La responsabilidad civil de los funcionarios judiciales, por la violación de derechos y garantías constitucionales a los usuarios del sistema de justicia

Los derechos y garantías constitucionales – La responsabilidad civil – El amparo como medio de protección

Garantías Económicas: ¿Hacia una política económica neutral?

Un Proyecto Constitucional de Garantías Económicas, con un sentido similar al actual Título de Derechos y Garantías Sociales, contribuiría seguramente a fortalecer la Democracia Económica y el Estado de Derecho en Costa Rica. Pero para el logro de tal fin, debería tratarse de un proyecto integral que logre simultáneamente, al menos, dos objetivos no fácilmente armonizables: a) aumentar la flexibilidad y la eficacia de la política económica y del rol del Estado en la economía, y b) definir y acotar un tipo de control democrático sobre los márgenes de acción de quienes ejercen la política macroeconómica en particular, y las políticas públicas en general. Por el contrario, el así llamado "Proyecto de Garantías Económicas" -eminentemente fiscaliza- impone límites de acción solo en determinadas áreas y funciones de la acción estatal, por lo que representa una visión unilateral de la realidad y de la política económica practicada en la Costa Rica de los últimos años.Aunque los estudios sobre el ciclo económico en Costa Rica son escasos, y no suministran conclusiones tajantes, hay suficientes indicios para sostener que existe un margen importante para la manipulación cortoplacista de la política económica, y que este margen ha sido utilizado efectivamente, sin una debida evaluación -o incluso a pesar de ella- de las consecuencias de mediano y largo plazo de las acciones tomadas.Estas reflexiones se enmarcan en el debate entre neokeynesianos y monetaristas sobre el papel de las reglas versus las políticas discrecionales en materia de intervención estatal en la economía, y se sostiene la necesidad de democratizar la gestión macroeconómica de los gobiernos.

Los temas presupuestarios en el proyecto de Ley de Garantías Económicas

El Proyecto de Ley de Garantías Económicas contiene transformaciones importantes del proceso de asignación de los recursos públicos. Tales cambios se incorporan a la Constitución de la República. En especial se modifican los aspectos hacendarios de la Constitución. Pero también se contemplan cambios en temas tributarios, en aspectos de deuda pública, en el funcionamiento del Banco Central de Costa Rica (BCCR), en la regulación de los servicios públicos y en las funciones legislativas relacionadas con la enajenación de los activos públicos.Este artículo presenta una sistematización y un conjunto de reflexiones críticas en torno a las transformaciones propuestas por el Proyecto de Ley. La exposición se realiza con base en la propuesta del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). En los aspectos en donde el Partido Liberación Nacional (PLN) tiene diferencias, el texto lo indica explícitamente. En el Anexo se describe el detalle de las transformaciones propuestas.

Las garantías constitucionales y la acción extraordinaria de protección en la constitución de la República del Ecuador

Desde la vigencia de la Constitución del 2008, nuestro país evidencia una serie de cambios significativos, relacionados principalmente con las garantías constitucionales. En la presente monografía se ha realizado un estudio detallado de cada uno de estos mecanismos constitucionales, que garantizan una protección eficiente de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y en los instrumentos internacionales a favor de las personas. La presente investigación se divide en dos importantes secciones, que son las siguientes: Inicialmente, se presentan los avances en tema de garantías constitucionales establecidas en la Constitución de 2008, en relación a las garantías reguladas en el cuerpo político de 1998; se desarrolla además, un análisis de cada uno de estos mecanismos constitucionales, garantías normativas, institucionales, de políticas públicas, y jurisdiccionales, efectuando una referencia de las instituciones que abarca cada una de ellas.

EXPEDIENTE 11375 (“Garantías Económicas”) Incidencia en la Fiscalización Superior

Este artículo plantea la importancia de emprender un estudio riguroso acera de la necesidad y eventuales consecuencias de los cambios que en materia presupuestaria y de fiscalización presenta el proyecto de Garantías Económicas.También analiza algunos aspectos relacionados con esta temática, contenidos en el proyecto de Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos que se analiza actualmente en la Asamblea Legislativa, particularmente en lo concerniente al rol asignado tanto al Ministerio de Hacienda como a la Contraloría General de la República, dado que a ésta se le restan funciones y atribuciones, mientras se pretende crear un super Ministerio de Hacienda.Una verdadera coordinación entre los entes rectores del proceso presupuestario -La Contraloría, el Ministerio de Hacienda y el MIDEPLAN-, parece un camino más adecuado a fin de construir un sector público más eficiente y democrático.

Garantías Económicas: Propuesta para un debate nacional

El día 30 de noviembre de 1995, la Defensoría de los Habitantes presentó ante el plenario de la Asamblea Legisltativa una propuesta de trabajo cuya orientación esencial refería a la ausencia de una participación real de la sociedad civil en el proceso que había seguido la eventual aprobación del capítulo de Garantías Económicas a incorporarse en nuestra Constitución Política. Desde ese momento ha venido sosteniendo que a través de una reforma parcial a nuestra Carta Fundamental están siendo intentadas más bien reformas radicales a la estructura y funcionamiento de nuestro Estado y que cambian su esencia considerablemente. Ello en criterio de la Defensoría y de quienes posteriormente han acogido y apoyado su propuesta constituye razón por demás suficiente para dar impulso a un debate amplio y pluralista en donde el acuerdo social sea el que determine el tipo de Estado que la sociedad costarricense desea y necesita pues la trascendencia de las medidas pretendidas vienen al traste con un proceso de toma de decisiones pensado, organizado y ejecutado unidireccionalmente desde las estructuras de poder tradicionales.La transcripción literal del texto propositivo de que se ha hablado se presenta íntegramente en virtud de que son variados los temas a que éste se refiere.

Las garantías y derechos de la mujer salvadoreña frente a la constante desigualdad, violencia y discriminación para su realización, desde la perspectiva de la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres

La violencia y discriminación contra la mujer se vive en toda la región latinoamericana y ante eso los países han comenzado en los últimos años a hacer énfasis a redoblar esfuerzos para eliminar este mal. Convencidos de que es urgente avanzar en El Salvador, en la erradicación de la violencia contra las mujeres, nuestra Coordinación Política quiere dejar constancia de su quehacer contra la impunidad e injusticia y de los retos que es necesario vencer para que las mujeres alcancen realmente el derecho a una vida libre de violencia. Es importante recalcar que la violencia contra las mujeres tiene su fundamento en la desigualdad social de género que se presenta de manera generalizada en modalidades diferentes afectando de forma directa sus vidas como también en el desarrollo de sus capacidades y sus libertades. La violencia contra las mujeres es un problema vital dentro de la sociedad, ya que se convierte en un gran impedimento para su desarrollo en nuestro país, se ha presentado un gran avance en materia legislativa generando condiciones jurídicas que fortalecen las necesidades de transformación, especialización, profesionalización de las instituciones para detención, prevención, atención, sanción e institución de los derechos de las mujeres que enfrentan la discriminación, desigualdad, exclusión y violencia. La violencia contra las mujeres no es más que una clara evidencia de la violación de sus derechos humanos, ante ello sólo una minoría de las víctimas denuncia tal agresión, la mayor parte soportan en silencio, pero lo más triste es que otras no viven para contarlo, durante las últimas décadas, la violencia contra la mujer ha ido recibiendo una atención creciente a nivel mundial, pasando de ser una cuestión oculta y privada a declararse en la actualidad como un problema de derechos humanos que afecta a la dignidad, a la integridad y a la libertad de las personas y que atenta contra el bienestar social. La realidad de la mujer Salvadoreña descansa en políticas estatales, las cuales deben respaldar toda iniciativa en pro del progreso humano y colectivo, aunque, bien es cierto que en la práctica, como se puede observar, este papel ha tenido aún poca incidencia en mejorar las condiciones de vida y desarrollo de las mujeres, de forma sostenida y al mismo tiempo entender que no puede haber desarrollo sin superar el déficit de las mujeres.

Análisis de las formas anticipadas de terminación de los procesos y procedimientos alternativos, en relación con adolescentes infractores en el Ecuador

El presente tema de investigación, se centra en analizar las formas anticipadas para la terminación de procesos en todo lo referente a adolescentes infractores, sin embargo, previo a ello, hedesarrollado concepciones generales sobre los mismos, su reseña histórica y un análisis de las legislaciones de Brasil, Colombia y Chile; así mismo tomando en consideración que el adolescente es sumamente protegido a nivel internacional, he analizado los Tratados Internacionales de los que elEcuador es suscriptor. Considerando que el juzgamiento de los Adolescentes Infractores tiene cierto carácter especial, que le diferencia del juzgamiento de los adultos, en el Capítulo I también se ha abordado todo lo referente al proceso penal en relación directa a los adolescentes infractores y sus garantías, así como también he desarrollado cada una de las Etapas Procesales para el Juzgamiento de los mismos. Así mismo he realizado un análisis de cada una de las medidas socioeducativas que puedan aplicarse a un adolescente infractor una vez que se ha determinado su responsabilidad en el cometimiento de una infracción, considerándolas como una forma de reeducar al adolescente teniendo como fin su desarrollo.

La importancia de la intervención del notario en la Ley de Garantías Mobiliarias

La función notarial y su regulación en la legislación salvadoreña – Análisis de la Ley de Garantía Mobiliarias – Centro Nacional de Registros y la implementación del registro de Garantías Mobiliarias – Estudios Comparado de la regulación de la función notarial en los cuerpos normativos internacionales de garantías mobiliarias

Los efectos jurídicos de las nulidades procesales en el proceso civil y mercantil y sus consecuencias en el derecho material

Antecedentes históricos de las nulidades procesales – Marco teórico de las nulidades en el proceso civil y mercantil – Marco jurídico sobre las nulidades procesales – Causas de nulidad procesal – Efectos jurídicos de las nulidades procesales – Las nulidades procesales en el derecho comparado – Las nulidad procesal y sus consecuencias en el derecho material

La expansión del incidente de nulidad de actuaciones por motivos procesales. A propósito de la STC 43/2010, de 26 de julio

En este artículo el autor realiza un estudio detallado de la trascendental STC (1.ª) 43/2010, de 26 de julio, que marcó un hito en la interpretación que el Alto Tribunal realizó del art. 241 LOPJ, tras la reforma legislativa operada en el año 2007, a través de la LO 6/2007, de 24 de mayo. En esta sentencia se otorga el amparo porque un Juzgado de Primera Instancia había producido una clara indefensión a los recurrentes, consistente en la imposibilidad de éstos de conocer y comparecer en un proceso ejecutivo en el que resultaban afectados directamente sus intereses, pues se subastó y adjudicó una vivienda de su propiedad pese a haber sido advertido el Juzgado, por diferentes conductos, de que ellos eran los titulares registrales de dicho bien inmueble. La especial relevancia de la STC (1.ª) 43/2010, de 26 de julio —con claras concomitancias con la STC (2.ª) 40/2005, ya que ambas tienen su origen en actos procesales del mismo procedimiento judicial de ejecución, aunque los demandantes de amparo fueran distintos—, radica en resaltar el reforzado protagonismo, en aras de la defensa del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que ha adquirido el incidente de nulidad de actuaciones, tras la reforma operada en el art. 241.1 LOPJ por la LO 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. El TC cambia su postura y viene a afirmar, sin ambages, que el incidente de nulidad de actuaciones se ha erigido en el instrumento clave para la tutela del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión, como última vía que permite la reparación ante la jurisdicción ordinaria, máxime si se tiene en cuenta el nuevo sistema, mucho más restrictivo, de admisión a trámite del recurso de amparo ante el TC (sólo si concurre una «especial trascendencia constitucional»).

Informe de Economía e Instituciones

Resumen: El Informe de Economía e Instituciones cuenta con tres columnas que abordan cuestiones teóricas y de política económica relacionadas con la temática de la economía y las instituciones. En la primera columna, Acuerdos del G-20 para enfrentar la crisis, el autor parte del diagnóstico de que la crisis financiera se profundizó, transformándose en una crisis económico–social. Luego se focaliza en el tratamiento de los asuntos globales de la cumbre de los líderes del G-20 en Londres, con el fin de establecer los lineamientos para salir de la actual crisis y sentar las bases de un nuevo orden económico mundial. Se comentan, con énfasis en lo institucional, las tareas y cambios a realizar agrupadas en torno a cinco objetivos. Estos objetivos son: restaurar el crédito, fortalecer la supervisión y la regulación financieras, fortalecer las instituciones financieras mundiales, resistir el proteccionismo y promover el comercio y la inversión mundiales y garantizar una recuperación justa y sostenible para todos. En la segunda columna, El Fideicomiso, se define que este instrumento legal se crea cuando una persona trasmite la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra quién se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato y a trasmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición, al beneficiario. La virtud de este instrumento es que se trata de una figura legal que aísla un patrimonio por lo que el fondo es inmune a cualquier riesgo y el fiduciario que lo administra, tiene instrucciones concretas, lo que representa una garantía fuerte. El fideicomiso en su esencia importa un negocio de confianza (fidei) en la persona del fiduciario para que éste de cumplimiento al encargo convenido en el contrato. Este es apto por sus ventajas para; fortalecer garantías y acuerdos, neutralizar riesgos, evitar procesos judiciales de ejecución con sus consecuencias de mora y costos, etc. En la tercera columna, Modernización del Estado y Articulación de Intereses, hace hincapié en la necesidad de un Estado Moderno, que es aquel que atiende eficazmente las necesidades de los ciudadanos generando asimismo adhesión al mismo. El elemento fundamental para el desarrollo de un estado moderno consiste en la independencia de los grupos de interés particular. Existen dos formas de relación entre el estado y lo grupos de interés de acuerdo a la tradición en la que uno se ubique: institucionalizadas en forma de corporaciones o instrumentalizadas mediante las actividades de los denominados lobbies. La articulación de intereses en las instituciones no es suficiente para un balance político sino que se requiere la formación de un compromiso ético y una actitud de cooperación subyacente. En cuanto a la capacidad de los grupos de intereses de balancear la acción de las agencias gubernamentales y de ejercer una acción frente a algunos desarrollos económicos, su función es invalorable siempre que sean una expresión democrática.

La prisión preventiva y su relación con las políticas de seguridad

Resumen: La prisión preventiva es la medida cautelar más grave e intensa del proceso penal, en tanto importa la coactiva privación de la libertad personal del imputado. Se trata de un instituto problemático, que plantea un contrapunto particularmente dilemático con la presunción de inocencia. Posee un fundamento constitucional, directamente vinculado con la necesidad de asegurar, en la medida de lo posible, la realización del derecho penal material. Aunque la regla general es que durante el desarrollo del proceso penal el imputado debe permanecer en libertad, no puede negarse la existencia de ciertos supuestos legitimadores de la prisión preventiva. La realidad social y la necesidad de respuestas racionales a los fenómenos de la inseguridad y de la delincuencia violenta han revelado serias fisuras en el paradigma según el cual los únicos supuestos legitimadores son los llamados peligros procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación. Surgen así como datos que deben ser también necesariamente tenidos en cuenta para la detención cautelar tanto la especial gravedad del delito cometido y su relación con la preservación del orden público, como la existencia de un peligro de reiteración delictiva constatable. Estos dos últimos presupuestos legitimadores de la prisión preventiva cobran independencia conceptual de los primeramente mencionados. Además, cuando la prisión preventiva se funda en la especial gravedad del delito o en el peligro de reiteración delictiva, se transforma, aunque sin mutar su esencia, en un instrumento más en las políticas de seguridad dirigidas a combatir el fenómeno de la delincuencia.

Prudentia Iuris, 1993, n° 31 (número completo)

Contenido: Notas de la redacción – El tratamiento de la constitucionalidad en el Perú : balance y perspectiva / Eloy Espinosa – El rol subsidiario de la acción de amparo / Néstor Pedro Sagüés – El certiorari before judgement o recurso per saltum en la Corte de los Estados Unidos / Alberto B. Bianchi – La trascendencia como causal de admisión del recurso extraordinario (art. 280 del CPCCN) / Sergio Dugo – El recurso extraordinario interpuesto in forma pauperis / Narciso J. Lugones – El habeas corpus contra limitaciones a la libertad impuesta por la justicia militar / Santiago Mario Sinopoli – El habeas corpus correctivo / Francisco J. D’Albora – El habeas corpus y las autoridades municipales / Néstor O. Losa – Algunas reflexiones sobre el Superior Tribunal de la Causa / Susana Lima – Las vías procesales potencialmente aptas para acceder a la decisión del Superior Tribunal Provincial / Roberto O. Berizonce – La acción de amparo y el contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires / Tomás Hutchinson – El derecho procesal constitucional, hoy : contenidos / Osvaldo Alfredo Gozaini – Derecho procesal transaccional / Eduardo Oteiza – Sección Ciencias Políticas: Los medios de comunicación de masas y la legitimidad de los gobernantes / Sebastián Mocorrea – Finalización del marxismo / F. Arias Pellerano – El libertador : ilustrado guerrero cristiano ¿republicano o monárquico? / Julio R. Lascano – Informe – Nota bibliográfica

Prudentia Iuris, 1995, n° 39 (número completo)

Número especial sobre la autonomía de la ciudad de Buenos Aires