1000 resultados para VEJEZ - ASPECTOS SOCIALES


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La Ley 100 de 1993 crea el Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia, y con ella surgen una serie de disposiciones que cambian el Sistema de Salud imperante en el momento. Dentro de esas reformas que trajo la ley al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se presenta un cambio importante, como fue el del modelo de financiamiento de las instituciones de salud del Estado. Los recursos que estas recibían en su momento obedecían al modelo del subsidio a la oferta, situación que modifica la nueva norma y obliga a las instituciones a ser entidades autosostenibles financieramente, a través del modelo del subsidio a la demanda. Este, entonces, es el punto de partida para que las Empresas Sociales del Estado (ESE), hospitales de segundo nivel de complejidad, comiencen a analizar su sector bajo una perspectiva de empresa, en la que cada hospital es responsable de la adquisición, distribución y administración de sus recursos. La Ley 100 de 1993 ha tenido varias reformas: la primera fue con la Ley 1122 de 2007, con la que se pretendía realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. Con este fin, se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, racionalización y mejoramiento en la prestación de servicios de salud; fortalecimiento en los programas de salud pública y de las funciones de inspección, vigilancia y control, y la organización y funcionamiento de redes para la prestación de servicios de salud[. La segunda reforma fue con la Ley 1438 de 2011, cuyo objeto fue el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del servicio público en salud que, en el marco de la estrategia “Atención Primaria en Salud”, permitiera la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, incluyente y equitativo, que brindara servicios de mayor calidad, y para el cual el centro y objetivo de todos los esfuerzos fueran los residentes en el país. Además en esta reforma, se incluyeron disposiciones para establecer la unificación del Plan de Beneficios, la universalidad del aseguramiento y la garantía de portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país, en un marco de sostenibilidad financiera. Es esta sostenibilidad financiera, invocada por primera vez en la Ley 100 de 1993 y ratificada en sus dos reformas, la que lleva a las ESE a preocuparse cada día más por el desenvolvimiento del sector, por saber con certeza cuales son los espacios en los cuales pueden innovar y tener ventaja competitiva, y lo mas importante, como pueden superar en calidad y prestación de servicios a sus competidores. Es este entonces el punto central de este trabajo: dar a conocer el verdadero estado del sector Salud en los hospitales de segundo nivel de atención y su futuro competitivo. Para continuar con el análisis del sector Salud, es necesario definir escenarios y términos: los hospitales de segundo nivel de atención son el objeto de análisis, y se definen como instituciones donde se realiza consulta médica, hospitalización y atención de urgencias de especialidades básicas (Ginecobstetricia, Pediatría, Medicina Interna y Cirugía); atención de partos y cesáreas de mediana complejidad, laboratorio e imaginología de mediana complejidad, atención odontológica general y especializada, consultas de nutrición, psicología, optometría y terapias de apoyo para rehabilitación funcional. Para hacer este análisis, se empleó la metodología denominada “análisis estructural de sectores estratégicos”, que contiene las pruebas hacinamiento, 7 Perdurabilidad empresarial: caso sector empresas sociales del Estado (ESES), hospitales de nivel II de complejidad panorama competitivo, fuerzas del mercado y estudio de competidores. El sector estratégico seleccionado son instituciones prestadoras de servicios de salud de nivel II de complejidad, ubicadas en el Valle de Aburrá y municipios cercanos a la ciudad de Medellín, durante el periodo comprendido entre los años 2006 y 2011. Las instituciones seleccionadas son las siguientes: Hospital San Vicente de Paul de Caldas, Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, Hospital San Rafael de Itagüí y Hospital Marco Fidel Suarez de Bello. Dichas instituciones se caracterizan por atender a la población correspondiente a los regímenes contributivo y subsidiado, primordialmente. Los servicios de salud que garantizan corresponden a servicios de tipo hospitalario y ambulatorios. Este documento fue realizado de forma conjunta por estudiantes de la asignatura Estudios Estructurales del Sector Estratégico, impartida en la Maestría en Administración en Salud del convenio Universidad del Rosario- Universidad CES de Medellín, y el profesor Hugo Alberto Rivera; pretende hacer un aporte a la línea de investigación y relacionar las características de la definición del concepto perdurabilidad, propuestas por la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario y lo observado en las empresas.

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Bogotá D.C. es una ciudad de más de siete millones de habitantes en su mayoría de estrato medio, dividida políticamente por veinte localidades. Aquí se generan la mayoría de oportunidades de desarrollo y día a día llega la población fluctuante de otras ciudades de Colombia en busca de un mejor futuro. Las necesidades de la población en una metrópolis como ésta no se hacen esperar y la salud entendida, como un buen estado físico y mental, además de ser una necesidad humana primordial se ha convertido en uno de los temas más agobiantes para los ciudadanos y los creadores de políticas públicas en el Distrito Capital. Alcanzar un adecuado estado de salud no es solo cuestión de asegurar y dar cobertura de servicio, también se requiere que las diferentes políticas públicas que existen estén articuladas para llegar al deseado estado de salud. Estas políticas públicas son los mismos determinantes sociales de salud, por los cuales la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha impartido la instrucción de incrementar esfuerzos con el fin de mejorar el estado de salud de la población mundial. En esta investigación se realiza un análisis del Índice de Condiciones de Vida, calculado por el DANE, en la Encuesta Calidad de Vida para Bogotá en 2003, 2007 y Encuesta Multipropósito 2011, estudiando el primer factor que hace parte de dicho índice, el Acceso y Calidad de los Servicios, el cual se compone por cuatro aspectos: i) Abastecimiento y calidad del agua, ii) Eliminación de excretas; iii) Recolección de basuras y iv) Combustible para cocinar. La revisión teórica que aborda a los determinantes sociales de la salud evidencia que estos cuatro componentes son fundamentales para garantizar el estado de salud de los bogotanos y hacen parte de los objetivos del milenio. Adicionalmente se realizan regresiones lineales para determinar el peso que ha tenido el factor acceso y calidad de los servicios, en el estado de salud de los bogotanos, definiendo el Índice de Condiciones de Vida como variable proxy al estado de salud, para cada uno de los años de estudio. Por último se presentan algunos datos de los resultados de las políticas públicas relacionadas con el acceso y calidad de los servicios de los gobiernos de la ciudad correspondientes a los años de estudio.

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El presente escrito, constituye una aproximación a los procesos de privatización del agua en América Latina. Lo anterior, en el marco de la acción colectiva, específicamente de los movimientos sociales y su interacción estratégica con oponentes como las compañías multinacionales, las organizaciones financieras internacionales y el Estado. Tomando como referencia las luchas ocurridas en Bolivia, Uruguay y México, con especial énfasis en La Guerra del Agua en Cochabamba (Bolivia).

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Establecer los elementos que intervienen en el proceso de tránsito de los deficientes mentales ligeros entre el mundo escolar y el laboral, en el caso concreto de Mallorca, prestando especial atención a la dimensión educativa de este proceso. Estudio de las características y posibilidades laborales de los sujetos estudiados como una aproximación a los factores que pueden condicionar su integración laboral, como son la familia o las posibilidades del mercado de trabajo. Para el grupo de observación: 30 alumnos del centro de aprendizaje de tareas (CAT) de Son Ferriol que no superan el 65 por ciento de minusvalía. Para el grupo control: 30 sujetos de las mismas edades y condición social, escolarizados en Formación Profesional o BUP. Para el estudio de casos: 4 alumnos de CAT. Los datos se recogen en el curso 1992-93. Tras analizar la evolución de las concepciones sobre las capacidades laborales de los deficientes mentales y diferenciar los términos: deficiencia, discapacidad y minusvalía, se describen las distintas etapas y modelos aplicados a la integración laboral de las personas afectadas de deficiencia mental para superar así su minusvalía laboral. Por otra parte, se analizan los apoyos institucionales contemplando tanto los servicios de calificación, formación y colocación como los incentivos. A continuación se pasa revista a los diferentes servicios, programas e instrumentos que trabajan para la integración laboral de los deficientes mentales, en Mallorca. Finalmente, se observan las aptitudes y capacidades laborales de un grupo de sujetos con deficiencia mental ligera o media alta, en el momento del tránsito entre la escuela y el mundo del trabajo para, poder establecer los factores individuales y sociales que determinan sus posibilidades de acceso al mundo laboral. Metodología cuantitativa y cualitativa. Se ha combinado la descripción general de los distintos factores que influyen en el problema con el estudio de casos individuales. Los instrumentos han sido diversos: revisión documental de los expedientes académicos e informes escolares. Entrevistas a padres o tutores y a los encargados o empresarios que han tratado a los sujetos durante sus prácticas formativas. Observación directa, realizada por los profesores y un observador no implicado, de las características de los sujetos en la actividad habitual del centro: buscar información en el periódico, cumplimentar un formulario impreso, devolver cabio de 1000 ptas., preparar café, etc. y cuestionario rellenado por los alumnos al inicio de la semana para analizar las actividades realizadas por éstos fuera del centro, durante los fines de semana: elección de actividades de ocio, participación en actividades familiares, manejo de dinero, utilización de medios de transporte y realización de tareas domésticas; ambos instrumentos se utilizan para evaluar las habilidades sociales, laborales y de vida diaria. Batería de orientación socio-profesional para deficientes mentales adultos, KLT, de Kettler, Laurent y Thireau. Se compone de una serie de pruebas que forman dos bloques: el bloque de tests discriminativos (tachado, cubos de Kohs, test de frases y una prueba de información) y el bloque de tests manipulativos (test de Knox, reproducción de modelo con cubos, construcción de cubos con modelos -espacial- y pruebas del cuadrado-triángulo -ensamblaje-). Análisis de contenido. Anotaciones ocasionales o evaluaciones sistemáticas de las conductas en la observación. Distribución de las puntuaciones de las pruebas de evaluación y psicométricas en tres zonas de debilidad: media, ligera y profunda. Nuestro entorno laboral acepta la necesidad de que las personas minusválidas se integren socialmente y puedan acceder a un puesto de trabajo en las condiciones más normalizadas posibles. La restricción de puestos de trabajo observada en la última década en la mayoría de países afecta especialmente a los colectivos con menores capacidades laborales, entre ellos, los deficientes mentales. A pesar de la capacidad demostrada por éstos, especialmente por los ligeros, para ocuparse de las tareas laborales es preciso prestar una atención educativa especializada y constante. No tiene por qué existir relación directa entre deficiencia, discapacidad y minusvalía. A veces la deficiencia puede ser superada con apoyos educativos o tecnológicos sin dar lugar a minusvalía. La demanda de esta formación ha motivado el desarrollo de diversos modelos de actuación y programas de intervención para incidir en algunas o en todas las etapas que intervienen en el proceso de integración, de forma individualizada. Los programas integrales de inserción socio-laboral coordinan todos los ámbitos que intervienen en el proceso, se desarrollan mediante el modelo de gestión de casos y son los más adecuados. Su desarrollo se encuentra aún en una fase muy incipiente, estan por definir tanto el tipo de servicio como el tipo de profesional. El sistema de diagnóstico y clasificación establecido en España, junto con la normativa sobre pensiones no protege suficientemente a los deficientes mentales ligeros y medios; en la mayoría de casos su calificación de minusvalía no supera el mínimo fijado en la legislación para tener derecho a las prestaciones; los programas de integración laboral están poco desarrollados; la reserva de plazas e incentivos a la contratación se muestran poco eficaces. En Mallorca, los servicios de transición al mundo laboral apenas comienzan a desarrollarse, no existe ningún plan global de coordinación.

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Evaluar la eficacia de un programa de entrenamiento en habilidades sociales diseñado y dirigido a alumnos y alumnas de tercer curso de enfermería de la Universitat de les Illes Balears y a profesionales de enfermería del área de primaria y especializada de Mallorca. Diseño cuasi-experimental de grupo control no equivalente con medidas pre y post. La muestra total es de 377 sujetos: 314 alumnos y alumnas y 63 profesionales. La edad media es de 25,99 años. El ámbito de aplicación es académico, en concreto universitario y específicamente el alumnado de enfermería, y los profesionales de los servicios de atención primaria y especializada de Mallorca. La variable dependiente son las competencias sociales y/o habilidades sociales. La variable independiente es el programa dirigido al alumnado y el programa dirigido a profesionales. También se analizan variables académicas (estudios, procedencia al ingreso a los estudios, experiencia previa en el área sanitaria), sociodemográficas (edad, género, estado civil), y profesionales (categoría profesional, lugar de trabajo, unidad, experiencia profesional en la categoría profesional y unidad, tipo de contrato). Se realiza un pilotaje del programa y se aplican los programas a los grupos de intervención o experimentales. Se comprueba el efecto del programa sobre las habilidades sociales. Los instrumentos de evaluación son cuestionarios que recogen variables sociodemográficas, académicas y profesionales, y la escala de habilidades sociales elaborada por Gimeno (2000) que está compuesta por 33 ítems que miden la conducta socialmente habilidosa a través de diferentes factores: autoexpresión de situaciones sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, expresión de enfado y disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones, iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. Se incluye una puntuación global. Los resultados obtenidos indican que sólo los sujetos sometidos a condiciones de entrenamiento, es decir el alumnado, mejoraron su ejecución, incrementando sus habilidades sociales. El programa para profesionales ha sido efectivo y adecuado en los profesionales con intervención para el factor relativo a la autoexpresión en situaciones sociales, y para la puntuación global. Se concluye que el programa de entrenamiento en habilidades sociales ha sido efectivo de manera significativa para el colectivo alumnado con intervención. A pesar de las limitaciones que representa este formato seminario parece idóneo poder incorporarlo en el currículum académico. El programa para profesionales parece una herramienta útil y prometedora para mejorar el nivel general de las habilidades sociales y algunos aspectos específicos.

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Durante los siglos XVII y XVIII se presentaron varias querellas ante el Tribunal de Justicia Criminal del Nuevo Reino de Granada, en las que se denunciaba que había personas que ejercían los oficios médicos sin tener títulos que los acreditaran como facultativos en las artes curativas. Por ese entonces, se creía que quienes utilizaban yerbas y conjuros como métodos terapéuticos, por lo general mujeres, debían ser juzgadas como yerbateras-envenenadoras, porque no pretendían curar sino matar a quien consumiera sus preparados. El texto establece que los procesos criminales por envenenamiento constituyen un prisma en el que convergen diferentes problemáticas del periodo colonial neogranadino, relacionadas con la salud, los oficios médicos, las enfermedades, las creencias mágico-religiosas, el ideal de mujer en la época, la delincuencia, y las dinámicas de las instituciones españolas, entre otras. De esta manera, se estudió cómo fue la relación entre los aspectos jurídicos, las leyes criminales (dictadas por la Corona) y las conductas “desviadas” (relacionadas con el crimen por envenenamiento) de los habitantes del Nuevo Reino de Granada, entre los siglos XVII y XVIII. Para ello se revistaron desde diferentes perspectivas, varios temas del mundo colonial neogranadino, relacionados con los rumores, la comidilla, los chismes y la importancia de la comunicación hablada en el virreinato; el problema de la honra, como una de las virtudes más sobresalientes de la época y las creencias de la cultura popular con relación al envenenamiento y los diferentes métodos curativos.

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Esta monografía pretende revisar la incidencia de las redes sociales, tanto tradicionales como virtuales, en el proceso de construcción del movimiento "la Ola Verde" en las elecciones presidenciales de 2010. Este movimiento se constituyó en un fenómeno político y social efímero que en pocos meses logró competir contra maquinarias políticas ya consolidadas pero que no logró la victoria electoral anhelada. Este trabajo de grado está estructurado en tres secciones las cuales nacieron a partir de una caracterización de tres etapas que atravesó la Ola Verde, estos son: la génesis, el crecimiento y el declive del movimiento. De igual manera, la presente monografía analiza el rol de las emociones en las redes sociales tradicionales y en las redes sociales virtuales (Facebook y Twitter).

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En nuestro país existen múltiples entidades y materias que no aplican la Ley 80 de 1993. Así, el desarrollo de su actividad contractual escapa al ámbito normativo que establece el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, configurándose de esta manera los denominados regímenes excepcionales. Sin embargo, teniendo en cuenta que son entidades que administran recursos públicos y en virtud del deber de observancia de los principios que orientan la función administrativa establecido por el ordenamiento jurídico, el Derecho Público que pareciere inicialmente no exigible a estos regímenes termina siendo aplicado, llegando a convivir e interactuar entonces con el Derecho Privado preponderantemente aplicable en este tipo de entidades. Dentro de estas, precisamente, se encuentran las denominadas Empresas Sociales del Estado - ESES -, las cuales por disposición expresa del legislador en materia contractual se rigen por el Derecho Privado, pero otorgándoles además la facultad de utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto Contractual. Este escenario particularmente confuso, donde impera la incertidumbre sobre el alcance de la aplicación del Derecho Público y/o del Derecho Privado, constituye el problema jurídico que se aborda en el presente trabajo, el cual se desarrolla a partir del estudio del régimen contractual de las ESES, señalando sus rasgos más importantes y brindando una serie de criterios para la determinación de aspectos puntuales como: la aplicación de los principios, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable, la utilización de las cláusulas y potestades exorbitantes, las modalidades de selección del contratista, entre otros.