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Este artículo hace un análisis sobre los problemas y desafíos que la firma de tratados de libre comercio plantea a los pueblos indígenas, específicamente a los pueblos amazónicos. Tres ámbitos de análisis son utilizados por el autor para presentar la temática: la disputa por el control de la biodiversidad, los derechos de los pueblos indígenas y la construcción de una agenda de debate frente a la actual coyuntura. Ortiz plantea que si los tratados de libre comercio son parte de la política hegemónica de Estados Unidos, basada en el establecimiento de un orden global y en el control de las fuentes de energía del planeta, la cuenca amazónica se ubica como unas de las áreas de interés para los capitales multinacionales.

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La autora analiza las principales exigencias que en materia de propiedad intelectual Estados Unidos hace al Ecuador en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio. Estas exigencias, señala, van más allá de la normatividad sobre propiedad intelectual ya que los países andinos cuentan con este tipo de normas, altamente funcionales a los intereses de las transnacionales farmacéuticas. Cuatro son los ámbitos en los que se ubican las exigencias norteamericanas en la materia: protección con derecho de exclusividad a la información no divulgada, condicionamiento al ejercicio de las licencias obligatorias, ampliación del tiempo de protección a las patentes y los segundos usos, y eliminación de las exclusiones a la patentabilidad. Finalmente señala que el debate sobre propiedad intelectual, más allá de su apariencia técnica, es un debate esencialmente político.

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Este artículo pasa revista al proceso de diálogo entre la Unión Europea y la Comunidad Andina. Los requerimientos establecidos por la UE para los acuerdos de asociación y la posibilidad de que los mismos sean cumplidos por los países de la CAN son analizados por el autor, quien señala que la falta de "profundidad" y una serie de obstáculos políticos e institucionales están vigentes en el grupo andino, lo que de alguna forma restringe la consolidación de espacios a nivel internacional. García señala que un Acuerdo de Asociación con la UE podría fortalecer la cooperación en lo que a cohesión social andina se refiere.

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A partir de un punto de vista jurídico, el artículo presenta las razones por las cuales el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y los países andinos no debe ser sometido a una consulta popular. Un análisis conceptual apoya el argumento central del autor, quien sostiene que el TLC por ser un tratado internacional no debe ser objeto de aprobación o desaprobación por parte del pueblo, ya que éste carece de la facultad necesaria para tal fin. Finalmente Ortiz señala que más allá de lo jurídico, las condiciones de educación de la población ecuatoriana y el manejo político que se le puede dar a la consulta, son aspectos que problematizan el desarrollo de una consulta popular.

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Este artículo realiza un análisis de los principales elementos de la coyuntura actual en la región andina, así como de las perspectivas del proceso andino de integración, tomando como punto de referencia la posición de los miembros de la CAN frente al ALCA y a la firma de acuerdos bilaterales con Estados Unidos. Finalmente el autor explora las perspectivas de la CAN a la luz de la nueva orientación propuesta desde la Secretaría General.

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Los tratados bilaterales sobre promoción y protección recíproca de inversiones (TBIs) tienen dos grandes objetivos: uno concreto e inmediato, el otro vago y mediato. Primero, estos acuerdos brindan garantías al inversor extranjero respecto del tratamiento que el Estado receptor otorgará a sus proyectos. Segundo, la firma de estos tratados pretende atraer más inversión extranjera a los países signatarios. El esquema de los TBIs, por lo tanto, se sustenta en la creencia de que los flujos de capitales extranjeros son afectados por la incapacidad institucional de los potenciales estados receptores. Estos tratados servirían para remediar esta falencia. Desde una perspectiva de política económica, no obstante, los beneficios para los países receptores son motivo de grandes discusiones. El presente trabajo busca ampliar este debate, analizando en qué medida los TBIs ayudan a los estados receptores a desarrollar las instituciones adecuadas para sus democracias y sus economías de mercado.

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Un gran número de acuerdos internacionales de inversiones (AII) contiene la formulación “inversiones realizadas de conformidad con las leyes nacionales” o una enunciación similar. En términos generales, la tendencia ha sido considerar que esta formulación hace referencia a la legalidad y a la validez de la inversión. El objetivo del presente trabajo es analizar en qué medida las inversiones extranjeras realizadas ilegalmente pueden beneficiarse de la protección de los AII y de su mecanismo de solución de controversias. Para ello, la primera parte identificará las posibles localizaciones de esta formulación y sus implicaciones. La segunda examinará qué sucede con las inversiones que se tornan ilegales, si la ilegalidad debe ser tratada como una objeción jurisdiccional o como una cuestión de fondo y, finalmente, si la ilegalidad es consecuencia de la violación de normas substantivas o también de meras formalidades.

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El artículo realiza un análisis comparativo de los contenidos de los tratados de libre comercio (TLC) que la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EUA) firmaron recientemente con Colombia. Este análisis, que tiene lugar desde la clasificación “OMC-extra” y “OMC-plus”, permite concluir que se ha producido una norteamericanización parcial de la estrategia interregional europea en América Latina porque muestra similitudes importantes en cuanto a las disposiciones negociadas en ambos tratados. Sin embargo, dicha norteamericanización se revela parcial porque el tema de la integración regional es abordada con precisión en el TLC europeo.

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El artículo señala que una relación comercial entre Corea y Ecuador sería viable si los dos países concilian sus potencialidades, en búsqueda de una complementación económica. El autor señala que el país sudamericano, con una alta tasa de crecimiento, puede aprovechar el interés que tiene un país asiático competitivo y eficiente de socializar su experiencia en desarrollo para pasar de una economía agrícola a una globalizada. Hace una revisión de las relaciones diplomáticas entre los dos Estados y se concentra en establecer el alcance y efectos que una relación comercial podría generar. Se concluye, finalmente, en que existe una serie abierta de oportunidades de cooperación económica que deben ser exploradas por coreanos y ecuatorianos.

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This work seeks to reconstruct the dynamics of the agreements and disagreements between the State and the indigenous peoples in Ecuador, emphasising particularly on two key elements: first, the indigenous peoples participation and exercise of their political rights, in particular the right to self-government and autonomy within their jurisdictions; and secondly, indigenous peoples’ degree of direct influence on public policies’ formulation and implementation, specially those directly affecting their territories, including the exploitation of natural resources. In Ecuador, during this historical period, the state has gone through three major moments in its relationship with indigenous peoples: neo - indigenism associated to developmentalism (1980-1984); multiculturalism associated to neoliberalism (1984- 2006) as one of the dominant trends over the period; and the crisis of neoliberalism and the search for national diversity and interculturalism associated to post- neoliberalism (2007-2013). Each has had a particular connotation, as to the scope and methods to respond to indigenous demands. In this context, this research aims to answer the central question: how has the Ecuadorian State met the demands of the indigenous movement in the last three decades, and how has it ensured the validity of their gradually recognized rights? And how and to what extent by doing so, it contradicts and alters the existing economic model based on the extraction of primary resources?

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This paper sets out to conduct an empirical analysis of the post-Lisbon role of the European Parliament (EP) in the EU’s Common Commercial Policy through an examination of the ‘deep and comprehensive’ bilateral Free Trade Agreements (FTAs) currently negotiated as part of the EU’s Global Europe strategy. The EU-Korea and EU-India FTAs are used as case studies in order to determine the implications of the EP’s enhanced trade powers on the processes, actors and outcomes of EU bilateral trade policy. The EP is now endowed with the ‘hard power’ of consent in the ratification phase of FTAs, acting as a threat to strengthen its ‘soft power’ to influence negotiations. The EP is developing strategies to influence the mandate and now plays an important role in the implementation of FTAs. The entry of this new player on the Brussels trade policy field has brought about a shift in the institutional balance of power and opened up the EP as a new point of access for trade policy lobbyists. Finally, increased EP involvement in EU trade policy has brought about a politicisation of EU trade policy and greater normative outcomes of FTAs.

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The context of construction management (CM) reveals that this method of procurement is as much a management philosophy as a contract structure. It is important to consider legal and contractual issues in this context. The interplay between management and law is complex and often misunderstood. Before considering specific issues, the use of contractual remedies in business agreements is discussed. In addition, the extent to which standardising a form of contract detracts or contributes to the success of projects is also considered. The dearth of judicial decisions, and the lack of a standard form, render it difficult to be specific about legal issues. Therefore, the main discussion of legal issues is centred around a recently completed research project which involved eliciting the views of a cross-section of experienced construction management clients, consultants and trade contractors. These interviews are used as the basis for highlighting some of the most important legal points to consider when setting up CM projects. The interviews revealed that the advantage of CM is the proximity of the client to the trade contractors and the disadvantage is that it depends on a high degree of professionalism and experience; qualities which are unfortunately difficult to find in the UK construction industry.

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A full assessment of para-­virtualization is important, because without knowledge about the various overheads, users can not understand whether using virtualization is a good idea or not. In this paper we are very interested in assessing the overheads of running various benchmarks on bare-­‐metal, as well as on para-­‐virtualization. The idea is to see what the overheads of para-­‐ virtualization are, as well as looking at the overheads of turning on monitoring and logging. The knowledge from assessing various benchmarks on these different systems will help a range of users understand the use of virtualization systems. In this paper we assess the overheads of using Xen, VMware, KVM and Citrix, see Table 1. These different virtualization systems are used extensively by cloud-­‐users. We are using various Netlib1 benchmarks, which have been developed by the University of Tennessee at Knoxville (UTK), and Oak Ridge National Laboratory (ORNL). In order to assess these virtualization systems, we run the benchmarks on bare-­‐metal, then on the para-­‐virtualization, and finally we turn on monitoring and logging. The later is important as users are interested in Service Level Agreements (SLAs) used by the Cloud providers, and the use of logging is a means of assessing the services bought and used from commercial providers. In this paper we assess the virtualization systems on three different systems. We use the Thamesblue supercomputer, the Hactar cluster and IBM JS20 blade server (see Table 2), which are all servers available at the University of Reading. A functional virtualization system is multi-­‐layered and is driven by the privileged components. Virtualization systems can host multiple guest operating systems, which run on its own domain, and the system schedules virtual CPUs and memory within each Virtual Machines (VM) to make the best use of the available resources. The guest-­‐operating system schedules each application accordingly. You can deploy virtualization as full virtualization or para-­‐virtualization. Full virtualization provides a total abstraction of the underlying physical system and creates a new virtual system, where the guest operating systems can run. No modifications are needed in the guest OS or application, e.g. the guest OS or application is not aware of the virtualized environment and runs normally. Para-­‐virualization requires user modification of the guest operating systems, which runs on the virtual machines, e.g. these guest operating systems are aware that they are running on a virtual machine, and provide near-­‐native performance. You can deploy both para-­‐virtualization and full virtualization across various virtualized systems. Para-­‐virtualization is an OS-­‐assisted virtualization; where some modifications are made in the guest operating system to enable better performance. In this kind of virtualization, the guest operating system is aware of the fact that it is running on the virtualized hardware and not on the bare hardware. In para-­‐virtualization, the device drivers in the guest operating system coordinate the device drivers of host operating system and reduce the performance overheads. The use of para-­‐virtualization [0] is intended to avoid the bottleneck associated with slow hardware interrupts that exist when full virtualization is employed. It has revealed [0] that para-­‐ virtualization does not impose significant performance overhead in high performance computing, and this in turn this has implications for the use of cloud computing for hosting HPC applications. The “apparent” improvement in virtualization has led us to formulate the hypothesis that certain classes of HPC applications should be able to execute in a cloud environment, with minimal performance degradation. In order to support this hypothesis, first it is necessary to define exactly what is meant by a “class” of application, and secondly it will be necessary to observe application performance, both within a virtual machine and when executing on bare hardware. A further potential complication is associated with the need for Cloud service providers to support Service Level Agreements (SLA), so that system utilisation can be audited.