Planes de medicina prepagada y seguros de salud

El objetivo de esta monografía es plantear la visión legal y jurisprudencial existente en nuestro país sobre los seguros de salud y los planes de medicina prepagada, analizar estas dos instituciones en sus aspectos técnicos y jurídicos, así como los alcances de la intervención estatal que sobre ellas recae.

Mecanismos de protección de los derechos fundamentales

La creación de mecanismos de protección de los Derechos Fundamentales, como son: la Acción de Tutela, la Acción de Cumplimiento y el Habeas Corpus, entre otros, se convierten en elementos saneadores del ordenamiento jurídico, de naturaleza accesoria

Mecanismos judiciales de protección de los derechos humanos

El sueño de todo ser humano, es encontrar un lugar dentro del planeta donde poder vivir en armonía con la naturaleza y en paz con sus semejantes y consigo mismo, encontrar una sociedad sin egoísmos, solidaria, fraterna, amorosa y emprendedora

Modelos de justicia y sistema jurídico Wayuú

Modelo utilizado por los indígenas wayuú, donde existe una institución encargada de resolver los conflictos intraétnicos, que tiene un origen mítico pero goza de tanta credibilidad y confianza, que hace imposible que caiga en desuso

Poder discrecional y conceptos jurídicos indeterminados

El trabajo contiene en su primera parte una descripción de la evolución del concepto de discrecionalidad administrativa, su clasificación y graduación, principalmente los límites que la ley, la doctrina y los principios del derecho imponen

Posibilidad de interponer la acción de cumplimiento frente a normas que contengan gastos

Al desarrollarse la acción de cumplimiento por medio de la ley 393 de 1997, el legislador contempló como excepción las normas que establecieran gastos, con lo cual, convirtió una garantía de carácter constitucional en una acción de excepcional aplica

Manual constitucional para la práctica de IVE. Lineamientos constitucionales para el ejercicio del derecho al aborto en Colombia

Los derechos y obligaciones constitucionales frente a la prestación del servicio de aborto, reconocidos a partir de la sentencia C-355/06 y la jurisprudencia posterior de la Corte Constitucional, tienen plena vigencia. Sin embargo, la suspensión del Decreto Reglamentario 4444 del Ministerio de Protección Social por parte del Consejo de Estado, ha creado una confusión generalizada que puede poner en peligro los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal y a la dignidad humana de las mujeres colombianas. Por esta razón Women´s Link Worldwide decide elaborar esta publicación, que compila de manera sistemática los diferentes lineamientos constitucionales que deben seguirse para la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE)

Protección constitucional del derecho a la educación y responsabilidad estatal por falla en el servicio de la educación

La educación está definida por la Constitución Política como derecho y como servicio público con función social. A su vez, para lograr este cometido se la ha definido como política pública, es decir, de máximo interés para el Estado. No obstante, lo plasmado en norma y programas no corresponde con la realidad. Aún hay actuaciones de la administración que vulneran el derecho a la educación por deficiencias en la prestación del servicio público educativo. De ahí el interés legítimo que tiene la colectividad para exigir de la administración, mediante las acciones populares, que se garantice la prestación del servicio público de la educación en las mejores condiciones posibles. La educación como servicio público es un derecho colectivo, y la comunidad puede exigir que se garantice su prestación adecuadamente, pues en la medida en que haya más personas bien educadas, ello redunda en beneficio de la sociedad y del Estado.

Perspectiva constitucional del procedimiento tributario en Colombia

Lo que se propone con esta investigación es señalar de manera objetiva la infinidad de actuaciones establecidas en el Procedimiento Tributario Nacional, las cuales deben cumplir los contribuyentes. Esa disparidad de normas y actuaciones van en contravía de las instituciones modernas de orden procesal que buscan es simplificar los procedimientos, aspecto que en nuestro entender viola la defensa debida y algunos otros principios también de carácter Constitucional, tales como los de: celeridad, eficacia y economía de la actuación administrativa.

Derecho penal y la obligación de investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario -especial referencia a la sentencia de la corte constitucional colombiana c-579/13-

En el presente trabajo se analiza la obligación de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana referente a la constitucionalidad del Marco Jurídico para la paz. De la aparente remisión que hace la Corte Constitucional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario se concluye que la Corte Constitucional propone como premisa mayor una obligación que surge de una interpretación extensiva de la Convención Interamericana. De la misma forma, se estudia el tratamiento indebido del derecho aplicable a las amnistías e indultos, que se relaciona con la necesidad de evitar cualquier tipo de impunidad, cuyo concepto sirve para esclarecer cuáles son los estándares que se quiere proteger. Por último, se analiza el contexto al que se pretende aplicar dicha obligación, es decir, la justicia transicional, proponiendo un modelo interpretativo de los fines de la pena, y su aplicación por medio de la favorabilidad penal, para la justicia transicional, que sea acorde a la interpretación de la Convención Interamericana.

Eficacia del control fiscal en Colombia a la luz del derecho comparado de su historia y de sus relaciones interinstitucionales

El estudio del papel que desempeñan las Contralorías debe abordarse desde la premisa de su ubicación constitucional, dentro del conjunto de controles al ejercicio del poder político, sistema en el cual se ubica el control fiscal

Origen y evolución del derecho procesal administrativo en Colombia

Mecanismos que tienen los administrados para acudir ante la jurisdicción y hacer valer sus derechos frente a la Administración. Esta se muestra dentro de una estructura organizativa en un plano de desigualdad superior respecto los particulares

Relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno y sus repercusiones en los tratados públicos en Colombia

Aunque algunos autores niegan la existencia formal de un verdadero Derecho Internacional entendido como un conjunto de normas jurídicas obligatorias para los Estados, lo cierto es que el Derecho Internacional se constituye en un mecanismo privilegia

Los límites del control constitucional: un estudio jurisprudencial desde el “nuevo derecho”

Dar respuesta a la pregunta acerca de cuáles deben ser los límites a los que, dentro del marco de un estado social de derecho, está sujeto el ejercicio de la función de control constitucional por parte de la Corte Constitucional.

El juez constitucional: un actor regulador de las políticas públicas. El caso de la descentralización en Colombia

El juez constitucional es motivo de apasionados debates tanto por quienes defienden su actividad en tanto expresión constitucional de la democracia como por quienes lo atacan por poner en peligro la separación tradicional de los poderes públicos. Sin embargo una nueva dimensión de su actividad emerge en medio de la re definición de los conceptos jurídicos y políticos que fundan la noción del Estado. Las políticas Públicas hasta hace muy poco eran competencia exclusiva de la administración sin embargo el juez constitucional ha ido consolid?ndose como un actor capaz de determinar sus contornos desarrollando un concepto amplio de gobernanza que va más allá de la idea de gobierno y de gobernabilidad. Entonces esta investigación está orientada a presentar tanto a juristas politólogos y administradores el proceso mediante el cual el sistema jurídico constitucional regula el sistema de políticas públicas y en este caso la política territorial para buscar demostrar cómo una nueva dimensión del control constitucional se consolida dentro de una nueva idea Estado y de democracia.