Tutela judicial efectiva en la ejecución de sentencias expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Ecuador

Este trabajo investiga sobre la ejecución de las sentencias dictadas en contra del Ecuador por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, configurado como un mecanismo supletorio al que se recurre si los órganos, instituciones y poderes de un Estado no cumplen su función de garantizar la vigencia de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), cuya jurisdicción es reconocida por el Ecuador. Se estudia los contenidos de la tutela judicial efectiva entre los cuales se encuentra la ejecución de la sentencia y los obstáculos que se presentan en el momento de ejecutar la sentencia, buscando de esta manera responder la siguiente pregunta ¿Qué mecanismos procesales existen para obligar al Estado a cumplir las sentencias? De esta manera se busca conocer si la falta de ejecución de la sentencia total o parcial constituye vulneración al derecho de tutela judicial efectiva por parte del Estado ecuatoriano, afectando nuevamente a las víctimas o sus familiares, ya que al no ejecutarse la sentencia tampoco se procede a la reparación integral.

Los derechos de la naturaleza y los mecanismos jurisdiccionales de tutela en la Constitución de Ecuador del 2008

El presente trabajo académico realiza un estudio acerca del reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza y los mecanismos jurisdiccionales para la exigibilidad y tutela de sus derechos. A partir de estos postulados esta investigación se centra en el análisis de los resultados prácticos que ha tenido el reconocimiento de los derechos de la naturaleza desde la vigencia de la Constitución del 2008. Para abordar el tema de estudio la presente investigación se ha enfocado en dos partes, la primera, a modo de antecedente realiza un estudio de los principales fundamentos que llevaron al reconocimiento de estos derechos. La segunda parte se enfoca en el contenido de los derechos de la naturaleza y los mecanismos jurisdiccionales para su protección, lo que nos conducirá a un análisis del articulado de la Constitución y las garantías jurisdiccionales para hacer efectivo su cumplimiento, para posteriormente en el tercer capítulo pasar a analizar casos prácticos que han sido sustanciados ante los tribunales de justicia con el objeto de determinar en cada caso los resultados prácticos que ha tendido el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza a partir de la interposición de garantías jurisdiccionales.

La tutela Judicial Efectiva en la aplicación de medidas para el cobro de obligaciones a favor de los derechos laborales

El presente trabajo investigativo se enmarca en el análisis del artículo 1 de la Ley orgánica de la defensa de los derechos laborales, mediante el cual se conmina al Estado a asumir obligaciones de un empleador que está en mora de los beneficios en favor de sus trabajadores. Razón por la cual el legislador crea un mecanismo para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, y además perseguir el cumplimiento de las obligaciones a favor de los trabajadores a fin de evitar que estos se vean afectados, para ello encarga a las instituciones públicas el asumir las obligaciones que se generan por la falta de pago del empleador para posteriormente reclamarlo mediante un procedimiento coactivo. La norma objeto de análisis tiene como fundamento jurídico a los “indicios de público conocimiento” y en la forma como los concibió el legislador, concede a la administración pública, a través de una resolución motivada, el instaurar medidas cautelares contra los bienes no sólo del obligado principal y sus subsidiarios, sino en contra de los bienes de una tercera persona, que no es la obligada de responder por aquellas acreencias que se reclaman. Esta determinación de la norma, restringe el contenido esencial de los derechos constitucionales de una tercera persona, toda vez que en base a indicios se le puede privar de su derecho de propiedad sobre su bien, sin que se haya determinado previamente alguna responsabilidad en un proceso con las garantía mínimas donde pueda ejercer su defensa, lo que además afecta su derecho a la tutela judicial efectiva, y presunción de inocencia. Más aún cuando en un Estado de derechos y justicia se busca precautelar de manera efectiva a los derechos consagrados constitucionalmente, ya que estos son el límite para la actuación del poder estatal, razón por la cual, cualquier restricción a los derechos constitucionales debe estar plenamente justificada.

Consulta previa: normas para la tutela judicial efectiva en Ecuador

La invisibilidad de las colectividades diferenciadas, hizo de los indígenas víctimas de discriminación. El Estado ecuatoriano los consideró meros ciudadanos, y a sus territorios zonas de expansión poblacional y explotación de yacimientos petroleros, que por más de cuatro décadas gravita en el desarrollo nacional. La organización y movilización de los pueblos indígenas, así como la protección en la normativa internacional, confluye en el reconocimiento de sus derechos colectivos, entre ellos la consulta previa sobre explotación de recursos no renovables, y medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos. Más como las actividades extractivas y desarrollistas excluyentes, en nombre del interés mayoritario, no tienen límites y se ejecutan sin el consentimiento; la consulta previa, de gran legitimación social y que debe cumplirse sin restricciones bajo estándares internacionales, no pasa de la retórica; su omisión vulnera otros derechos fundamentales de los sujetos, y así la confrontación persiste. En este escenario, al que se suman los proyectos de minería en gran escala, se legitima la tutela judicial efectiva de la consulta previa en el régimen de la plurinacionalidad y del sumak kawsay. Pero para ello requerimos regularla sin restricciones, desde la perspectiva procesal, sin violar la reserva de ley, con la participación de sus sujetos, y además defenderla con acciones procesales concretas. Así la justicia que ha definido líneas para su implementación ante falta de configuración legal, está en el centro de la controversia, y llamada a protegerla con fallos ponderados en función de los demás derechos amenazados por su omisión.

La consulta judicial de constitucionalidad de normas, la tutela efectiva y el debido proceso

Desde el 20 de Octubre del 2008, fecha que entró en vigencia la Constitución de la República del Ecuador, la concepción filosófica del Estado cambió. El auto determinante de “Estado constitucional de derechos y justicia social”, implicó algo más que enunciar un objetivo, impuso los valores como materia y contenido de los preceptos normativos, que marcan la validez del ordenamiento jurídico interno, y además, reconoce la fuerza irradiante de la Constitución sobre el infraderecho. La vinculación de la moral y la justicia en el Derecho objetivo, convierte a un Estado de Derecho positivo, en un Estado constitucional de derechos y justicia social, cuya misión es proteger los valores y principios consagrados en la Constitución, creando para ello mecanismos jurídicos que, teóricamente, permiten el cumplimiento de sus declaraciones. El control de constitucionalidad, y para el caso en estudio, el control de constitucionalidad concreto, es uno de aquellos mecanismos que defienden la hegemonía y la supremacía constitucional. El control de constitucionalidad concreto, es una herramienta apropiada para detectar normas inferiores en contradicción con las normas superiores; se activa ante la duda razonable de constitucionalidad de una norma jurídica, que esté siendo aplicada por la autoridad judicial ordinaria dentro de un caso concreto. Empero, la sustanciación de la consulta judicial de constitucionalidad de norma, exige que la causa concreta se suspenda por cuarenta y cinco días, sin resolver nada sobre lo principal (CR, Art. 428). En asuntos que litigan intereses particulares, suspender el trámite de la causa, sin resolver nada en el fondo, no representaría mayor problema, pero en las causas que ventilan derechos de personas y grupos de atención prioritaria (CR, Art. 35), cuyos bienes, por su trascendencia social, interesan a la causa pública, suspender el trámite del caso sin resolver nada de fondo, lesiona el principio de tutela judicial efectiva y del debido proceso en la garantía de defensa (CR, Arts: 75 y 75.7).

Problemas constitucionales originados por las disposiciones cuarta y décima para el cobro eficiente de las acreencias del Estado de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado frente a la tutela judicial efectiva e irretroactividad en materia tributaria

El presente trabajo académico abarca un análisis en el que se define la vulneración de principios y derechos constitucionales y tributarios; así como también se constatan los vicios de forma y/o de fondo en la aprobación de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado (en adelante LFAIOE). Para llegar a comprobar dicha hipótesis fue utilizado el método analítico, como la misma palabra lo indica, se analizó cada paso del procedimiento adoptado para la aprobación de la mencionada ley, que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales el señor Presidente de la República, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de LFAOIE, calificado como de urgencia en materia económica. La presente investigación pretende demostrar las violaciones al procedimiento legislativo establecido en la Constitución de la República (en adelante Constitución) para la aprobación de las leyes que crean, modifican o suprimen tributos; es decir, los cuestionamientos constitucionales de forma que, desde el personal punto de vista de quien presenta esta investigación, han ocurrido en el trámite y promulgación de la LFAOIE. Comprende también el presente trabajo, un análisis de las disposiciones cuarta y décima para el cobro eficiente de las acreencias del Estado, constantes en la aludida Ley, que tiene como propósito evidenciar la vulneración del principio de irretroactividad de la ley tributaria en perjuicio de los contribuyentes; y la violación a la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, y a la seguridad jurídica; es decir, cuestionamientos constitucionales de fondo a la LFAOIE. La parte final del trabajo contiene algunas reflexiones sobre los efectos jurídicos que la aplicación de las disposiciones cuarta y décima ocasionó en los procesos contenciosos tributarios que se encontraban en conocimiento de los jueces competentes al momento de la entrada en vigencia de la manifestada LFAOIE.

El recurso de casación en materia civil en el Ecuador: formalismo vs. tutela efectiva de los derechos fundamentales

El formalismo establecido por el legislador en la Ley de casación en materia civil ha determinado una serie de requisitos que hacen efectiva la admisibilidad el recurso, su inobservancia puede constituir una consecuencia fatal, que impida su prosecución, frente a lo cual se encuentra la protección constitucional de la tutela efectiva de los derechos humanos. En este contexto este trabajo de investigación pretende demostrar que el recurso de casación en el Ecuador aspira cumplir con sus fines principales de unificación, defensa del derecho objetivo, control de legalidad, reparar los agravios proferidos en contra de las partes e igualmente cumplir con los principios constitucionales de realización de justicia y garantía de derechos. La tesis está dividida en tres capítulos. En el capítulo primero se analiza el rol de la jurisdicción en el Estado constitucional de derechos y justicia: el rol de los jueces en el nuevo Estado, cuya finalidad en esta nueva configuración es la protección real de los derechos fundamentales; la evolución del papel del juez de mero aplicador de la norma a creador de derecho; y en este sentido, identificar las herramientas que le sirven a la jurisdicción para cubrir esa finalidad. El capítulo segundo se refiere al recurso de casación como mecanismo de control de la legalidad, la determinación de la naturaleza jurídica; sus características, especialmente formales, requisitos, objetivos y el principio dispositivo como sustento de la fundamentación. El capítulo tercero comprende el estudio de la casación y sus alcances en el marco constitucional vigente: El principio de la administración de justicia como sistema medio; y, el formalismo del recurso de casación vs. tutela de los derechos fundamentales. Con la construcción de este trabajo se ha intentado presentar propuestas que respondan a los cuestionamientos que, a veces el formalismo del recurso de casación podría mermar el reconocimiento de un derecho fundamental; o que a pretexto de tutelar uno de estos derechos, vulnere el principio de formalismo que rige al recurso, siempre orientando a que la justicia constituye un valor esencial del Estado.

Instrumentos de participação popular na tutela ambiental

O presente trabalho busca demonstrar as possibilidades de participação do cidadão na tutela ambiental, de modo que foram elencadas os principais instrumentos com tal finalidade,até mesmo aqueles cuja titularidade não pertence ao cidadão,individualmente.Inicialmente abordou-se os fundamentos históricos do direito ambiental, bem como a natureza jurídica do direito ao meio ambiente equilibrado e os princípios dos quais parte tal ramo do direito.Tratou-se, ainda, do conceito de meio ambiente, que comporta abordagens de diferentes disciplinas, e jamais pode ser considerado único, encerrado e absoluto, uma vez que a tutela ambiental deve ser prestada de forma mais ampla possível.O destaque ao princípio democrático embasa o posterior desenvolvimento do estudo, voltado para seu aspecto pragmático, qual seja os instrumentos de tutela ambiental.A menção a tais institutos busca informar ao leitor a possibilidade, o momento e a forma de utilização.Por ser o direito ambiental disciplina recente e em construção, não é possível demostrar a plena eficácia dos instrumentos, mais já é possível delinear sua concretude e crescimento, ainda que tímidos.

A tutela jurídica da reforma agrária

Objetivou o presente trabalho traçar algumas considerações sobre determinados aspectos da reforma agrária, visto tratar-se de tema atual e relevante sobre o qual sabe-se muito pouco do ponto de vista jurídico.Elaborou-se um breve estudo sobre a propriedade ao longo da história e das civilizações, até chegar em temas conhecidos atualmente, como a função social da propriedade.Foram levantadas questões acerca de desapropriação para fins sociais e de reforma agrária e traçada uma evolução do instituto nas Constituições brasileiras.Questinou-se, ainda, aplicabilidade desse recurso para fins de obter uma melhor, ou mais justa, distribuição de terras no cenário nacional.Por fim, pretendeu estabelecer um panorama sobre a reforma agrária no Brasil e no mundo, dando as origens históricas da questão fundiária e tomando exemplo de países que, embora não possuam quantidade e a qualidade de terras semelhantes as brasileiras, realizaram suas reformas agrárias com sucesso e há muito tempo.Analisou-se também a figura do Movimento dos trabalhadores Rurais Sem-Terra e qual seu papel no processo de reforma agrária vigente.Por fim, pretendeu-se dar algumas respostas e sugestões frente a pouca viabilidade da política agrária vigente, baseada na desapropriação e assentamento de fa mílias sem-terra, sempre com base em dados atualizados e pesquisas e pesquisas, que demostram que a solução talvez não esteja na posse da terra mas na geração de empregos.

Execução contra a fazenda pública,a real eficacia da tutela para o judisdicionado

Esta pesquisa consiste em mostrar a finalidade da Execução Contra a Fazenda Pública, mostrando alguns de seus procedimentos que engloba dentro deste tipo de cumprimento de sentença.Nesta pesquisa também mostramos a necessidade de citação da Fazenda Pública na Execução a fim de apresentar os Embargos à Execução contra a Fazenda Pública.Apontamos que os bens da Fazenda pública são bens impenhorabilidade, assim obrigando o legislador a criar uma forma especial para a Execução contra a Fazenda Pública e mostrando a Execução por Quantia Certa Contra a Fazenda Pública. E após a Execução mostramos o procedimento da Requisição de Pagamentos e em si os Pagamentos. E a demora, ocorrendo o afrontamento diante dos princípios constitucionais.E por fim e mais importante a falta de eficácia dos Pagamentos em Regime dos Precatórios, tendo o credor insatisfeito após a sua Execução contra a Fazenda Pública.

Processo coletivo : tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos

Trata-se de estudo sobre o processo coletivo no direito brasileiro. Com base nas modificações legislativas implementadas nos últimos anos, ele busca identificar as características principais desse ramo do processo civil, bem como os seus princípios norteadores, os seus objetivos e os seus instrumentos de atuação. A Parte A faz uma resenha histórica da evolução do processo civil desde a implantação do Código de 1973, para mostrar como surgiu e com que perfil se afirmou entre nós o processo coletivo. As duas partes seguintes são dedicadas ao estudo dos seus principais instrumentos, os destinados à tutela de direitos coletivos (Parte B) e os destinados à tutela coletiva de direitos individuais (Parte C). Na parte final, são analisadas as relações entre o processo coletivo, os fatos jurídicos e os preceitos normativos, culminando com o exame das ações de controle concentrado de constitucionalidade na sua condição de instrumento para tutelar, ainda que indiretamente, direitos subjetivos individuais.

Variações sobre o tema implementação: a terminalidade antecipada em Cordeiro

Constata-se, com freqüência, que planos e projetos bem elaborados, com recursos suficiente e adequados, não conseguem ser implementados com sucesso, ainda que tenha havido uma previa e cuidadosa identificação dos elementos que poderiam ter influência no processo de implementação. Isto decorre do fato de que qualquer implementação seria ê afetada por inumeros eventos imprevisíveis, o que" a torna uma tarefa imensamente difícil, mesmo sob as melhores condições. Nesta dissertação, um estudo de caso, abordamos a implementação da Política de Terminalidade Antecipada no Estado do Rio de Janeiro. Há alguns anos atrás, o Rio de Janeiro lançou-se ã implementação da Política de Terminalidade Antecipada buscando adequar currículos, metodos e duração da educação básica ã sociedade agrícola do interior do Estado. Tal Política foi iniciada em condições aparentemente as mais auspiciosas e parecia não envolver nenhum elemento dramático. Prudentemente, decidiu-se concentrar a implementação, num primeiro momento, em Cordeiro e municípios vizinhos. Com base no experimento, a Política seria extendida a outras áreas do Estado. Previa-se, no decorrer da implementação, uma ação integrada das Secretarias de Estado de Agricultura, de Educaçao e Cultura, e de Saude. O processo de implementação desenvolveu-se durante dois Governos Estaduais sucessivos e está entrando em um terceiro.

Educação e "participação" : tutela ou crescimento? Análise dos componentes educativos da proposta de planejamento participativo do PRODEMATA

Esta dissertação tem como objeto de análise a relaçao educativa implícita na proposta de planejamento participativo do "Programa de Desenvolvimento Rural Integrado da Zona da Mata", de Minas Gerais, ali em execuçao desde 1976. Tal tarefa educativa integra uma ação educacional mais ampla cujo objetivo principal é a transferência de tecnologia - alvo que norteia todo o Programa. A adequação e a inovação tecnológica visam o aumento da produtividade por hectare em cultivos de parceiros e pequenos proprietários: agricultores sem terra e que a tem em pouca quantidade. A necessidade da intervenção na economia local surgiu, basicamente, em decorrência deste problema, que chegou a gerar uma certa movimentação desses produtores no início da década de 60. Ao nível da participação popular pretendida, a proposta buscaria dissimular as desigualdades presentes na sociedade local e, ao mesmo tempo, difundir e formar novos hábitos de consumo, de modo a gerar demanda para insumos agrícolas industrializados. Todavia a prática educativa efetivada possibilitou a emergência das ambigüidades e incoerências presentes na Proposta, assim como das contradições que esta buscava encobrir. Para isso, foi fundamental a experiência do pequeno produtor e do parceiro, adquirida na sua prática diária de trabalho, sobretudo se se considerar que ambos são excluídos da escola.

Legitimidade da defensoria pública na tutela de direitos transindividuais

O objetivo do trabalho é analisar a legitimidade da Defensoria Pública para o ajuizamento de ações civis públicas, em decorrência da nova redação do art. 5º da Lei nº 7.347/85. Verificando as atribuições institucionais da Defensoria Pública, cujo fim precípuo é a proteção e efetivação dos direitos dos cidadãos, chega-se a conclusão de que, de maneira alinhada ao ordenamento brasileiro, essa entidade possui legitimidade para proteger os direitos difusos.

Privacidade e tutela de dados genéticos

Este trabalho trata da questão da tutela dos dados genéticos e sua relação com o direito à privacidade. Em primeiro lugar, analisa-se a evolução da noção de privacidade e seus conflitos com o progresso tecnológico. Em seguida, realizou-se uma pesquisa que procurou apresentar como países estrangeiros lidam com a questão dos dados genéticos, tendo ficado evidente a utilização desses para fins de identificação criminal e como essas experiências influenciam o legislador brasileiro. Depois, são discutidas as controvérsias jurídicas decorrentes da formação de bancos de dados genéticos, o papel que o consentimento desempenha para a proteção da privacidade do indivíduo e a constituição de bancos de dados e os princípios que regem o tratamento desses dados. Por fim, conclui-se que se deve perseguir um equilíbrio entre a necessidade de proteção dos dados genéticos e a utilização desses para se atender interesses juridicamente relevantes de terceiros.