Utilización de los medios electrónicos en el procedimiento administrativo y en el proceso contencioso administrativo, en el marco de la ley 1437 de 2011, análisis y reflexiones

El presente trabajo tiene como objeto analizar, desde una revisión documental, la utilización de los medios electrónicos a la que se enfrenta el Estado colombiano, en el procedimiento administrativo y en los procesos contencioso administrativos, en el marco del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011). Con ese fin, daremos cuenta de las influencias, el análisis de conceptos y alcances. Para luego hacer unas reflexiones sobre el uso de estos medios, el cual trae unas implicaciones, que están sujetas a las expectativas, retos y perspectivas inherentes a todo cambio.

Derecho administrativo y autorregulación: la autorregulación regulada

El objeto de esta tesis es el análisis de la autorregulación regulada, es decir, el análisis de las normas y de los controles privados que poseen relevancia para el Derecho público. A pesar de su aparente desvinculación con el Derecho Administrativo, la autorregulación es una tendencia que se percibe cada vez con mayor nitidez; es, claramente, un fenómeno que se asocia principalmente al uso de nuevas tecnologías, pero que desborda con mucho este ámbito. La autorregulación es una noción directamente relacionada con la transformación de las formas de gobernanza impulsada desde la Unión Europea; es una nueva técnica o instrumento que las normas jurídico-públicas, a través de numerosas remisiones a la autorregulación, ponen en manos de la administración para gestionar los fines que ésta tiene encomendados. Existe, sin embargo una clara disociación entre las esperanzas puestas en la autorregulación y la falta de respuestas que ofrece el derecho positivo. Un análisis exhaustivo de la jurisprudencia y de la legislación que utilizan la voz "autorregulación" me ha llegado a concluir que este vocablo es en nuestro ordenamiento, un "término sin concepto". En esta fuentes se asimila la "autorregulación" con la capacidad de autonormación de un sujeto. Es el derecho comunitario el que la autorregulación como una alternativa o un complemento a la desreglamentación estatal y como una manifestación de un traslado de funciones y responsabilidades públicas a la sociedad. Por influencia del Derecho comunitario, el legislador pretende, a través de la autorregulación, alcanzar dos finalidades aparentemente contradictorias: (a) facilitar la función de garante que tiene atribuida el Estado, mediante una intervención más extensa i más intensa en las actividades privadas; (b) hacer efectivo los objetos propuestos con la desregulación, mediante una contención del ejercicio de la potestad reglamentaria y una disminución de los controles, preventivos o represivos, realizados directamente por la Administración. Para salvar esta contradicción, es necesario que el legislador establezca una regulación adecuada de la autorregulación. Dicha regulación es, hoy por hoy, manifiestamente insuficiente. Deberían fijarse con carácter general -y no sólo puntualmente y por sectores- las medidas adecuadas para el fomento de la autorregulación; los efectos públicos que ésta posee en cada caso y, significativamente, las garantías y controles necesarios para contrarrestar tales efectos. Esto es, los principios que rigen la actividad administrativa deberían ser aplicados también a la autorregulación en aquellos casos en los que sus diversas manifestaciones poseen efectos similares a los que son propios de los reglamentos, las inspecciones o las sanciones administrativas. Esta propuesta deja abierta la cuestión acerca de la incidencia recíproca de ambas técnicas; esto es , la incidencia de la regulación pública en la autorregulación de origen privado y, a la inversa, el impacto del desarrollo de la autorregulación regulada en el ejercicio de las potestades reglamentaria, autorizatoria, y sancionadora de la Administración. Esta cuestión sólo puede ser contestada hoy caso por caso, de modo que la respuesta es distinta si se analiza una norma técnica, un código ético, un manual de buenas prácticas, una certificación privada del cumplimiento de normas técnicas, el ejercicio de la potestad disciplinaria privada o el arbritaje. De lo que no cabe duda alguna es que ni la autorregulación es sólo una actividad de interés privado, ni la regulación pública conserva hoy sus rasgos tradicionales.

Caraterísticas atuais e transformações ocorridas na compreensão do Estado e da Administração Pública

Administrative law had an important development since the end of World War II and has changed deeply. This study explains these modifications.

Reformas administrativas em Portugal desde o Século XIX

O objectivo deste trabalho consiste em apresentar as diversas reformas administrativas que ocorreram em Portugal nos séculos XIX e XX.

A ponderação de bens em Direito Administrativo

Quando duas normas jurídicas entram em conflito não resolúvel por inexistência de normas de conflito (o que acontece em especial no domínio dos direitos fundamentais ou quando se tentam aplicar princípios jurídicos), a solução em direito não pode ser por subsunção, tem de ser através da ponderação. A ponderação não deve ser subjetiva, mas objetiva, baseada num sistema controlável externamente. O sistema neste momento internacionalmente mais reputado de fazer a ponderação é a fórmula do peso de Robert Alexy. Aqui explica-se em que consiste a ponderação de bens, a sua origem e expressão noutros países, a sua admissibilidade, a referida fórmula, e defende-se a aplicação de um sistema alternativo baseado na teoria psicológica da pirâmide das necessidades humanas, de Abraham Maslow. Verifica-se a validade das teses testando-as em casos concretos. Faz-se ainda a aplicação destes princípios a problemas próprios do direito administrativo.

A nulidade do acto administrativo

A nulidade é um desvalor do acto administrativo e seguramente o mais polémico. Coexiste com a anulabilidade e a inexistência do acto administrativo. Cabe-lhe um regime jurídico específico que se distingue a montante do que é próprio da inexistência e a jusante do que é próprio da anulabilidade do acto. Mas na separação das águas deparamos com zonas pouco claras. A distinção das figuras está cada vez mais longe de ser simples e evidente e disso se ressente o regime jurídico que lhes deve caber. O que se pretende com este estudo é contribuir para o esclarecimento das questões, e muitas são, levantadas.

Administração pública electrónica e directiva dos serviços: Aplicação ao Sector do Turismo

Segundo Vidigal (2005), a Administração Pública Electrónica caracteriza-se pela utilização de tecnologias de informação e comunicação para melhorar a eficiência e eficácia da gestão pública e incrementando substantivamente, seja a transparência do sector público, seja a transparência do cidadão nas suas relações com o Estado. Segundo o mesmo Autor, o Estado deve reorganizar-se de forma a constituir uma autoridade reguladora dos relacionamentos horizontais entre organismos públicos, ajudando a identificar e optimizar processos e quebrando as respectivas barreiras jurídicas, culturais, institucionais, políticas e territoriais.

O código de procedimento administrativo e a atividade de polícia

O ponto de partida deste trabalho consiste nas relações entre a atividade da polícia e o Código do Procedimento Administrativo, procurando saber se aquela atividade se encontra subordinada às regras procedimentais contidas no Código do Procedimento Administrativo, excluindo obviamente do âmbito deste estudo a atividade de polícia criminal desenvolvida pelos órgãos e autoridades de polícia criminal.1

Mecanismos de impugnación de los dictámenes del Procurador General del Estado (Tema Central)

Este artículo busca generar debate académico sobre la naturaleza jurídica de los pronunciamientos del Procurador General del Estado en el Ecuador, y determinar si se trata de un acto normativo, de un acto administrativo, de un acto de simple administración, de un acto complejo o de un acto de naturaleza sui géneris, asunto que nos permitirá establecer a su vez la o las vías de impugnación de estos pronunciamientos, sean estas acciones constitucionales como de inconstitucionalidad de acto normativo, de acto administrativo o de amparo, o las acciones contencioso administrativas objetiva o de anulación, o subjetiva o de plena jurisdicción.

La enseñanza del derecho financiero en Italia y España (Artículos Varios)

El trabajo analiza el pensamiento de distinguidos profesores como Griziotti y Ranelletti: el primero, fundador de la escuela económica y jurídico-finaciera de Pavía, la que sostenía la unidad de la cátedra de ciencia de las finanzas y derecho financiero, en cuanto ambas tendrían como objeto el mismo fenómeno financiero, el segundo, fundador de la escuela jurídico-finandera napolitana, partidaria de la enseñanza del derecho financiero como rama del derecho administrativo. Profundiza además en el estudio de las dos corrientes en la enseñanza de la ciencia de las finanzas y del derecho financiero impartida por los juristas, la autonomía del contenido conceptual destacado por D'Alessio e Ingrosso como objeto de la enseñanza del derecho financiero, el pensamiento de Sainz de Bujanda y su influenda en la institución de las cátedras de "Derecho financiero y tributario" en España, la contribución de Romanelli-Grimaldi a la individuación del fenómeno jurídico financiero como objeto de la enseñanza del derecho financiero, los aportes de Sica y Abbamonte para reconducir el fenómeno jurídico financiero a los principios constitucionales y, finalmente, la influencia de dichas contribuciones sobre el actual reconocimiento de la autonomía de la enseñanza del derecho financiero.

Disertación sobre el servicio público (Tema Central)

El concepto de servicio público, a pesar de las muchas polémicas que despierta en la doctrina, es una de las nociones que más interés despierta en los estudios del Derecho Administrativo. En efecto, se trata de una prestación técnica que satisface necesidades de carácter general, con sujeción a un régimen jurídico exorbitante del derecho ordinario. En tal virtud, como competencia de la Administración Pública, contribuye a la realización de los cometidos estatales y de los fines públicos. El presente trabajo aborda los principales aspectos que rodean a la temática del servicio público, de modo que brinda una introducción sumamente útil sobre la materia.

A Repartição de riscos em contratos regidos pela Lei nº 8.666/93

O estudo discute a repartição de riscos entre o setor público e o setor privado em contratos administrativos regidos pela Lei nº 8.666/93. Na primeira parte, ressaltam-se os novos paradigmas do Estado e as evoluções do direito administrativo no Brasil. Na segunda parte, descreve-se o modelo tradicional de contratação pública no Brasil. Na terceira parte, discute-se a constitucionalidade da repartição objetiva de riscos em contratos administrativos. Na quarta parte, delineiam-se as diretrizes a serem seguidas pelo administrador público na repartição de riscos, segundo ditames de eficiência.

A autonomia do servidor público no Brasil

A autonomia pessoal do servidor público, em seu agir na Administração Pública, é um dos pressupostos para a eficaz implementação de ações de gestão do conhecimento. Ela também é um anseio do trabalhador, sempre defendido em manifestações das mais diversas associações de classe. Contudo, ela esbarra em restrições políticas, legais, administrativas e culturais. Este trabalho, debruçado sobre fontes secundárias e teóricas, identificou a natureza da autonomia pessoal, suas modalidades, suas fontes, suas restrições, bem como sua possibilidade de desenvolvimento. O trabalho, de natureza teórica, foi desenvolvido por meio de interpretação transdisciplinar das fontes, em sua maior parte oriundas da literatura sociológica, administrativa, do direito e da filosofia. O conceito de autonomia é trabalhado inicialmente, seguido por sua primeira subdivisão em duas dimensões. Em seguida, a disciplina que a doutrina de Direito Administrativo brasileiro impõe à autonomia do servidor público é explorada e problematizada. Em seguida, é abordada a questão sob a visão sociológica, a partir do modelo burocrático ideal de Max Weber e das constatações de Michel Crozier. A relação entre a autonomia e as burocracias profissionais também é passada em revista. Por fim, a personalidade humana é apresentada como a fonte da autonomia, bem como sua justificação diante de doutrinas que a negam e atacam. Foram identificadas três dimensões da autonomia: substantiva, técnica e objetiva; bem como propostos caminhos para que, nas organizações públicas, essas dimensões possam florescer, dentro dos legítimos limitantes políticos, legais e administrativos identificados.

As conferências nacionais de política para as mulheres e os sentidos atribuídos á deliberação

Esta dissertação tem como problema de pesquisa analisar o perfil normativo das Conferências Nacionais de Política para Mulheres a partir dos sentidos atribuídos à deliberação pelas representantes governamentais e não governamentais que organizaram e/ou participaram desses processos de Conferências, entrevistadas para esta pesquisa. A relevância do problema se dá pelo diagnóstico de que o perfil dessas Conferências, marcado por discursos históricos que buscam firmar o compromisso político do governo federal com a Política para as mulheres, não está claro, por um lado. Mas também se justifica pelos debates em torno de propostas de Sistemas de Participação que buscam trabalhar com a complementaridade de modelos de democracia, por outro. No arcabouço teórico está a noção de “momentos deliberativos” presente na literatura brasileira sobre efetividade da participação e as noções jurídicas de ato administrativo discricionário e vinculativo presentes no ramo do Direito Administrativo, como tentativas de compreender o perfil a partir das categorias analíticas consultiva e deliberativa presentes na literatura brasileira sobre participação. As categorias, contudo, se mostram limitadas para se compreender os diversos sentidos da deliberação que indicariam seu perfil.

A extensão dos efeitos da celebração de Acordo de Leniência com o CADE perante a administração pública

Através do presente trabalho, buscar-se-á analisar os efeitos e a extensão dos benefícios conferidos com a celebração do acordo de leniência com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), principalmente no que se refere à garantia de imunidade quanto às sanções administrativas. Nesse contexto, o presente trabalho procurará verificar se a celebração do acordo de leniência com o CADE extingue a ação punitiva da Administração Pública, ou seja, se nenhum outro ente da Administração Pública direta e indireta pode aplicar qualquer sanção administrativa à empresa leniente. Em outras palavras, se a imunidade prevista na Lei nº 12.529/2011 é restrita ao âmbito do CADE ou engloba toda a Administração Pública. Esse estudo revela-se importante, pois a possibilidade de outro órgão, também integrante da Administração pública, aplicar sanções administrativas à empresa leniente, violaria o sistema punitivo da Administração Pública, visto que o mesmo deve ser analisado e interpretado de maneira uniforme e interligada, além dos incentivos para a celebração do citado acordo de leniência serem reduzidos significativamente, caso outros órgãos da Administração Pública possam aplicar sanções administrativas, como, por exemplo, a declaração de inidoneidade. Portanto, a análise que será desenvolvida neste trabalho de conclusão de curso envolverá institutos e discussões presentes no Direito Administrativo e também no Direito Concorrencial Brasileiro, especificamente no que se refere aos benefícios garantidos com a celebração do acordo de leniência, instituto que foi criado para combater as práticas anticompetitivas colusivas.