750 resultados para Violencia -Colombia


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El presente escrito realiza una interpretación alternativa, espacialmente centrada, de la violencia y el desplazamiento forzado en Colombia, desde la teoría neomarxista y la escuela de la regulación, tomando como base la influencia que tienen los intereses y estrategias, eminentemente económicos y políticos, de los actores del conflicto sobre el desplazamiento forzado. Ello, centrándose temporalmente en el período 2002-2010 y tomando como caso de estudio la franja fronteriza entre los Departamentos del Huila y el Tolima, concretamente los Municipios de Planadas y Ataco, al sur del Tolima. La hipótesis planteada establece que el desplazamiento forzado en Colombia, en tanto que fenómeno espacial complejo, tiene variadas causas y diferentes a la violencia, dentro de las que se enlistan los intereses económicos y políticos, en la consolidación del bloque hegemónico territorial. Se inicia con una presentación de los conceptos y planteamientos teóricos de los que parte el análisis, para luego hablar de la mentalidad imperante a nivel global, en términos del modo de regulación y el régimen de acumulación, así como de la malla de actores que componen el bloque hegemónico nacional, sus intereses y estrategias; y finalmente centrarse en el estudio de caso seleccionado, caracterizando los municipios e ilustrando en qué consiste el juego de intereses de los actores del bloque hegemónico local y cuál es su impacto sobre el desplazamiento forzado.

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El presente escrito analiza el resultado de la cooperación internacional OIM y UNICEF con respecto a los procesos que se han llevado a cabo para lograr una desvinculación de la niñez de los grupos armados ilegales del país colombiano. Así mismo, la problemática de la niñez dentro del marco de la cooperación internacional será estudiada y analizada reconociendo los lineamientos establecidos por los diferentes convenios, protocolos, códigos y leyes que salvaguardan los derechos de la infancia y adolescencia en nuestro país.

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La búsqueda de alternativas que frenen eficazmente las consecuencias del conflicto armado en Colombia, es una labor que algunos ex mandatarios han liderado debido a los perjuicios que ocasionan no solo al núcleo familiar, sino en gran medida a la mujer. Ella es una de las víctimas de la violencia por ser líder comunitaria, por dirigir una fundación, ó por tener algún familiar vinculado a la Policía, el Ejército o a un grupo al margen de la ley. Todas estas condiciones, propias del conflicto armado, vulneran los derechos de la mujer pero, al mismo tiempo, impulsa a que ellas hagan uso de sus experiencias negativas con el fin de minimizar las problemáticas sociales y el impacto de la violencia en sus vidas. Este trabajo periodístico desarrolla cuatro reportajes mediante el uso de cuestionarios con preguntas a profundidad y es complementado con un video, con el propósito de destacar la lucha y la labor de cuatro gestoras de paz, quienes utilizan diferentes estrategias como la creación de movimientos sociales, la utilización de marchas o plantones, la divulgación de talleres sobre el perdón y reconciliación, o la construcción de un Banco del Trueque, para contrarrestar la violencia de la que son objeto. Se concluye que el papel de la mujer, como constructora de paz, no puede ser clasificado en un único objetivo, sino debe entenderse como la suma de múltiples prioridades debido a que el conflicto armado afecta de diferente manera a la mujer, a su familia, y a su comunidad. Su capacidad de liderazgo y de entrega hace que su labor sea de suma importancia pues su huella beneficia a toda la sociedad. Hay que destacar que el desafío de esta nueva gestora consiste en visibilizar su trabajo para ganar mayor reconocimiento político, promover su participación en acuerdos de paz, y minimizar las situaciones que ponen en riesgo su vida y la de sus organizaciones.

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Durante el desarrollo de este trabajo de grado, se describe la posibilidad de incrementar estratégicamente el potencial de atraer visitantes extranjeros al país. Colombia es un lugar lleno de biodiversidad, cultura y belleza; pero algunas circunstancias como la guerra, la mala imagen a nivel internacional y la pobre infraestructura turística, han detenido el crecimiento de los indicadores turísticos. La implementación de diferentes estrategias distintivas para posicionar la industria turística y para lograr el mejoramiento continuo, como la definición de planes de contingencia para luchar en contra de la violencia y la inseguridad, el mejoramiento de las condiciones de infraestructura, la mejor capacitación y entrenamiento de todas las personas relacionadas con este segmento de mercado y también los esfuerzos por difundir en mayor proporción información clara y eficiente sobre Colombia; son algunos de los principales objetivos que deben ser alcanzados para incrementar el nivel de atractividad del sector para visitantes internacionales, y también, estas estrategias contribuirán al mejoramiento de los indicadores de desempeño del sector y del país en general.

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El fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia ha sido y sigue siendo uno de los temas más importantes tanto a nivel nacional como internacional. Colombia se encuentra hoy entre los países del mundo con más número de desplazamientos forzados, lo cual implica una violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Por tal razón, el fenómeno de desplazamiento en Colombia no solo ha sido tema de preocupación a nivel interno, sino que ha llamado la atención de la comunidad internacional, quien desde los últimos años ha contribuido con el Gobierno para hacer frente a la problemática. Teniendo esto en cuenta, el presente trabajo busca hacer una aproximación a lo que ha sido la ayuda internacional frente al tema del desplazamiento forzado en Colombia, mediante el análisis de la Cooperación Internacional entre Organismos Internacionales y el Gobierno colombiano, específicamente en materia de protección y asistencia de la población desplazada por la violencia. Se hará especial énfasis en el papel del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) junto con el de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, que se deriva en la Unidad Técnica Conjunta (UTEC).

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Las relaciones internacionales, entendidas como una disciplina altamente interdisciplinaria, que estudia la relación y el comportamiento de los Estados y los diferentes actores internacionales, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, reconoce la importancia de la existencia de una cooperación internacional para la integración y conocimiento de dichos actores. La cooperación internacional puede verse como un elemento esencial, ya que permite a países, entidades públicas y privadas compartir sus experiencias, conocimientos y capacidades en espacios donde los desafíos, oportunidades y limitaciones son similares; en el caso Latino Americano, debido a su historia, pueden identificarse necesidades y objetivos comunes en los diferentes países. Durante la primera década del siglo XXI, América Latina, al igual que el resto del mundo, está pasando por momentos de acople con el nuevo milenio. El aumento del alfabetismo, los desarrollos tecnológicos, la erradicación de enfermedades, la expansión cultural, la reducción de las fronteras entre países, son algunas de los muchos fenómenos que vemos día a día. Sin embargo, no han dejado de existir los niveles altos de pobreza, la violencia, las diferencias sociales marcadas, la discriminación y altos índices de desempleo. Muchos teóricos han propuesto soluciones para enmendar los errores que se han cometido en el pasado para sanar a la sociedad y brindarle herramientas para dicho progreso. El PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) manifiesta que una de las herramientas más importantes para lograr resultados reales en relación al desarrollo social, es la educación.

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El Frente Nacional fue una coalición política entre los partidos tradicionales de Colombia entre los años 1958 a 1974, como una alternativa para hacer frente a un periodo de violencia y retaliaciones partidista que vivió el país, unos de los periodos históricos de grandes acontecimientos económicos, políticos y sociales no solo internos sino también en el ámbito internacional. El principal acuerdo político del frente nacional después del derrocamiento de Gustavo Rojas Pinilla era la reorganización del país mediante la alternancia en el poder de los partidos liberal y conservador. Dentro de los principales intereses del Frente Nacional se encontrabà definir una política económica, social y de modernización del Estado mediante un proceso concertado no solo con fuerzas políticas sino con los gremios económicos que se habían consolidado como voceros del empresariado y los diferentes grupos económicos. Sin embargo, no siempre fue posible; algunas medidas generaron molestia entre dichos sectores y otras fueron hechas en concertación con el gobierno de los Estados Unidos y no con las asociaciones gremiales colombianas, en atención al modelo de desarrollo keynesiano y la influencia de la teoría estructuralista cepalina.

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La vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a los conflictos armados está catalogada como una infracción al Derecho Internacional Humanitario. En ese sentido, la comunidad internacional ha desarrollado instrumentos e instituciones en procura de la promoción y defensa de los derechos de esta población.Colombia, a pesar de contar con la aprobación de los mecanismos dispuestos por la Organización de Naciones Unidas para prevenir este fenómeno, utilizado por los Grupos Organizados al Margen de la Ley, la situación no ha cambiado mucho. Por tanto, el estudio de caso pretende determinar cuál ha sido la incidencia de las Naciones Unidas en la prevención del reclutamiento infantil en Colombia.

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El presente Estado del Arte, tiene como fin entender las diferentes perspectivas planteadas desde publicaciones academicas y especializadas acerca de como a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos se ha ido transformando la Política de Seguridad y Defensa y a consecuencia de ello cuál ha sido su impacto particularmente en el caso colombiano. Si bien es cierto que Colombia es un país que ha tenido que llevar a cuestas por más de 60 años el flagelo del terrorismo, fue solo hasta después del 11 de septiembre que EE.UU., implemento una estrategia direccionada específicamente hacia combatir este fenómeno.

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El hecho de que las minas antipersonal sean armas eficaces, económicas, fáciles de fabricar, durables y con grandes efectos físicos y psicológicos, provocó que su utilización fuera cada vez mayor en los diferentes tipos de conflictos. A pesar de la existencia de las normas del Derecho Internacional Humanitario que prohíben su uso, la utilización de estas armas es una problemática aún sin resolver. Considerando la compleja y persistente problemática producida por la minas antipersonal en Colombia, esta monografía identifica los principales aportes del DIH en el manejo de minas antipersonal, asimismo presenta un balance de la Acción Integral contra Minas y también destaca la importancia de la cooperación internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Diplomacia Humanitaria para enfrentar esta problemática.

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La concentración de tierras ha sido una problemática recurrente en la historia de Colombia. La desigualdad en la distribución de las tierras ha moldeado constantemente a lo largo de las décadas nuestra realidad nacional. A pesar de la implementación de políticas agrarias en el pasado como la ley 200 de 1936 y la ley 135 de 1961, el conflicto agrario ha afectado de manera constante como generador de inequidad, violencia y desplazamiento dentro de la sociedad colombiana desde la Independencia hasta nuestros días, sin que hasta el momento el problema sobre la tenencia de la tierra haya sido resuelto.

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Los campesinos que se ubican a lo largo de las riberas del río Munguidó(...) en el Medio Atrato chocoano, quienes cultivan el chontaduro que se come en algunas ciudades colombianas, vieron interrumpidas de forma insospechada, tanto su vida productiva como su cotidianidad durante el 2002, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró veintiséis turistas en la ensenada de Utría (Chocó). Los medios de comunicación informaron al país la labor de la fuerza pública por presionar la liberación de los secuestrados. Sin embargo, guardaron silencio frente a los efectos de esta operación militar. El 8 de septiembre, un día antes de que el ELN liberara diez de los turistas secuestrados, doscientos campesinos del Munguidó se vieron obligados a abandonar sus tierras. Desde el 3 de septiembre de 2002, centenares de hombres de la Armada Nacional hicieron presencia en la boca del río Munguidó. Restringieron totalmente la entrada de personas y alimentos, para evitar que los secuestradores alcanzaran ríos navegables como el Baudó. Este cierre de la boca del río fue una estrategia exitosa para presionar la liberación de los secuestrados, pero el costo de ello fue el hambre que padecieron durante esos días las comunidades de la zona. En ese entonces, como la producción agrícola de las parcelas se concentraba en pocos productos, los campesinos del Munguidó no contaban con lo indispensable para sostener una dieta balanceada y autosuficiente. Por el río llevaban a Quibdó los productos que obtenían en las parcelas y con el dinero de sus ventas compraban en esa ciudad los artículos de primera necesidad. Con la escasez de alimentos llegó la presencia sorpresiva del ejército. Este hecho, más que confianza y tranquilidad, generó temor y zozobra en medio de los habitantes. Su presencia aumentaba la probabilidad de confrontaciones entre la fuerza pública y los grupos guerrilleros. Adicionalmente, las víctimas de los hechos ocurridos en Bellavista (Bojayá), el 2 de mayo de 2002, permanecían en la memoria de los habitantes del Munguidó. El hambre y el miedo, efectos colaterales de la guerra, fueron causas suficientes para que las riberas del rio fueran desocupadas. Según el censo realizado por el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación de Campesinos del Medio Atrato (Cocomacia), el 8 de septiembre de 2002, cerca de 200 campesinos se vieron obligados a desplazarse a Quibdó y el 27 del mismo mes otras 2.150 personas hicieron lo mismo(...).

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Silenciosa y progresivamente la violencia sicológica puede ocupar su puesto de trabajo sin que siquiera la haya notado. Estudios recientes muestran que, como resultado de las transformaciones globales del mundo del trabajo en términos de productividad, se están incrementando ese tipo de fenómenos. Juan Alberto Castillo Martínez, PhD e investigador del Grupo de Investigación Salud, Cognición y Trabajo de la Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano de la Universidad del Rosario, explicó que esos estudios evidencian que la línea que define la noción de “violencia en el trabajo” es bastante difusa y depende de un sinnúmero de factores, tales como la cultura local, la organizacional y la apreciación colectiva de ciertos comportamientos. ¿Qué significa, entonces, un acto violento de trabajo en el marco de los sistemas de producción colombiano? Pensar el significado del acto violento en una cultura marcada por varias generaciones de trabajadores expuestos a violencias de diverso orden (social, cultural, familiar, política) hace difícil identificar, controlar y manejar el fenómeno. En el estudio desarrollado por el Grupo de Investigación GiSCYT sobre ”Los Riesgos Sicológicos y Sociales en el Trabajo”, 2006-2007, los investigadores advierten también a cerca de la necesidad de reflexionar sobre la tolerancia a la violencia, y tener en cuenta que la definición de violencia varía ampliamente en función de la época y el momento histórico en que los actos violentos se producen. En el ámbito familiar, por ejemplo, se consideraba en el pasado que ejercer la autoridad de los padres o de los maestros pasaba por la agresión física directa a los niños. Hoy en día, la sociedad considera ésto como una expresión de brutalidad. En el campo del trabajo, las formas diversas de violencia han sido objeto de controversia legal, política y de expertos en ciencias de la salud, a tal punto que hoy el reconocimiento e identificación de dichos actos en el mundo laboral es difícil y, a veces, imposible. Recientemente en Colombia y en diversos países del mundo, se han desarrollado normas que tratan de limitar la producción de fenómenos que involucran el ejercicio del poder sobre otros (estrés, acoso, presión). Sin embargo, hacer evidente la génesis y el desarrollo de estos fenómenos tiene un alto costo social y organizacional.

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Se trata de A.P., una joven mujer que trabajaba en una empresa como analista de gestión. Sus principales funciones eran: radicar las solicitudes que llegaban por fax, por correo electrónico y por mensajería; le correspondía asimismo generar y empacar los extractos mensuales de los clientes. Su horario laboral era de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 5:30 p.m., además tenía que cumplir un turno nocturno adicional las dos primeras semanas de cada mes, éste último de lunes a domingo de 10:00 p.m. a 8:00 a.m. El único descanso que tenía era cuando cumplía el horario nocturno, pues le daba derecho a dos días libres, siempre y cuando no fuera fecha de cierre. Entonces, comenzó a sufrir molestias en sus manos. “Lloraba mucho, porque me dolían demasiado, así que intenté aprender a escribir con la mano izquierda, pero me sentía como un niño de cinco años, pues no podía manejar la hoja ni el lápiz. Me deprimía y me angustiaba quedarme sin trabajo”. Este es tan solo uno de los tantos casos que se dan en el entorno laboral y que demuestran cómo los individuos que se someten a un ambiente de trabajo hostil terminan perjudicando su estabilidad emocional y, sin duda, su salud. En este sentido, la pregunta que resulta es ¿cuáles factores o razones llevan a una persona a ser tolerante con el hostigamiento sicológico como práctica de violencia en el trabajo? Para comprenderlo, Juan Alberto Castillo Martínez, investigador del Grupo GISCYT, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, desarrolló una investigación que arrojó importantes resultados que permiten vislumbrar que una de las formas de la violencia laboral es el hostigamiento sicológico. Este fenómeno es una realidad, pero difícil de evidenciar y controlar.

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A pesar de que el maltrato en el ámbito del a pareja es una del as formas de violencia contra la mujer que a menudo se manifiestan en Colombia, la mayor parte de las decisiones judiciales no reflejan un enfoque de género. Por ello, en la actualidad estas presentan vacíos y fallas que llevan a que los decretos de las mujeres víctimas de este tipo de violencia no sean protegidos efectivamente. Al respecto, el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la universidad del Rosario y el Programa Integral contra Violencias de Género, en asocio con otras instituciones, realizó una investigación con el propósito de analizar los principales problemas de este fenómeno. Dicho estudio permitió concluir que, en la actualidad, la violencia contra la pareja se reconoce como una manifestación de la violencia “doméstica”, pero no como una forma de violencia especifica contra la mujer. Asimismo, demostró que hay una fuerte cultura machista que justifica la violencia: “te maltrato porque te amo”. Debido a ello, es necesario que las decisiones judiciales estén encaminadas no sólo a la privación de la libertad, sino también a la resocialización del agresor, para que este entienda que su comportamiento es errado y no vuelva a cometer este tipo de actos.