1000 resultados para Política socioeducativa de derechos


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Como fruto de un enriquecedor proceso político de discusión y consenso, la Constitución de 1991 quiso sentar las bases del avance de la sociedad colombiana hacia una democracia consolidada y profunda. Conforme al espíritu de la Carta, el progreso en esa misma dirección no depende solamente de los gobernantes y de los actores tradicionales, sino de un cada vez más amplio ejercicio ciudadano de la política. Por ello, el conocimiento de su contenido, el análisis de sus preceptos y las relaciones entre sus principios revisten importancia fundamental para que su vigencia sea efectiva. La extensión y la complejidad de su temática, además del hecho de que se ocupe de detalles usualmente no propios de las disposiciones constitucionales, no debe llevarnos a caer en la trampa de tratar nuestra carta fundamental como si fuere una reglamentación corriente y trivial, susceptible de cambios al servicio de intereses pasajeros. Nuestro compromiso republicano exige respetarla en su condición de marco fundamental de la vida política y evitar que, por el camino de las reformas caprichosas, se lleguen a desmontar sus principios fundamentales y a desbaratar con ello conquistas democráticas valiosas. El conocimiento del conjunto de la Constitución, el análisis profundo de la forma en la que está construida y el contenido y el sentido de sus preceptos se facilitarán con esta obra del Constituyente Jaime Castro, que servirá de valiosa guía a expertos y profanos, debido al rigor y la seriedad del ejercicio de desentrañar su estructura y presentar ordenadamente las relaciones entre sus preceptos, a la manera de los buenos manuales de análisis jurídico y educación ciudadana. Quien se adentre en las páginas de la obra, podrá encontrar los hilos que conectan aquellos argumentos esenciales de la concepción del Estado, animada por el constituyente. También hallará las conexiones y las falencias de los catálogos de derechos y deberes que el texto constitucional consagra. Y podrá identificar tópicos susceptibles de nuevos desarrollos, a partir de las insinuaciones que la propia Constitución hace respecto de las organizaciones políticas, el ejercicio de la ciudadanía y los proyectos económicos y sociales que dentro de su marco se pueden impulsar. En la medida en que la Constitución es en esencia un instrumento político, no puede quedar exclusivamente en manos de ningún sector de la vida nacional. Para que sus postulados no se queden escritos y para que no se siga desmontando a pedazos el edificio constitucional, es preciso que todos nos apropiemos del tema, conozcamos los parámetros y las oportunidades que allí se establecen y exijamos, con fundamento, las responsabilidades políticas e históricas que corresponden a todos los actores de la vida pública. El presente trabajo analítico sirve de manera ostensible a ese propósito. Por el mismo camino, esta obra podrá contribuir, el día en que los cambios sean necesarios, a que la sociedad colombiana pueda participar, con conocimiento de causa, en las discusiones correspondientes.

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Este libro presenta a la comunidad académica, nacional e internacional, cuatro estudios de caso sobre el movimiento de derechos humanos argentino y chileno, el movimiento de la justicia alternativa brasilero, el proceso de la reforma de la justicia penal en Chile y el proceso de construcción de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia; sobre los cuales el material empírico primario es prácticamente inexistente. A través de estos casos, los autores buscan presentar material inédito sobre los procesos jurídicos en América Latina, que servirán de base para el desarrollo de estudios comparados en la región. Una de las fortalezas de este texto es que pretende aplicar las principales herramientas de la sociología política francesa a través de estudios en terrenos extraeuropeos. El texto puede ser de gran interés para las organizaciones sociales, los líderes sociales y los ciudadanos en general interesados en el tema de los derechos humanos y la globalización del derecho.

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En los juicios, como advierte Ambrose Bierce, la justicia obedece a un ejército de contraste, este es: hacer aparecer a los jueces, abogados y jurados como ángeles, y a los acusados como demonios dignos de los más horrendos suplicios. En los procesos de reconciliación deberíamos transitar por la acera mundana del mutuo reconocimiento de errores, y comprobar que las líneas fronterizas entre victimas y victimarios son demasiado tenues y que la culpa está socialmente distribuida, más aun cuando existen cuantiosos colaboradores y beneficiarios del crimen. En conflictos como el colombiano, con empresas delictivas muy participativas como los mercados negros, la llamada cultura del atajo, y grandes elementos de una guerra civil, deberíamos, todas y todos, reconocer nuestras fallas. Uno de los problemas son, justamente, los umbrales de reconocimiento social y los obstáculos de la memoria y de la emoción, que afortunada o infortunadamente nos impiden avanzar rápidamente hacia el perdón incondicional. La acción política no violenta es un arte y una ciencia, está encaminada a preservar el orden social o transformarlo sin recurrir a la destrucción de la vida y de la naturaleza. Pero nada tiene que ver con visiones románticas e inocentes, como la flor en la punta del fusil o el pacifismo a ultranza. Su esencia radica en suprimir las fuentes de poder del adversario, sin llegar a exterminarle. Su enseñanza elemental es que el poder radica en al voluntad de las personas, en su sentido de dignidad para dejar de desobedecer a actores políticos corruptos, autoritarios, violentos e injustos.

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Esta monografía busca analizar el papel del Estado colombiano con respecto a la protección de los Derechos de sus ciudadanos que han sido víctimas de la explotación sexual. En especial procura determinar los alcances y los logros de las políticas públicas colombianas encaminadas a reducir el número de niños, niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual como modalidad del delito de Trata de Personas durante el período 2000 – 2007. A partir de lo anterior, se trazaron como objetivos específicos: definir el delito de Trata de Personas y analizar las causas que conllevan a ser víctimas de ésta con la finalidad de comprender de qué es lo que se está hablando, y las condiciones en que se ubica la mayoría de sus víctimas. En segundo lugar intenta exponer la política pública colombiana contra el delito de Trata de Personas y especificar las instituciones que respaldan la elaboración de la misma. Igualmente busca analizar los programas implementados a partir de la política para entender qué ha hecho el Estado al respecto y con qué institucionalidad cuenta para la realización de sus proyectos. Para finalizar, busca analizar los alcances y logros de la política implementada por el gobierno colombiano. La presente investigación sobre el fenómeno de la Trata de Personas pretende mostrar que este delito no solamente afecta a las mujeres, como se ha presumido comúnmente, sino que por el contrario, hoy en día vincula diferentes sectores de la sociedad.

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Este breve trabajo ha sido escrito para todas las personas que, como estudiosos y/o practicantes incursionan en el tema de la acción política no violenta. Es una carta de navegación que expone algunos conceptos y debates claves en el tema, al igual que importantes fuentes bibliográficas e instrumentos para la práctica política. También, de manera más implícita, se sugieren algunas preguntas para futuras investigaciones. Ésta es una síntesis y un punto de entrada en relación con un amplio tema de investigación emprendido por el autor desde hace más de siete años. Recoge parte del contacto con autoridades académicas y políticas nacionales e internacionales, y la participación (como organizador y/o ponente) en siete seminarios internacionales organizados con varias universidades e instituciones públicas en Bogotá sobre temas afines. Se destacan los contactos con Jon Elster, Roger Petersen, Stathis Kalyvas, Sthepen Holmes y Roberto Gargarella quienes han ayudado en el entendimiento de los microfundamentos de la guerra civil, el constitucionalismo, las libertades individuales y la acción colectiva. Igualmente han sido significativos los contactos con varios estudiosos y practicantes de la acción colectiva no violenta, destacando a Gene Sharp, Robert Helvey, Peter Ackerman, Jack Duvall, María Stephan, Kurt Schock, Srdja Popovic, Jenny Pearce, Antonino Drago, Jorgen Johansen, Vegar Jordanger, J. M. Muller y Mario López. Ha sido de gran importancia haber conocido las propuestas desde la economía solidaria de Muhammad Yunus y Antonio Elizalde. En el ámbito nacional han sido invaluables las discusiones con Antanas Mockus, al igual que la incursión en la práctica de la resistencia civil durante su segunda administración como Alcalde Mayor de Bogotá. Del mismo modo son valiosos los fugaces encuentros con investigadores como Jorge Hernández, Luisa Ortiz, Diana Britto, Esperanza Hernández, Oscar Mejía Q., y Nelson Molina. Este proceso de investigación queda parcialmente consignado en cinco libros colectivos de los que he sido coautor y compilador; tres publicados por la Editorial de la Universidad del Rosario que son Cante y Ortiz (2005, 2006), y Cante (2007), uno publicado por la Editorial Unibiblos de la Universidad Nacional (Cante y Mockus, 2006), y otro publicado con apoyo de la Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá, Cante (2006).

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Cuatro son los pasos requeridos para la elaboración de una política pública según el modelo secuencial sugerido por HAROLD LASWELL (1956) y luego desarrollado por JONES (1970), el primero es la definición del problema y la construcción de la agenda; el segundo, la formulación, la decisión o legitimación; el tercero, la implementación; y el cuarto, la evaluación de la política pública. Se presenta en este documento de reflexión un análisis de las tres primeras etapas en el proceso de elaboración de la política pública. Como estudio de caso se ha elegido la política pública en salud para grupos étnicos durante el período de la alcaldía de Luis Eduardo Garzón en Bogotá, con un enfoque en derechos humanos. Se utilizaron diversidad de documentos distritales, nacionales, extranjeros, entrevistas semiestructuradas, con el fin de identificar las fortalezas y las debilidades que durante esta primera fase se percibieron en el proceso de definición del problema y construcción de la agenda gubernamental distrital, e implementación por parte del gobierno de turno para el período 2004-2007, caracterizado principalmente por los programas sociales a favor de los derechos de los más vulnerables.

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El propósito de esta investigación fue el de hacer un análisis transversal de la política pública de acceso al agua en Colombia, desde la implementación, funcionamiento y efectividad de la misma, en el contexto del municipio de Río de Oro en el departamento del Cesar.

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La presente tesis, demuestra que la acción de grupo, consagrada en el Artículo 88 de la Constitución Política de Colombia y en la Ley 472 de 1998, es un mecanismo idóneo y efectivo de reparación en casos de graves violaciones a los derechos humanos v.gr. desplazamiento forzado. Para ello, en una primera parte, se presentan algunos antecedentes internacionales de esta acción, como lo son los International Mass Claims Processes y las Class Actions anglosajonas, que evidencian los casos de procedencia y los requisitos que se han establecido a nivel internacional para que una acción colectiva pueda proceder para indemnizar esta clase de violaciones. Posteriormente, en una segunda parte, se analizan los principales aspectos procesales de la acción de grupo, como lo son, por ejemplo, la conformación del grupo, la representatividad adecuada, el termino de caducidad de la acción, la notificación de la demanda, la publicación de la sentencia y el estimativo de perjuicios, entre otros aspectos, que a nivel sustancial y procedimental muestran que la acción de grupo es un mecanismo adecuado para indemnizar in integrum a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos. Por último, se establece que el estándar internacional de reparación que es empleado en el sistema interamericano de protección de derechos humanos (Restitución, indemnización. rehabilitación, satisfacción, garantía de no repetición y proyecto de vida) puede ser aplicado de manera adecuada y efectiva a través del empleo de la acción de grupo.

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El Distrito Capital de Bogotá se ha convertido en constante receptor de población en estado de desplazamiento forzado, y dada la condición de extrema vulnerabilidad de la población desplazada, no sólo por el hecho mismo del desplazamiento forzado, sino también porque en la mayor parte de los casos se trata de personas tales como mujeres cabeza de familia, menores de edad, personas de la tercera edad y minorías étnicas, ha persistido en el tiempo la violación de los derechos de la población en condición de desplazamiento, las autoridades competentes han implementado políticas públicas para establecer los correctivos suficientes y con ello superar las violaciones detectadas, a pesar de la insuficiencia de recursos económicos dada la evolución y magnitud del fenómeno de desplazamiento forzado.

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El documento busca identificar hacia que tipo de solución al problema de la opresión de la población homosexual tienden los fundamentos teóricos de la jurisprudencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional (1998 - 2009) que protege los Derechos Humanos de las personas y parejas homosexuales en Colombia, en términos de la teoría de la justicia desde la perspectiva del reconocimiento. Los pasos seguidos en esta investigación son: (i) identificación de las fuentes y formas de la opresión de la cual es víctima la población homosexual en occidente, (ii) identificación de la forma como ha operado dicha opresión —heteronormatividad— en Colombia, a través de un breve análisis del discurso jurídico, (iii) descripción de las soluciones que la teoría de la justicia como reconocimiento plantea al problema de la opresión de la población homosexual y, por último, (iv) análisis de los fundamentos teóricos de la jurisprudencia seleccionada a la luz de los criterios de la teoría de la justicia señalados. Como hipótesis se plantea que de las tres soluciones —afirmativa (política de la diferencia), transformativa (política queer) e intermedia (reforma no reformista) —, es la primera la que marca la tendencia.

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Este trabajo pretende hacer un análisis inicial sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia a través de los llamados falsos positivos de Soacha, caso que ha tenido una gran repercusión social, política y cultural en el país. El análisis de este caso se aborda desde dos ejes de discusión principales como son la Educación en Derechos Humanos y la participación de actores no estatales en los hechos.A partir de ello se revelan algunas consecuencias políticas para el gobierno colombiano.

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La presente monografía tiene como propósito analizar los tres principales objetivos estratégicos de la Política de Seguridad Democrática impulsada por Álvaro Uribe Vélez: recuperar el control del territorio por parte del Estado, aumentar la confianza inversionista y generar cohesión social en el periodo 2002-2010.

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El problema del paramilitarismo en Colombia ha afectado diversas capas de la sociedad colombiana. En la Sierra Nevada de Santa Marta específicamente unos de los principales afectados han sido las comunidades indígenas que ahí habitan (Koguis, Arhuacos, Wiwa y Kankuamos), siendo estos obligados a pertenecer a una lógica de guerra caracterizada por involucrar a la población civil y por utilizar al narcotráfico como medio de financiación. Por lo tanto la investigación que se presenta a continuación es una aproximación teórica a las lógicas de la guerra paramilitar en la zona y su influencia sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades indígenas entre los años 2002 y 2007.