Resolución N° 220 ¿Cuáles son los presupuestos necesarios para la inscripción de modificación de situaciones de control? Puede la Cámara de Comercio abstenerse de registrar un acto de modificación de tal situación cuando quien alega dicha modificación es una ESAL afirmando que solo procede tal registro cuando se trate sociedades comerciales?

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Resolución N° 22 del 16 de febrero de 2007 ¿Cuáles son los elementos que tiene en cuenta la Cámara de Comercio para evaluar la legalidad de la convocatoria de una reunión de Junta de Socios?

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Resolución N° 254 del 21 noviembre de 2007 ¿Cuáles son los supuestos sobre los que la Cámara evalúa la legalidad de las reformas de estatutos cuando estas implican la exclusión de un socio?

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La instrumentalización de procedimientos democráticos en Irak tras la caída de Sadam Husein: tensión entre legalidad y legitimidad (2003-2010)

Esta investigación tiene como objetivo evidenciar la tensión entre legalidad y legitimidad, a raíz de la intervención de Estados Unidos en Irak en el año 2003. Dicha tensión es el resultado de la implementación de procedimientos democráticos que promovieron cambios legales en el gobierno iraquí. Sin embargo, fue la instrumentalización de tales procedimientos lo que generó una falta de legitimidad del gobierno iraquí por parte de algunos sectores sociales, debido a los intereses económicos, políticos y sociales que tenían aquellos grupos que detentaban el poder. La investigación ofrece un análisis sobre Irak bajo los conceptos de democracia formal, democracia sustancial, legalidad y legitimidad, con el propósito de comprender de manera detallada el tipo de democracia que se estableció en Irak y las tensiones generadas en la sociedad iraquí.

Control financiero y justificación del gasto.

Se revisa la normativa que regula el control financiero y la justificación del gasto en los centros privados concertados. Una vez que el centro firmaba el concierto educativo, quedaba comprometido a un control financiero por parte de la administración pública correspondiente. Este control financiero consiste en verificar la correcta gestión y utilización de los fondos públicos, así como, la realidad y legalidad de las operaciones financiadas con los mismos. La regulación de los Conciertos Educativos conjuga dos aspectos fundamentales: por un lado, la asignación de salarios y por otro, los gastos de funcionamiento, sobre los que se centra el artículo. Se incluye un ejemplo práctico sobre el reparto y justificación del gasto en un centro concertado.

El alcance del principio de legalidad en el sistema administrativo ecuatoriano a la luz de la Constitución del 2008

El presente trabajo académico se propone auscultar el alcance del principio de legalidad en el sistema administrativo ecuatoriano a la luz de la Constitución de 2008. Para el efecto, se remonta a los antecedentes que precedieron la implantación del Estado Constitucional de Derechos y Justicia y los componentes que han pretendido modular su fisonomía. Profundiza sobre el principio de aplicación directa de las garantías fundamentales y la obligación de los jueces y funcionarios públicos de garantizar su vigencia. En el segundo capítulo, se aborda el principio de legalidad y su proyección en la doctrina, el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia, poniéndose énfasis en el estudio de las potestades administrativas y las notas características que las clasifican en regladas o discrecionales, así como sus formas de control. Como colofón a este capítulo, se explora la vinculación de dicho principio, con los del debido proceso y seguridad jurídica. El tercer capítulo encara el conflicto entre los principios constitucionales de legalidad y aplicación directa de la Norma Fundamental, así como la facultad de los operadores jurídicos de ponderar su vigencia. Se detiene en el análisis del surgimiento irremediable de la pugna entre la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional por la convivencia de jurisdicciones y la facultad revisora del máximo órgano de control constitucional. Del mismo modo se proponen mecanismos para armonizar la aplicación de ambos principios en el marco de las competencias de los operadores jurídicos, llegando a su desenlace mediante planteamiento de conclusiones.

Los presupuestos de la acción extraordinaria de protección: el control del rol del juez en el neoconstitucionalismo garantista

Esta obra analiza el rol del juez garante en la protección de las normas y los derechos dentro del paradigma neoconstitucional garantista consagrado en la Constitución de la República del Ecuador de 2008. En la primera parte se aborda la reflexión sobre las características primordiales o notas caracterizadoras del neoconstitucionalisrno, los postulados garantistas y los nuevos métodos de la hermenéutica que el juez creador y crítico debe aplicar para garantizar las normas y los derechos. En la segunda parte se examina el sometimiento del juez: al principio de juridicidad integrado por la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley; al principio de estricta legalidad, y al principio de supremacía y sujeción constitucional por el cual las disposiciones constitucionales y del bloque de constitucionalidad gozan de aplicabilidad directa. En la parte final se evidencia que estos postulados y principios que el juez debe concretar son controlados a través de la acción extraordinaria de protección estatuida con un triple carácter: mecanismo de control constitucional de las actuaciones judiciales; garantía para la protección del debido proceso, la tutela judicial u otro derecho constitucional, y acción que genera un proceso, sujeta a presupuestos formales y sustanciales para su admisibilidad y aceptación, según la doctrina, normativa y jurisprudencia analizada.

Democracia y Leyes Antiterroristas : El control social sobre los díscolos de la Democracia Argentina post-dictatorial [1984-2011]

Cada período histórico se construye según las pujas persistentes entre los diferentes actores sociales, éstas moldean contextos sociales, políticos y económicos particulares. Simultáneamente, la gubernamentalidad adquiere las especificidades necesarias y suficientes para conducir las conductas dentro de los marcos que establece el orden social dominante. En este sentido, con la apertura democrática Argentina desde diciembre de 1983, los diferentes gobiernos se abocaron a la tarea del control social sobre los díscolos por medio de la legalidad como estrategia de reafirmar la vocación democrática, de sostener la restauración institucional y de minimizar cualquier riesgo de desviación de los sujetos y de la protesta social. Nos valemos de la noción de archivo como estrategia para el análisis de las Leyes Antiterroristas prescriptas por los Gobiernos post dictatoriales. Entendida como el conjunto de discursos efectivamente pronunciados, que continua funcionando yque se transforma a través de la historia, esta herramienta permite establecer sus múltiples relaciones y hallar sus regularidades. Trabajamos a partir del Decreto Nacional 83/89 firmado por el Dr. Raúl Alfonsín, luego del asalto al Regimiento de Infantería Mecanizado 3 "General Belgrano" con asiento en La Tablada por parte de militantes de Movimiento Todos Por La Patria en enero de 1989, continuando con el Decreto Nacional 327/89, atravesamos las distintas leyes que los sucesivos Gobiernos instauraron hasta llegar al proyecto de Ley del 13 octubre de 2011 firmado por el Dr. Julio Alak, Ministro de Justicia, y el Dr. Aníbal Fernández,Jefe de Gabinete. Haciendo uso de la legalidad institucional el orden social se prepara para contener las protestas sociales que genera este modelo económico cada vez más inequitativo -a pesar de los buenos discursos-

Democracia y Leyes Antiterroristas : El control social sobre los díscolos de la Democracia Argentina post-dictatorial [1984-2011]

Cada período histórico se construye según las pujas persistentes entre los diferentes actores sociales, éstas moldean contextos sociales, políticos y económicos particulares. Simultáneamente, la gubernamentalidad adquiere las especificidades necesarias y suficientes para conducir las conductas dentro de los marcos que establece el orden social dominante. En este sentido, con la apertura democrática Argentina desde diciembre de 1983, los diferentes gobiernos se abocaron a la tarea del control social sobre los díscolos por medio de la legalidad como estrategia de reafirmar la vocación democrática, de sostener la restauración institucional y de minimizar cualquier riesgo de desviación de los sujetos y de la protesta social. Nos valemos de la noción de archivo como estrategia para el análisis de las Leyes Antiterroristas prescriptas por los Gobiernos post dictatoriales. Entendida como el conjunto de discursos efectivamente pronunciados, que continua funcionando yque se transforma a través de la historia, esta herramienta permite establecer sus múltiples relaciones y hallar sus regularidades. Trabajamos a partir del Decreto Nacional 83/89 firmado por el Dr. Raúl Alfonsín, luego del asalto al Regimiento de Infantería Mecanizado 3 "General Belgrano" con asiento en La Tablada por parte de militantes de Movimiento Todos Por La Patria en enero de 1989, continuando con el Decreto Nacional 327/89, atravesamos las distintas leyes que los sucesivos Gobiernos instauraron hasta llegar al proyecto de Ley del 13 octubre de 2011 firmado por el Dr. Julio Alak, Ministro de Justicia, y el Dr. Aníbal Fernández,Jefe de Gabinete. Haciendo uso de la legalidad institucional el orden social se prepara para contener las protestas sociales que genera este modelo económico cada vez más inequitativo -a pesar de los buenos discursos-

Democracia y Leyes Antiterroristas : El control social sobre los díscolos de la Democracia Argentina post-dictatorial [1984-2011]

Cada período histórico se construye según las pujas persistentes entre los diferentes actores sociales, éstas moldean contextos sociales, políticos y económicos particulares. Simultáneamente, la gubernamentalidad adquiere las especificidades necesarias y suficientes para conducir las conductas dentro de los marcos que establece el orden social dominante. En este sentido, con la apertura democrática Argentina desde diciembre de 1983, los diferentes gobiernos se abocaron a la tarea del control social sobre los díscolos por medio de la legalidad como estrategia de reafirmar la vocación democrática, de sostener la restauración institucional y de minimizar cualquier riesgo de desviación de los sujetos y de la protesta social. Nos valemos de la noción de archivo como estrategia para el análisis de las Leyes Antiterroristas prescriptas por los Gobiernos post dictatoriales. Entendida como el conjunto de discursos efectivamente pronunciados, que continua funcionando yque se transforma a través de la historia, esta herramienta permite establecer sus múltiples relaciones y hallar sus regularidades. Trabajamos a partir del Decreto Nacional 83/89 firmado por el Dr. Raúl Alfonsín, luego del asalto al Regimiento de Infantería Mecanizado 3 "General Belgrano" con asiento en La Tablada por parte de militantes de Movimiento Todos Por La Patria en enero de 1989, continuando con el Decreto Nacional 327/89, atravesamos las distintas leyes que los sucesivos Gobiernos instauraron hasta llegar al proyecto de Ley del 13 octubre de 2011 firmado por el Dr. Julio Alak, Ministro de Justicia, y el Dr. Aníbal Fernández,Jefe de Gabinete. Haciendo uso de la legalidad institucional el orden social se prepara para contener las protestas sociales que genera este modelo económico cada vez más inequitativo -a pesar de los buenos discursos-

Resolución 220 del 31 de octubre de 2008: ¿Cuáles son los presupuestos necesarios para la inscripción de modificación de situaciones de control? Puede la Cámara de Comercio abstenerse de registrar un acto de modificación de tal situación cuando quien alega dicha modificación es una ESAL afirmando que solo procede tal registro cuando se trate sociedades comerciales?

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El fortalecimiento del control judicial de la administración una mirada comparada desde el derecho continental europeo, el derecho anglosajón y su influencia en el derecho administrativo colombiano

El presente trabajo aborda la problemática de la injerencia de los jueces en la Administración en Colombia. Dentro de la teoría del derecho público, se entiende que es función de esta rama del poder público llevar a cabo políticas y acciones para satisfacer las necesidades de la comunidad. Sin embargo, particularmente desde la aparición de la Corte Constitucional en Colombia, encontramos que los jueces y altos tribunales igualmente toman decisiones que podrían ser típicamente administrativas, por ejemplo, mediante acciones populares, ordenar la construcción de un hospital, de una escuela; la intervención en materia ambiental y de movilidad, entre otras, estas decisiones no han sido recibidas por los juristas de una manera pacífica, especialmente por la ruptura del principio de la separación de poderes y por sus consecuencias en el impacto fiscal.

Institucionalidad y control territorial en Colombia. Una aproximación al Urabá antioqueño desde la teoría de la cooptación del estado (1997-2007)

El interés de esta monografía es evaluar la relación entre el orden institucional del Estado colombiano y las lógicas del control territorial de los paramilitares sobre el Urabá antioqueño durante el periodo 1997-2007. Se analiza y explica cómo los grupos paramilitares aprovecharon el contexto de debilidad institucional del Urabá antioqueño para consolidar estructuras paraestatales que instrumentalizaron y cooptaron la institucionalidad del Estado con la pretensión de reproducir las condiciones necesarias para su sostenimiento. Así como las consecuencias sobre la Institucionalidad regional a causa de la consolidación de un control político de corte autoritario y clientelista, la obstaculización de la afirmación del monopolio de la violencia estatal, y la protección de un modelo económico particular sustentado en la violencia. Para ello, como parámetros generales se siguen las funciones estatales descritas por Charles Tilly, la descripción de los estados entre estados de Kinsgton y Spears y la teoría de la cooptación del Estado de Jorge Garay.

Hypothalamic Inflammation And The Central Nervous System Control Of Energy Homeostasis.

The control of energy homeostasis relies on robust neuronal circuits that regulate food intake and energy expenditure. Although the physiology of these circuits is well understood, the molecular and cellular response of this program to chronic diseases is still largely unclear. Hypothalamic inflammation has emerged as a major driver of energy homeostasis dysfunction in both obesity and anorexia. Importantly, this inflammation disrupts the action of metabolic signals promoting anabolism or supporting catabolism. In this review, we address the evidence that favors hypothalamic inflammation as a factor that resets energy homeostasis in pathological states.

Chitosan/tripolyphosphate Nanoparticles Loaded With Paraquat Herbicide: An Environmentally Safer Alternative For Weed Control.

Paraquat is a fast acting nonselective contact herbicide that is extensively used worldwide. However, the aqueous solubility and soil sorption of this compound can cause problems of toxicity in nontarget organisms. This work investigates the preparation and characterization of nanoparticles composed of chitosan and sodium tripolyphosphate (TPP) to produce an efficient herbicidal formulation that was less toxic and could be used for safer control of weeds in agriculture. The toxicities of the formulations were evaluated using cell culture viability assays and the Allium cepa chromosome aberration test. The herbicidal activity was investigated in cultivations of maize (Zea mays) and mustard (Brassica sp.), and soil sorption of the nanoencapsulated herbicide was measured. The efficiency association of paraquat with the nanoparticles was 62.6 ± 0.7%. Encapsulation of the herbicide resulted in changes in its diffusion and release as well as its sorption by soil. Cytotoxicity and genotoxicity assays showed that the nanoencapsulated herbicide was less toxic than the pure compound, indicating its potential to control weeds while at the same time reducing environmental impacts. Measurements of herbicidal activity showed that the effectiveness of paraquat was preserved after encapsulation. It was concluded that the encapsulation of paraquat in nanoparticles can provide a useful means of reducing adverse impacts on human health and the environment, and that the formulation therefore has potential for use in agriculture.