728 resultados para COMUNIDADES INDÍGENAS - DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES - COLOMBIA
Resumo:
Tomando como punto de partida mi colaboracin en la recoleccin y la sistematizacin de datos vinculados al relevamiento territorial en distintas comunidades guaranes del noroeste salteo, en apoyo al Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indgenas (Re.Te.CI) y en el marco de la Ley de Emergencia en materia de posesin y propiedad comunitaria indgena (Ley 26.160), el presente artculo describe y analiza distintos momentos de la implementacin del programa. Fundamentalmente, exploro las formas particulares que el mismo asumi en la provincia de Salta focalizndome en el Departamento General San Martn, siendo esta la regin de mayor diversidad tnica de la provincia. Inspirada en la propuesta de Ferguson y Gupta (2002) de pensar al Estado como una experiencia vivida utilizo materiales etnogrficos de tres comunidades indgenas donde se aplic el programa de relevamiento territorial y me centro en una de ellas para pensar las formas que adopta la relacin entre el Estado y los pueblos indgenas.
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Anlisis y descripcin del resultado del control de constitucionalidad realizado sobre la actividad legislativa desarrollada durante el perodo presidencial del Dr. Ernesto Samper Pizano comprendido entre el 7 de agosto de 1994 y el 7 de agosto de 1998, en donde se identifiquen vulneraciones a los derechos fundamentales y al equilibrio de los poderes Estatales.
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Este artculo busca reflexionar sobre las garantas que el contrato social de John Locke ofrece a la libertad. As, apartndose de la corriente de interpretacin dominante, se intenta realizar una aproximacin hermenutica a su obra que de cuenta del campo semntico en el cual se desarrolla. De esta manera, aflorar la propia voz del autor permitiendo dilucidar cul es el contenido y el alcance de la libertad en el contrato social lockeano.
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Servicios registrales
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UANL
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El desplazamiento forzado ha sido una situacin que se ha venido evidenciado en la zona de La Macarena debido no solo al conflicto armado, sino a factores polticos y econmicos, entendindose el primero como la falta de presencia estatal que ha conllevado a que grupos armados al margen de la ley se asienten en la zona y a su vez ha permitido que la econmica ilegal cobre fuerza, esta ltima analizada en la investigacin como un factor econmico generador del desplazamiento. A raz de esta situacin en el ao 2008 se implementa el Plan de Consolidacin Integral de La Macarena (PCIM), con el fin de solventar los problemas de esta parte del pas, sin embargo para esta monografa el factor poltico, el factor econmico y la implementacin del PCIM influyeron en el aumento del desplazamiento forzado en la Macarena-Meta. Periodo 2006-2010.
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El artculo revisa el concepto de partido poltico e intenta responder la pregunta de si existe o hace falta un sistema de partidos en Colombia y de qu tipo. Se parte de que hay una crisis del actual sistema poltico colombiano que tiene como una de sus causas la fragilidad institucional y democrtica de los partidos y lo difuso del sistema de partidos. Tambin se presenta una revisin de las reformas que a partir de 1991 han querido afectar el sistema de partidos y se plantean las posibles razones por las cuales nunca han funcionado estos esfuerzos por mejorar el sistema poltico.-----This article goes through the concept of political party and intends to answer the question whether it exists or is necessary a system of political parties in Colombia and what type. It begins with the actual crisis of the Colombian political system, and one of its causes is the institutional fragility and the democracy of the parties, and the diffuse of the political parties system. There is an inspection of the reforms that from 1991 have wanted to affect the political parties system, considering the possible reasons of why the efforts to establish a better political have never worked.
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En el presente trabajo se analiza la obligacin de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a la luz de la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana referente a la constitucionalidad del Marco Jurdico para la paz. De la aparente remisin que hace la Corte Constitucional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de investigar graves violaciones de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario se concluye que la Corte Constitucional propone como premisa mayor una obligacin que surge de una interpretacin extensiva de la Convencin Interamericana. De la misma forma, se estudia el tratamiento indebido del derecho aplicable a las amnistas e indultos, que se relaciona con la necesidad de evitar cualquier tipo de impunidad, cuyo concepto sirve para esclarecer cules son los estndares que se quiere proteger. Por ltimo, se analiza el contexto al que se pretende aplicar dicha obligacin, es decir, la justicia transicional, proponiendo un modelo interpretativo de los fines de la pena, y su aplicacin por medio de la favorabilidad penal, para la justicia transicional, que sea acorde a la interpretacin de la Convencin Interamericana.
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El inters de este estudio de caso es analizar el papel de la cooperacin internacional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) en la implementacin del Plan Nacional de Educacin en Derechos Humanos (PLANEDH) como poltica pblica en Colombia. El anlisis conducir a la importancia del apoyo de la OACNUDH en el proceso de consolidacin del PLANEDH como poltica pblica y como estrategia para garantizar la promocin, proteccin y ejecucin de los derechos humanos. Para el caso, se tomar la perspectiva terica del neoliberalismo institucional de Robert Keohane, por medio de la cual se pretende explicar la influencia de las instituciones internacionales en las acciones de los Estados.
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El conflicto armado1 colombiano, se ha caracterizado por su duracin y por ser uno de los pocos conflictos que se ha manejado internamente por ms de cuarenta aos. Desafortunadamente, el fortalecimiento desmedido de los grupos terroristas en los ltimos aos financiados, por dineros provenientes del secuestro, la extorsin y el narcotrfico, entre otros y las constantes violaciones a los DDHH e infracciones al DIH que se manifiestan en ataques indiscriminados a poblaciones; infraestructura vial, energtica y elctrica; amenazas de muerte, toma de secuestrados, desplazamientos forzados y desapariciones; entre otros mtodos de terrorismo indiscriminado, han hecho que la Fuerza Pblica colombiana2, en pro de la seguridad y el bienestar de sus habitantes, deba reaccionar a las agresiones del terrorismo, tal como hace mencin el captulo primero.
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El arbitraje en Francia y en Colombia parte de una misma lgica: la autonoma de la voluntad y la libre disposicin de los derechos como criterios indispensables para la arbitrariedad de los litigios. A pesar de esto, la prohibicin del arbitraje a las personas de derecho pblico francs es el resultado de una especificidad tpicamente francesa: la separacin de los rdenes de jurisdiccin. En Francia no existen sino dos jurisdicciones, la judicial (Jurisdiccin ordinaria) y la administrativa. La autonoma de esta ltima fue el fruto de una lenta evolucin ganada gracias al trabajo del Consejo de Estado francs. En consecuencia, la prohibicin orgnica del arbitraje fue arduamente defendida por ste en mltiples ocasiones. Sin embargo, en la actualidad, su posicin ha dado un importante giro que se manifiesta claramente en el informe que se traduce en el presente texto.
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Resumen del documento en cataln. Las otras dos unidades tienen la signatura topogrfica: 342.7 Gon
