rechaza y devuelve la misma, en virtud de la ley anti tramites de 2012.

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El presente estudio de caso propone realizar un análisis de las relaciones entre el Estado y el ciudadano tras la implementación de las normas antitrámites, Ley 962 de 2005 y Decreto ley 019 de 2012. Para tal propósito se reducirá el ámbito de estudio al área del servicio notarial, allí se elaborará un trabajo de campo tendiente a demostrar mediante encuestas la situación de dichas relaciones, tomando como periodo los años 2005 al 2012. Se argumenta que las incongruencias y las fallas de las disposiciones en las normas antitrámites del primer gobierno del ex presidente Álvaro Uribe y del primer período del presidente Juan Manuel Santos, en el marco del servicio notarial, generan un efecto negativo dentro de las relaciones entre el Estado y el ciudadano. Se concluye que la situación actual de dichas relaciones genera consecuencias poco deseables tanto para el ciudadano como para el Estado.

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Declara infundado el recurso de anulación

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La geografía colombiana es fuente de un sinnúmero de recursos socio-económicos y naturales así como también de amenazas a la población, ya que es un territorio propenso a ciertos fenómenos que desencadenan desastres, como inundaciones, deslizamientos, sismos, etc. Sin embargo, el Estado tiene una inmensa responsabilidad en la mitigación del riesgo de desastres que sufre la ciudadanía, pero las instituciones no han tenido la fortaleza para implementar políticas públicas eficientes que eviten que el impacto de estos fenómenos sea mayor. La presente monografía es un estudio de las políticas públicas en materia de desastres implementadas por el Estado, tomando como base los postulados del neo-institucionalismo y la teoría de Levitsky y Murillo sobre la fortaleza de las instituciones, reflejando una baja estabilidad y fuerza de implementación.

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BACKGROUND: The FTO gene harbors the strongest known susceptibility locus for obesity. While many individual studies have suggested that physical activity (PA) may attenuate the effect of FTO on obesity risk, other studies have not been able to confirm this interaction. To confirm or refute unambiguously whether PA attenuates the association of FTO with obesity risk, we meta-analyzed data from 45 studies of adults (n = 218,166) and nine studies of children and adolescents (n = 19,268). METHODS AND FINDINGS: All studies identified to have data on the FTO rs9939609 variant (or any proxy [r(2)>0.8]) and PA were invited to participate, regardless of ethnicity or age of the participants. PA was standardized by categorizing it into a dichotomous variable (physically inactive versus active) in each study. Overall, 25% of adults and 13% of children were categorized as inactive. Interaction analyses were performed within each study by including the FTO×PA interaction term in an additive model, adjusting for age and sex. Subsequently, random effects meta-analysis was used to pool the interaction terms. In adults, the minor (A-) allele of rs9939609 increased the odds of obesity by 1.23-fold/allele (95% CI 1.20-1.26), but PA attenuated this effect (p(interaction)  = 0.001). More specifically, the minor allele of rs9939609 increased the odds of obesity less in the physically active group (odds ratio  = 1.22/allele, 95% CI 1.19-1.25) than in the inactive group (odds ratio  = 1.30/allele, 95% CI 1.24-1.36). No such interaction was found in children and adolescents. CONCLUSIONS: The association of the FTO risk allele with the odds of obesity is attenuated by 27% in physically active adults, highlighting the importance of PA in particular in those genetically predisposed to obesity.

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La ley 1480 de 2011 conocida también como Estatuto del Consumidor, es una norma creada para proteger en la mayor medida posible a los consumidores en Colombia en todos los sectores de la economía nacional, como regla general. A pesar de esto, fue expedida la Ley 1558 de 2011 que busca reformar la Ley del Turismo, la cual dispone que en materia de servicios de transporte aéreo, el Estatuto del Consumidor se encuentra excluido. En consecuencia los consumidores de este sector económico se encuentran protegidos exclusivamente por las normas especiales que menciona dicha ley, las cuales al ser analizadas y confrontadas con las disposiciones del Estatuto del Consumidor, se evidencia una precariedad en los derechos de protección que otorga la ley especial frente a la ley general. Por lo tanto se concluye que los usuarios de los servicios de transporta aéreo se encuentran desprotegidos en sus derechos como consumidores, al ser la norma especial significativamente menos proteccionista que la norma general. La Tesis de grado analiza la situación descrita, haciendo un análisis comparativo del régimen especial que busca proteger a los usuarios de servicios de transporte aéreo, con la norma general que aplica para el resto de consumidores en Colombia; Ley 1480 de 2011. Así mismo realiza un examen de constitucionalidad de la norma especial, para determinar la violación de las disposiciones Constitucionales, que la ley 1558 de 2012 causa, especialmente respecto del derecho a la igualdad y al derecho a la protección de los consumidores de el sector económico en mención.

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En este artículo se hace un análisis comparativo de los diseños institucionales que regulan la participación de las víctimas en Colombia antes y después de la Ley 1448 de 2012, con el fin de identificar factores que limitan la incidencia que estos ciudadanos buscan tener en escenarios institucionales de participación creados por el Estado. Concluyo que, si bien con esta ley se introducen reglas de juego para hacer de la participación de las víctimas un proceso más incluyente y democrático, persisten determinados diseños de política pública que hacen de esta un ejercicio separado de las instancias de decisión en lo programático y lo presupuestal, con enormes abismos de articulación entre el complejo y disperso entramado institucional encargado de atender y reparar a las víctimas, y que generan nuevos problemas de acción colectiva. Lo anterior, sumado a la incapacidad estatal de garantizar la seguridad de las víctimas y de sus líderes en lo local, dificulta a todas luces su incidencia en escenarios de toma de decisiones y establece enormes retos que debería tener en cuenta el Estado colombiano para replantear diseños de política y garantizar una participación efectiva.

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Transcripción del Decreto Ley por el que se estructuraba la Subsecretaría de Educación Popular en el Ministerio de Educación Nacional cuyos objetivos eran los servicios de prensa y propaganda, aspecto fundamental para la formación espiritual y cultural de los ciudadanos, ya que completaban la labor educadora de los organismos docentes.