957 resultados para Negociação de Penas


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O Tratado de Roma de 1957 priorizou o setor económico em detrimento do social. Em consequência, cada Estado-membro manteve o seu modelo de assistência social e , deste modo, a diversidade de Estados-providência. Mais tarde, o princípio da subsidariedade legitimou-os no contexto do processo de construção da Comunidade Económica/União Europeia e, por consequinte, a coexistência dos mesmos, particularmente os submodelos de assistência social escandinavo, anglo-saxónico, continental e dos países da Europa do sul. Hoje, graças ao Ato Único Europeu e ao Tratado de Amesterdão de 1997, foi adotada por todos os Estados-membros a Carta dos Direitos Sociais Fundamentais no Conselho de Estrasburgo de 1989, assim como valorizada a dimensão social e o incentivo à negociação coletiva entre parceiros, respetivamente. Assim, sendo, e na sequência do exposto anteriormente, constata-se, nessa nova EUropa em transformação permanente, a emergência de um novo modelo de Estado-providência, centrado essencialmente na compilação, complementariedade e/ou «fusão» do que existe de melhor no conjunto dos quatro submodelos existentes, de acordo com o princípio da unidade a partir da diversidade.

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Durante el Despotismo Ilustrado, como producto de las ideas liberales de la burguesía y su contractualismo idealista de la sociedad y el Estado, tesis revolucionarias se oponían al sistema feudal de explotación, precisamente para limitar de alguna manera ese poder estatal, es que surge la tesis de los Derechos Del Hombre, centrados en el Hombre como un fin en sí mismo: "Nunca debe tratarse nadie a sí mismo ni a los demás como simple medio, sino como fin en sí mismo" decía Kant, siguiendo a los más conspicuos ideólogos de la Revolución burguesa, habida cuenta que también el sistema carcelario y el derecho penal se basaban centralmente en las penas corporales. En la actualidad, el proceso de expansión del derecho penal en que el planteamiento de última ratio y derecho penal mínimo que impulsó a la criminología crítica, va quedando atrás debido a la política de guerra contra el terrorismo global o guerra preventiva,[5] hay obviamente, el aumento de la comisión de otros delitos que como el pandillaje, secuestro, narcotráfico generan este expansionismo del derecho penal, que es parte de la crisis estructural e inevitable del sistema, que genera toda esta descomposición y que toma el criterio penal como el único posible para solucionar esta problemática.

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Si uno mira el funcionamiento del sistema penal de cualquiera de nuestros países, se va a encontrar con una realidad realmente desgarradora. ¿Es casual que la mayoría de gente que habita en nuestras cárceles sea pobre? ¿Existe alguna explicación y justificación para este fenómeno social? ¿Tiene relación la organización social y política con el funcionamiento del sistema penal? ¿Cómo se caracteriza a un derecho penal consistente con estado constitucional de derechos? Para abordar estas preguntas, en un primer momento y a lo largo de este ensayo, utilizando fuentes confiables y objetivas, se demostrará que quienes son víctimas del sistema penal son las personas más pobres. En un segundo momento se realizará un análisis doctrinario sobre este fenómeno y se pretendedemostrar que no existe justificación razonable, desde algunos parámetros (la democracia, la igualdad, la proporcionalidad y la justicia,) para tolerar tanta violación a los derechos humanos, para concluir sobre su inaceptabilidad de este patrón estatal tolerado socialmente dentro de un marco constitucional de derechos. Finalmente, después de tanta crítica, se presentarán algunas pautas para pensar en un derecho penal distinto. Para efectos de este ensayo, justicia penal y sistema penal se utilizarán indistintamente. Se entenderá como tales el conjunto de elementos que la conforman y la manera de operar actualmente, que es un modelo basado en el encierro como idea central y en formas represivas de manifestación. Entre los elementos, tenemos al derecho penal, configurado por las leyes penales, procesales y de ejecución de penas; a los actores en sus distintas agencias, incluido políticos, policías, militares, fiscales, jueces y autoridades penitenciarias; y a los momentos por los que atraviesa una persona sometida al derecho penal, que van desde la detención, pasando por el proceso y terminando en el encierro.

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El propósito fundamental del presente trabajo investigativo constituye entregar una visión holística e innovadora respecto a un tema de álgida discusión dentro del derecho penal contemporáneo : la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas. En tal ámbito de análisis, la orientación sistèmica asumida por el autor a lo largo de la argumentación altera en buena medida los elementos dogmáticos de la teoría del delito - la acción y la culpabilidad - que son los ejes de articulación de un derecho penal antropocéntrico, limitado a la incriminación punible del ser humano. Bajo una entrada teórica que sigue la fundamentación de Niklas Luhmann - y la teoría de la sociedad sin hombres - se pretende demostrar còmo el progreso y dinámica de las sociedades contemporáneas ha establecido un nuevo centro de interacción y eje del análisis social, el que traslada al ser humano hacia posiciones menos estelares. Para Luhmann, comunicaciones y solo comunicaciones conforman el entorno alrededor del que se reproducen y describen los diferentes subsistemas sociales (v.g. económico, político administrativo, jurídico, cultural, etc.) siendo por tanto aquéllas - las comunicaciones - los centros de imputación, en este caso en materia criminal, cuando de la comisión de hechos delictivos se trata. Declarar la responsabilidad penal por el cometimiento de conductas ilícitas prescindiendo de la noción del acto humano consciente y voluntario y trasladar dicho ejercicio de respuesta estatal a las comunicaciones dañosas que alteran el proceso de autoreproducciòn y autoobservaciòn de los diferentes subsistemas sociales, y del jurídico en especial, permite elaborar una construcción teórica en la que las personas jurídicas, o las comunicaciones que de estas emanan, pueden ser factibles del juicio de atribuibilidad y por tanto sujetas a penas que, a la vez que afianzan el orden social destruyen paradigmas clásicos del derecho penal como el societas delinquere non potest, siempre invocado por los defensores del inmovilismo.

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Bajo una política de control social dirigida desde la “guerra contra las drogas” que lidera Estados Unidos de Norteamérica, nuestra legislación antidrogas ha asumido la tarea de punirlo todo, creando falsas concepciones sobre una sociedad de riesgo. Una legislación que transgrede la Constitución y violenta el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la falta de análisis del principio de lesividad en la conducta tipificada como tenencia o posesión de drogas, que más allá de no solucionar el problema del consumo, termina siendo la figura ideal para cubrir desde la venta hasta el mismo consumo, criminalizando al eslabón más frágil de toda la cadena. El seguimiento de estas políticas ha creado verdaderos aparatos estatales de represión que coexisten, siendo los cuerpos de policía quienes deciden sobre culpabilidad o inocencia desde el mismo momento de la detención. Fiscales y juzgadores bailan al son que tocan esos cuerpos policiales, los que ejercen también una función de control hacia los operadores de justicia. Toda esta política de un Estado policía, lleva a sentencias rara vez argumentadas, muy pobres en análisis doctrinario y principios rectores del proceso, sin existencia de una posición crítica de los jueces frente al bien jurídico que realmente desean proteger; crean un bien jurídico abstracto como la salud pública para acogerse de él y justificar la aplicación de penas desproporcionadas al delito e incluso a la cantidad de la sustancia encontrada en poder del procesado.

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El régimen tributario en el estado contemporáneo resulta trascendental para su propia sobrevivencia, más en época de crisis como la que afrontamos, en la que las otras fuentes de ingresos públicos, como los patrimoniales o los préstamos, se hacen cada vez más escasos y difíciles de obtener. Por su parte, la Constitución expedida por la Asamblea Constituyente y publicada en el Registro oficial Nº 449 de 20 de octubre del 2008, pretende la configuración de un nuevo Estado basado en principios de solidaridad, de equidad, de redistribución de la riqueza entre todos los miembros de la sociedad ecuatoriana. En este contexto, resulta de gran importancia analizar los cambios que en el régimen tributario ecuatoriano ha propuesto la nueva Constitución, en particular en los artículos 300 y 301, que sin duda vienen a complementar aquellos que, ya figuraban en la Constitución de 1998. Pero es en su espíritu el verdadero cambio; pues, tales principios están vigentes en cada relación jurídica y no solamente como una mera declaración sino como normas de aplicación directa a través de su fuerza vinculante y, además, de inmediata aplicación. Por otra parte, resulta trascendente para la materia tributaria, los cambios de varias instituciones del Código Tributario, entre ellas y de manera especial al régimen penal tributario, implementadas por la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Nº 242 del 29 de diciembre del 2007. En ella, se ha convertido al <delito tributario> en un <delito común>, es decir alejado de la filosofía impuesta por los autores del Código Tributario, que creyeron que este tipo de infracciones, por ser especiales, debían tener un tratamiento diferente. Con el nuevo régimen y la expedición del Código Orgánico de la Función Judicial y las Reformas al Código de Procedimiento Penal, son los jueces ordinarios los que conocerán y juzgaran a los infractores tributarios. Debemos anotar que el endurecimiento de las penas, impulsado por esta nueva Ley Reformatoria, es drástica, al extremo de imponer hasta reclusión menor ordinaria> de 3 a 6 años a los infractores tributarios, mientras que el Código Tributario se contempla prisión de 3 a 5 años, como máximo de la pena. El presente trabajo intenta un estudio comparativo entre el nuevo régimen y el ya superado con la expedición de la Constitución y Ley ya referida.

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Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Administração da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS

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Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração – Mestrado como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Administração.

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Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Administração - Doutorado da Universidade Municipal de São Caetano do Sul.

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O objetivo deste trabalho é deixar clara a idéia do que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentando parte de sua forma e mostrando as sanções cabíveis ao seu não cumprimento. Após a leitura, ficará clara a idéia de que essa lei faz com que os administradores usem corretamente o dinheiro público, aplicando da forma mais correta e nos casos mais precisos. Verificaremos as punições em caso de descumprimento da lei, bem como o equilíbrio entre as despesas e as receitas, que tende a ser proporcionado por ela. Aprenderemos que um órgão público nunca se pode gastar mais do que ele arrecada, pois, dessa maneira estará infringindo essa lei, se sujeitando as penas a ela correspondentes.

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Este trabalho vem trazer ao leitor um estudo sobre os tipos de soluções alternativas de resolução de conflito com o enfoque na mediação. Desde o princípio da humanidade sempre houve a necessidade de uma pessoa para interpretar ou auxiliar povos com idiomas e costumes diferentes e, esse método foi trazido até a atualidade, principalmente, como uma forma de solucionar os conflitos. A mediação é uma prática que permite as partes envolvidas solucionar o litígio sem precisar do judiciário, preservando assim o relacionamento existente entre as partes. O mediador deve ser um profissional experiente, empático e principalmente imparcial, para conseguir ouvir as partes e não tomar partido, além de ser multidisciplinar devido as várias e diferentes necessidades que surgem nos processos. É preciso também que ele seja habilidoso porque caso as partes não consigam pensar em uma solução para o problema. Outras formas de soluções alternativas serão apresentadas como a negociação, arbitragem e a conciliação explicando os conceitos e sua aplicabilidade para melhorar o sistema Judiciário.

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Este trabalho vem trazer ao leitor um estudo sobre os tipos de soluções alternativas de resolução de conflito com o enfoque na mediação. Desde o princípio da humanidade sempre houve a necessidade de uma pessoa para interpretar ou auxiliar povos com idiomas e costumes diferentes e, esse método foi trazido até a atualidade, principalmente, como uma forma de solucionar os conflitos. A mediação é uma prática que permite as partes envolvidas solucionar o litígio sem precisar do judiciário, preservando assim o relacionamento existente entre as partes. O mediador deve ser um profissional experiente, empático e principalmente imparcial, para conseguir ouvir as partes e não tomar partido, além de ser multidisciplinar devido as várias e diferentes necessidades que surgem nos processos. É preciso também que ele seja habilidoso porque caso as partes não consigam pensar em uma solução para o problema. Outras formas de soluções alternativas serão apresentadas como a negociação, arbitragem e a conciliação explicando os conceitos e sua aplicabilidade para melhorar o sistema Judiciário.

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Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Municipal de SãoCaetano do Sul como requisito para obtenção do título Mestre em Comunicação

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A implementação dos instrumentos previstos na política de recursos hídricos representa um grande avanço para a modernização do setor. Porém, especialmente em relação à cobrança pelo uso da água, persistem muitas dúvidas, receios e inquietações. Os objetivos, inclusive estabelecidos na própria legislação, poderão ser alcançados com o uso da cobrança pelo uso da água? Efetivamente, qual será a destinação dos recursos obtidos com a cobrança? Quais serão os impactos da cobrança pelo uso da água nas diversas atividades econômicas? O uso da cobrança, como instrumento de gestão, aumentará a exclusão social? São questões que suscitam debates, muitas vezes apaixonados, e que tem inspirado a realização de diversos estudos teóricos e até mesmo conduzido a formulação de leis no nível de cada Estado. O objetivo central desta pesquisa é proceder a uma análise do arcabouço teórico-conceitual da cobrança pelo uso da água como um instrumento de gestão, discutir os limites da abordagem econômica, analisar a experiência internacional e, devido à grande influência da 'escola francesa' na definição do modelo brasileiro, avaliar a evolução do sistema naquele país. Como no Brasil, a instalação do sistema de gerenciamento de recursos hídricos está em marcha, particularmente no que se refere à cobrança pelo uso da água, também é objetivo desta pesquisa analisar a situação atual do processo de implementação no nível Federal e nas diversas unidades da federação. Para conectar as discussões das partes precedentes com a realidade, simulam-se diferentes critérios de cobrança pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio dos Sinos, localizada no Rio Grande do Sul. O trabalho conclui que, apesar da cobrança pelo uso da água ter sua fundamentação conceitual assentada na economia, esse ramo da ciência deve, apenas de forma subsidiária, aportar informações para as definições do tipo quanto cobrar, de quem cobrar, etc. As definições que norteiam a cobrança são, antes de tudo, decisões políticas e por essa razão devem ser consideradas em um processo de negociação social, envolvendo os diversos atores da bacia hidrográfica. Além disso, apesar de ser um instrumento bastante poderoso, a cobrança pelo uso da água não deve ser vista como um instrumento de gestão isolado e capaz de resolver todas as questões relacionadas com o planejamento e gestão de recursos hídricos.

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O trabalho investiga, numa perspectiva de risco e retorno, o risco inerente à terra agrícola, em comparação com as ações formadoras do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo – IBOVESPA, com vistas a identificar possíveis correlações entre estes ativos, que permitam recomendar a posse do primeiro como elemento redutor do risco do segundo, nos períodos de crise do mercado acionário. Parte do pressuposto que, sendo a terra um bem finito e útil, a sua posse como bem de investimento pode ser, nesta perspectiva, conveniente, independente da forma como se pretenda usá-la, desde que haja a possibilidade de sua comercialização futura. Investiga os elementos determinantes do preço da terra, particularmente as variáveis especulativas que influem na sua comercialização, com vistas a identificar nela, eventuais semelhanças com os demais ativos de risco. Estuda a evolução dos preços da terra de cultura de primeira do Estado de São Paulo, no espaço de vinte anos (1980 a 1999), em comparação com o IBOVESPA, concentrando-se nos períodos de crise do mercado acionário, para determinar a influência que teria a inclusão do ativo terra, em uma carteira diversificada de ações, sobre o grau de risco e a rentabilidade do portfolio como um todo. Analisa o comportamento do mercado acionário brasileiro no mesmo período, quando são identificados seis períodos de crise, durante os quais é simulado o desempenho de duas stimentos, compostas, a primeira, por ações e terra, em diferentes proporções, e a segunda por ações e caderneta de poupança, também com vários graus de composição. Das seis crises estudadas, em quatro delas, a associação de uma parcela terra com as ações representativas do IBOVESPA, contribuiu para a redução do grau de risco ou melhora da rentabilidade da carteira de investimentos como um todo; as duas outras crises, durante as quais a terra não apresentou as mesmas características de segurança e/ou rentabilidade, coincidem com períodos atípicos, quando o seu mercado passava por processos de ajustamento. A conclusão confirma a hipótese alternativa, de que a terra, quando em condições normais de negociação, possui características de segurança e rentabilidade que permitem recomendar a sua posse combinada com carteiras de ações, pelos investidores mais avessos aos riscos do mercado acionário.