983 resultados para Control de legalidad


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Esta investigación tiene como objetivo evidenciar la tensión entre legalidad y legitimidad, a raíz de la intervención de Estados Unidos en Irak en el año 2003. Dicha tensión es el resultado de la implementación de procedimientos democráticos que promovieron cambios legales en el gobierno iraquí. Sin embargo, fue la instrumentalización de tales procedimientos lo que generó una falta de legitimidad del gobierno iraquí por parte de algunos sectores sociales, debido a los intereses económicos, políticos y sociales que tenían aquellos grupos que detentaban el poder. La investigación ofrece un análisis sobre Irak bajo los conceptos de democracia formal, democracia sustancial, legalidad y legitimidad, con el propósito de comprender de manera detallada el tipo de democracia que se estableció en Irak y las tensiones generadas en la sociedad iraquí.

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Se revisa la normativa que regula el control financiero y la justificación del gasto en los centros privados concertados. Una vez que el centro firmaba el concierto educativo, quedaba comprometido a un control financiero por parte de la administración pública correspondiente. Este control financiero consiste en verificar la correcta gestión y utilización de los fondos públicos, así como, la realidad y legalidad de las operaciones financiadas con los mismos. La regulación de los Conciertos Educativos conjuga dos aspectos fundamentales: por un lado, la asignación de salarios y por otro, los gastos de funcionamiento, sobre los que se centra el artículo. Se incluye un ejemplo práctico sobre el reparto y justificación del gasto en un centro concertado.

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El presente trabajo académico se propone auscultar el alcance del principio de legalidad en el sistema administrativo ecuatoriano a la luz de la Constitución de 2008. Para el efecto, se remonta a los antecedentes que precedieron la implantación del Estado Constitucional de Derechos y Justicia y los componentes que han pretendido modular su fisonomía. Profundiza sobre el principio de aplicación directa de las garantías fundamentales y la obligación de los jueces y funcionarios públicos de garantizar su vigencia. En el segundo capítulo, se aborda el principio de legalidad y su proyección en la doctrina, el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, poniéndose énfasis en el estudio de las potestades administrativas y las notas características que las clasifican en regladas o discrecionales, así como sus formas de control. Como colofón a este capítulo, se explora la vinculación de dicho principio, con los del debido proceso y seguridad jurídica. El tercer capítulo encara el conflicto entre los principios constitucionales de legalidad y aplicación directa de la Norma Fundamental, así como la facultad de los operadores jurídicos de ponderar su vigencia. Se detiene en el análisis del surgimiento irremediable de la pugna entre la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional por la convivencia de jurisdicciones y la facultad revisora del máximo órgano de control constitucional. Del mismo modo se proponen mecanismos para armonizar la aplicación de ambos principios en el marco de las competencias de los operadores jurídicos, llegando a su desenlace mediante planteamiento de conclusiones.

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Esta obra analiza el rol del juez garante en la protección de las normas y los derechos dentro del paradigma neoconstitucional garantista consagrado en la Constitución de la República del Ecuador de 2008. En la primera parte se aborda la reflexión sobre las características primordiales o notas caracterizadoras del neoconstitucionalisrno, los postulados garantistas y los nuevos métodos de la hermenéutica que el juez creador y crítico debe aplicar para garantizar las normas y los derechos. En la segunda parte se examina el sometimiento del juez: al principio de juridicidad integrado por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley; al principio de estricta legalidad, y al principio de supremacía y sujeción constitucional por el cual las disposiciones constitucionales y del bloque de constitucionalidad gozan de aplicabilidad directa. En la parte final se evidencia que estos postulados y principios que el juez debe concretar son controlados a través de la acción extraordinaria de protección estatuida con un triple carácter: mecanismo de control constitucional de las actuaciones judiciales; garantía para la protección del debido proceso, la tutela judicial u otro derecho constitucional, y acción que genera un proceso, sujeta a presupuestos formales y sustanciales para su admisibilidad y aceptación, según la doctrina, normativa y jurisprudencia analizada.

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Cada período histórico se construye según las pujas persistentes entre los diferentes actores sociales, éstas moldean contextos sociales, políticos y económicos particulares. Simultáneamente, la gubernamentalidad adquiere las especificidades necesarias y suficientes para conducir las conductas dentro de los marcos que establece el orden social dominante. En este sentido, con la apertura democrática Argentina desde diciembre de 1983, los diferentes gobiernos se abocaron a la tarea del control social sobre los díscolos por medio de la legalidad como estrategia de reafirmar la vocación democrática, de sostener la restauración institucional y de minimizar cualquier riesgo de desviación de los sujetos y de la protesta social. Nos valemos de la noción de archivo como estrategia para el análisis de las Leyes Antiterroristas prescriptas por los Gobiernos post dictatoriales. Entendida como el conjunto de discursos efectivamente pronunciados, que continua funcionando yque se transforma a través de la historia, esta herramienta permite establecer sus múltiples relaciones y hallar sus regularidades. Trabajamos a partir del Decreto Nacional 83/89 firmado por el Dr. Raúl Alfonsín, luego del asalto al Regimiento de Infantería Mecanizado 3 "General Belgrano" con asiento en La Tablada por parte de militantes de Movimiento Todos Por La Patria en enero de 1989, continuando con el Decreto Nacional 327/89, atravesamos las distintas leyes que los sucesivos Gobiernos instauraron hasta llegar al proyecto de Ley del 13 octubre de 2011 firmado por el Dr. Julio Alak, Ministro de Justicia, y el Dr. Aníbal Fernández,Jefe de Gabinete. Haciendo uso de la legalidad institucional el orden social se prepara para contener las protestas sociales que genera este modelo económico cada vez más inequitativo -a pesar de los buenos discursos-

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Cada período histórico se construye según las pujas persistentes entre los diferentes actores sociales, éstas moldean contextos sociales, políticos y económicos particulares. Simultáneamente, la gubernamentalidad adquiere las especificidades necesarias y suficientes para conducir las conductas dentro de los marcos que establece el orden social dominante. En este sentido, con la apertura democrática Argentina desde diciembre de 1983, los diferentes gobiernos se abocaron a la tarea del control social sobre los díscolos por medio de la legalidad como estrategia de reafirmar la vocación democrática, de sostener la restauración institucional y de minimizar cualquier riesgo de desviación de los sujetos y de la protesta social. Nos valemos de la noción de archivo como estrategia para el análisis de las Leyes Antiterroristas prescriptas por los Gobiernos post dictatoriales. Entendida como el conjunto de discursos efectivamente pronunciados, que continua funcionando yque se transforma a través de la historia, esta herramienta permite establecer sus múltiples relaciones y hallar sus regularidades. Trabajamos a partir del Decreto Nacional 83/89 firmado por el Dr. Raúl Alfonsín, luego del asalto al Regimiento de Infantería Mecanizado 3 "General Belgrano" con asiento en La Tablada por parte de militantes de Movimiento Todos Por La Patria en enero de 1989, continuando con el Decreto Nacional 327/89, atravesamos las distintas leyes que los sucesivos Gobiernos instauraron hasta llegar al proyecto de Ley del 13 octubre de 2011 firmado por el Dr. Julio Alak, Ministro de Justicia, y el Dr. Aníbal Fernández,Jefe de Gabinete. Haciendo uso de la legalidad institucional el orden social se prepara para contener las protestas sociales que genera este modelo económico cada vez más inequitativo -a pesar de los buenos discursos-

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Cada período histórico se construye según las pujas persistentes entre los diferentes actores sociales, éstas moldean contextos sociales, políticos y económicos particulares. Simultáneamente, la gubernamentalidad adquiere las especificidades necesarias y suficientes para conducir las conductas dentro de los marcos que establece el orden social dominante. En este sentido, con la apertura democrática Argentina desde diciembre de 1983, los diferentes gobiernos se abocaron a la tarea del control social sobre los díscolos por medio de la legalidad como estrategia de reafirmar la vocación democrática, de sostener la restauración institucional y de minimizar cualquier riesgo de desviación de los sujetos y de la protesta social. Nos valemos de la noción de archivo como estrategia para el análisis de las Leyes Antiterroristas prescriptas por los Gobiernos post dictatoriales. Entendida como el conjunto de discursos efectivamente pronunciados, que continua funcionando yque se transforma a través de la historia, esta herramienta permite establecer sus múltiples relaciones y hallar sus regularidades. Trabajamos a partir del Decreto Nacional 83/89 firmado por el Dr. Raúl Alfonsín, luego del asalto al Regimiento de Infantería Mecanizado 3 "General Belgrano" con asiento en La Tablada por parte de militantes de Movimiento Todos Por La Patria en enero de 1989, continuando con el Decreto Nacional 327/89, atravesamos las distintas leyes que los sucesivos Gobiernos instauraron hasta llegar al proyecto de Ley del 13 octubre de 2011 firmado por el Dr. Julio Alak, Ministro de Justicia, y el Dr. Aníbal Fernández,Jefe de Gabinete. Haciendo uso de la legalidad institucional el orden social se prepara para contener las protestas sociales que genera este modelo económico cada vez más inequitativo -a pesar de los buenos discursos-

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El presente trabajo aborda la problemática de la injerencia de los jueces en la Administración en Colombia. Dentro de la teoría del derecho público, se entiende que es función de esta rama del poder público llevar a cabo políticas y acciones para satisfacer las necesidades de la comunidad. Sin embargo, particularmente desde la aparición de la Corte Constitucional en Colombia, encontramos que los jueces y altos tribunales igualmente toman decisiones que podrían ser típicamente administrativas, por ejemplo, mediante acciones populares, ordenar la construcción de un hospital, de una escuela; la intervención en materia ambiental y de movilidad, entre otras, estas decisiones no han sido recibidas por los juristas de una manera pacífica, especialmente por la ruptura del principio de la separación de poderes y por sus consecuencias en el impacto fiscal.

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El interés de esta monografía es evaluar la relación entre el orden institucional del Estado colombiano y las lógicas del control territorial de los paramilitares sobre el Urabá antioqueño durante el periodo 1997-2007. Se analiza y explica cómo los grupos paramilitares aprovecharon el contexto de debilidad institucional del Urabá antioqueño para consolidar estructuras paraestatales que instrumentalizaron y cooptaron la institucionalidad del Estado con la pretensión de reproducir las condiciones necesarias para su sostenimiento. Así como las consecuencias sobre la Institucionalidad regional a causa de la consolidación de un control político de corte autoritario y clientelista, la obstaculización de la afirmación del monopolio de la violencia estatal, y la protección de un modelo económico particular sustentado en la violencia. Para ello, como parámetros generales se siguen las funciones estatales descritas por Charles Tilly, la descripción de los estados entre estados de Kinsgton y Spears y la teoría de la cooptación del Estado de Jorge Garay.

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An unstructured mesh �nite volume discretisation method for simulating di�usion in anisotropic media in two-dimensional space is discussed. This technique is considered as an extension of the fully implicit hybrid control-volume �nite-element method and it retains the local continuity of the ux at the control volume faces. A least squares function recon- struction technique together with a new ux decomposition strategy is used to obtain an accurate ux approximation at the control volume face, ensuring that the overall accuracy of the spatial discretisation maintains second order. This paper highlights that the new technique coincides with the traditional shape function technique when the correction term is neglected and that it signi�cantly increases the accuracy of the previous linear scheme on coarse meshes when applied to media that exhibit very strong to extreme anisotropy ratios. It is concluded that the method can be used on both regular and irregular meshes, and appears independent of the mesh quality.