783 resultados para DESMOVILIZACION - ASISTENCIA INSTITUCIONAL - COLOMBIA - 2004-2008


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En este artículo se estudia la posibilidad de introducir seguros de desempleo en Colombia. En una primera parte, se propone una revisión de literatura de los seguros de desempleo en la cual se exponen las ventajas generadas por una cobertura contra este riesgo, así como sus inconvenientes. En una segunda parte, se estudian varios escenarios para introducir seguros de desempleo en Colombia. Después de haber presentado el contexto del mercado laboral y de las normas que lo vigilan, se proponen varios diseños que abordan la gestión y la administración del riesgo de desempleo en Colombia. Igualmente se presentan algunas consideraciones teóricas para la valoración del costo del aseguramiento, las cuales incorporan los efectos del riesgo moral sobre la duración y la incidencia del desempleo.

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This paper uses Colombian household survey data collected over the period 1984-2005 to estimate Gini coe¢ cients along with their corresponding standard errors. We Önd a statistically signiÖcant increase in wage income inequality following the adoption of the liberalisation measures of the early 1990s, and mixed evidence during the recovery years that followed the economic recession of the late 1990s. We also Önd that in several cases the observed di§erences in the Gini coe¢ cients across cities have not been statistically signiÖcant.

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This document provides recent evidence about the persistency of wage gaps between formal and informal workers in Colombia by using a non-parametric method proposed by Ñopo (2008a). Over a rich dataset at a household level during 2008-2012, it is found that formal workers earn between 30 to 60 percent more, on average, than informal workers. Despite of the formality definition - structuralist or institucionalist- adopted, it is clear that formal workers have more economic advantages than informal ones, but after controlling by demographic and labor variables an important fraction of the gap still remains unexplained.

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Se analizan diferentes alternativas para la financiación de la educación superior, teniendo en cuenta que la presencia de fallas de mercado -tanto por el lado de la demanda como por el de la oferta- hace de éste un sector muy particular. Las primeras se relacionan con las decisiones privadas en términos de educación de la población estudiantil, y las segundas con las asimetrías de información que caracterizan el lado de la oferta en el financiamiento de la educación. El documento hace una revisión de literatura académica y de algunas experiencias internacionales sobre las diferentes fuentes de financiación en este sector, así como sus potenciales efectos sobre ciertas variables. Así, esta revisión arroja luces sobre las alternativas para el caso Colombiano.

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This is a critical review of the empirical literature on the relationship between violence and economic growth in Colombia: an interesting case study for social scientists studying violence, conflict, crime and development. We argue that, despite the rapid development of this literature and the increasing use of new techniques, there is still much room for research. After assessing the contribution of the most influential papers on the subject, we suggest directions for future research.

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El artículo analiza los determinantes de la presencia de hijos no deseados en Colombia. Se utiliza la información de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS, 2005), específicamente para las mujeres de 40 años o más. Dadas las características especiales de la variable que se analiza, se utilizan modelos de conteo para verificar si determinadas características socioeconómicas como la educación o el estrato económico explican la presencia de hijos no deseados. Se encuentra que la educación de la mujer y el área de residencia son determinantes significativos de los nacimientos no planeados. Además, la relación negativa entre el número de hijos no deseados y la educación de la mujer arroja implicaciones clave en materia de política social.

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Teniendo como referente la teoría del capital humano y la de señalización en el mercado laboral, el documento aborda la influencia de variables socioeconómicas, laborales y algunas relacionadas con las características de las Instituciones de Educación Superior (IES), sobre el ingreso laboral que devengan los recién graduados universitarios en Colombia. Se utiliza la información del Observatorio Laboral de la Educación (OLE, 2005) porque, a diferencia de otras encuestas, permite analizar detenidamente el grupo específico de graduados universitarios y obtener información sobre la profesión estudiada y sobre las IES que otorgan los diplomas. Utilizando estimaciones de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), Probit Ordenado (PO) y Regresión Intervalo (RI), se encuentra que factores como vivir en Bogotá, ser hombre, tener padres más educados y haber obtenido el título en instituciones privadas o acreditadas, se relacionan positivamente con la probabilidad de devengar ingresos laborales mayores. El área de conocimiento de la profesión estudiada, la posición ocupacional

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Las causas y los efectos de la asociación sindical han sido ampliamente estudiados por la literatura económica; no obstante en el caso colombiano existe un claro sesgo hacia el estudio de los efectos sobre el salario. Este documento presenta un estudio de los determinantes estructurales de la tasa de densidad sindical para Colombia incluyendo algunos aspectos particulares como los efectos regionales y sectoriales utilizando la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2007. Se encuentra que la densidad sindical está determinada por factores semejantes a los de otros mercados de trabajo con patrones similares de negociación sindical, como los reportados por Johnson (2005). Finalmente, dadas sus cifras de asesinato de sindicalistas, consideramos que los determinantes de la afiliación sindical para el caso Colombiano son más complejos que los de otros países latinoamericanos

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La literatura sobre determinantes de los ingresos laborales ha evolucionado en sus fundamentos teóricos, metodológicos y estimaciones empíricas. Colombia no ha sido ajena a este proceso, pero su evolución, notoria en fertilidad, ha venido relajándose en rigor conceptual: se tiende a considerar a los cuenta propia y asalariados como categorías relativamente semejantes. Para mostrar el efecto de dicha relajación realizamos estimaciones conjuntas de determinantes del ingreso laboral para ocupados asalariados y cuenta propia, y luego las contrastamos con estimaciones más detalladas y desagregadas ilustrando los sesgos efectivos que se generan si no se tienen en cuenta las características laborales de los ocupados cuenta propia y asalariado.

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El documento hace una revisión de las principales fuentes de protección social que hay en Colombia y las características de los sistemas de protección de otros países. Se encuentra que gran parte de lo que se conoce como gasto social se destina al tema pensional y que los resultados de los fondos de solidaridad son muy pequeños frente a la autoprotección de los hogares. Se propone tener en cuenta los esfuerzos individuales y privados que hay en Colombia al diseñar un sistema de protección social, pues de lo contrario se estarían desincentivando estos esfuerzos.

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El análisis de la dimensión de riesgo en el estudio del desempleo, complementa el estudio de aspectos como su tipología, la importancia de la intermediación laboral o la vulnerabilidad de ciertos grupos. En este sentido, la tasa de incidencia representa un indicador compuesto que tiene en cuenta el volumen de desempleados y la persistencia en este estado mediante la incorporación de la duración media del desempleo. El análisis de la tasa de incidencia permite caracterizar de manera más completa a quienes tienen una mayor probabilidad de entrar en el desempleo o permanecer en esta situación. Se encuentra que en Colombia existen diferencias significativas entre la tasa de desempleo y la tasa de incidencia, lo que implica que la situación del mercado de trabajo no sólo se explica por el efecto que los choques económicos tienen sobre la composición de la oferta y demanda de trabajo sino también por los fenómenos de duración en los diferentes estados laborales. Estos eventos se pueden considerar igualmente importantes para explicar la dinámica de corto y mediano plazo del mercado laboral.

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El presente trabajo de grado tiene como propósito examinar la incidencia de la organización interna de los partidos políticos colombianos sobre el grado de polarización del sistema partidario, durante el periodo 2002-2014. De esta manera, sostiene que la poca disciplina interna determinó el bajo grado de polarización del sistema, facilitando la conformación de coaliciones contradictorias, efímeras e indisciplinadas en el Congreso y en el Ejecutivo a nivel nacional y local. Por ello, se exponen los principales cambios que sufrió el sistema partidario a partir de las reformas implementadas, y se analiza el comportamiento de las coaliciones de gobierno en el Congreso. Finalmente, se examina el comportamiento de la coalición de la Unidad Nacional en las elecciones locales de 2011, utilizando como marco para este trabajo algunos conceptos básicos sobre la teoría de partidos.

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Durante los siglos XX y XXI, la política exterior colombiana ha reflejado ciertas tendencias que han repercutido en la realidad del país de manera favorable y desfavorable. Al ser la política exterior el reflejo de los intereses y necesidades de los ciudadanos de un Estados, es importante conocer cómo es el Carácter Nacional para entender por qué un Estado actúa de cierta manera, y cómo puede mejorar sus estrategias implementadas a nivel exterior. La presente investigación diagnóstica busca, mediante un recuento de la historia de Colombia durante estos dos siglos, vislumbrar los factores que han condicionado el carácter nacional, y por ende, han influenciado la política exterior colombiana. Al hacer un recuento de estos sucesos, se podrá comprender por qué el gobierno colombiano utiliza ciertas estrategias a nivel exterior, para así, recomendar su replanteamiento de tal manera que se adecúen favorablemente al carácter nacional colombiano.

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El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

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El juez constitucional es motivo de apasionados debates tanto por quienes defienden su actividad en tanto expresión constitucional de la democracia como por quienes lo atacan por poner en peligro la separación tradicional de los poderes públicos. Sin embargo una nueva dimensión de su actividad emerge en medio de la re definición de los conceptos jurídicos y políticos que fundan la noción del Estado. Las políticas Públicas hasta hace muy poco eran competencia exclusiva de la administración sin embargo el juez constitucional ha ido consolid?ndose como un actor capaz de determinar sus contornos desarrollando un concepto amplio de gobernanza que va más allá de la idea de gobierno y de gobernabilidad. Entonces esta investigación está orientada a presentar tanto a juristas politólogos y administradores el proceso mediante el cual el sistema jurídico constitucional regula el sistema de políticas públicas y en este caso la política territorial para buscar demostrar cómo una nueva dimensión del control constitucional se consolida dentro de una nueva idea Estado y de democracia.