1000 resultados para Licencias ambientales -- Colombia


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Hace más de 500 años, la búsqueda de riquezas llevó casi a la extinción a los ancestrales habitantes del suelo colombiano. Hoy, los herederos de esa tragedia ven cómo el afán por explotar los recursos naturales y los intereses de diferentes actores, han desatado conflictos ambientales que estremecen sus territorios. En Colombia hay unos 87 pueblos indígenas y hasta el momento, se han identificado y documentado 62 conflictos ambientales de diverso origen en sus tierras, los cuales muestran que las comunidades han sido afectadas por los proyectos que promueven el desarrollo especialmente económico.

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Este trabajo se soporta sobre una base conformada por dos conceptos, que constituyen el horizonte contextual de la investigación: Derecho Administrativo y Comunidad de integración. Es claro que al hablar de una Comunidad de integración específica como la Comunidad Andina (CAN), incide de forma directa en la actividad del derecho administrativo.Ha sido necesario que los países que conforman los grupos de integración económica cedan parte de sus competencias para crear un ordenamiento jurídico de orden supranacional, el cual modifica la dinámica social de las relaciones comerciales y afecta la estructura de la administración pública, haciendo que el derecho administrativo no se limite a interactuar solo con derecho nacional. Esta mutua dependencia de las políticas internas y las regionales se realiza, entonces, cada vez que existe participación y compromiso de los Estados frente a las decisiones, de carácter vinculante o no. En esa medida surge el problema de investigación tendiente a esclarecer cómo ha sido la adopción de las decisiones e interpretaciones, emanadas de los mecanismos oficiales del Derecho Comunitario Andino, en el ordenamiento jurídico colombiano. La existencia de varios puntos de vista con respecto a la obligatoriedad o no de dicha adopción, moldea un tema de suficiente amplitud y profundidad para ser estudiado en un trabajo de investigación.

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La desnutrición infantil y la pobreza se encuentran asociadas y estas a su vez con el progreso de los países. Conocer las determinantes sociales y económicas de la niñez que padece de bajo peso es necesario para crear escenarios propicios para el adecuado desarrollo de la primera infancia y de esta manera contribuir con la superación de la pobreza en el marco de sistemas sanitarios equitativos. Se realiza una descripción de las características socio-económicas y un análisis de posibles asociaciones entre estas y el bajo peso infantil de una muestra de infantes de uno de los sectores de mayor vulnerabilidad y pobreza de Bogotá (Colombia). La tasa del bajo peso infantil en la muestra del estudio en más alta a la presentada en Bogotá y Colombia (8.5%, 2.9% y 3.4% respectivamente). Al realizar el análisis de las posibles asociaciones entre el bajo peso y las variables de estudio, se evidencia que las relaciones son débiles entre la primera y las segundas, siendo la condición de desplazamiento la que mayor asociación positiva presenta con la deficiencia nutricional seguido del rango de edad entre los 25 y 36 meses. La situación que presenta mayor independencia con respecto al bajo peso infantil es contar con vivienda propia seguida del sexo. La desnutrición infantil se presenta en niveles importantes en sectores de mayor vulnerabilidad con implicaciones para el adecuado desarrollo de los infantes y para las intenciones de reducción de los índices de pobreza en el país. El fortalecimiento de las políticas públicas que favorezca el desarrollo infantil, la superación de la pobreza y las inequidades en los sistemas de salud deben contemplar acciones integrales dirigidas a los más vulnerables, con la participación de la sociedad civil y los sectores públicos y privados, el compromiso político y económico de los gobiernos y reglas claras que contribuyan a la solución estructural de la pobreza y que promueva el adecuado desarrollo infantil.

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El trabajo de investigación presenta la gestión que están realizando las empresas colombianas del sector empaque y embalaje en términos de su responsabilidad social empresarial, especialmente en el manejo ambiental de sus productos y procesos. Los objetivos de las empresas se enfocan en ser perdurables y rentables; para lograrlo deben encontrar una ventaja competitiva sostenible e ir acorde a los cambios sociales, económicos, políticos y ambientales entre otros. El mercado tanto nacional como internacional es cada vez más competitivo; la globalización, la facilidad de información y la tecnología hacen que las políticas gubernamentales y las necesidades del mercado sean más exigentes respecto al compromiso ambiental de las organizaciones. El presente proyecto identifica las actividades que realizan éstas empresas al respecto y presenta recomendaciones para lograr esa ventaja competitiva.

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El presente documento ofrece una guía logística y análisis financiero para las pequeñas y medianas empresas (PyMES) de Colombia que deseen exportar pulpa de limón al mercado Europeo. Para el desarrollo de este trabajo se ha tomado el caso de la micro empresa COMERFRUTAS de Colombia S.A.S. (productora de pulpa de limón) y se ha realizado un estudio de competitividad de puertos, agentes de carga tanto terrestre como marítimos para dar las bases necesarias de exportación a las PyMES colombianas en un marco legal establecido.

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El texto permite al lector aproximarse al conocimiento de las dinámicas del pago por servicios ambientales en Colombia, la importancia de preservar los páramos como ecosistemas primordiales para el abastecimiento y regulación del recurso hídrico, la inclusión del sector privado y las comunidades locales como participes de procesos de conservación del medio ambiente y por último, la correlación cada vez más presente e ineludible, entre bienestar socio-económico y un medio ambiente sano.

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Con la Constitución Política de 1991, se inicia una nueva estructura funcional en el país a partir de los preceptos consagrados en la carta magna como un estado social de derecho, situación que no fue ajena al sector salud en el cual se estableció la seguridad social como un servicio público basado en los principios fundamentales de universalidad, solidaridad y eficiencia, enunciados que fueron plasmados entre otros en la Ley 100 de 1993, la cual incorporó estos elementos que resultaban innovadores en el contexto. Hoy después de 18 años de promulgada la Ley, se ha generado un modelo estructural que ha permitido mejorar los resultados en esta área, que si bien posee falencias en algunos de sus componentes (Acceso, Flujo de Recursos, Salud Pública), las mismas pueden ser superadas, con una reforma estructural al sistema que elimine los intereses particulares de los diferentes actores al momento de su elaboración y promulgación. Uno de los avances significativos en la reforma al sistema es la promulgación de la salud como derecho fundamental, inherente al ser humano, otorgando el carácter de inalienable, imprescriptible y sagrado, dejando en segundo plano su condición prestacional establecida. El derecho a la salud tendrá como eje principal la salud pública armonizada con la promoción y prevención, diagnóstico y tratamiento integral de la enfermedad, las cuales deben ser articuladas con las políticas sociales, ambientales, culturales y económicas que permitan incidir en los determinantes sociales de la salud para mejorar la calidad de vida de la población. La reforma a la salud en el eje de la financiación como se encuentra propuesta, no generará cambios sustanciales toda vez que se avanza hacia un sistema en que el estado será el principal actor con las funciones afiliación, recaudo, pago, giro o transferencia de los recursos, responsable de la información. Sin embargo la administración del riesgo en salud seguirá delegada, función que es determinante para la administración de los recursos del sistema, en resumen se demuestra el interés del estado en retomar la gobernanza y su empoderamiento como administrador de lo público, sin que esto responda a las necesidades de cambio en el sistema de salud.

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La presente investigación diagnóstica busca analizar las dinámicas de cooperación al desarrollo entre la Unión Europea y Colombia para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, específicamente el Objetivo 7 que busca garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

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Los efectos ambientales, económicos, sociales y culturales generados por las Semillas Genéticamente Modificadas-SGM y su control por empresas transnacionales como Monsanto, han incentivado la acción colectiva liderada por ONGs, tanto internacionalmente como en Colombia. El objetivo principal es analizar cómo la ONG “Semillas” ha incidido en las políticas colombianas relacionadas con la introducción y uso de SGM durante el periodo 2002-2013. Se centra en la Teoría de Redes Transnacionales de Defensa expuesta por M. Keck y K. Sikkink (1998). Además, se analiza el papel de las ONGs ambientales y las corporaciones transnacionales. El argumento central es que al crear vínculos con actores nacionales e internacionales y vincularse con redes y campañas con impacto transnacional, “Semillas” ha posicionado la lucha en contra de las SGM y ha logrado presionar al Estado influyendo parcialmente en sus políticas y leyes, al igual que en su posición y discurso frente al uso de SGM.

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En medio de los desafíos ambientales que enfrentan los gobiernos del mundo, Colombia posee un territorio que concentra múltiples retos para el desarrollo de políticas, planes y programas pertinentes para la protección de los recursos naturales. Hoy en día el departamento de Amazonas, ubicado estratégicamente al sur del país en una zona limítrofe de alta importancia en la región amazónica, experimenta serias problemáticas como la deforestación, la minería legal e ilegal, y la degradación hídrica. Este trabajo de investigación es un estudio de caso analítico y descriptivo, que busca analizar de qué manera la aplicación de políticas de seguridad ambiental por parte del gobierno colombiano ha contribuido con el desarrollo sostenible en el departamento del Amazonas, estableciendo las principales problemáticas en términos de seguridad ambiental e identificando las políticas que se han desarrollado para la protección de este territorio.

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La monografía contiene cuatro capítulos. El primero muestra el proceso integración en el continente americano, teniendo en cuenta ALCA y TLC y el trato dado en estos acuerdos a los temas directamente relacionados con la hipótesis del trabajo, manejado según la teoría de la interdependencia. El segundo capítulo aborda la situación agrícola y ambiental al interior del país, las políticas ambientales que tiene y la posición negociadora en el ALCA y en el TLC, teniendo en cuenta la teoría de integración regional. En el tercero se analiza lo planteado en el primero y segundo capítulos, da razones para el cumplimiento de la hipótesis planteada, teniendo como espejo las negociaciones en el TLC y los compromisos adquiridos por Colombia respecto al ingreso de un producto agrícola como el maíz transgénico y su incidencia en decisiones en políticas ambientales relacionadas directamente con AMUMAS (Acuerdos Multilaterales Medioambientales), y compromisos adquiridos en temas relacionados al medio ambiente, como el de propiedad intelectual. Todo con base en los aspectos de la teoría de la integración regional. Finalmente se presentan las conclusiones.

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Esta monografía pretende realizar un análisis desde la experiencia de Brasil de los elementos que debe contener el diseño de las directrices para la producción de biocombustibles en Colombia, centrados en la importancia de estructurar un modelo sostenible que le permita a Colombia consolidarse como productor eficiente a nivel mundial en la materia. La hipótesis que se prueba a lo largo de la monografía plantea que para entender qué elementos intervienen en el diseño de las directrices (entendidas como el conjunto de normas o instrucciones que determinan las condiciones de generación de biocombustibles, en este caso un marco legal que incentive y establezca reglas claras en la materia, innovación, capacidad de expansión, infraestructura y construcción de mercados) para la producción de biocombustibles en Brasil, es necesario realizar un análisis que involucre elementos agrícolas como el desarrollo rural, aspectos energéticos, entre los que se encuentran la seguridad energética, la dependencia frente a la volatilidad de los precios del petróleo y la disminución de los costos de los combustibles, y medio ambientales como la reducción de la emisión de gases invernadero, los daños derivados de la producción de petróleo y la protección de zonas forestales. Sin dejar de lado los tres momentos de la producción de biocombustibles: la siembra, producción y uso.

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El deterioro medioambiental, en particular la pérdida de biodiversidad a nivel mundial, ha tenido un crecimiento significativo a través de los años, debido a la constante transformación de los hábitats, la deforestación y especialmente por la sobre-explotación insostenible de los recursos existentes, trayendo consecuencias adversas para el desarrollo de los países más pobres, donde paradójicamente se concentra la mayor diversidad biológica del planeta. Es así como, surge la necesidad de responder a esta problemática y canalizar por medio de diferentes foros internacionales la atención de la comunidad internacional a la protección de los recursos naturales. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, legitimó los problemas ambientales como un tema de preocupación internacional lo que generó un impulso político sin precedentes que llevó a la firma de diferentes acuerdos, entre ellos, la Convención sobre el comercio internacional de fauna y flora (CITES) de 1975. Veinte años después en el marco del fin de la guerra fría, tuvo lugar en Río de Janeiro la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, la cual basándose en el Informe Brundtland reafirmó internacionalmente el hecho de que la “protección del medio ambiente y la administración de los recursos naturales deben integrarse en las cuestiones socio-económicas de pobreza y subdesarrollo”1. Cabe señalar que la Cumbre se convirtió en un hito internacional que ayudaría a guiar la cooperación de los estados y las organizaciones y el desarrollo de programas en el próximo siglo, al tener como resultado la adopción de diferentes acuerdos multilaterales como: la Declaración de Principios sobre Bosques, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en la cual se definen los derechos y las obligaciones de los Estados respecto a principios básicos sobre el medio ambiente y Agenda 21, el Convenio sobre Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Además, se estableció la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU con el mandato de coordinar las actividades de medio ambiente de las Naciones Unidas y supervisar la aplicación de lo pactado en la Cumbre del 92. Sin embargo, años después se vislumbra con gran preocupación en la Cumbre para la tierra + 5, la persistencia de la explotación indebida de los recursos naturales, y el continuo crecimiento de la pobreza. Es así como, en el 2002 con el objetivo de revisar nuevamente los éxitos y los fracasos registrados desde la Cumbre de la Tierra, se llevó a cabo en Johannesburgo, África del Sur, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 10) donde se acordó la necesidad de fortalecer el multilateralismo por medio de instituciones internacionales más efectivas que promovieran el desarrollo sostenible y se reconoció al Convenio sobre la Diversidad Biológica como ente rector para la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad y como el instrumento principal para reducir la perdida de la misma al 2010.2 Asimismo, teniendo en cuenta que el CBD cuenta con la cooperación de diferentes organizaciones internacionales para dar total cumplimiento a los objetivos planteados en el mismo, como es el caso de la UNCTAD, la UNDP, la UNEP, entre otras, en la presente monografía se analizará específicamente la cooperación de la UNCTAD, en la medida que se ha convertido en una organización que se ha preocupado por adoptar día a día un nuevo enfoque para la asistencia al desarrollo abordando conjuntamente el medio ambiente y el comercio, a través de programas de cooperación como es el caso del BTFP, que fue una de las primeras iniciativas de las Naciones Unidas para ayudar a los países en desarrollo a fomentar el comercio responsable para potenciar la sostenibilidad y mantener la biodiversidad.

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Las reformas puestas en marcha a comienzos de los 90s en el sector de acueducto en Colombia buscaron generar cambios positivos en este, incentivando mejores actuaciones de los prestadores. En el 2004, la implementación de un puntaje de eficiencia en la estimación de los costos de las empresas fue un primer acercamiento al sector a esquemas de benchmarking ampliamente utilizados en otros países, como Inglaterra y Perú. Este trabajo resume las principales reformas y las características actuales del sector de acueducto, y por medio de la técnica de eficiencia DEA analiza la eficiencia en una muestra de 33 empresas para cuatro años (2002-2005), considerando variables ambientales y de calidad del servicio. A su vez, con un análisis de regresión identifica las principales variables financieras y de control que influyen en los puntajes de eficiencia.

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A través de la política ambiental del país, guiada por los principios constitucionales que rigen el tema ambiental, se han concebido unos instrumentos de punición, reparación y mitigación para contrarrestar los daños ambientales producidos por el hombre. Entre otras normas, el artículo 80 de la Constitución Política, le impone al Estado, representado por las autoridades ambientales, el deber de mitigar, sancionar y exigir la reparación de los daños causados al ambiente, debido a que los recursos naturales renovables le pertenecen a la nación, forman parte del patrimonio natural y aseguran el desarrollo sostenible, la calidad de vida y la seguridad alimentaria de los colombianos.