193 resultados para incumplimiento


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Realiza una revisión y análisis de las nueve reformas efectuadas al sistema tributario ecuatoriano a partir de la promulgación de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en Registro Oficial No. 242 del 29 de diciembre de 2007 hasta la publicación en el Registro Oficial Nº 583 del 24 de noviembre del 2011 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado. La promulgación de cualquier reforma legal, especialmente las de carácter tributario, genera un gran interés en las partes involucradas, debido a la incidencia que éstas pueden representar en sus actividades; los contribuyentes buscan conocer el texto de las reformas y familiarizarse con el mismo a fin de evitar los riesgos del desconocimiento e incumplimiento de sus nuevas responsabilidades tributarias. La revisión de las reformas está en función de los cambios introducidos en los aspectos relacionados con los impuestos indirectos de recaudación nacional más representativos como son el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a los Consumos Especiales; su incidencia recaudatoria comparándola con periodos anteriores y posteriores a la adopción de las nuevas normas; y, el apego de la nueva normativa a los Principios Tributarios Constitucionales. El pagar los impuestos es nuestra contribución real a la economía del país, es un deber legal y moral que le permite al Estado cumplir con sus responsabilidades que van en beneficio de todos los ciudadanos; aunque en ciertas ocasiones el pago de impuestos puede ocasionar malestar es deber de todos formarnos en cultura tributaria, para de esta manera asegurar y mantener la estabilidad económica del Estado

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Analiza el desarrollo de las garantías jurisdiccionales a partir de una muestra de procesos decididos en la provincia de Pichincha. Evidencia que la acción de protección es la garantía más utilizada, seguida del hábeas corpus y el hábeas data. Constata una tendencia decreciente del porcentaje respecto al total de garantías en los casos de la acción de protección y habeas data, mientras que la interposición de habeas corpus se ha incrementado; establece que la mayoría de accionantes proviene del sector público; confirma la tendencia judicial restrictiva de garantías y derechos, y devela el incumplimiento de los plazos legales, concluye señalando los límites que existen para la efectividad de las garantías y para el aseguramiento de los derechos humanos de la población.

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El presente trabajo consiste en realizar una revisión y análisis de las nueve reformas efectuadas al sistema tributario ecuatoriano a partir de la promulgación de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en Registro Oficial No. 242 del 29 de diciembre de 2007 hasta la publicación en el Registro Oficial Nº 583 del 24 de noviembre del 2011 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado. La promulgación de cualquier reforma legal, especialmente las de carácter tributario, genera un gran interés en las partes involucradas, debido a la incidencia que éstas pueden representar en sus actividades; los contribuyentes buscan conocer el texto de las reformas y familiarizarse con el mismo a fin de evitar los riesgos del desconocimiento e incumplimiento de sus nuevas responsabilidades tributarias. La revisión de las reformas está en función de la incidencia en la recaudación fiscal en lo referente al Impuesto a la renta y a la adopción de las nuevas normas; y, el apego de la nueva normativa a la Constitución Política del Ecuador. El pagar los impuestos es nuestra contribución real a la economía del país, es un deber legal y moral que le permite al Estado cumplir con sus responsabilidades que van en beneficio de todos los ciudadanos; aunque en ciertas ocasiones el pago de impuestos puede ocasionar malestar es deber de todos formarnos en cultura tributaria, para de esta manera asegurar y mantener la estabilidad económica del Estado.

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El presente trabajo, se enmarca en el análisis de Riesgo Operativo, con el objetivo de minimizar los riesgos de incumplimiento de plazos establecidos, para la atención de trámites del Departamento de Reclamos de la Dirección Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, la idea de aplicar la metodología de Riesgo Operacional, se dio por la problemática generada en el departamento, al no contar con las herramientas y procedimientos, adecuados para enfrentar la disminución del tiempo de contestación, definido por la Dirección Nacional y el incremento de trámites, generado por un cambio en la normativa tributaria. Para el estudio, se ha considerado lo establecido en el documento de Basilea II, Estándar Australiano y Gestión de Riesgos Corporativos COSO, que si bien sus metodologías no van aplicadas a una institución pública, ha servido de referencia para realizar el presente estudio de Riesgo Operacional. La metodología utilizada, para definir la matriz de riesgo, fue la semicuantitativa, permitiendo, obtener los resultados expuestos en el presente estudio, que serán puestos a consideración del Departamento, para su respectiva aplicación.

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La gestión de riesgo es aplicar estrategias para evitar los mismos o reducir los costos generados por la ocurrencia de éstos, dicha gestión requiere de un análisis para identificarlos y medirlos en su probabilidad e impacto, planificar y poner en práctica estrategias de control para mitigarlos manteniendo una constante retroalimentación. El presente trabajo, titulado “Reajuste al modelo de aprobación y asignación de sobregiros para gestión de riesgos en el Banco de la Producción.”, se basa en el riesgo de crédito que asume el prestador, derivado de la posibilidad de que el prestatario incumpla la obligación y que puede ser mitigado mediante el uso de la valoración crediticia del sujeto de crédito o en el estudio de los ingresos del sujeto y su comportamiento o historial crediticio. Banco de la Producción cuenta con un modelo de aprobación y determinación de montos máximos de sobregiros para los cuenta corrientistas el cual, le permite un análisis de cliente con el fin de determinar la probabilidad de incumplimiento para la aprobación del sobregiros y considerar otras variables que le permiten un cálculo del monto máximo de autorización del sobregiro; todo esto va en búsqueda de la mitigación de determinado riesgo de crédito. Considerando que dichos modelos deben ser revisados y actualizados continuamente para garantizar la mitigación del riesgo de crédito, se realizó esta investigación mediante un procedimiento estadístico denominado Backtesting, el cual “es utilizado para validar la calidad y precisión de un modelo, mediante la comparación de los resultados reales con las medidas de riesgo generadas por el modelo” y de esta manera poder determinar las desviaciones del mismo y proponer las respectivas mejoras. A través de la aplicación del Backtestig, se obtuvo un ratio de la idea que se prueba, la frecuencia de oportunidad bajo las condiciones establecidas, el promedio de posiciones ganadoras y perdedores de esta prueba.

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Los derechos consagrados en las diferentes constituciones, en particular la ecuatoriana en la cual se enfoca el presente trabajo, son el pilar en el que se fundamentan los estados, imponiéndose per se una labor de prevención y protección de los mismos. Para hacer efectivo tal cometido, el ordenamiento jurídico de éste país contempla acciones para la protección de los mismos; no obstante, pese a que se haya activado una de esa acciones y se haya obtenido un fallo favorable, resta una fase de ejecución de lo dictaminado en la sentencia; para ello, se contemplan mecanismos prestos a activarse y vigilar la materialización de los derechos. Pero el interrogante que surge enseguida, es por qué, en ciertos casos, no se da el cumplimiento inmediato de aquellos fallos y quiénes son eventualmente los responsables de la ocurrencia de ese fenómeno jurídico y social; frente a dicho cuestionamiento, nos aventuramos a realizar una clasificación de los posibles factores que obstaculizan, impiden o dilatan el cumplimiento de las sentencias de acción de protección, garantía jurisdiccional escogida por ser la acción genérica de protección de derechos en el Ecuador. Ejecutado el estudio en su totalidad, la pretensión radica en que usando como insumos las sentencias emitidas por la Corte Constitucional en trámite de la acción de incumplimiento, en el periodo comprendido entre noviembre de 2008 a marzo de 2014, se seleccione las que a su vez son de acción de protección y, a partir de su análisis determinar que existen sentencias de acción de protección de derechos incumplidas debido a la presentación de ciertos factores.

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La crisis financiera del 2008 provocó la pérdida de riqueza y el derrumbe de los mercados bursátiles y de la economía real, traducida en desempleo, reducción de la productividad, recesión profunda, e incertidumbre en los mercados financieros. En el marco de la crisis de deuda soberana europea, es cuestionable también el grado de certeza de los CDS (Credit Default Swap) como garantía para los inversionistas, considerando las negociaciones existentes entre emisores y bancos europeos para evitar el default de estos instrumentos y por tanto, evitar la indemnización a los inversionistas en su calidad de acreedores. Remontándonos, la crisis financiera internacional del año 2008 tuvo como uno de sus orígenes a las hipotecas denominadas como “subprime”. Estas hipotecas fueron “empaquetadas” junto a otras de alta calificación, en grupos de hipotecas para ser titularizadas y colocadas en el mercado bursátil, mediante instrumentos denominados CDO (Collateralized Debt Obligations), y a aseguradas en algunos casos, través de los CDS (Credit Default Swap), siendo principalmente estos últimos instrumentos financieros, blanco de las críticas y señalados como uno de los culpables de la crisis financiera internacional. Bajo estas consideraciones, se pretende en esta investigación, analizar específicamente los CDS (Credit Default Swap), para determinar su naturaleza jurídica como verdaderos seguros contra cesación de pagos, o como permutas de incumplimiento crediticio. Comprender su estructuración legal como instrumento de garantía para los inversionistas institucionales o particulares, considerando el acontecimiento de la quita de los bonos griegos, la crisis de deuda soberana europea y el default de la deuda argentina, así como las consideraciones del ISDA (International Swaps and Derivatives Association) en estos puntos; su marco legal, su contribución en la reducción del riesgo, su papel especulativo y su incidencia real en la crisis financiera del año 2008.

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Las mujeres presas en el Hospicio de Quito durante los primeros treinta años de existencia constituyen el objeto de estudio del presente trabajo. A través de este sector circunscrito de la plebe quiteña se identifican algunas características sobre la forma en que “desde arriba” se proyectan las políticas y los mecanismos de control y algunas agencias que “desde abajo” se activan frente a la situación de disciplinamiento en la ciudad. Para abordar estas dos perspectivas se recurre a documentación oficial y a la búsqueda del “deber ser” institucional, al mismo tiempo que se procura recuperar la voz de los sectores subalternos, particularmente de las mujeres. El trabajo se asienta por lo tanto, en buena medida, en aquella documentación primaria que permite escuchar algunas de las preocupaciones de las mujeres relacionadas con sus experiencias. Específicamente se detectan algunas prácticas que activan frente a las injusticias que perciben y su reacción frente al incumplimiento de los objetivos de la institución definidos en el discurso ilustrado que justificaron su creación. Ambos temas traducen la percepción que tienen los sectores subalternos respecto a su rol y al del Hospicio.

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El riesgo crediticio se considera como el de mayor relevancia en institución financiera y sobre todo en las del Sector Financiero Popular y Solidario del Ecuador donde concentran su cartera crediticia en microcrédito. El presente estudio busca establecer una metodología apropiada para determinarla pérdida esperadas obre la otorgación de crédito, y estimar los niveles de provisiones adecuados de cartera para una institución financiera generadora de cartera de microcrédito. Esta tesis comprenderá los siguientes capítulos El primer capítulo establece una síntesis del Sistema Financiero y la estructura financiera exclusivamente del Sistema Financiero Popular y Solidario del Ecuador El segundo capítulo consiste en conocer la trayectoria de la institución financiera de estudio, su estructura organizacional su cartera crediticia, obteniendo comprensión de la institución donde en los siguientes capítulos se desarrolla la metodología de pérdida esperada para su aplicación. El capítulo tres detalla las herramientas sobre la gestión integral de riesgos en instituciones financieras, los diferentes tipos de riesgo puntualizando el riesgo de crédito ya que es el objeto de estudio. En este capítulo se conocerá el marco conceptual sobre pérdida esperada enfocándose en los modelos estadísticos para determinar una probabilidad de incumplimiento. El cuarto capítulo comprende el desarrollo metodológico para determinar los factores componentes de la pérdida esperada. Se conceptualiza la severidad, exposición y probabilidad de incumplimiento. Se estima la pérdida esperada global y se comparará con los resultados con el esquema habitual de provisiones de la institución en estudio. El quinto capítulo corresponde a las conclusiones de la metodología planteada y recomendaciones.

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Esta investigación busca determinar si los procedimientos administrativos y judiciales establecidos en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor permiten que los consumidores puedan acceder a una tutela eficaz de sus derechos como consumidor en la adquisición de bienes o servicios. En un inicio, se identificarán nociones fundamentales de lo que es el derecho del consumidor; su avance histórico a nivel mundial centrándose posteriormente en América Latina, para finalmente explicar su formación y desarrollo en el Ecuador; a continuación se explicarán cúales son los derechos que los justiciables tienen como consumidores, así como cúales son los procesos a los que en las vías administrativas o judiciales tienen la posibilidad de acceder. Se realizará un trabajo de campo e investigativo, que consiste en obtener información en los órganos administrativos (Defensoría del Pueblo) y judicial (Comisarías e Intendencia de Policía Nacional de Quito, Juzgados de Contravenciones y Juzgados de Garantías Penales de Quito) desde el 2005 hasta la fecha, a fin de elaborar una base de datos que permita identificar cuántos procesos de defensa de consumidor se han realizado y se han resuelto en los ámbitos administrativos y judiciales. La investigación realizada determinará si se han establecido sanciones por incumplimiento a los derechos del consumidor por la adquisición de bienes o servicios, en los ámbitos administrativos y judiciales. Finalmente, tendremos como resultado de esta investigación, un aporte de información para los organismos encargados de tutelar los derechos del consumidor, para tomar acciones que permitan a los justiciables acceder a mecanismos adecuados y expeditos que los amparen, cuando por la adquisición de un bien o servicio sus derechos hayan sido vulnerados.

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Los modelos de medición de riesgo se han convertido en piezas fundamentales en la administración del riesgo de crédito en las entidades financieras; al respecto, si bien, la normativa de riesgo de crédito expedida por la Superintendencia de Bancos aborda conceptos fundamentales como: pérdida esperada, probabilidad de incumplimiento, nivel de exposición del riesgo de crédito, severidad de la pérdida, tasa de recuperación, y promueve a que las entidades conformen bases de datos para la cuantificación del riesgo de crédito; se observa que dichas disposiciones no han sido suficientes ni entendidas. En este contexto, el presente estudio de investigación contiene un análisis de los lineamientos emanados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea para la cuantificación del riesgo de crédito; un análisis histórico de la evolución de la cartera de consumo en el sistema bancario ecuatoriano desde el año 2002 hasta diciembre de 2014, así como de los indicadores de morosidad y cobertura. Se realiza un repaso de las disposiciones de la normativa para la gestión del riesgo de crédito, y de la norma de calificación de activos de riesgo en la parte pertinente a la calificación de créditos de consumo; y se analiza y compara con los avances establecidos en la norma de riesgo de crédito, contemplado en el denominado Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC) definido por la Superintendencia Financiera de Colombia. Así también, se definen los aspectos mínimos a considerar en la construcción de modelos internos para créditos de consumo, y se enfatiza en el análisis de 15 bancos privados para el cálculo de matrices de transición, a fin de establecer los días a partir del cual el ente de control podría contemplar la definición del default, aspectos que se fundamentan en Anexo 2; se aborda también la importancia que tiene para preservar la solvencia de las entidades, la determinación adecuada no únicamente de las pérdidas esperadas, sino también de las pérdidas inesperadas. Se concluye con un análisis de los lineamientos mínimos que una entidad financiera debe considerar para la construcción de un modelo score sea de aprobación o de comportamiento, basado en las mejores prácticas internacionales, y de fácil entendimiento por parte de la alta gerencia y unidades de riesgos, mismos que se traducen en procedimientos o lineamientos que se sugiere sean acogidas por el ente de control, y están expuestos en Anexos 1, 3, 4 y 5.

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El ordenamiento jurídico del Ecuador ha previsto dos mecanismos jurídicos para garantizar el cumplimiento de la sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primero, aquel vinculado al ámbito administrativo, ha sido asignado al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, mediante el Decreto Ejecutivo No. 1317, en su calidad de ente coordinador de la ejecución de estas sentencias internacionales. El segundo mecanismo, aquel vinculado al ámbito jurisdiccional, fue incorporado en la Cons titu ción de 2008, en su artículo 93, como el medio para garantizar el cumplimiento de las sentencias dictadas por organismos internacionales de derechos humanos, cuya resolución corresponde a la Corte Constitucional del Ecuador. Esta obra analiza el rol del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en su actividad administrativa como ente coordinador de la ejecución de sentencias internacionales, y también estudia, desde la óptica del derecho procesal, la acción por incumplimiento, en lo relacionado a su naturaleza jurídica y a los aspectos procesales que la componen, para finalmente colocar en consideración del lector una propuesta de reforma normativa a la acción por incumplimiento de sentencias internacionales establecida en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucionales.