954 resultados para PODER LEGISLATIVO


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Los niveles de armamento nuclear existentes en el mundo, aun siguen siendo una grave amenaza para la paz y la seguridad mundial. Después de más de dos décadas de terminada la Guerra Fría los procesos de desarme nucleares no han sido satisfactorios, lo cual representa una peligro latente. Es así como la proliferación nuclear es una de las más grandes preocupaciones de los Estados en tanto que compromete la seguridad y la estabilidad internacional. Actualmente, las dinámicas nucleares han puesto en tela de juicio el mantenimiento de la paz y la seguridad. En particular, la compleja situación de Oriente Medio con el fortalecimiento del programa nuclear iraní que aparentemente busca el desarrollo de un programa de energía nuclear bélico, ha encendido las alarmas de todos los Estados. Analizar la situación de Oriente Medio enfocándose en la “no proliferación”, permite visibilizar la importancia de concentrar esfuerzos para evitar el renacimiento de los programas nucleares con fines militares en el mundo.

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La conformación de la la élite del poder político en Colombia está centrada en la formación y estructuración de la misma, basada en la herencia hispánica, arraigada desde la Colonia, y cuyas divergencias y convergencias de los linajes presidenciales tienen como cenit el siglo XX.

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En la actualidad es posible identificar un nuevo fenómeno dentro de las dinámicas globales, donde determinados Estados han logrado perfilarse como potencias emergentes. Proyectando un futuro en el que su rol en el sistema internacional tendría una importancia protagónica. Uno de estas potencias emergentes es Brasil, un Estado que ha logrado consolidar su liderazgo a nivel regional y que ahora busca reflejar esta posición a una escala global.

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El esquema de protección de derechos es un elemento esencial en el ordenamiento jurídico de las naciones organizadas bajo la modalidad de Estado Social de Derecho, y en ese sentido, la implementación de las garantías a los derechos de las minorías existentes en la Nación. Colombia no es la excepción dentro del modelo señalado; en la Constitución Política de 1991 se plantea una amplia gama de derechos y garantías, haciendo un especial reconocimiento a la existencia del pluriculturalismo y el multilingüismo propio de una Nación marcada por la presencia de diferentes grupos étnicos que han determinado su legado histórico y cultural. Así las cosas, surge un escenario de interrelación entre los derechos de las minorías y los del resto de la colectividad, a partir del cual se pueden establecer elementos de armonía y correspondencia, así como también evidenciar posibles conflictos derivados del choque de intereses de una y otra parte. Para el caso de la presente investigación, se ha decidido centrar el estudio en una etnia específica respecto de la cual se han detectado una serie de problemas los cuales permiten efectuar un análisis detallado y con ello evidenciar los objetivos pretendidos. En ese sentido, el grupo étnico escogido es el raizal, residente en las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El eje central de investigación apunta a plantear que el reconocimiento constitucional que se le ha dado a la comunidad raizal no tiene, ni los alcances, ni las implicaciones que debería tener en los escenarios legislativo, jurídico y político, pues la entidad y relevancia que se la ha otorgado a la mencionada etnia no cumple con el verdadero objeto de pluriculturalidad con que se pretende catalogar a nuestra Nación. El discurso étnico por medio del cual los grupos buscan autodeterminarse, manifestar el esplendor de su cultura y demostrar la existencia de una memoria histórica colectiva, no ha sido considerado en su totalidad como es el caso de la etnia estudiada, pues elementos indispensables de su legado, de su historia y de su presente se han visto ignorados o readaptados a otros escenarios con discursos diferentes, con intereses disímiles y con enfoques diversos, generando una alteración del verdadero pluriculturalismo en el sentido estricto de la palabra. En ese orden de ideas, el estado de las cosas y de los derechos ha llevado a situaciones en las cuales el discurso ha tomado un enfoque distinto del carácter étnico que ha de caracterizarlo, tornándose en un discurso político marcado por la presencia de múltiples opiniones al interior de la misma etnia, pero que a su turno evidencia la necesidad de dar una revisión a las condiciones en que jurídica, social y culturalmente está reconocida dicha etnia y con ello demostrar que el panorama no se agota en una simple denominación constitucional o legal, sino que ha de acompañarse con la práctica política y legislativa justa que demuestre una real existencia de la minoría en el entorno social y jurídico de la Nación. La etnia raizal ha padecido un impacto cultural inmedible desde el momento de la abierta inmigración de continentales al Archipiélago, generándose con ello un sentimiento de marginación frente a las otras etnias y en general, frente el resto de la colectividad. Para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, se utilizó la metodología de búsqueda en fuentes secundarias, con un especial énfasis en el análisis legislativo y la revisión jurisprudencial, orientado a la obtención de parámetros de guía para la determinación de aspectos relevantes, así como también al poder efectuar comparaciones con miras a obtener conclusiones. Así las cosas, la investigación se complementó con un trabajo de campo en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, territorio de la comunidad raizal, el cual se desarrollo a través de la modalidad de entrevistas semiestructuradas aplicadas a diferentes miembros de la etnia, procurando incluir personas de diferente tipo, esto es, algunas que ocupan cargos públicos, otras que se desempeñan como líderes activistas y otras del común.

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Los sistemas electorales en sentido estricto, adicional a sus efectos técnicos, tienen efectos colaterales que sólo pueden ser visiblemente detectados después de tres o cuatro elecciones, lo que hace que el tiempo razonable de observación para el análisis y evaluación de los mismos no debe ser inferior a una década. Motivo por el cual el escenario político-electoral colombiano de los últimos tiempos se constituye en un laboratorio académico sin precedentes en nuestra historia. Más aún cuando a través del Acto Legislativo 01 de 2003 el Congreso logra aprobar su reforma política, en medio de un ambiente de tensiones y contrapesos entre el Legislativo y Ejecutivo, que busca cada uno a su manera, reformar estructuralmente la Constitución Política de Colombia, particularmente, en relación con la forma de obtener, conservar y ejercer el poder. Ante esta coyuntura de implementación y adaptación de la reforma, en el ámbito netamente electoral, el Observatorio de Procesos Electorales (OPE) ha emprendido la tarea de hacer seguimiento y sistematización de la información pertinente que le permita analizar los sistemas electorales –en sus efectos técnicos–, e ir observando a largo plazo sus efectos colaterales, así como su impacto real en la representación política, en la dinámica del sistema político y en el grado de gobernabilidad. En este cuadernillo se contextualizan los antecedentes de la elección senatorial y se presentan los resultados preliminares del seguimiento y sistematización de la información relacionada con el impacto inmediato de la reforma en la elección de 2006.

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La presente monografía pretende estudiar la reproducción de una estructura autoritaria de poder, bajo un régimen político democrático en el mandato del ex Primer Ministro Meles Zenawi en Etiopía. Para esto se analizó los factores que han imposibilitado la construcción de la democracia y han hecho perdurar prácticas autoritarias en el gobierno etíope a la luz de la Teoría de la Estructuración de Anthony Giddens y el concepto de Patrimonialismo.

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La presente monografía trata desde la perspectiva del Autoritarismo Subnacional las lógicas que se dieron entre la élite local y el paramilitarismo, como estrategia para impedir los diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno de Andrés Pastrana Arango en el periodo de 1998-2002. De igual modo trata el espacio regional del Magdalena Medio, como escenario activo y geoestratégico que determinó las dinámicas de legitimidad y autoridad en disputa por los diversos actores.