991 resultados para DIR-MCFC


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Debido a las limitaciones que son de público conocimiento, el sistema estadístico oficial no permite disponer de una medición precisa de la pobreza. El último dato confiable producido por el INDEC corresponde al segundo semestre de 2006, cuando arrojó un valor del 27% de la población urbana. A partir de 2007, las estadísticas oficiales muestran que la pobreza bajó y se ubicaría por debajo del 18%. Estimaciones más objetivas, que aquí desarrollamos, la ubican alrededor del 30%. Pero más allá de la metodología de estimación, en este número de Empleo y Desarrollo social se plantea que si el gasto asistencial efectivamente llegara a las familias más humildes no debería haber ningún hogar con ingresos inferiores a la línea de pobreza

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La mitad de los adolescentes no termina la secundaria a tiempo y la calidad de la educación recibida es mediocre. Consistente con ello, un 55% de los jóvenes menores de 24 años sufre severos problemas de empleo. Con la finalidad de atacar este problema el Progresar contempla subsidiar a los jóvenes entre 18 y 24 años pertenecientes a los hogares más pobres para que continúen sus estudios. Tal como está diseñado, más que solucionar los problemas existentes, el programa tenderá a promover el asistencialismo. Para combatir la discriminación laboral que sufren los jóvenes es mucho más efectivo mejorar la calidad y la pertinencia de la educación y eliminar trabas que desalientan la contratación de jóvenes. En este número de Empleo y Desarrollo Social se presentan propuestas de políticas públicas en esta dirección.

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La indemnización por despido, el seguro de desempleo y las políticas activas de empleo forman parte de los instrumentos con que se cuenta para proteger a los trabajadores ante el riesgo de pérdida del empleo. Mientras que los países más avanzados tienden a articular armónicamente estos tres instrumentos, en la Argentina, por el contrario, es clara la prioridad y el énfasis que se le asigna a la indemnización por despido. En este número de Empleo y Desarrollo Social se discute la necesidad de contar con un mejor diseño y articulación de los instrumentos disponibles, algo que permitiría mejorar sensiblemente tanto la protección efectiva de los trabajadores, como la capacidad de adaptación de las empresas a los entornos comerciales y tecnológicos cada vez más volátiles en los que éstas deben operar

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El ciclo de prosperidad económica mundial ha llegado a su fin, lo que ha instalado una gran preocupación por la situación económica y social de nuestro país. Si bien en este escenario no debe subestimarse la relevancia que tiene para Argentina la caída en los precios internacionales o en los niveles de actividad de nuestros socios comerciales, el origen de los problemas tiene un importante componente local que es anterior a la crisis. En este número de Empleo y Desarrollo Social se discute uno de los temas excluyentes de la agenda: la inconsistencia entre el fuerte crecimiento de los costos laborales y la competitividad basada exclusivamente en un modelo de tipo de cambio alto. Para poder aumentar los salarios sin perder competitividad es imprescindible aplicar políticas que induzcan un salto cualitativo en la productividad de la economía

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Desde el primer número de Empleo y Desarrollo Social (junio 2006) hemos estado señalando con particular énfasis que la masividad del empleo informal es el principal obstáculo que impide al país convertir el crecimiento económico en progreso social. Pero también hemos alertado que algunas de las políticas públicas que apuntan a mejorar la situación de los trabajadores del sector formal no resultan eficaces a la hora de promover el progreso de los que trabajan en la informalidad y muchas veces pueden tener un impacto regresivo sobre la distribución del ingreso. A partir de estas evidencias, en este informe se examina la evolución del ingreso de los hogares pobres y la vinculación entre el empleo informal y la distribución del ingreso

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Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares que el INDEC ha vuelto a publicar recientemente revelan que en la Argentina hay 4,4 millones de personas con empleos informales de mala calidad y 1 millón de desempleados. Esta evidencia demuestra que a pesar del crecimiento económico y de las medidas implementadas en los últimos años, los problemas laborales continúan sin resolverse. La devaluación del año 2002 indujo una importante generación de empleos sustentada en la erosión del salario real, pero este modelo se ha agotado. Ahora es necesario implementar una fuerte modernización de las instituciones laborales, con énfasis en un régimen especial para las microempresas que concentran un alto porcentaje del empleo privado no registrado y operan con una lógica de “trabajo – trabajo”

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Al desagregar territorialmente los indicadores socioeconómicos disponibles aparecen enormes diferencias entre los niveles de ingresos, pobreza e informalidad de las distintas localidades del interior del país. Este hecho nos alerta sobre la urgencia de incorporar una dimensión regional en el diseño de las políticas públicas y poner especial énfasis en el desarrollo de algunas de estas regiones. Con este objetivo en mente, en este número de Empleo y Desarrollo Social se discute la necesidad por una estrategia de descentralización que induzca una mejora continua de la gestión mediante un esquema de incentivos y los mecanismos de control apropiados

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Desde el año 2003 el país viene experimentado un sostenido crecimiento económico, lo que se ha visto reflejado en un aumento del empleo y una notable disminución de la pobreza. No obstante, diferentes analistas consideran que por estos días el proceso de recuperación de la pobreza se habría detenido o inclusive revertido, como resultado de los generalizados aumentos en los precios. Los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) están fuertemente cuestionados, por lo que no es posible obtener un diagnóstico de la situación en base a esta información. En este número de Empleo y Desarrollo Social presentamos una estimación alternativa sobre la incidencia actual de la pobreza y examinamos la estrecha relación que existe entre pobreza, inflación e informalidad

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La Asignación Universal por Hijo es la política de protección social que reúne los mayores consensos. Sin embargo, para que sea efectiva ella debe articularse con acciones institucionales que apunten al cuidado de la primera infancia. Por un lado, porque el combate a la pobreza requiere de la activación laboral de todos los integrantes de los hogares pobres en edad activa y, por otro lado, porque es fundamental mejorar la atención y la estimulación temprana de los niños en situación de vulnerabilidad. En el presente número de Empleo y Desarrollo Social se ofrecen algunas ideas para institucionalizar un sistema de cuidados para la primera infancia que beneficie en forma particular a las familias en situación de pobreza

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Los problemas de la pobreza en la Argentina requieren de nuevas y decididas acciones. En el presente informe se analizan las ventajas y desventajas de los programas de transferencias de ingresos y se concluye que es posible obtener impactos más sustanciales con una estrategia focalizada. También se presentan algunos lineamientos básicos para una efectiva implementación de un programa de este tipo, enfrentando de manera directa los problemas de clientelismo y las deficiencias de gestión que existen en la actualidad

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La Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) se puso en vigencia en el 1996 con el objetivo de incentivar la prevención de accidentes, mejorar la protección de los trabajadores y eliminar distorsiones del mercado del trabajo que favorecían el empleo en negro. Habiendo transcurrido 14 años se registran algunos logros significativos, como la caída en la cantidad de siniestros, pero en los últimos años ha habido un creciente aumento de la litigiosidad, en parte motivado por la falta de actualización de aspectos claves contemplados en la propia ley. Para no volver al regresivo sistema vigente antes de la reforma y erradicar la litigiosidad espuria, es necesario recomponer rápidamente las reglas básicas de funcionamiento del sistema

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Con el agotamiento de la licuación de salarios se desaceleró la generación de empleo en Argentina, un fenómeno que -aunque coincidente- ha sido independiente de la crisis económica mundial. Las perspectivas del mercado laboral para 2009 exhiben una clara tendencia al deterioro en la calidad de los empleos, por lo que el empleo informal podría llegar al 40% a fin de año. En este contexto, aumenta la pertinencia de propuestas para mejorar el ambiente de negocios, incentivar el registro de las pequeñas empresas y fortalecer los programas sociales para eliminar la pobreza

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Este trabajo argumenta la necesidad de un enfoque alternativo para el estudio de los gobernadores en la política nacional argentina a partir de la observación del rol asignado a estos actores subnacionales en la literatura existente. La intención principal de este trabajo es plantear una serie de reflexiones para luego introducir una nueva mirada sobre el tema. Para ello, se revisan los principales argumentos desarrollados por los diferentes autores que analizan la influencia de los gobernadores sobre la variable disciplina partidaria en el Congreso Nacional, como la vía de influencia más explorada por la literatura. Si bien estos estudios presentan un abordaje específico, constituyen un buen punto de partida para abordar la influencia de los gobernadores en la política nacional como una temática más amplia y con entidad propia. La línea de investigación alternativa planteada a partir del presente artículo dirá que los gobernadores en la Argentina pueden ser reconocidos como actores de veto para la política nacional, y que este poder de veto deriva en parte de la existencia de intereses específicos de los gobernadores y de las decisiones tomadas a nivel nacional que afectan a las provincias.

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La última década se caracterizó por un alto crecimiento económico acompañado de un inédito aumento de la presión impositiva. Aunque el Estado cuenta ahora con muchos más recursos que en el pasado, los avances sociales fueron magros y la pobreza se mantiene en niveles elevados. Uno de los factores que explica este fracaso es la inadecuada política de subsidios. La prioridad en la asignación de los fondos públicos debería ser el desarrollo de capacidades en los sectores más vulnerables para que ellos puedan ser gestores de su propio progreso.

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Argentina destina a la asistencia social alrededor de un 2,3% del PIB, una magnitud de recursos que permitiría cerrar la actual brecha de la pobreza. En este número de Empleo y Desarrollo se analiza porqué esto no ha ocurrido en los hechos y se propone una reformulación de la estrategia asistencial que otorgue mayor protagonismo a los gobiernos locales y a las instituciones de la sociedad civil