Estudio sobre la eficacia del régimen fiscal cooperativo portugués

El ordenamiento jurídico portugués consagra un régimen fiscal especial para el sector cooperativo, basado, al igual que otros ordenamientos como el español o el italiano, en la protección de la mutualidad como forma de organización empresarial especialmente benéfica en el plano social. Para alcanzar ese objetivo, el régimen fiscal cooperativo debe ser selectivo, lo que significa que al legislador se le plantea el reto de establecer criterios para separar, dentro del marco cooperativo, lo que debe ser protegido de lo que no merece protección fiscal. El legislador portugués optó por un modelo basado en dos grupos de ramos cooperativos claramente diferenciados según los beneficios fiscales aplicables, ambos con amplias exenciones fiscales. El presente trabajo no se centra en el contenido de los beneficios aplicables sino en las condiciones que las cooperativas deben reunir para acogerse a esos regímenes fiscales favorables. Estos criterios son: i) una división entre operaciones con socios y operaciones con terceros; ii) una delimitación de las operaciones o actividades cooperativas según estén o no vinculadas con el “fin propio de la cooperativa”; y iii) una estructura prevalentemente mutualista del factor trabajo. Esta fórmula legal tiene su raíz en una legislación de 1929 y se ha mantenido hasta el día de hoy debido en parte a un fenómeno de inercia legislativa. El presente trabajo, basándose en la metodología de la sociología jurídica, asienta en una encuesta dirigida a 64 cooperativas, por la que se buscaba indagar hasta qué punto estos criterios (de acuerdo con los que se seleccionan las cooperativas que pueden acogerse a los regímenes fiscales favorables) cuadran con la realidad cooperativa actual. Como era de esperar, la vetustez del régimen hizo que se encontraran desajustes muy significativos, que reclaman una reforma urgente.

Guía de registro mercantil No. 27. Ley 116 de 2006 (Ley de Insolvencia)

Servicios registrales

Resolución N° 197 ¿Qué revisa la Cámara de Comercio para la inscripción de nombramientos en entidades sin ánimo de lucro del régimen común (asociaciones)? ¿Tiene la Cámara competencia para examinar aspectos del acta o documento que impliquen sanciones civiles o penales?

Servicios registrales

La Universidad pública española : configuración actual y régimen jurídico de su profesorado.

Ofrecer una visión sintética y pluridimensional del mundo universitario, con especial atención al estatuto del profesorado. Régimen jurídico de la Universidad española y, más concretamente, el relativo a su profesorado. El estudio se realiza en dos partes: en la primera se abordan cuestiones referentes a la Universidad española en general y en la segunda se analizan algunos aspectos del régimen jurídico del profesorado universitario. Boletín Oficial del Estado. Estatutos de la Universidad. Revistas. Código Civil. Constitución Española. Código Penal. Estatutos de Autonomía. Bibliografía. En el estudio general de la Universidad española se analiza: su origen, las funciones que desarrolla, los fines que persigue y las líneas rectoras de su regimen jurídico y económico; se analizan con especial detenimiento la autonomía universitaria, los estatutos de la Universidad y el carácter de Administración Pública que ostenta. Se abordan las cuestiones relativas al régimen jurídico del profesorado universitario, tanto funcionario como contratado. Se trata desde el régimen legal, las clases de profesorado y la plantilla docente, hasta todos los trámites seguidos en los procedimientos de selección, así como los derechos, deberes y obligaciones del profesorado universitario. Aborda también cuestiones tan polémicas como las relativas a la ordenación de los diversos cuerpos docentes, el alcance del concepto genérico de la libertad de cátedra, la adecuación de los criterios retributivos a las diversas categorías docentes, o el derecho que tiene un profesor a la asignación de una determinada docencia. Termina con una exposición de la protección jurisdiccional de los derechos del profesorado. La utilidad de esta obra se extiende a todo profesor universitario, que encontrará en ella la solución y/o el procedimiento a seguir en las dudas que le plantee su propia situación.

Evaluación del plan de estudios de 1914 y su significado en la formación de maestros de la Escuela Normal de Oviedo.

Analizar el plan de estudios de 1914 y enumerar las aportaciones más relevantes. Objetivos específicos: 1. Analizar la situación histórica, social y educativa de España, valorando en este contexto el plan de estudios. 2. Innovaciones del plan de 1914, en cuanto a si quedan recogidos los principios de la ILE y los de congresos pedagógicos habidos con anterioridad. 3. Significado del plan de 1914 en la Escuela Normal de Maestros de Oviedo, a través de un análisis valorativo del edificio, profesorado y alumnado.. Acontecer histórico de las escuelas normales desde la aprobación y puesta en práctica del 'plan de 1914' hasta su derogación con la aprobación del 'plan de 1931'.. Primera parte: estudio del contexto histórico, social y educativo del primer tercio de siglo XX. Segunda parte: se analiza el plan de estudios, contemplando también un estudio reflexivo de la Escuela Superior de Magisterio. Tercera parte: estudio del gobierno y régimen interno de la Escuela Normal masculina. Otro aspecto analizado ha sido un breve recorrido por la concurrencia de alumnado a los centros de formación de maestros durante el período de estudio, fijándose en las características que presentan estos contingentes de alumnado.. Actas y archivos de la Escuela Normal. Archivo General de la Administración. Actas de los plenos de la Diputacion Provincial y Ayuntamiento. Boletín Oficial de Oviedo.. El plan de 1914 perseguía tres grandes objetivos: 1. Supresión definitiva del Certificado de Aptitud; 2. Concesión de un solo título de maestro; 3. Gran importancia y peso de las asignaturas de ciencias sociales. A partir de su aprobación, las escuelas normales inician una nueva andadura, con una enorme escasez de materiales científicos y una deficiente infraestructura de edificios. Aunque el primer problema se iría paliando a través de la creación del Instituto de material cientifico, no sucedió lo mismo con la estructura física de los locales. Los profesores de esta Normal constituían el grupo renovador, desarrollando una interesante labor en su actividad docente individual dentro de la escuela, introduciendo algunas innovaciones metodológicas dispersas, estando al tanto de la bibliografía científica y cultural y preocupándose por la existencia de material científico y cultural. Esta reforma de las escuelas normales iniciada en 1914, se encontró con muchos problemas que impidieron su desarrollo de un modo completo como: falta de respuesta de la administración a las demandas de renovación y a las reivindicaciones corporativas de los docentes normalistas y parquedad en las dotaciones económicas que llegó a alcanzar mínimos alarmantes.. En el preámbulo de la citada ley, se hacía una declaración de principios, que resultaban innovadores e importantes, pero que no se llevaron a la práctica..

Ley de contratación administrativa : reforma a la contratación estatal

La obra constituye una guía explicativa de las principales modificaciones contenidas en la Ley 1150 de 2007, mediante la cual se modifica el régimen de contratación pública en Colombia. En este libro se realiza un análisis del proceso legislativo surtido por esta reforma, la cual logró materializarse después de serios intentos de modificación de las normas que rigen los contratos que celebra el Estado.

El régimen económico del matrimonio

Esta obra está dirigida a los estudiosos del derecho de familia, con el propósito de interesarlos en la búsqueda de una necesaria actualización de las normas que, en nuestro ordenamiento jurídico, regulan actualmente el régimen económico del matrimonio. No pretende la autora una reforma del sistema vigente: sociedad conyugal con comunidad de gananciales, puesto que es un sistema ágil y de avanzada en las legislaciones del continente que facilita el acrecimiento de los bienes sociales mediante una administración que opera bajo el reconocimiento de la total igualdad de derechos y obligaciones de los cónyuges ante la ley. Sin embargo, con fundamento en el ejercicio de la función como juez de familia - que permita detectar problemas de aplicación e interpretación de la ley en los casos concretos - la autora plantea la apremiante necesidad de implementar un trabajo legislativo con el que, obtenida una normatividad integral, contextualizada y coherente, se superen los vacíos y las incongruencias generadoras de innecesarios conflictos

Estudio crítico de la Ley 820 de 2003

Expedida la Ley 820 de 2003 la cual hace referencia al régimen de arrendamiento de vivienda urbana, se propusieron diferentes modificaciones en cuanto al régimen de servicios públicos domiciliarios, la solidaridad entre el arrendador y el arrendatario y se buscó reunir todas las normas que se encontraban a lo largo de la legislación colombiana que hacían alusión a dicho contrato. Habiendo transcurrido el lapso de seis años de su vigencia, existen varios problemas derivados de su aplicación que ameritan el estudio pertinente para encontrar la mejor manera de resolverlos legalmente o para proponer las reformas a la ley que sean necesarias para su perfeccionamiento.

Novetats de la Llei 4-2009, d'11 de juny, de serveis socials, en matèria d'autorització, acreditació, registre i inspecció d'entitats, centres i serveis de serveis socials. 'Novedades de la Ley 4-2009, del 11 de junio, de servicios sociales, en materia de autorización, acreditación, registro e inspección de entidades, centros y servicios de servicios sociales'.

Resumen tomado del autor

Análisis del proceso que condujo a la construcción del concepto de explotación inserto en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, incorporado a la legislación colombiana a través de la Ley 800 de 2003

El objetivo de este trabajo de grado es describir una disputa política por el significado del concepto de explotación en el marco de la redacción del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños”, en el cual se define aquello que se entiende por trata de personas. La construcción de este concepto excluye e invisibiliza otros tipos de explotación comunes en el sistema de producción capitalista contemporánea que pertenecen al universo de violencia objetiva sistémica a través del énfasis en la explotación sexual que hace parte de la violencia subjetiva.

Caracterización del conflicto armado interno en el municipio de Buenaventura desde la perspectiva de actores locales. Periodo 1998 – 2010

En esta investigación se brindó el origen del conflicto armado en Buenaventura precedido por colisiones sociales con eventos graduales desde 1948 hasta 2010 marcando “acentos” en lo transcurrido en los últimos años. Se caracterizó el conflicto armado en el municipio de Buenaventura desde la perspectiva de actores locales los cuales expresaron visiones diferenciales sobre el conflicto dependiendo los contextos urbano-rurales que los padecen. De igual manera el presente estudio documenta acciones del PCN y PEC, organizaciones sociales estructuradas que operan en Buenaventura las cuales han emprendido acciones traducidas en tipificación del articulado constitucional y legislativo como el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991 y la Ley 70 de 1993.Finalmente se esbozaron algunas expectativas que se tienen en el momento frente al conflicto en el municipio las cuales establecen diversos escenarios frente a lo que puede acontecer en Buenaventura. Lo anterior desde la perspectiva de líderes afrocolombianos y representantes de Consejos Comunitarios.

Efectos reglamentarios y jurisdiccionales del derecho comunitario Andino sobre el derecho administrativo colombiano

Este trabajo se soporta sobre una base conformada por dos conceptos, que constituyen el horizonte contextual de la investigación: Derecho Administrativo y Comunidad de integración. Es claro que al hablar de una Comunidad de integración específica como la Comunidad Andina (CAN), incide de forma directa en la actividad del derecho administrativo.Ha sido necesario que los países que conforman los grupos de integración económica cedan parte de sus competencias para crear un ordenamiento jurídico de orden supranacional, el cual modifica la dinámica social de las relaciones comerciales y afecta la estructura de la administración pública, haciendo que el derecho administrativo no se limite a interactuar solo con derecho nacional. Esta mutua dependencia de las políticas internas y las regionales se realiza, entonces, cada vez que existe participación y compromiso de los Estados frente a las decisiones, de carácter vinculante o no. En esa medida surge el problema de investigación tendiente a esclarecer cómo ha sido la adopción de las decisiones e interpretaciones, emanadas de los mecanismos oficiales del Derecho Comunitario Andino, en el ordenamiento jurídico colombiano. La existencia de varios puntos de vista con respecto a la obligatoriedad o no de dicha adopción, moldea un tema de suficiente amplitud y profundidad para ser estudiado en un trabajo de investigación.

Régimen jurídico de los activos eléctricos en Colombia: planteamiento general y principales problemas.

La energía eléctrica y los bienes o activos eléctricos (de acuerdo con la definición técnica) con que se lleva a cabo su prestación, goza de una particular regulación y normatividad, explicables por la importancia capital de este servicio público, sumado al diseño institucional traído por la constitución de 1991, lo que la hace especialmente compleja, dinámica y abierta a precisiones. Es ese sentido, se parte de un entendimiento inicial de todos los activos que conforman una red de generación, transmisión y distribución eléctrica, para de esa forma comenzar a esbozar el régimen jurídico de los mismos, dependiendo de su posición dentro de la cadena de suministro eléctrico. Una vez concluido este acercamiento, se abordan los principales problemas previsibles desde una perspectiva puramente académica, como por ejemplo el relacionado con el alcance de los conceptos de la CREG y su valor normativo, la presunta inembargabilidad de los bienes destinados a la prestación de servicios públicos en cabeza de comunidades organizadas y el problema de la propiedad de particulares sobre activos conformantes de la red de suministro eléctrico y la salida normativa a ese conflicto (pues no debe olvidarse que los propietarios de activos de uso general, de acuerdo con la CREG, deben ser prestadores de servicios públicos domiciliarios) de modo tal que se respeten los derechos de propiedad. De cada uno de estos interrogantes surgen soluciones que lejos de zanjar las discusiones al respecto, buscan abrir el debate sobre un tema de tan capital importancia.

Cambios en el régimen de pensiones en Colombia y su efecto en el margen intensivo de la oferta laboral

En Colombia, como en muchos países de América Latina, en los años 80 y 90 se hicieron cambios importantes en los regímenes de pensiones. Este trabajo hace un análisis de uno de esos cambios en Colombia. El cambio consistió en aumentar el tiempo de cotización necesario para reclamar los beneficios pensionales y la inclusión del salario dentro de la fórmula del monto de pensiones. Para este propósito se estudia el impacto sobre la oferta laboral de un cambio exógeno en estas condiciones usando un diseño de regresión discontinua. Se encuentra un efecto positivo sobre las horas promedio trabajadas en la semana.

La responsabilidad del Estado español en materia de Derechos Humanos en el marco del Estatuto de Roma. Análisis de la Ley de Memoria Histórica (2007- 2011)

El Estatuto de Roma como Régimen internacional genera dinámicas de cooperación con los Estados miembro en materia de Derechos Humanos; en España se llevaron a cabo procesos de armonización institucional que se tradujeron en voluntad política de reconocer los derechos y establecer medidas de restitución a las víctimas de la guerra civil y la dictadura, a través de la formulación de la Ley de Memoria Histórica en el año 2007; sin embargo el cumplimiento de estas es insuficiente a la hora de analizar la responsabilidad internacional de España en Derechos Humanos.