1000 resultados para Ley Nº 26.061


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La Cámara de Comercio de Bogotá inscribió el acta No. AA-021 de la asamblea de accionistas de la SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES, INGENIERÍA MERCADEO TELEVISIÓN POR CABLE Y SERVICIOS SAS, en la cual se hizo nombramiento de gerente general, gerente ejecutivo y presidente de la asamblea de accionistas.

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La Cámara de Comercio de Bogotá inscribió el acta No. 152 AG de la asamblea de accionistas de la sociedad ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL S.A., en la cual se hizo nombramiento de la junta directiva en la sociedad mencionada. Contra este acto administrativo, presentó recurso de reposición el agente oficioso de algunos accionistas y uno de los miembros principales de la junta directiva de la sociedad.

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La tesis tiene como objetivo central, desde un punto de vista crítico en el que se resalta la influencia de la política y del sistema económico en las decisiones judiciales, exponer la forma en que las autoridades judiciales y administrativas han interpretado las normas que regulan la competencia en Colombia, específicamente el caso del artículo 7 de la Ley 256 de 1996. Y preguntarse si dependiendo del método de interpretación que se acoge al momento de fallar se busca reforzar o no el modelo económico liberal, en especial la adopción de los argumentos que sustentan la decisión.

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La reintegración social y económica de grupos y personas armados al margen de la ley es un tema polémico en el ámbito nacional como en el internacional. Aquí se intenta demostrar la debilidad del modelo de cooperación internacional en Colombia y su incidencia en el Programa de Reintegración de grupos y personas armadas al margen de la ley, partiendo de la precariedad institucional del modelo de cooperación internacional vigente durante el periodo 2002-2006, caracterizado por la limitada existencia de escenarios de coordinación, así como por la incidencia de externalidades políticas, económicas y diplomáticas. Se logra, de esta manera, evidenciar la presencia de vacíos institucionales que no permiten que la cooperación internacional dirigida a los procesos de reintegración tengan un adecuado manejo, así como el sentimiento de desconfianza que hay por parte de la comunidad internacional hacia los programas de reintegración, debido a los problemas estructurales del programa en sí, a su limitada cobertura, a errores de diseño y a las limitaciones en su implementación. Lo anterior, ha traído como consecuencia la formación de nuevos grupos armados al margen de la ley en las zonas donde ocurrieron las desmovilizaciones; de igual manera, la falta de cumplimiento por parte del gobierno colombiano hacia las recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho que esta desconfianza siga latente en el escenario de cooperación internacional.

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El Plan de Ordenamiento Territorial es la herramienta por antonomasia de organización del territorio en Colombia. La forma como se diseñe y haga uso de él afecta de manera decisiva la capacidad de los municipios para responder a las actuales y futuras realidades urbano-rurales. En este sentido, resulta importante, e incluso necesario, reflexionar sobre la orientación que este instrumento ha tenido, con el propósito de establecer su funcionalidad y pertinencia. Un ejercicio de esta naturaleza requiere de un proceso de investigación que contemple los siguientes procesos: 1. Indagación sobre el estado del arte en la materia, lo cual implica revisar, no sólo la normatividad y las teorías que le dan sustento -principios y objetivos- al ordenamiento territorial, sino, además, los resultados obtenidos mediante las políticas aplicadas. 2. Evaluación de la implementación, los contenidos y la base teórico-conceptual de los planes. 3. Construcción de un diagnóstico integral a partir del cual se puedan realizar propuestas que mejoren la forma como se construye el territorio desde los planes de ordenamiento territorial. El presente documento forma parte de ese proceso inicial de investigación, y pretende describir a grandes rasgos la naturaleza, características y alcance de los planes territoriales, con el propósito de tener insumos para los procesos de análisis venideros. En él, se empieza haciendo un recuento histórico del ordenamiento territorial desde distintos énfasis, mostrando la evolución de las políticas estatales en la materia; se continúa con el marco jurídico en el que se sustenta hoy el ordenamiento territorial en el país; luego, se adentra en la Ley 388 de 1997 para dar a conocer su naturaleza, los principios que la rigen y las herramientas de las cuales se dispone para ordenar los territorios de los municipios; de inmediato se efectúa una revisión de la manera como estos planes se han implementado por las autoridades municipales y las dificultades y aciertos que en ese sentido han tenido. Finalmente se expone una reflexión del camino que debe seguir la investigación dado el panorama encontrado.

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Analizar la situación actual de la formación pretecnológica en Santa Cruz de Tenerife. De los 110 centros escolares de dicha provincia con 16 unidades o más, se realizó una selección aleatoria de 26 centros. Investigación descriptiva en que además se puede hacer un juicio valorativo de la situación de la investigación. A través del cuestionario elaborado para este trabajo, se recabó información de los profesores y los directores de los centros seleccionados sobre la situación de la enseñanza pretecnológica en sus respectivos centros. La formación pretecnológica debe en todo momento estimular el desarrollo coordinado de las facultades mentales y manuales del individuo, en todo momento, al hombre en su totalidad, debiendo despertar en el alumno la admiración y el entusiasmo por los descubrimientos del hombre en el pasado. Se debe estimular la cooperación del trabajo en grupo y la ayuda mutua. Debería buscarse a los problemas, planteamientos distintos, de manera que haya diferentes soluciones para la puesta en común. Organizar experiencias imaginativas a través del currículum escolar integrados que comprometan distintas disciplinas y no confinen la formación técnico-manual a un área o asignatura. Este trabajo presenta muchas limitaciones tanto teóricas como metodológicas, pero no hemos encontrado suficiente apoyatura en los trabajos previos de nivel académico. El ser pionero en este tema es quizás un mérito de este trabajo, pero también la razón fundamental de muchos desaciertos y probables contradicciones.

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La ley de víctimas es la norma creada para la protección de los derechos de las víctimas en Colombia; empero cuenta con falencias respecto del concepto de víctima y su reparación integral. El Derecho Administrativo es la herramienta jurídica para superar dichas limitaciones legislativas.

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El Ordenamiento jurídico colombiano desde sus inicios se ha enmarcado en la familia jurídica Romano Germánica, donde la Jurisprudencia ocupa un papel secundario en el momento de tomar decisiones por parte de los jueces, fungiendo como un instrumento meramente auxiliar, totalmente opacado por la ley. Sin embargo, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, con la creación de la Corte Constitucional junto al valor vinculante que se ha dado a sus decisiones, el tradicional sistema de fuentes ha presentado una evolución que lo aproxima al uso de instituciones, como el precedente judicial, que parecían exclusivas del Common Law. De esta manera, lo novedoso del problema de investigación es que la discusión sobre la alteración de la jerarquía de las fuentes del derecho, se aborda desde una perspectiva teórica, pero desarrolla puntualmente, mecanismos como las sentencias de unificación y la extensión de jurisprudencia, que posiblemente dan alcance al concepto de precedente judicial en el Contencioso Administrativo en la práctica.

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El tema general de este libro es la relación entre los hechos y las normas, y más precisamente, la relación entre los hechos de la desmovilización paramilitar (y la más reciente de algunos guerrilleros convertidos en gestores de paz o en agentes de acuerdos humanitarios individuales) y las normas nacionales e internacionales que debieron haber regulado esa relación.Para identificar y evaluar la presencia del derecho dentro de esa negociación, este texto ha sido dividido en seis capítulos. El primero, hace una aproximación conceptual al concepto de estándares, entendidos como las pautas y reglas articuladas por el sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. El capítulo dos, reconstituye los estándares construidos por la Corte Interamericana, relacionados con los derechos de las víctimas desde juzgamientos hechos a Honduras, Guatemala, Perú y Colombia.

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El propósito de este estudio de caso es analizar la forma en la que la Ley de Víctimas y restitución de tierras del 2011, especialmente el mecanismo de la ruta de reparación colectiva, contemplando un enfoque de género, ha contribuido al empoderamiento de la mujer víctima del conflicto armado en Colombia. Se pretende analizar cómo ha sido el proceso de implementación de dicha herramienta en la organización de mujeres ANMUCIC (Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Colombia). Por medio de esta investigación se busca identificar cómo se puede llegar a tener una ley en el postconflicto que contribuya al reconocimiento de la mujer a través de su implementación.

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Este libro presenta un balance del primer decenio de la ley de acciones populares y de grupo en Colombia, elaborado por el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Corporación Excelencia en la Justicia. El Diagnóstico realizado con una metodología cuantitativa y cualitativa, presenta aspectos significativos de la aplicación de la Ley 472 de 1998 a fin de formular propuestas, elevar los niveles de protección de los derechos colectivos, perfeccionar y fortalecer estas acciones constitucionales de interés público y plantear una agenda futura de investigaciones en la materia. El texto contiene artículos y ponencias presentados por reconocidos conferencistas nacionales e internacionales que participaron en el Seminario Internacional Las acciones populares y de grupo. Balance de los diez años de la Ley 472 de 1998. Diagnósticos, retos y perspectivas realizado los días 16, 27 y 28 de agosto de 2008. Las ponencias fueron organizadas en páneles: balance del constituyente, del legislador, de los operadores judiciales, del ministerio público y finalmente, avances en la garantía de los derechos colectivos y retos de las acciones de grupo.

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En el contexto del periodo que estudiamos claramente se puede apreciar, como el Bachillerato creado en 1938, estuvo en consonancia con el modelo de Estado que se quer??a implantar. En lo pedag??gico se aproxim?? a los planteamientos de a??os precedentes al implantar un Bachillerato formativo, cl??sico, c??clico, etc. y, desde luego, se dio satisfacci??n a los Colegios de la Iglesia al establecer el Examen de Estado, separando as?? las funciones docente y examinadora, poniendo esta ??ltima en manos de la Universidad. El Anteproyecto de 1947, del Ministro Ib????ez Mart??n, en el mismo marco pol??tico e ideol??gico, trat?? de solucionar los problemas detectados y aproximarse a lo que se hac??a en el terreno de la Ense??anza Media en otros pa??ses, aunque a tenor de las reaccioes que suscit??, se ha de pensar que se anticip?? algunos a??os y que, problemas relacionados con los centros de la Iglesia y con la funci??n examinadora de los Institutos, sobre todo, dio al traste con un modelo que hubiera modernizado la Ense??anza Media espa??ola.

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A pesar de los intentos de incluir la educación ambiental para la sostenibilidad en el sistema educativo, no se ha llegado a integrar en el aula. En los centros educativos en que está presente, su integración depende del voluntarismo de docentes comprometidos. La Ley Orgánica de la Educación (LOE) contempla la educación ambiental para la sostenibilidad entre los fines de la educación. La introducción de las competencias básicas pone de manifiesto la importancia de la interdisciplinaridad y de la transversalidad en una educación de calidad. Con la LOE la educación ambiental avanza debido a la incorporación de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. También, se incluye en la competencia social y ciudadana en el currículo. Por otro lado, la LOE pretende desarrollar la educación ambiental en las enseñanzas mínimas desde dos vertientes: transversal e integrada. Los centros educativos tienen autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar su proyecto educativo. El proyecto educativo de centro es el marco que da coherencia a todas iniciativas relacionadas con la educación ambiental. Para llevar la educación ambiental al aula con éxito, sería necesario incentivar al profesorado actual; elaborar materiales; hacer participar a la comunidad educativa; convocar ayudas y premios y potenciar la formación ambiental del profesorado..