993 resultados para Legislación electoral
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Dissertação de mestrado em Direito das Autarquias Locais
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Dissertação de Mestrado em MPA - Administração Pública
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Dissertação de Mestrado em Gestão e Políticas Públicas
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El proyecto cierra una investigación tendiente a sustentar una intervención de Diseño Territorial que rescatase en su proceso al patrimonio cultural y paisajístico natural, configurándolo como un instrumento para su desarrollo humano sustentable, ordenamiento y resignificación de área de planificación, acentuando la identidad local y promoviendo un turismo de valores culturales y sociales. La primera etapa de la investigación (2002-2003), desarrolló estos contenidos como una Planificación Estratégica General de la Región Norte de Córdoba con una escala de aproximación de gran extensión. La segunda etapa (2004-2006) se centró en la planificación de un área testigo de escala media de aproximación donde se validasen las hipótesis propuestas para la protección ambiental, conservación del patrimonio natural y cultural, uso sustentable turístico del territorio y configuración de oportunidades de desarrollo humano con alta calidad de vida. La tercer etapa, la actual (2007 – 2008) en una escala de aproximación muy cercana y particularizada, consiste en la fundamentación de una legislación necesaria para todos los asentamientos urbanos del área, presentando al Poblado de Ischilín como modelo de una pieza componente síntesis que permita configurar un patrón metodológico replicante de autoorganización urbana, que sistematice al territorio del parque Regional Norte de Córdoba propuesto en el Programa de esta Investigación. Se presenta aquí al poblado de Ischilín como modelo de esta célula generadora, por las particulares condiciones de su contexto de inserción, las que posibilitan esta construcción y rol organizador territorial, inserto en la unidad regional a la que pertenece desde el punto de vista natural y cultural.
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Este proyecto propone avanzar en el conocimiento de la evolución política y social de la Provincia de Córdoba entre 1946 y 1976. Período del que sólo se han abordado algunos aspectos, potenciando el fenómeno peronista y descuidando, en general, etapas en que ése fue oposición o estuvo proscrito. El núcleo de investigación es analizar cómo el paradigma del Estado Peronista –la Nueva Argentina- fue resignificado en el contexto cordobés. Es decir, desentrañar el proceso de gestación y construcción de lo político, considerando a las instituciones del Estado como factor esencial en la estructuración del comportamiento colectivo y para lo cual se analizarán las estructuras y procedimientos que gravitaron en la construcción institucional de la provincia frente al objetivo nacional de ser funcional al proyecto peronista. También se trabajará la cultura política cordobesa frente a la irrupción del movimiento, la acción de fuerzas sociales y políticas –partidos, sindicatos y otras instituciones- que respondieron o no a los lineamientos nacionales, sin descuidar sus cambios y acomodamientos. Sostenemos como hipótesis principal, avalada por investigaciones anteriores, que la realidad cordobesa no necesariamente fue reflejo de lo que acontecía en Capital Federal, cuya historia se suele considerar nacional, más allá de las diferencias que progresivamente se van conociendo por nuevas investigaciones. Para demostrarlo estamos realizando una amplia compulsa de fuentes éditas e inéditas, públicas y privadas, y se analizarán las políticas públicas y la legislación, con su correspondiente incidencia en los diferentes grupos sociales, para conocer las interpretaciones y orientaciones que motivaron en los distintos actores sociales, la cultura política que se manifestó y el rol de los partidos políticos, en un período signado por el fenómeno peronista. Porque si bien no en toda su extensión ese movimiento fue gobierno, como dijo un analista, desde que existe el peronismo no se pudo gobernar sin él.
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La relación del Gobierno de Kirchner con el poder Legislativo implicó un proceso de concentración del poder en manos del Ejecutivo, no obstante lo cual, a poco de iniciado el mandato de Cristina Fernández, la relación con el Congreso queda en el medio de una crisis que llegó a poner en duda la propia continuidad de la presidenta. Este proyecto pretende examinar las características de este proceso delegativo en sus diferentes dimensiones, con el fin de entender el origen de esta crisis y especificar sus alcances. En este marco, la dinámica de la relación entre el Congreso y el Ejecutivo pareciera corresponder a lo que especifica la Teoría del Cártel tal como ha sido reformulada por Jones y Hwang. Esta perspectiva, no obstante, se centra exclusivamente en los aspectos distributivos de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, obviando la dimensión electoral y la ideológicodiscursiva. Dadas las características del Gobierno de Kirchner, en este proyecto abordaremos el estudio de aquella relación desde una perspectiva multidimensional, tomando en cuenta no sólo los aspectos distributivos, sino también los electorales y los discursivos. La pregunta que guía nuestro trabajo es por qué las estrategias de acumulación desplegadas simultáneamente en las tres dimensiones, no lograron (o sólo lo hicieron parcialmente) desactivar el carácter condicional de la delegación de los jefes políticos provinciales al liderzgo presidencial. Nuestra hipótesis general es que, aún cuando el Gobierno consiguió reforzar sustancialmente su posición en la dimensión distributiva a partir de la prolongación de la situación de emergencia, tuvo un éxito parcial en las dimensiones electoral e ideológico-discursiva. Sin compromiso ideológico articulado en un discurso común, y sin una conexión electoral que vincule los intereses electorales a nivel provincial con los del nivel nacional, la estrategia distributiva sólo puede contener parcialmente la defección de buena parte del oficialismo en el Congreso frente a una crisis de grandes proporciones.
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El programa consta de una serie de proyectos vinculados a la necesidad del cambio en materia realizadora (procesal y sustantiva), con especial referencia al orden penal. I- En materia penal, los rasgos sobresalientes de esta “revolución procesal” están puestos en las siguientes notas: a)“Privatización”, en el sentido de un reordenamiento de los roles de los órganos de la función judicial; b)“Desformalización”, interpretada como captación de procedimientos ágiles y menos burocráticos, acortando el puente formal entre la comisión del hecho delictuoso y la sentencia; c) Todo ello en acompañamiento de una “Reformulación del sistema penal constitutivo de fondo”, replanteando la naturaleza de la pretensión penal y la captación de formas de composición diferenciadas de la actual regulación de la pena. 1.1 El cambio que propiciamos reconoce motivaciones fácticas tales como: recarga de la función judicial en lo penal y colapso del sistema judicial; advertencia de la imprescindibilidad de la consecución de la celeridad y economía procesales; replanteo de los fundamentos, fines, eficacia y función del régimen punitivo, básicamente-. La causalidad jurídica, su modificación y superación enmarcan el objeto de estudio de este programa, siempre bajo la premisa del debido enfoque constitucional y el inalterable respeto de la bi-dimensionalidad del principio de defensa. 1.2 Atento a nuestro régimen federal de gobierno, los continentes legislativos de la reforma no pueden limitarse a los códigos de procedimiento, sino que deben ampliarse al ámbito de la denominada legislación de fondo que, en el punto, actúa también a manera de norma realizadora, ya que, por razones de uniformidad e igualdad ante la ley, ciertas disposiciones que hacen a la regulación del procedimiento ameritan su inserción a nivel del Código Penal. Esto es: han de emanar del Congreso de la Nación. 1.3 En el desarrollo analítico de las cuestiones principales involucradas en el proceso de reforma que encaramos, se toma como eje el trípode de poderes de realización que, interactuando entre sí, configuran la trama del proceso: acción penal, jurisdicción y reacción penal. II- Finalmente, en cuanto al sistema judicial extra-penal, se abordan fundamentalmente cuestiones de actualidad en la problemática procedimental. Por ejemplo, lo relativo a la ecología.
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El proyecto consiste en la identificación de las tendencias jurisprudenciales que con relación al ejercicio de las principales cuestiones referidas al poder de policía municipal surgen de los fallos de la Cámara Administrativa Municipal de Faltas de la Ciudad de Córdoba y su análisis a la luz de la doctrina, legislación y jurisprudencia local, nacional e internacional en la materia.
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Consideramos que existe una seria desarticulación y dispersión del sistema normativo que rige la relación laboral docente universitaria privada, principalmente por parte de los operadores jurídicos- empleadores y trabajadores docentes-. También percibimos que la reconstrucción que se hace para solucionar problemas prácticos en esta área del Derecho no exhibe respuestas satisfactorias a la especificidad de la relación laboral del docente universitario privado. En efecto, la docencia universitaria privada presenta nítidas diferencias jurídicas y fácticas con la docencia privada de los otros niveles (por lo cual aquélla no se halla regida por la ley 13.047 que rige a los docentes de los otros niveles). Pero también se diferencia con otras actividades laborales de distintas condiciones, influidas o no por el taylorismo-fordismo o toyotismo, y a la que la Ley de Contrato de Trabajo, que mayoritariamente se estima aplicable, no aprehende con precisión. También se diferencia en cuanto al régimen jurídico aplicable con la docencia universitaria estatal y quizás también en algunos elementos fácticos de la prestación laboral. Tales aspectos deficitarios pueden mejorar si se esclarece y reconstruye de modo integral el régimen jurídico laboral que los regula, según la legislación aplicable y las enseñanzas de la doctrina y la jurisprudencia al respecto. Procuraremos verificar cuáles son los principios y las normas que deberían regir la relación laboral docente universitaria privada argentina y su efectivo conocimiento y aplicación por parte de los inmediatos operadores jurídicos- empleadores y trabajadores docentes-. Si se detectan inadecuaciones normativas a la realidad que se trata y a la justicia social, lo que es altamente probable, se propiciará el dictado de normas de diferentes niveles de fuentes normativas para corregirlas.
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A partir de la hipótesis según la cual en muchos campos de la realidad cordobesa primaron accionares y resultados que, si bien se adecuaron a las correspondientes a nivel nacional, mostraron también un alto grado de originalidad, el objetivo fundamental de este proyecto es avanzar en el conocimiento de la evolución política, económica y social de la provincia de Córdoba entre 1946 y 1976 -tres décadas del pasado cordobés reciente de las cuales la historiografía sólo ha abordado algunos aspectos, potenciando el fenómeno peronista y descuidando, en general, etapas en que éste fue oposición o estuvo proscrito- y comprobar la originalidad o no de las políticas públicas locales estableciendo en qué medida replican las nacionales, o fueron rearticuladas y redescritas en función de la realidad local. Con ese fin y a través de una amplia compulsa de fuentes oficiales y privadas, éditas e inéditas, se analizarán las políticas públicas, su incidencia en los grupos sociales participantes y diferencias con los proyectos homogenizadores implementados por gobiernos nacionales democráticos o de facto y la cultura, prácticas políticas y legislación, con las interpretaciones y orientaciones que generaron, para conocer el grado de comprensión que de ellas tuvo el común de los actores sociales; la evolución del empleo industrial en las ramas que atrajeron los mayores contingentes de mano de obra, las condiciones de vida material y el papel del Estado en la determinación de las mismas; la política energética, en relación con la creación de organismos públicos, al avance del proceso de electrificación, al esfuerzo por crear una infraestructura en cuanto a generación y transmisión de energía y al papel de las cooperativas eléctricas en la distribución y comercialización, sobre todo en las áreas rurales; el desarrollo industrial en general y relacionando la demanda de fuerza motriz con la evolución de la oferta de energía eléctrica; los instrumentos utilizados por el Estado con fines de promoción tanto industrial como del cooperativismo eléctrico; y, finalmente, y como una cuestión de particular interés la escritura de la historia a través de las prácticas y de los discursos de los historiadores, centrando la atención en la producción referida a la provincia de Córdoba.
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Este proyecto pretende establecer las características generales de la distribución territorial del gasto discrecional por parte del Gobierno de la provincia de Córdoba desde el año 1998. La hipótesis general es que esta distribución está sometida tanto a una lógica electoral como a la influencia de las redes sociales que vinculan a los Gobiernos locales con el Gobierno provincial. Ambos factores, a su vez, están condicionados por las características de los contextos institucionales que regulan el sistema político, las diferentes áreas del gasto provincial y el acceso a las redes de interacción social. Como una de las hipótesis específicas, plantea que el carácter particularista o universalista de la distribución registra la influencia de la visibilidad del origen del gasto. De este modo, siguen un criterio universalista los gastos con un origen “visiblemente” provincial y un modo particularista los gastos cuyo origen provincial se hace opaco o poco visible. La otra hipótesis específica plantea que la distribución particularista emplea criterios de discriminación que favorecen a los municipios de mayor tamaño y a aquellos donde los resultados electorales son más reñidos, dada las características que tiene en la provincia la representación regional.
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En el marco de la regionalización de la Provincia de Córdoba, a partir de la sanción de la Ley 9206 y de la posterior consolidación de la Comunidad Regional Punilla -procesos en los cuales este equipo ha tomado parte activa a raíz de la asistencia técnica-; se percibe, a partir de la identificación por parte de los actores públicos de la problemática vinculada a la sustentabilidad ambiental como problemática prioritaria del Valle de Punilla, la oportunidad de promover la participación de la sociedad en la gestión regional. La complejidad y multidimensionalidad de la problemática socioambiental lo propicia, al tiempo que la consideración en la legislación mencionada de la participación de la sociedad civil abre una brecha entre la formalidad y la materialidad de la CRP, cuestionando las posibilidades de promover la convergencia socio-política. El proyecto busca contribuir a la generación y consolidación de espacios multiactorales de concertación que faciliten el diseño y la gestión de estrategias y políticas regionales consensuadas. La estrategia de intervención del equipo recepta buena parte de los aspectos teórico-conceptuales que sustentan las metodologías conocidas como PPGA (Planificación Participativa y Gestión Asociada. FLACSO) reconociendo sus potencialidades para el estudio y la promoción de prácticas participativas cogestivas en procesos de cambio político y social. En ese sentido, se procurará la conformación gradual de una red mixta socio-gubernamental a través de la producción de conocimientos aprovechables en tiempo real y con procesos de elaboración que garanticen la apropiación de ese conocimiento por parte de los sujetos involucrados. Así, los resultados parciales del proyecto aportarán a la dinámica constructiva de acuerdos interactorales que han de traducirse en una mayor participación social en el sistema decisorio regional y se espera que aquellos resultados parciales sean compartidos durante el desarrollo mismo del proyecto y no solamente al momento de su finalización.
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El presente proyecto está orientado a establecer las características generales de la distribución territorial del gasto discrecional por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba desde el año 2001. Propone como hipótesis general que esta distribución está sometida tanto a una lógica electoral por parte del Gobierno Provincial, como a la influencia de las características de las redes sociales que vinculan a los Gobiernos locales con el Gobierno Provincial, ambos factores, a su vez, condicionados por las características de los contextos institucionales que regulan el sistema político, las diferentes áreas del gasto provincial y el acceso a las redes de interacción social. Como una de las hipótesis específicas plantea que el carácter particularista o universalista de la distribución registra la influencia significativa de la visibilidad del origen del gasto, el cual determina que un cálculo de maximización de votos a nivel provincial o municipal oriente de forma universal los gastos con un origen “visiblemente” provincial, y de un modo particularista los gastos cuyo origen provincial se hace opaco o poco visible. Desde otra de las hipótesis específicas se plantea que la distribución particularista emplea criterios de discriminación que favorecen a los municipios de mayor tamaño y a aquellos donde los resultados electorales son más reñidos, dada las características que tiene en la provincia la representación regional. Desde el punto de vista metodológico, el proyecto apunta a una integración de diferentes estrategias de investigación, de acuerdo con las características de las variables que quedan especificadas en cada una de las hipótesis. De esta manera, se recurrirá a análisis multivariados para estimar la significación de variables explicativas cuantitativas, dentro de casos de políticas que, a su vez han sido delimitadas y agrupadas de acuerdo con un diseño de estudio de casos. Por su parte la indagación en torno a las características e incidencia de las redes tendrá, dados los recursos y tiempo disponibles, un carácter más exploratorio recurriendo a técnicas de análisis de redes de tipo cualitativo.
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Las potencialidades de la gestión local están condicionadas por el modo con que las jurisdicciones “mayores” distribuyen sus recursos entre las jurisdicciones “menores”. Concentrando nuestra atención sobre Córdoba en los últimos diez años, nos preguntamos por los factores políticos que inciden sobre el modo en que el Gobierno de la provincia distribuye el gasto público entre las diferentes jurisdicciones locales. Más concretamente, nos preguntamos por la existencia de modalidades “particularistas” (esto es, con un sesgo partidario electoral) en la distribución del gasto en sus diferentes áreas, y por las razones que pueden explicar estas modalidades si existieran. Nuestra hipótesis más general sostiene que esta distribución está afectada básicamente por: 1) el cálculo electoral – en el nivel de elecciones provinciales tanto legislativas como ejecutivas. 2) el nivel de acceso, por parte de los gobiernos locales, a las redes de decisión del Gobierno de la provincia. Ambos factores, a su vez condicionados por las características de los contextos institucionales que regulan el sistema político, las diferentes áreas del gasto provincial y el acceso a las redes de decisión. Nuestras hipótesis específicas, por su parte, remiten a las características que adquiere esta distribución territorial de acuerdo con los siguientes factores: 1) La visibilidad del origen provincial de los gastos: cuanto “más visible” el gasto menos particularista la distribución en la medida que la visibilidad incrementa los costos electorales del particularismo; 2) El desempeño electoral previo del partido del gobierno provincial: la distribución particularista se orientará hacia los distritos “propios” pero sin distinguir dentro de ellos entre “marginales” – donde el partido del gobierno ganó por un escaso margen y “leales” – donde el partido del gobierno ganó por amplio margen-, en la medida que el gobierno da prioridad a la maximización de los votos provinciales – legislativos o de gobernador – antes que a retener o adquirir nuevos distritos locales; 3) la capacidad de los intendentes de interesarse en las redes personales y políticas que conducen el flujo de recursos: cuanto mayor la inserción de los intendentes en las redes de decisión, mayor el beneficio que obtienen de la asignación de los recursos, suponiendo constantes los factores anteriores. Los dos objetivos generales son establecer: 1) la incidencia del cálculo electoral sobre la distribución del gasto del Estado provincial entre los municipios de la provincia; 2) el efecto sobre esta distribución del modo y los recursos a través de los cuales los Gobiernos locales acceden a las redes de decisión del Gobierno Provincial.
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En base a la selección y estudio de la legislación, doctrina y jurisprudencia locales y nacionales, se determinará el estado actual relativo a la responsabilidad civil del estado, a fin de establecer si en este contexto se brinda adecuada satisfacción al derecho constitucional a la reparación plena de los daños sufridos por los particulares. A esos efectos, se realizará un test de reparabilidad plena, resultante de verificar si en general las decisiones jurisdiccionales rechazan o tienden a rechazar demandas de daños contra el estado siendo que (1) serían admitidas en caso de que el causante del daño fuera un particular (no estatal); (2) de acuerdo a criterios doctrinarios (cualitativos), ese rechazo de demandas es contrario al principio de reparación plena. Se elaborará un informe final sobre el tema y, en caso de resultar que no se satisface plenamente el derecho a la reparación plena, se desarrollarán propuestas hermenéuticas (dirigidas a la doctrina y la jurisprudencia) y eventualmente proyectos de reforma legislativa, que tiendan a maximizar la satisfacción de ese derecho