1000 resultados para violencia institucional


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Históricamente se ha reconocido que los conflictos internos afectan de manera directa variables a nivel individual como la salud de las personas, los niveles de escolaridad y el desplazamiento forzoso de los afectados. Sin embargo, solo hasta la última década las investigaciones académicas se han inclinado en documentar y cuantificar rigurosamente los efectos colaterales de la violencia sobre las condiciones de vida de los individuos. La presente investigación estudia cómo la exposición al conflicto en Colombia ha afectado las decisiones en términos de mercado laboral de las personas. La estrategia de identificación internaliza los reconocidos problemas de endogeneidad del conflicto con variables de actividad y desarrollo económico y presenta resultados robustos a fenómenos de migración interna y desplazamiento. En términos de participación laboral y desempleo, se encuentran efectos heterogéneos a nivel de género como respuestas a la violencia experimentada. En particular, la probabilidad de participación laboral de las mujeres se incremente como consecuencia de la exposición al conflicto, mientras que la de desempleo disminuye. Para los hombres, los resultados muestran una menor probabilidad de participación, efecto contrario al de las mujeres, y un efecto análogo en términos de desempleo. La investigación no encuentra efectos diferenciales en términos de informalidad laboral.

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El aprovechamiento económico del espacio público constituye un fenómeno que pone a prueba la definición de lo público y lo privado. Esta distinción es una de las bases de la institucionalidad del Estado moderno, por lo que desafiarla genera tensiones que repercuten en su administración. Por su parte, los actores involucrados en la discusión de la racionalidad sobre la que se fundamentan los cimientos de nuestra democracia liberal, son agentes marginalizados a través de las diferentes clasificaciones que se aplican a ellos estigmatizándolos socialmente. Es a partir de esta dicotomía entre lo formal y lo informal y su manera de relacionarse, que se entra a discutir la construcción social del espacio público y las ambivalencias de los derechos de una población que actúa al margen del sistema.

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El texto analiza el impacto de la corrupción policial presentada por los medios de comunicación desde 1993 hasta el 2012 en la estructura interna de la Policía Nacional de Colombia. En el primer capítulo se plantea un estado del arte del concepto de corrupción policial, asimismo, se incluyen las teorías bajo las cuales se ha entendido el fenómeno a nivel mundial buscando generar soluciones plausibles a un flagelo en el que se ven inmiscuidos una gran cantidad de cuerpos policiales en el mundo. En el segundo apartado, se evalúa de manera cuantitativa cómo los casos de corrupción han modificado la estructura de la Policía Nacional, pero a su vez, cómo éstas modificaciones han sido evanescentes. En el tercer capítulo, se escudriña el impacto y los cambios estructurales desde la perspectiva de los miembros del cuerpo policial, recurriendo a la recolección de datos de manera cualitativa por medio de entrevistas y encuestas. En el cuarto momento se analiza la incidencia de los directores de la policía en la lucha contra la corrupción policial y como se establece una relación entre los subalternos y los mandos medios al momento de realizar este tipo de actividades. Finalmente se plasman las conclusiones a las que se llegó posterior a la realización del trabajo investigativo.

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Este artículo presenta un análisis sobre el discurso del actual proceso de paz en la revista Semana entre los años 2012 a 2014, dada la relevancia de la participación de los medios de comunicación en un proceso trascendental para el futuro del país y la reconciliación de la sociedad. El objetivo es describir qué estrategias argumentativas usa la revista a partir de las noticias sobre el proceso de paz durante este periodo. La metodología utilizada se basó en los esquemas argumentativos (topoi), los cuales se identificaron de acuerdo con la estrategia argumentativa que propone Ruth Wodak. Partiendo del análisis de los topoi se encontró que de manera general el discurso de la revista frente a los diálogos de paz maneja un tono positivo y a favor del proceso, incluso antes de que se hiciera el anuncio formal de las negociaciones, además se evidenció que frecuentemente se trata de resaltar y visualizar la labor del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

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Este texto busca analizar de manera comparada la memoria pública que producen, exhiben y administran el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación sobre el conflicto colombiano a través de sus artefactos de memoria. El ejercicio de memoria que llevan a cabo ambos centros evidencia que a la vez que recuerdan el pasado reciente también lo representan a través de unas maneras particulares de entender el conflicto colombiano y sus actores, visibilizando ciertas tensiones y pugnas por las temporalidades que se le dan al conflicto, las violencias que se incluyen y los efectos que ha generado. Del análisis de los trabajos de memoria de estos centros es posible hacer un mapeo de hacia dónde está apuntando la políticas sobre la memoria y el pasado en el país.

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En este segundo documento de trabajo elaborado por el Semillero de Políticas Públicas se ha desarrollado un ejercicio de investigación formativa que tuvo dos propósitos fundamentales: a) entender el asunto de la reconciliación en Colombia como un fenómeno complejo que puede y debe ser abordado desde distintos frentes de política pública, y b) reconocer el esfuerzo que están haciendo algunos municipios en Colombia para lograr resultados concretos de reconciliación. En esta medida, hemos basado nuestro análisis en el trabajo previo de la Comisión de Conciliación Nacional, que elaboró en el año 2010 un Acuerdo Nacional para la Reconciliación y la Paz en Colombia. Según la entidad, “a través de conversatorios, foros públicos regionales, divulgación en medios y foros virtuales, se construyó de manera consensuada un Acuerdo de Mínimos por la Paz y la Reconciliación, que cuenta con la participación de prácticamente, todos los sectores de la sociedad, del ámbito público y privado; de la sociedad civil, la academia y el gobierno; de organizaciones de origen nacional como internacional” (Comisión de Conciliación Nacional, 2016, Consulta electrónica).

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Los indígenas como sujeto jurídico para el reconocimiento de derechos étnicos han sido definidos desde el paradigma del multiculturalismo liberal, basado en características esencialistas de la identidad, como el vínculo con el territorio ancestral rural, el uso de la lengua nativa, y la organización colectiva y comunitaria. Sin embargo, el conflicto armado colombiano ha generado el desplazamiento forzado de gran parte de esta población i1, en su mayoría hacia áreas urbanas y metropolitanas, donde son inaplicables las características que eran tenidas en cuenta para el reconocimiento y la garantía de sus derechos. La ausencia de un sujeto jurídico étnico que responda a las condiciones de un indígena desterritorializado víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado que solicita atención individual, se convierte en un obstáculo para la garantía de sus derechos étnicos en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado, porque las medidas afirmativas y el enfoque diferencial étnico, obligación del ejecutivo, queda a la discrecionalidad de las decisiones administrativas, poniendo en riesgo la garantía del derecho a la identidad cultural y, por lo tanto, a la diversidad étnica y cultural de la nación.

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A partir de la reconstrucción del proceso de creación e implementación del programa presidencial para la reparación a población desplazada Familias En Su Tierra, se exploran las dificultades y retos que enfrenta la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

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Durante la década de 1930 el capitalismo industrial organizó diferentes espacios de la política y la cultura en Colombia. A través del estudio de caso de Coltabaco, se caracterizan tres momentos de los vínculos del capitalismo industrial con la sociedad colombiana. En el primer momento, se la describen los vínculos políticos que hicieron visible diferentes formas de participación política del sector industrial y su relación con las regiones, las instituciones (públicas y privadas) y las elites dominantes, así como se subraya la importancia del mercado interno para la industria del tabaco. En el segundo momento, se caracterizan los vínculos entre Coltabaco y el sector rural a partir de la labor pedagógica de Coltabaco para la producción de la hoja, así mismo, se describen las representaciones del cultivador vinculado a la industria que fueron difundidas en el sector rural; finalmente, los vínculos entre Coltabaco y el sector urbano se analizan en la tensión por la relación mujer-cigarrillo. En el consumo del cigarrillo, el placer femenino se desligó de condicionantes morales e higiénicos, ganando, a través del gusto, una nueva circunstancia para experimentar la subjetividad de la mujer moderna. Los Problemas del Tabaco no se limitaron exclusivamente al espacio de la política económica, también fueron las costumbres campesinas desvinculadas del ritmo de la industria, y las ideas morales e higiénicas que organizaban la costumbre en la relación mujer-cigarrillo.

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El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos más dolorosos y críticos de la historia reciente a nivel mundial e interno. En respuesta a estas circunstancias han emanado de la comunidad internacional y de los Estados afectados diversas normativas y sistemas de atención, todavía en construcción, que pretenden dar respuesta efectiva a las adversas circunstancias de la población que es víctima de este flagelo. El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.

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El material de soporte para la realización de los ejemplos de la guía y los enlaces a las páginas de interés están colgados en la web http://www.xtec.es/~arodet. Resumen basado en el de la autora

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Concienciar a los responsables de las instituciones en las que se enseña español como lengua extranjera de la importancia y valor de los procesos de análisis de necesidades, para poder así organizar unos programas y unos cursos acordes con dichas necesidades. Motivar a los diversos centros de una institución y a sus profesores a la realización de análisis de necesidades. Considerar las implicaciones metodológicas que se derivan de un análisis de necesidades. Familiarizar al profesorado en la elaboración de sondeos y obtención de resultados que al mismo tiempo le faciliten una actuación en clase consecuente con las necesidades, intereses y expectativas, objetivos, contenidos y actividades de aprendizaje, recursos y evaluación que permitan conocer la realidad de los centros objeto de este estudio. 29 centros del Instituto Cervantes. El trabajo consta de nueve capítulos donde presenta el estado de la cuestión y las bases teóricas sobre las que se fundamenta el concepto de desarrollo curricular y la enseñanza de las lenguas extranjeras y profundiza en el concepto de análisis de necesidades. Seguidamente, establece las preguntas de investigación e inicia el trabajo empírico. Finaliza con una reflexión sobre los resultados de la investigación y con las conclusiones del trabajo. Las diferencias que aparecen entre profesor y alumnos al inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje van superándose a medida que este proceso se desarrolla. El ambiente de comunicación y diálogo existente entre el profesor y los alumnos de los centros del Instituto Cervantes analizados, facilita el desarrollo de un programa de objetivos, contenidos, actividades y sistemas de evaluación que responde a las necesidades de cada grupo de clase y de cada individuo. De este modo, el aula se convierte en una realidad que constituye el último eslabón de la cadena en la toma de decisiones sobre los diferentes componentes del currículo, en el entorno en el que convergen las necesidades que el profesor presupone y las necesidades que el alumno siente como tales.

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El objetivo general es contribuir en la organización de un conjunto de criterios para la evaluación del desarrollo axiológico del profesorado de la Escuela de Educación de la Universidad de Los Andes, para promover programas de desarrollo y evaluación que garanticen mejoras en la institución. Como objetivos secundarios se encuentran: determinar las implicaciones pedagógicas que se generan cuando el profesorado alcanza y mantiene un desarrollo axiológico adecuado, contribuir con el desarrollo teórico y práctico de la concepción axiológica de la evaluación, fomentar la educación en valores, promover en el contexto la cultura de la evaluación institucional y del profesorado, contribuir en la elaboración de una tabla o escala de valores que oriente el comportamiento moral y ético del profesorado y un sistema de criterios con el que evaluarlo y, por último, propiciar el establecimiento de códigos deontológicos en la escuela objeto de estudio. La muestra consta de 19 profesores, 95 estudiantes y 9 gerentes y administradores de la escuela objeto de estudio. Se usaron muestreos no probabilísticos, específicamente el accidental o casual con los alumnos y el intencional u opinático con los profesores y gerentes y administradores. Esta investigación cualitativa consta de tres fases. En la primera se lleva a cabo una revisión bibliohemerográfica, una preinvestigación diagnóstica y el diseño de la tesis. En la segunda se realiza el estudio de casos donde se consulta en la muestra. Y por último, la tercera fase es interpretativa-reconstructiva y es cuando se redactan los informes. Escalas de clasificación, autoinformes. Modelo interactivo de Miles y Huberman. Las pautas obtenidas del análisis de los datos son las siguientes: que es conveniente, que cuando se hable del desarrollo axiológico del profesorado en vinculación con la mejora educativa se coloque el énfasis en valores positivos; que se debe entender el desarrollo axiológico del profesorado bajo las perspectivas del desarrollo personal y profesional, y que se deben entender el desarrollo personal en atención a la moralidad y el desarrollo profesional en atención a la eticidad. Para pretender mejoras educativas es necesaria la intervención en procesos que abarquen la evaluación del profesorado, el desarrollo profesional y la gestión de la calidad educativa.