998 resultados para Poder jurídico
Resumo:
Abordamos en Antígona la voz nómos utilizada por la protagonista en su último discurso (vv. 908 y 914). Con ese término califica la razón de su proceder, que justifica contraponiendo su condición como hermana del muerto a una potencial situación como esposa o madre de un difunto. Pese al uso de nómos, observa Etxabe (2009: 61), tales palabras no han sido articuladas con un argumento legal; no obstante, a un estudio con tales propósitos pareciera poder objetarse el hecho de que el léxico jurídico implica ante todo generalidad, lo que entraría en contradicción con la particularidad y excepcionalidad que caracteriza aquello que Antígona califica como nómos. Revisamos entonces qué implica para Antígona el entierro de su hermano y luego abordamos el asunto desde los estudios más recientes sobre la legalidad griega, atendiendo especialmente al ordenamiento del sistema jurídico que tiene lugar en el siglo V a.C., y que implica un cambio de actitud con respecto a las leyes no escritas frecuentemente asociadas a Antígona
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Abordamos en Antígona la voz nómos utilizada por la protagonista en su último discurso (vv. 908 y 914). Con ese término califica la razón de su proceder, que justifica contraponiendo su condición como hermana del muerto a una potencial situación como esposa o madre de un difunto. Pese al uso de nómos, observa Etxabe (2009: 61), tales palabras no han sido articuladas con un argumento legal; no obstante, a un estudio con tales propósitos pareciera poder objetarse el hecho de que el léxico jurídico implica ante todo generalidad, lo que entraría en contradicción con la particularidad y excepcionalidad que caracteriza aquello que Antígona califica como nómos. Revisamos entonces qué implica para Antígona el entierro de su hermano y luego abordamos el asunto desde los estudios más recientes sobre la legalidad griega, atendiendo especialmente al ordenamiento del sistema jurídico que tiene lugar en el siglo V a.C., y que implica un cambio de actitud con respecto a las leyes no escritas frecuentemente asociadas a Antígona
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Abordamos en Antígona la voz nómos utilizada por la protagonista en su último discurso (vv. 908 y 914). Con ese término califica la razón de su proceder, que justifica contraponiendo su condición como hermana del muerto a una potencial situación como esposa o madre de un difunto. Pese al uso de nómos, observa Etxabe (2009: 61), tales palabras no han sido articuladas con un argumento legal; no obstante, a un estudio con tales propósitos pareciera poder objetarse el hecho de que el léxico jurídico implica ante todo generalidad, lo que entraría en contradicción con la particularidad y excepcionalidad que caracteriza aquello que Antígona califica como nómos. Revisamos entonces qué implica para Antígona el entierro de su hermano y luego abordamos el asunto desde los estudios más recientes sobre la legalidad griega, atendiendo especialmente al ordenamiento del sistema jurídico que tiene lugar en el siglo V a.C., y que implica un cambio de actitud con respecto a las leyes no escritas frecuentemente asociadas a Antígona
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El sistema portuario español movió en el año 2013 aproximadamente 458,54 millones de toneladas, 13,8 millones de TEUs, con un total de 131.128 buques que accedieron a puerto para el conjunto de las 28 Autoridades Portuarias. Con el 62% de las exportaciones y el 86% de las importaciones realizadas por vía marítima, una rentabilidad del 2,34 %, muy cerca del objetivo del 2,5 % de rentabilidad media annual establecida legalmente, y una cifra de negocios aproximada de 1.028 millones de euros equivalentes al 1,1 % del PIB que genera un empleo directo e indirecto vinculado de 145.000 personas, concluimos que estamos hablando de un sector estratégico para la economía del país. Desde hace décadas, en muchos puertos del mundo se han venido desarrollando terminales “hub” o de concentración y distribución de cargas. Las navieras concentran entre este tipo de terminales sus líneas transoceánicas con buques de enormes dimensiones y capacidad de carga para producir los tránsitos de contenedores desde estas líneas a otras líneas llamadas “feeder”, con buques de menor tamaño que enlazan el “hub” con los puertos de su área marítima de influencia. La excepcional ubicación geoestratégica de España, con aproximadamente ocho mil kilómetros de costa, ha originado que los puertos españoles de mayor dimensión aspiren a incorporarse a esta red marítima internacional de contenedores y determina que en nuestro sistema portuario los movimientos de contenedores de tránsito tengan gran importancia. Sin embargo, la crisis económica ha tenido un efecto decisivo en el sector marítimo, determinando una lucha feroz entre todos los puertos, nacionales e internacionales, por captar este tipo de tráficos, lo que origina una búsqueda de las compañías navieras de puertos cada vez más eficientes en términos calidad/coste del servicio. La entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley de Puertos y la piedra angular de su reforma, la Ley 33/2010, plantea como objetivo principal la mejora de la competitividad del sistema portuario español y liderar su recuperación, ofreciendo unas condiciones de entorno favorables a los puertos españoles que acaben por incentivar la captación de tráficos e inversión privada a través de una oferta de servicios e infraestructura de calidad y a precios competitivos que consoliden su posición dentro del tráfico marítimo mundial. Surge, por tanto, la conveniencia de investigar la influencia de las medidas propuestas por dicha norma legal y las soluciones ofrecidas a las demandas de un sector considerado estratégico para la economía del país, y cuya resolución se considera imprescindible para consolidar su recuperación. Por eso, se han analizado los aspectos más importantes de la reforma mediante la realización de un resumen ejecutivo y se ha estudiado la influencia de las medidas que incorpora desde el punto de vista de tres factores, que previamente se han considerado como fundamentales para la recuperación del sistema portuario español, y que históricamente habían sido demandados por el mismo, como son, en primer lugar, un progresivo sistema de flexibilización tributaria que permitiera a los puertos españoles ganar en términos de competitividad respecto a otros modelos portuarios mucho más flexibles en materia tarifaria, en segundo lugar, una necesaria liberalización del régimen de prestación de los servicios portuarios que posibilite el libre acceso a cualquier interesado en su prestación y, en último lugar, el progresivo abaratamiento de los costes inherentes a dichos servicios, fundamentalmente la manipulación de mercancías. Con posterioridad se ha investigado el trámite parlamentario al que se ha sometido la ley, fruto del enorme consenso alcanzado entre las dos principales fuerzas políticas del país, que determinó que se presentaran más de 700 enmiendas al proyecto original, y en algunos casos, se ha prestado especial atención a determinadas enmiendas que se consideran, en opinión de este investigador, novedosas y aventuradas, razón por la cual quizás no fueron incorporadas definitivamente al texto legal. Y se han analizado las principales demandas y aportaciones extraídas de la Sesión Informativa sobre la tramitación del entonces proyecto de ley ofrecida por la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados a los principales representantes del sector, comunidad portuaria, universidad y sindicatos. Siendo conscientes de la incidencia que tiene el servicio portuario de manipulación de mercancías en el paso de la mercancía por el puerto, se ha hecho una referencia concreta al peculiar régimen jurídico y laboral del personal vinculado al servicio. Avanzamos que las características de la relación laboral especial, y su peculiar régimen jurídico, con una dualidad de relaciones laborales, tiene una influencia decisiva en la nómina del trabajador que se repercute en los usuarios del servicio, fundamentalmente el naviero y el operador de la terminal, que en definitiva, incide en la competitividad del puerto. Y se ha constatado el auge aperturista de numerosas legislaciones portuarias europeas, prestando especial atención al proyecto frustrado de liberalización de los servicios portuarios en la Unión Europea de la conocida como Directiva Loyola de Palacio del año 2003 y al Libro Blanco de Transportes del año 2011. Así como a las deficiencias advertidas por el Dictamen de la Comisión Europea de fecha 27/09/2012 en relación al régimen jurídico del servicio portuario de manipulación de mercancías, que lo considera disconforme y contrario con las normas de libertad de establecimiento en Europa y que amenaza con una previsible reforma unilateral de la legislación portuaria española, a instancias europeas. Bajo este planteamiento, se ha procedido a analizar el marco de prestación de dichos servicios desde el punto de vista de la propia comunidad portuaria. Inicialmente, a través de un estudio de fuerzas de la competitividad del sector de los servicios portuarios en el sistema portuario español que nos permitirá trazar un mapa estratégico del mismo a través del “Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter” concluyendo, que el poder de los prestadores de servicios portuarios como proveedores de los mismos, fundamentalmente en la manipulación de mercancías, es máximo, con un único colectivo, los estibadores portuarios, que al amparo de la normativa legal vigente tienen la exclusividad de su prestación. Dichas circunstancias restan competitividad al sistema frente a alternativas portuarias más flexibles y desincentivan la inversión privada. Y, en segundo lugar, mediante un proceso participativo en distintas encuestas sobre el modelo legislativo y sobre el marco formativo del sector con los propios agentes afectados dentro de la comunidad portuaria, desde la triple perspectiva de la vertiente pública que representan las Autoridades Portuarias, como gestores de las infraestructuras, la vertiente privada que representan los usuarios y prestadores de servicios, como principal cliente del puerto y desde el punto de vista de la propia mano de obra portuaria materializada en la representación sindical de dichos trabajadores. Los resultados nos permitirán concluir, respectivamente, la incidencia del servicio portuario mercancía por el puerto, por representar más de la mitad de los costes. Así como la aspiración de los trabajadores adscritos a dicho servicio de consolidar un título formativo que unifique y potencie su capacitación profesional, circunstancia esta última, también demandada por toda comunidad portuaria. Analizadas las conclusiones extraídas en cada una de las líneas de investigación se han detectado una serie de ineficiencias dentro del mismo que dicho marco regulador no ha sabido resolver, por lo que se ha considerado la conveniencia de formular, como herramienta de ayuda a gestores del sistema portuario español, una relación de medidas que, en opinión de este investigador, se consideran necesarias para mejorar el régimen de prestación de los servicios portuarios y se ha propuesto un borrador de modificación del actual Texto Refundido que pueda servir de base para materializar una futura reforma legal. Las conclusiones obtenidas en la investigación deben sentar las bases de una profunda reflexión sobre la necesidad de encaminar, como alternativa a una previsible modificación a instancias europeas, una reforma legal que decididamente apueste por la competitividad del sistema portuario español desde el punto de vista de la liberalización de servicios, el abaratamiento de los costes de la estiba y la necesaria profesionalización de los trabajadores adscritos al servicio portuario de manipulación de mercancías. During 2013 the Spanish Port System moved nearly 458,54 million tons of freight, 13,8 million TEUs, involving a total of 131.128 ships for the 28 existing Port Authorities. With 62% of exports and 86% of imports made through sea transportation, a 2,34% profit, close to the 2,5% average annual profit goal legally established, revenues of 1.028 million € equivalent to a 1.1% of Spain’s GDP and a figure of 145.000 people a directly or indirectly employed we can conclude that maritime industry is undoubtedly one of the strategic and key sectors for the country’s economy. Since several decades many ports in the world have been increasingly developing “Hub” terminals, those which concentrate and distribute freight. Shipping companies place among these type of terminals their transoceanic sea liners along with huge dimension & capacity ships to make the container transit from these liners to other called “feeder” which are smaller freight ships that connect the “hub” with the ports within its maritime area of influence. Spain’s exceptional geostrategic location with over 8.000 km of coastline has originated that those big dimension Spanish ports aspire to become a part of a container international maritime network which also determines that transit container move is key within our port system. Nevertheless the economic crisis has had a decisive impact on the maritime sector originating a fierce battle between all ports, national and international ones, all of them fight against each other to catch this type of maritime traffic which triggers an ongoing shipping companies search in cost/service quality efficient ports. The cornerstone of the Restated Text of Port Law is Law 33/2010, which lays out as main goal the Spanish Port System competitiveness improvement and lead its recovery offering favorable environment conditions to Spanish ports which help encourage maritime traffic attraction and private investment through a wide offer of services, quality of infrastructure and competitive prices which can consolidate its positioning within the world’s maritime traffic. It is therefore key to investigate the influence of the measures proposed by the above mentioned law and also the solutions offered to the demands of a sector which is considered strategic for the country’s economy and which solution is essential to consolidate the recovery. It is because of this that the most important aspects of the reform have been analyzed through the making of an executive summary and it has also been studied the influence of the measures it includes from the point of view of three factors which have previously been considered as key for the Spanish port system recovery. The system has historically demanded a progressive tax flexibility, which would permit Spanish ports be more competitive compared to other port models much more flexible in rates, a necessary liberalization of the port service provision regime and last but not least, to cut the price of costs related to those services, mainly freight handling. Following this, the parliamentary process of the law has also been studied as a consequence of the vast consensus reached by the main political forces in the country which clearly determined that more than 700 amendments to the original project were presented. In some cases the focus has been on amendments which are adventurous and new, reason why they were finally not included to the final legal text. Being well aware of the importance that freight handling procedure has, I have made a specific reference to the legal and working framework of those employees related to this service. We conclude that the special working relationship, its different legal regime, along with the working relationship dualism has a big impact and decisive influence over the worker’s salary which also affects service users, mainly shipowners and terminal operators, having a bad effect on the port’s competitiveness. The above confirms the new opening trend of main European port laws with special attention to the frustrated European Union port services liberalization project, also known as Directive Loyola de Palacio (2003) and the White Paper on Transports (2011). It is important to highlight that the European Commission has also observed several deficiencies with regard to the freight handling port service Law Regime being in disagreement with it, considering it is against the free establishment rules in Europe. The Commission is likely to present a unilateral reform to the Spanish Port Law. Under this approach the service provision framework is being analyzed from the Port Community point of view. Initially the analysis will focus on the study of the competition forces within the port services industry in Spain, this will allow us to draw up an strategic map through “Porter’s Five Forces Model” concluding that the power of port services providers as freight handlers is maximum, with an only collective, stevedores, which has the exclusivity for their services. All these circumstances not only decrease the system’s competitiveness versus other more flexible but also restrain private investments. Secondly, through a participating procedure in different surveys about the legislative model and about the training framework with the affected agents within the port community, there is a triple perspective: Public point of view represented by Port Authorities as infrastructure managers, Private point of view represented by users and service suppliers as main Port’s customer and finally, port workforce, represented by union leaders. Results will let us conclude that freight handling service is the most critical port service and represents more than half of the costs. This service related workers aspire to obtain a training certificate that unifies and boosts their professional role which is also chased by the entire port community. Once conclusions have been analyzed for all research lines, several deficiencies have been found and the regulatory framework hasn’t yet been able to solve them, it has therefore been a series of necessary measures that help improve the port services provision regime. A new proposal to the Restated Law Text has been drafted as the first step to embrace a future legal reform. Conclusions obtained on the research should set the new basis of a deep reflection about the need to bent on a new legal reform which firmly bets on Spanish port system competitiveness from three key points of view, service liberalization, ship load cost reduction and professionalization of freight handling related workers.
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Trata das mudanças da constituição que resultam diretamente da modificação do texto constitucional ou resultam de ruptura com o ordenamento jurídico constitucional.
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O presente trabalho busca analisar os diferentes tratamentos dispensados à marca no âmbito do controle preventivo e no controle repressivo de condutas. A análise da função social das marcas demonstrou que esta é uma propriedade que se realiza na concorrência e pela concorrência. Nesse sentido, não há dúvidas de que está sujeita aos princípios do Direito Concorrencial. Todavia, a maneira como esses princípios balizam a marca no controle de atos de concentração, de um lado, e no controle repressivo de condutas, de outro, difere. No âmbito do controle de atos de concentração, a atuação da autoridade concorrencial é orientada por uma variante do princípio da precaução, o que a autoriza a tomar decisões e impor restrições aos direitos marcários mesmo em um contexto de incerteza. No âmbito do controle repressivo de condutas, todavia, a intervenção do CADE está sujeita aos princípios do Processo Administrativo Sancionador. Neste contexto, as condutas que envolvem o uso de direitos de propriedade intelectual, incluindo as marcas, devem ser analisadas à luz do princípio da estrita legalidade. Um critério jurídico objetivo é necessário para distinguir o lícito do ilícito, sobretudo em um cenário no qual estão em jogo duas políticas públicas distintas: a de proteção à concorrência e a de proteção à direitos de propriedade industrial. Sendo essas duas políticas instrumentais e parciais, voltadas a um fim maior de política econômica, devem harmonizar-se, e não sobrepor-se uma a outra. Ademais, o escopo de atuação da autoridade concorrencial em processos que investiguem o uso abusivo de direitos marcários e atos de concorrência desleal deve ser esclarecido. O direito concorrencial, enquanto ramo autônomo do direito, com princípios e métodos interpretativos próprios, pode analisar institutos e figuras de outros ramos que com ele guardem relação sem ter de ficar adstrito ao posicionamento de outras instâncias.
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Introdução: A violência doméstica contra as mulheres apresenta-se, na atualidade, como relevante questão social e problema de saúde pública que afeta a maioria dos países. Portanto, não está mais restrita a países considerados do terceiro mundo e tende a ampliarse e a se generalizar. Em Moçambique pouco se investigou sobre a importância e papel das Delegacias de Mulheres no processo de implementação da Lei 29/2009 sobre Violência Doméstica contra a Mulher. Objetivo: Conhecer como profissionais de Delegacias de Mulheres acolhem e encaminham aos Tribunais os casos de violência doméstica; como interpretam o texto da lei, seu alcance, limitação e desafios na defesa dos direitos das mulheres vivendo em situação de violência na cidade de Maputo. Metodologia: Trata-se de pesquisa de natureza qualitativa, na qual foram realizadas entrevistas com 21 profissionais, operadores de Delegacias da cidade de Maputo Moçambique, que autorizaram a entrevista, segundo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados e Discussão: Os entrevistados apresentaram, em seus relatos, grande identificação com o tipo de trabalho exercido, considerando as Delegacias como espaços significativos para o reconhecimento da cidadania das mulheres, assim como um campo de atuação políticojurídica em defesa dos direitos das mesmas via atuação na implementação da Lei 29/2009. Reconhecem a relevância da Lei, tendo em vista a significativa expressão da violência como prática naturalizada, na sociedade moçambicana, pela cristalização de valores tradicionais do poder masculino sobre as mulheres, secundados por diferentes práticas culturais. Tais entrevistados Identificam alcances, mas igualmente limites no processo de implementação da mesma, destacando a importância de sua maior divulgação em todas as regiões do país, quer urbanas, sobretudo nas periferias, assim como zonas rurais. Destacam, igualmente, a necessidade de maior capacitação dos próprios agentes do setor jurídico, considerando a multiplicidade de aspectos envolvidos na prática cotidiana dos serviços, notadamente nas delegacias, em relação à aplicação e ampliação do alcance da Lei. Considerações Finais: As tradicionais práticas culturais vigentes na sociedade moçambicana apresentaram-se como aspecto limitante para a implementação da Lei, assim como a remissão das penas, prevista na Lei, que, impossibilita a punição do agressor, em termos de detenção, uma vez que substitui a mesma por prestação de serviços à comunidade, pagamento de cestabásica e/ou multas, tendo em vista, sobretudo, sua estreita relação com o artigo 37 sobre a salvaguarda da família. Diante disso, foram sugeridas, para maior alcance e efetividade na aplicação da Lei, modalidades como o trabalho reflexivo com grupos de homens, com o objetivo de desconstrução dos tradicionais valores sobre masculinidade vigentes nas relações entre homens e mulheres nessa sociedade, que mantém tanto a desigualdade quanto a iniquidade de gênero, pela permanência de tradicionais valores culturais, a exemplo do lobolo e da poligamia
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O estudo da problemática da admissibilidade jurídico-penal do crime de burla por omissão, enquadrando-se na órbitra dos crimes comissivos por omissão, impõe, a título de questão prévia, a análise do conteúdo e alcance da cláusula de equiparação da omissão à acção, ínsita no art. 10.º do C.P, e, bem assim, a indagação do seu fundamento e da sua compatibilidade com o princípio jurídico-constitucional da legalidade das normas incriminadoras e suas exigências de determinação típica decorrentes dos princípios nullum crimen sine (prævia) lege e nulla poena sine (prævia) lege., matéria a que nos debruçaremos na Parte I da presente dissertação e que deverá ser essencialmente entendida à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da necessidade de um equilíbrio entre a certeza e a segurança jurídicas com a tutela de determinados bens-jurídicos fundamentais, enquanto pilares essenciais de qualquer Estado de Direito Democrático. Na parte II, tentaremos determinar o significado e alcance da conduta enganosa e astuciosa do crime de burla, previsto e punido pelo n.º 1 do art.º 217.º do C.P., desbravando, antes de mais, a sua evolução normativa até aos tempos hodiernos, após o que definiremos a estrutura normativa do tipo. Buscaremos, de seguida, uma aproximação ao conceito de engano e a determinação das formas e modalidades que a conduta enganosa e astuciosa poderá assumir: Exigirá a conduta típica uma mise-en-scène perpetrada pelo agente ou poderá bastar-se com uma mera mentira? Alcançada a sua (possível) determinação, estaremos já em condições de nos debruçarmos sobre a problemática da admissibilidade jurídico-penal da burla por omissão, altura em que, sob uma perspectiva crítica e acompanhada da análise igualmente crítica de casos, avançaremos com argumentos favoráveis e contrários a essa admissibilidade, sem, naturalmente, deixarmos de auscultar a tendência de entendimento da nossa Jurisprudência.
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Tese de doutoramento, Direito (Ciências Jurídico-Políticas, vertente de Direito Administrativo), Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito, 2016
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This dissertation analyses the Brazilian Supreme Court’s judgement in the Non-compliance Action of the Fundamental Precept 132/RJ and in the Direct Action of Unconstitutionality 4277/DF, which created in the country the same-sex civil union. In This decision, the STF interpreted according to the constitution Article 1.723 of the Civil Code, invoking several fundamentals reaffirmed in the Constitution. From all these laws invoked by the Supreme Court to support the pretorian creation, the content of consitutional Law regarding equality is the only that corresponds, and it is sufficient to evidence the necessity of the creation, by legislator, of the institute for civil rights, since the Constitution forbids distinctions that is not expressly provided for in the Constitution (Art. 3º, IV, of Federal Constitution). In this way, Article 226, § 3º is not an exception capable of satisfying the condition of the consitutional foresight because although it protect, according its content only the civil union “between the man and the woman”, it is not able to forbid the creation, by legislator, of another kinds of families, including the same-sex civil union. As such, the reasoning, now legitimate according to the legislator, is not support the creation of institute by Constitutional Court, because the Court may enforce the Law, interpreting in the purviews allowed by the legal text and its constitutionality. In regard to the civil union of individuos of the same sex, the Court could not deduce that such union was implied by Law, like the interpretation according to the Constitution given by judges, on grounds of semantic purviews of the words man and woman, existents in both articles. The Court could not created it either, exceeding the legal system role. So, upon the institute creation, the STF, exceeded two limits: the interpretation and Law enforcement.
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The right to the preservation of a healthy environment is perceived as a Fundamental Right, inserted in the National Constitution and referring to present and future generations. The preservation of the environment is directly connected to the right to Health and Human Dignity and, therefore, must be treated as a personal right, unavailable, claiming for a positive response from the Brazilian State, through the development of related public policies, control of potentially harmful economic activities, with special focus on the principles of precaution and solidarity. The Brazilian judiciary must thus be attentive to the guardianship of the Fundamental Right. The judiciary control over the execution of public policies is based on obeying the principle of the separation, independence and harmony between the Powers, however it should never deviate from the constitutional obligation of caring for the effectivation of the rights and guarantees within the Magna Carta. In the balance between the principle of human dignity, from which springs the right to a healthy environment and the principle of separation of powers, the former should prevail, maintaining the latter to a core minimum.
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This search addresses the public policies that directly or indirectly corroborate for the implementation of the Brazilian Law number 10.639/2003 in Federal University of Uberlândia and it analyzes the affirmative actions in this context. The study aims to answer some questions such as: Why we have found difficulties in implementing the Law 10.639/2003 and its correlate legislation in the institutions responsible for teachers formation, particularly in the courses of History, Visual Arts, Portuguese Language and Literature and Education teachers? We started from the hypothesis that implementing the Law 10.639/2003 is considered by popular movements that fight for the emancipation of black population and for its rights consider such actions as a form of eradicating racial and ethnic prejudice which are still present in our society. The methodology is based on case study, which allows the triangulation to other methodological approaches such as qualitative analysis and bibliographic search. The investigation instruments were: I. Bibliographic sources including books, papers, periodic and so one; II. Documental sources: specific legislation on the theme (Brazilian Federal Law 10.639/2003, Resolution CNE/CP 1/2004 and others; III. Oral sources obtained from semi structured interviews with coordinators of the selected Graduation courses. Critical multicuturalism according to McLaren (1999) allowed us to approach our research object in order to understand its plural characteristics, specially reading the different aspects that permeate the relationship between culture and identity, cultural differences and power relationship in modern society. In the study, we did not perceive the involvement of the Higher Education professionals in order to implement Law 10.639/2003. The problem perceived for implementing the law and its pedagogical normative legal framework is the personal and institutional attitude, because every subject involved in it has a direct responsibility. We cannot believe that the institutions may claim lack of knowledge and research in the area as impediments to implementing the disciplines and the pedagogical contents concerning to the Law nor contracting researcher experts and scholars on this topic to compose the frames of the University.
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LaAdministración Pública manifiesta su voluntad de diferentes maneras conocidas como Acto Administrativo, Actos de Simple Administración, Hecho Administrativo, Contrato Administrativo, Acto Normativo; todas estas formas de manifestación de voluntad son parte de la rama del Derecho Administrativo, las cuales han sido estudiadas por diversos doctrinarios; en este caso en concreto el estudio de esta monografía se centra en el Hecho Administrativoque no es más que toda actividad material traducida en actuaciones técnicas o físicas que son ejecutadas por medio de quien representa a la Administración Pública. En la primera parte de este proyecto monográfico el objetivo es recoger las diversas formas de manifestación de voluntad de la Administración Pública, para poder estudiarlas y analizarlas según la doctrina, y dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Para así, una vez identificadas cada una de estas figuras, proceder al estudio del Hecho Administrativo. Una vez estudiado e identificado al Hecho Administrativo en nuestro ordenamiento jurídico; analizaremos su importancia dentro del campo práctico del Derecho Administrativo, para lo que nos remitiremos a un caso en la vía administrativa, como lo es la muerte de la hija de la ex ministra Guadalupe Larriva; y a un caso en la vía jurisdiccional, en que el señor Iván Vásquez demanda a la Federación Deportiva del Azuay, la impugnación de un Hecho Administrativo.
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Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Sociais, Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas, Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados sobre as Américas, 2016.