922 resultados para Reforma, Estado, mercado, leyes, competencia.


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Análisis del riesgo de oportunismo del gobierno Colombiano planteado por el diseño institucional y normativo de la CREG, y favorecido por una notoria concentración de calidades en cabeza del Estado Colombiano como agente de mercado y regulador.

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El concepto de hospitales universitarios ha ido evolucionando en el mundo, siendo cada vez más estricta la legislación que los regula y los mecanismos de evaluación para asegurar la calidad de la educación a los estudiantes que realizan prácticas en ambientes hospitalarios. El direccionamiento estratégico de los hospitales universitarios requiere en primer lugar de un análisis específico del sector, mediante pruebas como el análisis de hacinamiento, levantamiento del panorama competitivo, el análisis estructural de las fuerzas de mercado y un estudio de competidores que permitan el diagnóstico del sector estratégico. Por otro lado la realización de un modelo matricial aportará a la planificación estratégica mediante la integración del análisis cuantitativo y cualitativo. La presente investigación busca analizar el sector estratégico de hospitales universitarios y de manera particular la situación del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt como integrante del sector. En primer lugar se realizó una investigación del concepto de hospitales universitarios en el tiempo, tanto a nivel nacional como internacional y de la legislación existente. Posteriormente se identificaron las instituciones que constituyen el sector estratégico y se realizó el análisis del medioambiente empresarial para la identificación de la situación real del sector y un análisis particular del área de educación e investigación del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, para construir las estrategias y el horizonte institucional.

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Este artículo analiza dos cuestiones que se encuentran íntimamente relacionadas. En primerlugar, desde una perspectiva crítica, se efectúa una reflexión sobre el actual modelo de relacioneslaborales español, sometido a un proceso permanente de reformas encaminadasa fomentar el empleo, aunque en la práctica se están traduciendo en un reforzamiento delpoder unilateral del empresario en el seno de las organizaciones productivas, que priva a lostrabajadores de derechos sustanciales en cuya conquista se invirtieron décadas. En segundotérmino, se aborda la incorporación de un creciente colectivo de personas expulsadas delmercado de trabajo al sistema asistencial, que también se encuentra profundamente afectado por los recortes económicos. El complejo modelo asistencial español, gestionado por las ComunidadesAutónomas, no garantiza a este colectivo la cobertura mínima de necesidades, locual está desembocando en una nada deseable regresión: paulatinamente se está retornandoa un modelo benéfico-asistencial, impropio de un Estado social y democrático de Derecho.Para ello, se explicará el modelo actual de servicios sociales, en el marco institucional delestado de bienestar y posteriormente se expondrán algunas de las dificultades actuales,consecuencia de la crisis económica, agravada por la reciente reforma laboral. Aunque lasreflexiones se centran en el ordenamiento jurídico y la realidad laboral española, son extrapolablesa otros países del entorno.

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Estudiar la acción de la Iglesia en la legislación educativa española de 1939 a 1953: comienzo de la guerra civil y firma del Concordato entre el Estado español y la Santa Sede. Concretamente, estudiar la influencia de la Iglesia en la reforma de la enseñanza media de 1938 y 1953. La investigación se divide en tres partes: la primera coincide en el tiempo con los últimos años de la actividad del cardenal Gomá hasta su muerte en 1940. Como temas de mayor interés destacan los aspectos más sobresalientes de la participación de Gomá en asuntos relacionados con la enseñanza, mediante los informes que envía a la Santa Sede, su entrevista con Franco y la relación que mantuvo con la Comisión de Cultura y Enseñanza. Se profundiza también en las dificultades y enfrentamientos de la Iglesia con la Falange para evitar cualquier intento de monopolio estatal, sobre todo, el de la enseñanza. La segunda parte comprende el período más largo que abarca desde finales de 1938 hasta el verano de 1951. Se han investigado las actuaciones falangistas en contra de la ley de 1938 y de los colegios privados, y la respuesta de las órdenes religiosas que se dedicaban a la enseñanza. En la tercera parte, se ha desarrollado con amplitud el período que se extiende desde julio de 1951, cuando Ruiz-Giménez se hace cargo del Ministerio de Educación y decide emprender la reforma de la Ley de 1938, hasta la publicación de la nueva ley de enseñanza media en febrero de 1953. Desde los primeros años de la guerra el cardenal Gomá denunció las pretensiones de Falange para conseguir la centralización del aparato educativo. La política educativa de Sainz Rodríguez supuso un freno importante a los intentos falangistas por apartar a la Iglesia del control del sistema de enseñanza. La Ley de Enseñanza Media de 1938 fue acogida con enorme satisfacción por la Iglesia. Aunque la Ley de 1938 no fue derogada hasta 1953, enseguida surgieron los primeros intentos de reforma. La Falange cuestionó siempre el control educativo de la Iglesia. El Ministerio de Educación Nacional inició reformas con el fin de corregir algunos defectos. Incluso en 1947 tenía ya preparado un Proyecto de Ley de Enseñanza Media que el ministro tuvo que archivar debido a la fuerte oposición de los religiosos. Los defensores de la enseñanza privada siempre creyeron que con la nueva Ley de Enseñanza Media de 1953 reaparecería el viejo concepto liberal napoleónico de que sólo el Estado era el que tenía el derecho y el deber de enseñar. La Conferencia de Metropolitanos desempeñó un papel fundamental en la tramitación del Proyecto de Ley de Enseñanza Media de 1953, pues a raíz de los incidentes originados por la declaración de 8 de diciembre sustituyó a la Comisión Episcopal de Enseñanza, que, durante algún tiempo, no volvió a contar con la confianza del Gobierno. La Ley de 1953 fracasó en su intento por acercar posiciones entre los defensores de la enseñanza privada y aquellos que pedían un mayor control estatal de la enseñanza media. Importó defender más el derecho de la Iglesia a enseñar su doctrina en los centros del Estado, que preocuparse por cómo se impartía su enseñanza, o las condiciones académicas e intelectuales de quienes lo hacían. A pesar de las fuertes tensiones y conflictos entre la Iglesia y el Estado durante los primeros años de franquismo, la jerarquía y el Gobierno estaban condenados a entenderse.

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Conocer las actuaciones del CEP, su evolución y su estado actual, a través del conocimiento del mercado en el que se inscribe y de los objetivos que se le asignan. Evaluar en los centros de competencia del CEP sus carencias de recursos y en los profesores de esos centros, las necesidades de formación que tienen en relación a las nuevas condiciones que plantea la reforma del sistema de enseñanza. Indirectamente, y como objetivo derivado, proponer y experimentar un mecanismo de 'evaluación' para que, en su caso, pueda generalizarse y extenderse a otros CEPs del territorio MEC. La investigación se sitúa en el contexto transformador de la LOGSE en relación a las ofertas de actividades de Formación Permanente del Profesorado, y su adecuación formativa al nuevo perfil que se requiere. En la primera parte del trabajo, se hace un análisis de las memorias, planes y documentación de interés producidas por el MEC y por el CEP de Getafe-Parla. Posteriormente tiene lugar el trabajo de campo, consistente en la observación directa y en grupos de discusión. La Formación Permanente del Profesorado conforma una red que descansa y se estructura sobre los CEPs. Esta formación aparece puntualmente coincidente, y en esa medida, confundida con la Reforma. No se distingue, por ello, entre actividades formativas (relacionadas con la producción de los nuevos perfiles que la Reforma exige) y las que, con carácter continuado, necesitan los enseñantes para el desarrollo progresivo de su actividad como profesionales. La red, consolidándose sobre esa confusión no tiende a estimular las capacidades propias de los profesores, sino su tradicional dependencia de los 'expertos'. El CEP de Getafe-Parla se ve mediatizado por la ambigüedad de esos objetivos y tiene la tentación de ajustar sus ofertas a las exigencias puntuales de las instancias superiores, dejando de plantearse el problema de la Formación Permanente de su Profesorado concreto. La no clarificación teórica de los objetivos de la red de formación permanente se traslada a la actividad de producción de las ofertas de los CEPs, y se pone de manifiesto en la tensión entre el propósito de que la producción de las ofertas se sitúe en los centros, y la realidad, centralizada y en régimen de mercado, de la oferta de ajuste a los nuevos perfiles, etc..

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En el presente trabajo se analizan las causas de la reforma del sistema jurídico regulador de la economía durante el actual gobierno, desentrañando las motivaciones económicas, políticas y sociales que la han impuesto. La autora considera que los actuales cambios legales no solamente dan respuesta a procesos internos, sino que obedecen a una lógica que traspasa las fronteras nacionales y tiene correspondencia con el fenómeno de la globalización. Desde esta óptica Ximena Endara revisa el proceso de crisis del capitalismo de postguerra, su reestructuración y las nuevas modalidades de acumulación y centralización del capital a nivel mundial, que han promovido la modificación de la forma de Estado intervencionista y, por tanto, han generado una radical transformación de la estructura jurídica en América Latina y Ecuador. A la luz de estos elementos, se estudia el proceso de reforma legal vivido en el Ecuador desde agosto de 1992, considerando las condiciones económicas y sociales del país y examinando las leyes relacionadas con la economía.

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Vivimos en una sociedad de consumo por excelencia, en las que las leyes de mercado funcionan medianamente; En el Ecuador por no existir una Ley de Competencia que permitiría al mercado por si mismo regular la cantidad, los precios así como la calidad de los productos, se han consolidado prácticas atentatorias del libre mercado por parte de las empresas, permitiéndose un margen de acción sin control a los proveedores en desmedro de los derechos del consumidor. Esta tesis pretende mostrar la problemática del ejercicio de los derechos del consumidor en el Ecuador, o dicho de otra manera, la reparación de los derechos violados a los consumidores por parte de los proveedores, traducido como el acceso a la justicia de los consumidores. Tomaremos como punto de estudio el procedimiento para juzgamiento y sanción de las infracciones, como una de las formas de reparación de los derechos de los consumidores; estudiaremos tres casos prácticos sobre la base de juicios por infracción a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor; analizaremos cómo el procedimiento actual no permite un pleno acceso a la justicia de los consumidores y por consiguiente la reparación de sus derechos, impidiendo el ejercicio de los derechos de los consumidores en nuestro país, que a pesar de contar con una ley adecuada que contiene parámetros y principios internacionales de defensa del consumidor, ésta se queda al final en letra muerta. Luego propondremos cambios a la 5 actual Ley Orgánica del Consumidor, que a nuestro juicio mejorarán el sistema de reparación de los derechos de los consumidores.

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La apertura del mercado de las telecomunicaciones en el Ecuador se inicia en el año 1995 cuando se reforma la Ley Especial de Telecomunicaciones para permitir la privatización de las telefónicas locales; esta reforma fue guiada y asesorada por el Banco Mundial. Si bien la privatización fracasó, se siguió el camino hacia la apertura del mercado. Los principales objetivos de la intervención del Estado en un sector de la economía son solucionar los problemas del mercado, mejorar la eficacia económica y obtener mejores servicios para los usuarios. Es así que considerando la necesidad de mejorar la calidad de los servicios y con intención de tener mejores tarifas, de conformidad con el marco legal vigente a partir del año 2000, en el país los servicios de telecomunicaciones se prestan en un régimen de libre competencia. Hasta la diciembre de 2007, el Estado había otorgado 10 concesiones de telefonía fija local; sin embargo, no se ha efectivizado la competencia, el mercado en su gran mayoría sigue en manos de los operadores establecidos y las tarifas y los servicios ofrecidos se han mantenido sin mayores cambios, los usuarios no han sentido el efecto de la competencia. En este trabajo se analizan las causas de esta falta de desarrollo de la telefonía fija local y, de manera especial, la incidencia de la operación de los operadores establecidos todos estatales. Para este efecto se estudiará el marco teórico de la competencia, se revisará el contexto en el que se ha desarrollado el mercado de la telefonía fija local, se analizará cada uno de los aspectos de la competencia, para finalmente establecer en base a un trabajo de campo, el estado de este mercado y los posibles servicios sustitutos.

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La presente tesis tiene por objeto analizar normas de corrección del tráfico económico enfocándose en la LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA REGULACIÓN CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL, (disciplinas jurídicas diferentes pero vinculadas) en el Ecuador; de tal forma que sea un mecanismo didáctico por el cual pueda difundirse la necesidad de apoyar y exigir la promulgación de leyes ecuatorianas que regulen en forma especializada estos temas de trascendencia para el desarrollo de nuestro nación. Para tal efecto, la presente tesis contendrá una introducción que pretende ubicar el tema. En el capítulo primero señalaré la evolución histórica del derecho de corrección económica, de la defensa de la competencia, y de la regulación contra la competencia desleal, refiriendo el derecho antitrust, la protección de los consumidores como la actual visión de éstas normas, para identificar su alcance, objetivos y ámbito de aplicación. El capítulo segundo analizará la legislación comunitaria y ecuatoriana sobre la defensa de la competencia, especialmente la Decisión 608 de la CAN; como el veto a la ley de Competencia presentada en Ecuador por la Diputada Susana González; para llegar a las acciones y procedimiento de ejecución en estos casos. En el capítulo tercero, analizaré la legislación comunitaria y ecuatoriana contra la Competencia Desleal, analizándolo como un mecanismo de corrección del tráfico económico. Se señalará su fundamento constitucional y su vinculación con la Defensa de la Competencia, pretendiendo demostrar la necesidad de la autonomía de la regulación contra la competencia desleal, para determinar las acciones y procedimiento de ejecución que procede. En el Capítulo Cuarto, se concluirá recomendando la promulgación de la ley ecuatoriana de defensa de la competencia y en otro cuerpo normativo la ley autónoma de regulación contra la “competencia desleal”, entendidos como un mecanismos de corrección más del tráfico económico.

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Apesar do indiscutível avanço que os sistemas previdenciários representaram no campo social verifica-se, em todo o mundo, um crescente consenso quanto à necessidade de se repensar sua estrutura. As recentes transformações da estrutura demográfica, do mercado de trabalho e do processo de globalização da economia, nos remetem a uma nova realidade e ao imperativo de buscar novas soluções para assegurar a proteção social. Por outro lado, o Estado, enquanto promotor do desenvolvimento e de redução das desigualdades, se encontra sob severo questionamento, ao passo que a moral individualista e os méritos do mercado gozam de crescente prestígio. Como resultado destas múltiplas pressões, o Brasil, a exemplo de vários outros países, vem experimentando um processo de ajustes e reforma de seu sistema previdenciário, no qual o fortalecimento do elo entre contribuições e beneficios tem-se constituído o principal elemento. Nesse sentido, o desenvolvimento do regime complementar privado ocupa um espaço cada vez maior na formulação e execução de políticas públicas. Com a aprovação da Emenda Constitucional no. 20 (em dezembro de 1998) foram lançadas as novas diretrizes para o sistema previdenciário brasileiro. O trabalho analisa as iniciativas estatais até o momento realizadas, e sua contribuição para a construção de um arcabouço regulatório para a área, mais adequado às novas demandas sociais, econômicas e políticas

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A presente dissertação versa sobre o uso da Tecnologia da Informação e Comunicação aplicada aos processos de gestão pública à luz dos conceitos de eficácia, eficiência e accountabítlity. Para tanto, este estudo se funda sobre dois marcos teóricos. O primeiro trata do desenvolvimento científico-tecnológico e suas implicações na construção de uma sociedade resultante da interação da microeletrônica, da informatização e da telecomunicação. O segundo diz respeito à reforma do Estado Brasileiro, num contexto em que se discute a necessidade de torná-lo mais ágil, flexível e mais responsável perante a sociedade. Metodologicamente, valemo-nos do estudo de caso múltiplo, no qual analisamos o Pregão Eletrônico utilizado pelo Governo Federal para aquisição de bens e serviços nos moldes do leilão reverso do mercado de flores de Amsterdã. Especificamente, trata-se do Pregão 21/2001, realizado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para compra de medicamentos. Este estudo contempla não só os diferentes aspectos do comércio eletrônico, como o procurement, mas também descreve o processo tradicional de licitações públicas. Ao final, concluímos que a adoção da tecnologia da informação aplicada à gestão pública, em especial como ferramenta para aquisição de bens e serviços, mostrouse eficiente ao promover uma redução de custos, tanto dos processos governamentais, quanto dos produtos adquiridos, fato extremamente relevante se considerarmos a realidade orçamentária brasileira. Ficou também comprovada a sua eficácia, evidenciada pela redução do tempo necessário à realização do procedimento, uma vez comparado ao processo tradicional de licitações pública. Por outro lado, podemos afirmar que a iniciativa amplia o grau de transparência das informações do setor público brasileiro, reconfigurando as relações EstadoSociedade.

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