778 resultados para Nueva Gestión Pública


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El tema de pensiones es complejo y de múltiples dimensiones. A pesar del consenso logrado en el Foro de Concertación existen criterios divergentes sobre muchos aspectos relacionados con la situación actual de las pensiones en Costa Rica, las perspectivas futuras y las posibilidades de resolución.No obstante, algunos aspectos sobresalen por encima del debate como por ejemplo la magnitud del daño causado al sistema de pensiones por la ausencia de un adecuado esquema de contrapesos y controles que evitaran su mala administración. En la propia naturaleza institucional del régimen público estaba el germen que permitiría un manejo inadecuado de los fondos de reserva y la manipulación de las edades de retiro. Algunas estimaciones presentadas a la Comisión de Concertación señalan que la inversión de las reservas de pensiones a tasas reales negativas durante los años 80 lo redujeron de 300 a 100 mil millones de colones mientras que la reducción de la edad de retiro podría haber representado una pérdida de ingresos de 170 mil millones adicionales.

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La eliminación de barreras entre países es una consecuencia que llega con la globalización y con los acuerdos de TLC firmados en los últimos años. Esto implica un crecimiento significativo del comercio exterior, lo cual se ve reflejado en un aumento de la complejidad de la cadena de suministro de las empresas. Debido a lo anterior, se hace necesaria la búsqueda de alternativas para obtener altos niveles de productividad y competitividad dentro de las empresas en Colombia, ya que el entorno se ha vuelto cada vez más complejo, saturado de competencia no sólo nacional, sino también internacional. Para mantenerse en una posición competitiva favorable, las compañías deben enfocarse en las actividades que le agregan valor a su negocio, por lo cual una de las alternativas que se están adoptando hoy en día es la tercerización de funciones logísticas a empresas especializadas en el manejo de estos servicios. Tales empresas son los Proveedores de servicios logísticos (LSP), quienes actúan como agentes externos a la organización al gestionar, controlar y proporcionar actividades logísticas en nombre de un contratante. Las actividades realizadas pueden incluir todas o parte de las actividades logísticas, pero como mínimo la gestión y ejecución del transporte y almacenamiento deben estar incluidos (Berglund, 2000). El propósito del documento es analizar el papel de los Operadores Logísticos de Tercer nivel (3PL) como promotores del desempeño organizacional en las empresas colombianas, con el fin de informar a las MIPYMES acerca de los beneficios que se obtienen al trabajar con LSP como un medio para mejorar la posición competitiva del país.

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El objetivo de este artículo es analizar cómo el debate ciudadano incide en la gestación de procesos de gobernanza en la Agenda Interlocal de Desarrollo Kennedy-Bosa, proyecto de participación ciudadana en Bogotá. A través del documento se pretende demostrar que el debate: 1) permitió que las organizaciones sociales, presentes en la Agenda Interlocal, entablaran relaciones horizontales; 2) posibilitó la interacción de múltiples actores de la ciudad, entre ellos Secretarías Distritales y entidades privadas; 3) promocionó el diálogo y el intercambio de ideas como medio para la resolución de problemáticas identificadas en las localidades de Bosa y Kennedy. Para demostrar lo anterior, se realizó observación participante y entrevistas en las que se evidenció el proceso de toma de decisiones y la interacción de los actores presentes en la Agenda.

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La gestión pública, tradicionalmente percibida como burocrática e ineficiente, tiende a evolucionar hacia modelos basados en la Nueva Gerencia Pública y el Gobierno Electrónico, que propenden por acercar los Estados a los ciudadanos y desarrollar con mayor eficiencia las actividades operativas a su cargo. En forma paralela, la Teoría de Restricciones, primordialmente aplicada a procesos productivos, busca optimizar los mismos para maximizar los resultados de las empresas, disponiendo de metodologías y herramientas de propósito específico. ¿Es posible entonces optimizar la operatividad de una entidad pública a través del uso de la TOC?. Mediante el presente trabajo se busca dar respuesta a este interrogante, a partir de las aproximaciones teóricas pertinentes y de su aplicación al caso particular de la CRC, entidad pública a cargo de la regulación sectorial de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Colombia.

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Dada la importancia de la primera infancia en el desarrollo de la sociedad, el Estado, a través de la gobernanza, trabaja en conjunto con otros actores en el cumplimiento de la Política Pública Nacional de Primera Infancia (PPNPI) para mejorar el bienestar de los niños menores de seis años. Hoy cada vez más empresas, al asumir su responsabilidad social empresarial, se interesan en el tema. A través de la Fundación Éxito, los almacenes Éxito promueven la nutrición de la primera infancia por medio de sus diferentes programas enfocados en nutrición. Entre estos se encuentra el Programa de gestantes y lactantes, el cual se evalúa aquí según las metas del objetivo específico de la PPNPI: promover la salud, la nutrición y los ambientes sanos, desde la gestación hasta los seis años.

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El Estado como institución político-jurídica, así como las estructuras de poder y organización social, han sufrido grandes transformaciones en el mundo contemporáneo, producto de discusiones y tendencias como la globalización, la reconfiguración de la legitimidad de las instituciones burocráticas, el establecimiento de estándares, políticas y prácticas de calidad internacional, el impacto de las crisis de la hacienda pública, entre otros factores que influenciaron la creciente intervención de los particulares y sus mecanismos de regulación en la gestión de los asuntos públicos. El Estado Colombiano no ha sido ajeno a tales situaciones, y la creciente injerencia del sector privado en lo público, se ha visto representada en la expedición del régimen legal de las Asociaciones Público Privadas (Ley 1508 de 2012), en virtud del cual los particulares estructuran, ejecutan y desarrollan proyectos conjugando el ánimo de lucro con la promoción del interés general. De conformidad con lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo sistematizar y analizar las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con el régimen de las Asociaciones Público Privadas, así como abordar reflexiones sobre la transformación del Estado y el papel de los particulares en el ámbito de lo público.

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Desde 1998 la Corte Constitucional ha declarado en dos ocasiones “el estado de las cosas inconstitucional” ante las precarias condiciones del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario (SNPC), sin embargo, los esfuerzos institucionales por superar dicho estado han tenido efectos nulos o limitados. Prueba de ello son las altas tasas de hacinamiento y reincidencia que siguen manifestándose crónicamente por el deficiente funcionamiento del sistema. Precisamente este diagnóstico con alternativas de solución presume que esta situación se debe a la ausencia de una política pública integral, al partir de la identificación de los principales obstáculos para la construcción de una política pública penitenciaria en Colombia entre los años de 1998 y 2014. El ejercicio antes mencionado se apoya en la utilización de dos herramientas metodológicas a saber: el análisis estructural “MICMAC” y el análisis de involucrados. De los resultados arrojados por estos métodos se elaboran así mismo tres recomendaciones sobre política pública penitenciaria.

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Los indígenas como sujeto jurídico para el reconocimiento de derechos étnicos han sido definidos desde el paradigma del multiculturalismo liberal, basado en características esencialistas de la identidad, como el vínculo con el territorio ancestral rural, el uso de la lengua nativa, y la organización colectiva y comunitaria. Sin embargo, el conflicto armado colombiano ha generado el desplazamiento forzado de gran parte de esta población i1, en su mayoría hacia áreas urbanas y metropolitanas, donde son inaplicables las características que eran tenidas en cuenta para el reconocimiento y la garantía de sus derechos. La ausencia de un sujeto jurídico étnico que responda a las condiciones de un indígena desterritorializado víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado que solicita atención individual, se convierte en un obstáculo para la garantía de sus derechos étnicos en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado, porque las medidas afirmativas y el enfoque diferencial étnico, obligación del ejecutivo, queda a la discrecionalidad de las decisiones administrativas, poniendo en riesgo la garantía del derecho a la identidad cultural y, por lo tanto, a la diversidad étnica y cultural de la nación.

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Se analiza el desarrollo normativo en relación con la etapa 0-3 y se apunta la necesidad de ir más allá de los decretos que establecen los requisitos mínimos y el desarrollo curricular, para identificar recursos y procedimientos que permitan mejorar la formación de los técnicos municipales. El desarrollo normativo en general no ha ido más allá de los decretos que establecen los requisitos mínimos y el desarrollo curricular. Tomando como referencia los centros de educación infantil, su funcionamiento depende de cuatro sectores: la administración educativa; el profesorado; las familias y los ayuntamientos. A la hora de crear nuevos centros escolares de educación infantil se necesita en primer lugar que no sólo sea cosa de los profesionales, sino que estén implicados los institutos de evaluación, los expertos en gestión pública, y los consejeros autonómicos y locales. En segundo lugar se necesita que la gente de 0 a 3, se profesionalice y adquiera competencias para la gestión de la dimensión y el volumen de la nueva realidad. En tercer lugar, es preciso, que las políticas educativas vayan mucho más allá de las previsiones presupuestarias y que las administraciones que las ejecuten comprendan y respondan a la complejidad y oportunidad del 0-3. Todos necesitan educación, pero no todos, ni quizás la mayoría, necesiten escolarizarse, por ello las administraciones deben diseñar políticas educativas de la primera infancia no encerradas en la escuela.

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Este trabajo responde al propósito de reflexionar acerca de las formas que toma el control de la administración pública en nuestro país, ahondando especialmente en el control social. El recorrido y análisis de diversas normas y programas, además de su cruce con las distintas modalidades del control, muestran diferentes instancias de participación que constituyen nuevos campos de intervención ciudadana. En todas y cada una de ellas, el acceso a la información pública aparece como auténtico presupuesto de la participación. Nuevos instrumentos y modalidades en los que, sin embargo, debemos resaltar el carácter de no vinculante que tienen las audiencias públicas y el escaso margen generado para la participación activa en los distintos programas. De todas maneras esos instrumentos son perfectibles y a futuro habrá de pensarse en el modo de transformar esta incipiente participación en una intervención activa y vigorosa que defina una nueva relación Estado/sociedad.