868 resultados para Administración municipal Alava-Araba s.XIX


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Hasta Junio de 2014 la Administración Municipal de Itagüí contaba con una oficina de Recepción de Quejas y Reclamos encargada del relacionamiento entre los ciudadanos y las oficinas de gobierno a través de sus solicitudes. La incertidumbre acerca de la oportunidad en las respuestas y la falta del control fueron comunes en esta situación. El Servicio de Atención al Ciudadano en la Alcaldía de Itagüí, carece de estructura, fundamentos y funcionalidad tal como lo establece la Ley 1437 de 2011, CONPES 3649 de 2010, CONPES 3785 del 2013, Decreto 2573 de 2014 y el Manual 3.1 Gobierno en Línea; según el informe de Auditoría de ICONTEC para la Certificación en Calidad NTCGP:2009 del Municipio de Itagüí, en el año 2014 se evidenció la falta de institucionalidad para el tema de Atención al Ciudadano ya que se encuentra limitada por la estructura, personal y sistemas de recepción, seguimiento y monitoreo de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias-PQRDS, que ingresan a la Administración Municipal. La administración municipal se plantea un reto frente a las limitaciones en el cual se buscan estrategias que tienen como premisa principal ¿Cómo hacer posible que la Estrategia de Atención al Ciudadano del Municipio de Itagüí sea suficiente para lograr la satisfacción de los usuarios internos y externos desde el punto inicial de contacto hasta la resolución de la necesidad? Teniendo en cuenta el concepto de Gobierno al Ciudadano el trabajo pretende articular la Política Pública, los cambios institucionales (Procesos, Procedimientos, Formatos, Estrategias), la formulación del protocolo de la Atención al Ciudadano y los aspectos técnicos necesarios para garantizar la satisfacción de los usuarios; para lograr este cometido la Alcaldía de Itagüí encaminará sus acciones a implementar un modelo de gestión para el servicio a través del uso permanente de la Tecnología de la Información y la Comunicación-TIC y la capacitación del recurso humano enmarcado de los principios de calidez, amabilidad y eficiencia del servicio, teniendo como prioridad, el mejoramiento y fortalecimiento de los canales de Atención al Ciudadano con base en la normatividad TIC y en las buenas prácticas existentes en otras entidades a nivel nacional e internacional que permitan hacer del Protocolo de Atención al Ciudadano la carta de navegación para una administración incluyente, participativa y cercana al ciudadano que presta mejores servicios tal como lo establece la Estrategia de Gobierno en Línea (Decreto 2573 de 2014).

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Los profesionales del Derecho, Gonzalo Alonso Cardona Álzate y Claudia María Echevarría Martínez, han preparado este texto con el propósito de facilitar a las autoridades respectivas y a la comunidad en general una guía que responda las inquietudes relacionadas con el tema del catastro. Se trata de una obra deliberadamente pensada, documentada y elaborada por sus autores, en donde incluye todo lo correspondiente a la formación, actualización de la formación y conservación del catastro. El propósito fundamental de la obra, como los mismos autores lo afirman, es crear un espacio de cultura tributaria que haga más fácil y comprensible la materia catastral, toda vez que su producto, es decir, el impuesto predial como resultado de un catastro organizado, constituye uno de los ingresos más importantes con los que cuenta una administración municipal.

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Este capítulo pretende explorar al estado como una variable explicativa de la transformación que ha vivido la ciudad en la última década. [...] Así las cosas, el presente texto pretende explorar, para el caso de Medellín, tres grandes temas alrededor del estado. Primero, estudia la manera como se han venido trans formando las capacidades ins titucionales del estado local a través del desarrollo de programas e instrumentos concretos en manos de burocracias públicas y de actores sociales que trabajan conjuntamente con el estado. Particularmente, el capítulo mostrará no sólo cómo la capacidad de gasto de la Alcaldía se ha incrementado diez veces desde 1990, y tres veces desde 2000, sino cómo esto ha permitido avanzar hacia una escala de intervenciones y de instrumentos de intervención completamente diferentes a la de las previas décadas. Segundo, el capítulo examina si aquellas capacidades que son claramente distinguibles como parte de la administración municipal han ido ganando mayor importancia dentro del contexto institucional. Esto implica explorar la centralidad que ocupa este ensamble institucional dentro de un conjunto más amplio de estructuras reguladoras que pueden incluir las fuerzas de la informalidad, de los actores sociales autoorganizados y del mercado. Esto mostrará que entre 1990 y 1998 las capacidades de intervención no se construyeron en las burocracias de la Alcaldía, sino en agencias externas o en actores sociales. De esta manera el periodo examinado en este capítulo (1999-2009) muestra un rompimiento con la tendencia previa, en la medida en que la oficina del alcalde y el plan de desarrollo adquieren una mayor centralidad. Tercero, se entiende que los poderes y capacidades que la Alcaldía ha ido desarrollando no son atributos completamente aislados de la sociedad y otras formas de estado (instituciones de la nación, del departamento, etc.). En este sentido, estas burocracias y capacidades de la Alcaldía no pueden ejercer el poder independientemente de las fuerzas sociales que defi nen, organizan, negocian, ejecutan, y gestionan estos ins trumentos, proponiendo con esto que el proceso que le otorga mayor centralidad a la Alcaldía pasa por dos importantes momentos, que ayudan a situar en perspectiva histórica el proceso de construcción de estatalidad en Medellín e ilustran la importancia de esta variable en la transformación de la ciudad.

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Este libro surge del encuentro imprevisto de varias trayectorias investigativas, un encuentro que demuestra la importancia estructural y estratégica que tienen las economías criminales en Antioquia. Después de más de una década de trabajo sobre la violencia urbana y los problemas humanitarios en el departamento, la socióloga e historiadora Ana María Jaramillo encontró la ocasión para preguntarse por el estado de los estudios regionales sobre narcotráfico. La respuesta señala el desplazamiento que ocurrió en las preocupaciones de los investigadores antioqueños –académicos o no– hacia el conflicto armado y sus secuelas en materias humanitaria y de seguridad. Gustavo Duncan transformó su conocimiento y dedicación al estudio de los fenómenos de autodefensas y paramilitares en un intento por comprender las relaciones entre tráfico de drogas, crimen y poder tanto social como político. En mi caso, la pérdida de centralidad del conflicto armado de carácter político y la inquietud por las fuerzas que alimentan la inseguridad en la región ha orientado las pesquisas hacia la economía criminal. Y en este punto confluye el conocimiento de varios colegas de la Universidad EAFIT, en especial del profesor Alberto Naranjo. Superados o en vías de superación los fenómenos épicos del Cartel de Medellín, las milicias populares, las Auc y las aventuras urbanas de las Farc y el Eln –que han dado para películas, novelas, documentales, afectos y odios, aquí y afuera– queda la más opaca y no menos cruda presencia del narcotráfico como eje articulador de otras economías criminales e informales, y como expresión de una cultura permisiva, incómoda con la legalidad y atraída por el enriquecimiento y el ascenso social rápidos. Este es el punto de encuentro de la búsqueda de los investigadores reunidos en este volumen. La Fundación Proantioquia cumplió con la necesaria función de facilitar este encuentro. Varias conversaciones con su Presidente Juan Sebastián Betancur alrededor de la pregunta por las condicionales regionales que propician la criminalidad en Antioquia fueron conduciendo al interés por las condiciones en que funciona la justicia, la debilidad de las instituciones locales y el poder económico ilegal, entre otros factores. El resultado práctico fue el apoyo financiero de Proantioquia a un proyecto de investigación que involucró a investigadores de varios departamentos de la Universidad EAFIT, coordinados desde el Centro de Análisis Político de la misma. Fruto de este apoyo son los artículos de Duncan y Giraldo y Naranjo. El trabajo de Ana María Jaramillo proviene de otro proyecto diferente, como se indica en el respectivo lugar. Finalmente, la impresión como libro de los resultados de estos trabajos de investigación se debe también al interés y apoyo de la administración municipal. El Alcalde Alonso Salazar Jaramillo y el Director de la Empresa de Seguridad Urbana de Medellín Jesús María Ramírez respaldaron esta iniciativa.

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Parte frontal de la Escuela Francisco Julian Olaya. Trujillo. C. 1990

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Panorámica de la entrada principal al cementerio. Trujillo. C. 1990 En los cementerios se encuentran muchos aspectos de la cultura y costumbres de los pueblos y son espacios de respeto y rememoración para las gentes de la localidad.

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Antiguas instalaciones del Hospital Santa Cruz. Trujillo. C. 1980

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Antiguo puente sobre el río Cauca en la vía Tulua -Trujillo. C. 1940 Con la modernización de las carreteras intermunicipales en las décadas de los 80's - 90's en el Valle, estos puentes cayeron en desuso y se les conservó como hitos de la ingeniería y como muestra de las primeras obras modernizadoras.

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Calle del Comercio en día de mercado. Trujillo. C. 1990. Regularmente en nuestra poblaciones las calles y espacios céntricos mantienen la tradición de ser destinadas a las actividades comerciales, así como la concentración de los edificios de las instituciones públicas y privadas.

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Es un texto elaborado en forma de preguntas con sus respectivas respuestas que contiene tres grandes títulos y que se extracta de la siguiente manera: el primer título da cuenta de la estructura del Impuesto de industria y comercio, con su evolución normativa y jurisprudencial en temas trascendentes como: la actividad industrial, hospitales, clínicas, arrendamiento de bienes in muebles, régimen de propiedad horizontal, actividad inversionista entre otras; así mismo, en el título segundo se habla del impuesto de avisos y tableros, donde se extracta su normatividad y su jurisprudencia y finalmente de manera didáctica se refiere en el tercer capítulo a las minutas más sobresalientes que buscan que el usuario y demás entidades contribuyentes conozcan de manera directa y práctica las actuaciones de la administración municipal.

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Cuando se habla de los factores que producen las disparidades territoriales en Colombia, los diferenciales de capacidad institucional que tiene el Estado colombiano para hacer efectivos los derechos políticos, económicos y sociales de sus ciudadanos, cobran un valor esencial a la hora de explicar las pronunciadas brechas que se generan en las regiones del país. Es por esto que la hipótesis central de nuestro trabajo se centra en que la descentralización como modelo de gestión de los asuntos públicos presenta serios problemas de eficiencia y eficacia debido a la escasa capacidad institucional con la que cuentan las organizaciones públicas y gubernamentales en las periferias colombianas, lo que produce que las políticas de inclusión, bienestar y promoción del desarrollo no logren su implementación y adecuada aplicación en los departamentos más pobres del país. La baja capacidad institucional se explica porque las reformas se encargaron de entregar a los departamentos y municipios competencia y recursos para ejercer una amplia gama de funciones, pero no se ocuparon de dotarlas de recursos organizacionales, institucionales, de recursos humanos y de gestión, que permitieran el uso efectivo y eficiente de los recursos fiscales, ni la capacidad de respuesta de las administraciones públicas territoriales frente a las demandas de los habitantes de los municipios y departamentos.

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Este artículo resume la experiencia de capacitación en descentralización y desarrollo local en Centroamérica.  Se presentan el número de eventos, participantes, días de capacitación y los documentos y estudios realizados por el Programa de Desarrollo Local del INCAE.  La descentralización se concluye en Centroamérica tiene dos obstáculos:  a) la falta de voluntad política, y b) la falta de capacidad gerencial, política y técnica de los gobiernos locales y comunidades.   Las prioridades de capacitación entonces debe enfocarse hacia: diálogos sobre descentralización y desarrollo local;  participación comunitaria; participación sobre desarrollo municipal; administración financiera municipal; la planificación y presupuestación anual y la administración municipal.