1000 resultados para CONTRATOS Y RESPONSABILIDAD - COLOMBIA
Resumo:
La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas del Estado de Derecho en el siglo XXI. Su incidencia reduce la eficacia de la inversión, aumenta el valor de los bienes y servicios, reduce la competitividad de las empresas, vulnera la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y sobre todo condena a la miseria a quienes deben ser destinatarios de las políticas públicas.Sin embrago, la lucha que han realizado muchos gobiernos y funcionarios judiciales contra este fenómeno ha modificado sus formas de aparición, pues es cada vez menos frecuente la apropiación directa de los caudales públicos o la entrega de sobornos a los funcionarios, prefiriéndose métodos mucho más sutiles como los sobrecostos, la subcontratación masiva o la constitución de complicadas sociedades, en las cuales tienen participación los funcionarios públicos o sus familias.Este libro constituye un esfuerzo por el estudio jurídico y criminológico de la corrupción y los delitos contra la administración pública en Europa y Latinoamérica y reúne la selección de los temas penales más relevantes de la tesis doctoral del profesor Carlos Guillermo Castro Cuenca, denominada Aproximación a la Corrupción en la contratación pública y defendida en la universidad de Salamanca en febrero de 2008, con lo cual obtuvo la calificación de sobresaliente por unanimidad.
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El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general
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Esta tesis se ocupa de analizar la eficacia de la cláusula de solución de controversias contractuales dispuesta en la contratación estatal que es financiada con recursos del Banco Mundial –regla de excepción a la aplicación del Estatuto General de Contratación Pública– pues en las normas de contratación de dicho organismo, se ha previsto que ante un conflicto contractual corresponde a un conciliador (versión 2008 de las normas Banco Mundial) o a un mediador (versión 2013) “tomar una decisión” para resolver la controversia con fuerza vinculante para las partes. La reflexión aborda el papel del “conciliador” o “mediador” según las facultades que le atribuyen las normas del Banco Mundial y su distinción respecto al concepto legal que prevé el ordenamiento nacional, donde el conciliador o mediador no toman decisiones y en consecuencia no es clara la forma de acudir a estas figuras. El reto nos lleva a considerar dos alternativas de aplicación de la cláusula para hacerla eficaz: el primero, considerar a la mediación como una figura autónoma regulada en el contrato por autorización de nuestro Estatuto de Contratación Estatal y de los Convenios suscritos con organismos internacionales, a partir de la cual se reconozca la producción de los efectos indicados por el Banco Mundial en cabeza del mediador; en segundo lugar y para desatar el efecto útil de la cláusula, considerar a la mediación como figura análoga a la amigable composición, y tramitar la solución de controversias bajo esta figura.
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Desde una perspectiva histórica discute la paradoja de un crecimiento sostenido y mejoras en los indicadores sociales en medio de una escalada en los niveles de violencia y corrupción, para lo cual toma como referencia los planes de desarrollo y la política económica de los últimos treinta años. En la dinámica del crecimiento económico reciente se hacen presentes factores de naturaleza institucional: la carencia dentro de la ciudadanía de un sentido de pertenencia a la Nación y a la comunidad, el desarrollo del clientelismo político, la avidez de rentas, y la creciente incapacidad del Estado para desempeñar algunas de sus funciones más fundamentales como proporcionar seguridad personal, hacer cumplir contratos, y garantizar derechos de propiedad, entre otras. De esta manera se han aumentado los costos de hacer negocios en Colombia, llevando a que se dediquen importantes recursos a proteger privadamente la propiedad y promoviendo un alto nivel de criminalidad y de violencia, con un efecto negativo significativo sobre el crecimiento económico.
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Los actores involucrados dentro de los proyectos de exploración y perforación de pozos petroleros son variados y tienen necesidades diferentes. El éxito y satisfactorio desarrollo de los proyectos va ligado en gran medida a temas de orden social entre los diferentes actores, que están definidos por regulaciones legislativas, de costumbres comerciales y culturales, políticas de responsabilidad social y procedimientos internos de las compañías involucradas (Operadoras, Prestadoras de Servicios Petroleros, Contratistas y Subcontratistas) Después de analizar la situación de la industria, los resultados de Halliburton SRL Sucursal Colombia, los problemas y sobrecostos generados por temas de orden social. Se identificó que la mayoría de ellos eran causados por falta de comunicación, desconocimiento de elementos clave de las políticas de responsabilidad social de los clientes, desconocimiento de la importancia de la responsabilidad social como práctica y desconocimiento de la normatividad legal vigente aplicable a la industria y a la actividad que desarrolla la compañía. De las necesidades y problemáticas descritas anteriormente surge la idea de crear una herramienta que permita llenar los vacíos de información identificados, alinear a las partes involucradas dentro del proceso y ser una guía para el inicio, desarrollo y cierre de proyectos de exploración y perforación de pozos petroleros que desarrolle Halliburton con sus clientes.
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Desarrollar un taller destinado a adultos, para el manejo de la imagen y el espacio, a través del dibujo del natural, mediante un sistema de autoaprendizaje. 119 personas entre 18 y 65 años, sin relación anterior con el arte. Más de la mitad tenían estudios universitarios, y el resto cuentan con estudios técnicos, secundarios o primarios. Una primera parte analiza la educación en general y la educación artística, de Latinoamérica en los últimos 30 años. En la segunda se cuenta la experiencia llevada a cabo en Madrid con un taller de auto-aprendizaje para adultos. Para ello se elaboran las unidades didácticas Materiales y técnicas, Análisis e interpretación de la forma, y Volumen y composición. Incluye sugerencias de evaluación y autoevaluación. Para medir el interés de las personas adultas por el dibujo, se realizaron 200 encuestas. Se utiliza el método del descubrimiento y la auto-formación. El propio alumno por su cuenta, investiga y confronta con sus compañeros las distintas técnicas y métodos de dibujo. De este modo las sesiones son prácticas, de investigación y exposiciones orales. No existe material de investigación aplicado al auto-aprendizaje artístico. El rasgo que diferencia el aprendizaje adulto es una mayor lentitud. La edad influye negativamente en algunas funciones que requieren cierta habilidad y destreza física, y positivamente en aquellas donde la toma de decisiones se basa en la experiencia. Es necesario empezar con representaciones estéticas próximas a la persona para lograr que se sienta cómoda, y que acepte sus limitaciones haciendoles ver que no es necesario un dibujo perfecto. El autoaprendizaje requiere imaginación, decisión y creatividad. Las actitudes y la adquisición logradas en el aprendizaje activan la actitud visual porque para aprender primero hay que percibir, observar y comparar. La autoevaluación incentiva la voluntad y responsabilidad del investigador al hacerle autónomo para cirticar y controlar su avance. El éxito depende de la capacidad del alumno de aprender a aprender. El mejor resultado se obtiene con estudiantes motivados y en un ambiente de colaboración, camaradería y compañerismo. Cualquier adulto puede aprender a dibujar del natural sin importar la edad, sexo o formación cultural. Sólo se precisa tener suficiente interés y la motivación necesaria. La experiencia realizada puede servir como aporte para desarrollar otros talleres en Colombia.
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Este trabajo investigativo denominado la función del fiduciario, su responsabilidad y alcance en la figura del fideicomiso mercantil de garantía presenta una visión real respecto al verdadero papel que debe cumplir el fiduciario durante todo el proceso de constitución y ejecución de un fideicomiso mercantil de garantía; dicha función incluye el análisis de la responsabilidad del fiduciario y su alcance dentro de esta modalidad de fideicomiso. El objetivo principal de esta tesis es brindar a sus lectores ciertos parámetros generales y específicos respecto a las consecuencias del actuar del fiduciario en el fideicomiso mercantil de garantía. El alcance de esta investigación consiste en un estudio del fideicomiso mercantil de garantía que va desde una orientación teórica (antecedentes del fideicomiso, conceptos básicos y análisis legal del fideicomiso) hasta el estudio de un caso práctico (análisis de la estructuración legal de un contrato de fideicomiso mercantil de garantía) para llegar a plantear criterios que permitan establecer cuál es la responsabilidad del fiduciario y el alcance de la misma en este tipo de fideicomisos. Sin duda, dentro de esta investigación se utilizan métodos deductivos e inductivos, así como herramientas normativas, ya que; dentro de esta investigación fue necesario analizar las nuevas reformas legales establecidas en el año 2014 para el fideicomiso mercantil de garantía, las cuales delimitaron en cierta forma la aplicación de esta figura en el Ecuador. Con el análisis de las reformas legales, se concluye como se puede utilizar esta figura legal en Ecuador y cuáles son las desventajas que se generaron en esta modalidad de fideicomiso a partir de dichas reformas. Finalmente, la tesis brinda un aporte para los sujetos intervinientes del contrato de fideicomiso mercantil de garantía en lo que respecta a: las obligaciones; su responsabilidad; alcance y; función que como sujeto activo tiene el fiduciario en este tipo de contratos y que en ciertos casos constituye una responsabilidad de medio pero en otros casos es una responsabilidad de resultados.
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116 p.
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Este artículo plantea tres objeciones a la propuesta de Richard Moran acerca de la relación entre razones y responsabilidad. En primer lugar, mostraré que la relación entre razones y responsabilidad que presenta Moran es problemática, por dos razones: primero, las creencias alienadas del agente pueden ser parte del razonamiento; y segundo, las llamadas razones de estado no cumplen el Principio de Transparencia, pero no eximen de responsabilidad. En segundo lugar, argumentaré que la propuesta atribucionista de Moran postula una relación demasiado exigente entre estados mentales y razonamiento. Tercero, señalaré la dificultad de la propuesta de Moran para recoger la intuición de que tanto la autoría como la responsabilidad se presentan en grados.
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Este proyecto de investigación, titulado El análisis sobre los efectos de la fumigación aérea con glifosato en la región fronteriza, dentro del marco del Plan Colombia, en la relación entre Colombia y Ecuador busca conocer el estado de las relaciones binacionales entre Colombia y Ecuador tomando como variable principal la afectación de recursos ambientales a causa de la fumigación con glifosato, estrategia gubernamental ejecutada durante el periodo 2000 a 2008. En este sentido las posiciones y decisiones de Estado sobre este tema, constituyen un objeto de estudio dentro del sistema Internacional. Por lo anterior, se han seleccionado algunos documentos oficiales, libros, artículos de publicaciones, monografías, tesis, investigaciones, mapas y páginas en Internet así como opiniones de expertos entre otros, para validar la presente investigación.
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Es preciso que Colombia se muestre ante la U.E como un socio estratégico para el desarrollo de sus intereses científicos y tecnológicos, lo cual es posible exhibiendo importantes resultados en el Séptimo Programa Marco (7PM), tanto en el número de proyectos avalados como en la excelencia contenida en los mismos. Esto conducirá a fortalecer la dinámica de colaboración internacional en CyT entre estos dos actores.
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Históricamente, las fronteras colombianas han sido porosas, frágiles y descuidadas desde una perspectiva política. La extrema pobreza y la ausencia de instituciones estatales han dejado a las poblaciones vulnerables ante diversos actores armados y a merced de las actividades ilícitas, que inevitablemente se desbordan y afectan los territorios vecinos. El desborde de los efectos del conflicto armado a territorio ecuatoriano, los enfrentamientos e incursiones del ejército colombiano, y la presencia de actores no estatales como los grupos al margen de la ley, han hecho que las relaciones bilaterales se minen, dañando lo que alguna vez fue una cordialidad constructiva entre Colombia y Ecuador. Para analizar esta problemática, se utilizaron las teorías de las relaciones internacionales de Interdependencia y seguridad cooperativa.
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De los 6.004 Km. de frontera terrestre de Colombia, 2.219 corresponden a los límites con Venezuela y 586 a los límites con Ecuador.1 Estas regiones se caracterizan por tener una amplia riqueza en recursos naturales y en especial de recursos hídricos, presentando éstos últimos fenómenos de estrés ambiental, como lo demuestran los casos analizados en el presente documento: la cuenca del río Catatumbo en la frontera colombo-venezolana, y las cuencas de los ríos Mira-Mataje, Carchi-Guáitara y San Miguel y Putumayo en la frontera colombo-ecuatoriana. Estas cuencas presentan dificultades tales como el deterioro de la calidad del agua y alteraciones en la oferta hídrica natural causada por la extracción inadecuada de minerales, por los malos usos que se dan a otros recursos naturales como los páramos y la cobertura boscosa, y por el aumento de la demanda del recurso hídrico. Adicionalmente, las dinámicas del conflicto armado producen efectos adversos para el medio ambiente en estas regiones debido a la presencia de cultivos ilícitos y laboratorios de procesamiento de drogas ilegales, y a la voladura de oleoductos y gasoductos, principalmente. A la problemática socio-ambiental que se desarrolla en estas cuencas compartidas, se suma la carencia de esquemas de gestión binacional de los recursos hídricos que permitan mitigar el desgaste de los recursos naturales y contribuyan a la implementación de prácticas sostenibles para su explotación y a la solución de los problemas de inseguridad ambiental que se presentan en esta zona.
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Colombia y Ecuador, en particular, atraviesan por complejos fenómenos sociales, económicos y políticos, que los conducen a mantener un alto grado de vulnerabilidad e inseguridad en la región. Por esta razón, el tema de la seguridad en Colombia y el desborde del conflicto interno colombiano en las fronteras se constituyó en un asunto importante escalonamiento del conflicto interno colombiano en los últimos seis años ha deteriorado las condiciones de vida en la zona fronteriza de Colombia y Ecuador, lo que ha generado violencia e inestabilidad y han impactado neurálgicamente la débil institucionalidad en ambos países. Por lo tanto, el impacto del conflicto ha llevado a que las agendas seguridad de Colombia y Ecuador consoliden una visión que ha determinado la necesidad de emprender acciones preferiblemente militares y policivas contra los grupos al margen de la ley; por tal razón, la mejor forma de sostener la integridad del Estado ha sido actuar militarmente sobre las amenazas.
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Este documento estudia la implementación y resultados de la Política de Seguridad Democrática en la frontera sur de Colombia, específicamente en los departamentos de Putumayo y Nariño, en el periodo comprendido entre 2002 y 2007. Adicionalmente, se examina cómo la polarización de percepciones frente a la situación de seguridad de la frontera de Colombia con Ecuador afectó el entendimiento del problema y el encuentro de posibles soluciones. Se encuentra que esto limitó estudios comprensivos de seguridad para la implementación de una agenda restringida de soluciones, afectó la legitimidad de las políticas gubernamentales y una clara comprensión de los límites, alcances y logros de la Política de Seguridad Democrática, y finalmente obstaculizó la ubicación de elementos comunes y antagónicos entre las diferentes visiones, importantes para construir una agenda restringida y concertada de políticas que atendieran los problemas de la frontera de Colombia con Ecuador. La metodología seguida es en primera instancia estudiar las amenazas de la frontera sur de Colombia, tanto como sus dificultades legales, políticas y geográficas, intensificadas tras el inicio del Plan Patriota en 2004. Posteriormente se mide el impacto de la implementación de la PDSD en los dos departamentos frontera y se estudia cómo la política fue efectiva en la recuperación del territorio y en la consolidación de la Fuerza Pública. En último lugar se analizan algunas propuestas en torno a la idea de que la realidad de los departamentos de Putumayo y Nariño requiere tanto de gasto en defensa como de inversión social.