999 resultados para Direito humanos
Resumo:
El incremento desmedido en el número de desastres naturales, sumado a la frecuencia con que estos ocurren a lo largo del mundo entero, ha evidenciado una de las mayores preocupaciones de los Estados: el desplazamiento forzado de la población por esta causa y la delicada situación de derechos humanos que esto implica, por lo cual los Organismos Internacionales han instado en reiteradas oportunidades a los Estados para actuar conjunta y prontamente para evitar que esta siga siendo una de las causas más altas de desplazamiento. Esta migración forzada pone de presente una problemática al no existir una posición universalmente aceptada sobre cuál es la condición jurídica de las personas que, por causa de los desastres naturales, deben dejarlo todo; la ausencia de esta categorización conlleva a la inexistencia de un marco legal internacional aplicable y con ello, a un vacío en la regulación interna de los Estados. Esta investigación pretende analizar los conceptos de migración existentes en el derecho internacional y establecer si la condición jurídica de quienes deben dejarlo todo por causa de los desastres naturales encaja dentro de alguna de estas categorías o si se hace necesario crear una nueva categoría que atienda las particularidades del contexto de este fenómeno migratorio, desde una perspectiva de derechos humanos. Para esto, se realizan reflexiones sobre tales conceptos así como un análisis de algunos casos de referencia, incluyendo la situación vivida en Colombia con la Ola Invernal de 2010, buscando realizar algunas propuestas de posibles soluciones jurídicamente viables.
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En el año 2011, después de cuatro años de cabildeo y forcejeo político, Colombia aprobó la Ley 1448, más conocida como la Ley de Víctimas. Los objetivos perseguidos por esta ley son bastante amplios, en la medida en que pretende ser una regulación comprensiva para enfrentar los efectos que el conflicto armado ha infligido en la población civil. En este sentido, la ley incluye las reformas legales que fueron consideradascomo necesarias para restablecer el estado de derecho a través de la proteccióny cumplimiento de los derechos de las víctimas. Actualmente, el gobierno, la sociedad civil y la academia se han enfocado en el análisis de los dilemas y grandes temas dela ley. Sin embargo, esta nueva regulación, con sus 208 artículos, es más amplia y compleja, razón por la cual es indispensable hacer un análisis más detenido de sus múltiples provisiones. Una de estas, que parece no haber llamado la atención y que, por lo tanto, no ha sido objeto de estudio pormenorizado es el artículo 46. A primera vista, este parece estar encaminado a reforzar la investigación y juzgamiento de las personas jurídicas relacionadas con violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el contexto colombiano. Este texto examina específicamente los alcances reales y dilemas del artículo, y propone algunas soluciones para llenar la laguna que existe actualmente en el país en la materia.
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La idea de la voluntad del pueblo como expresión de la soberanía es propia de la teoríapolítica que busca explicar el origen del Estado moderno liberal. La compatibilidad entre lalibertad individual de sujetos considerados iguales y el ejercicio del poder político requierepensar a los ciudadanos como sujetos libres, y esto se logra cuando el poder que se ejercesobre ellos se concibe como un poder que nace solo de los propios ciudadanos. En laconcepción individualista de la democracia, los derechos de los individuos son anteriores ytienen primacía sobre la pertenencia a la sociedad. Sin embargo, no es necesario asumir estaconcepción para defender esa primacía. Se la puede defender solo respecto de las decisionesde la sociedad. Desde esta posición, es posible concebir el conflicto entre soberanía populary derechos humanos. La transición política uruguaya ejemplifica esa posibilidad. A través de un referéndum y un plebiscito convocados por la propia sociedad, la mayoría avaló laLey de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impide los juicios por los gravescrímenes cometidos durante la dictadura. La Corte idh declaró, en el 2011, que esa decisiónpopular violaba la cadh y que la soberanía popular está sujeta a los límites que le imponenlos derechos humanos. Los análisis de esta decisión se han centrado en la obligación del Estadode acatarla, pero no en lo que ella significa para la comprensión contemporánea de lademocracia. Eso es lo que pretendo hacer en este artículo, a través de dos tesis: el conflictose mantiene si el concepto de democracia es un concepto procedimental; y la Corte idhofrece un concepto que abre un camino a la solución del conflicto.
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Este estudio está orientado, primariamente, a explicar y justificar la emergencia de una nueva rama del derecho: el derecho educacional. Estas explicaciones y justificaciones se construyen desde el punto de vista de la Sociología general y desde las dos Sociologías especiales: Sociología de la Educación y Sociología Jurídica. En el análisis se adopta la perspectiva histórica marcada por las etapas establecidas por la sociedad occidental. La inclusión, en un dispositivo legal, de un tema de naturaleza educativa eleva a éste en importancia, al situarlo en el nivel de materia jurídica. El derecho educacional es, al mismo tiempo, variable dependiente e independiente en relación con la sociedad respectiva. La presencia actual del tema educativo en los textos legales se explica por el valor que el mismo posee para cada ciudadano y para el conjunto de la sociedad, en cuanto hecho, proceso, producto e institución. La educación es materia legal como concurrencia de dos de sus significados: el político y el económico.
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O presente trabalho é fruto de um projeto de pesquisa bibliográfica, o qual, nuclearmente, buscou no ordenamento jurídico brasileiro dispositivos que embasam e protegem a atuação da ONG Teto na construção de casas emergenciais em comunidades precárias. Partimos do contexto histórico das favelas brasileiras, desmistificando sua origem e o motivo de seu crescimento desenfreado. Desenvolvemos questões que envolvem os direitos humanos, ressaltando a valoração da dignidade da pessoa humana e atrelando este princípio à moradia. Passamos, também, pelos alicerces da propriedade urbana ao longo do tempo, principalmente, à partir da Constituição Federal de 1988, estudando a importância da função social da propriedade e dos mecanismos de regularização dos assentamentos irregulares; para que, ao fim, pudéssemos nos munir de todas as ferramentas na construção, não apenas de casas emergenciais, mas de um raciocínio jurídico pragmático e mais humano.
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Em busca do desenvolvimento e do futuro sempre tão almejado são evidentes os avanços científicosw e tecnológicos da humanidade.Assim como também se torna visível aos olhos humanos os crimes cometidos em qualquer lugar, que se tornam cada dia mais banalizados e constantes num mundo que se apresenta destituído dos valores humanos, mais genuínos, onde perdemos, simplesmente, o respeito pela vida e pela dignidade humana.O aborto, uma prática realizada não somente no Brasil mais em qualquer outro país, não deve ser ignorado pelas autoridades, nem mesmo pela sociedade, pois envolve não somente aspectos éticos, religiosos e políticos, como também questões relacionadas aos aspectos sócio-econômicos, psicológicos e de saúde pública.Desta maneira, se torna necessário entender de forma clara o que é o aborto, quais os tipos classificados, quais deles são criminosos ou legalizados, isto é, permitidos ou não pela lei, para que possamos abrir a discussão sobre esta conturbada questão e sobre as suas consequências, quando realizados em clínicas clandestinas.Na realidade, este estudo fornece elementos para que haja a reflexão deste problema da mais alta importância nos tempos atuais, já que nele se engloba o sentido da vida humana, não somente do feto, mas também das mulheres, e ainda delas, o direito de dispor do próprio corpo.Neste ponto, nos deparamos com a descriminalização do aborto eugênico, ou seja a descriminalização da interrupção da gravidez de feto anencefálico(feto sem cérebro, sem nehuma condição de vida extra-uterina),pois não é aceitável que uma mulher seja obrigada a levar adiante, durante nove meses, a gravidez de uma criança sem amínima condição de sobrevida, esta clinicamente comprovada pelos diagnósticos precisos que a medicina consegue comprovar e prever com certeza devido ao avanço da tecnologia.Hoje, é possível afirmar os fetos anencefálicos, que entre 75 e 80 por cento deles, são natimortos e os restantes sucumbem dentro de horas ou poucos dias após o nascimento.Busca-se desta forma,politizar o assunto demostrando as diversas posições(contra e a favor) existentes na nossa sociedade, e mostar Código Penal que se condena a prática do aborto, não o define, simplesmente o menciona através de condutas onde este somente irá se caracterizar se houver a possibilidade de vida ou sobrevida extra-uterina, não se englobando, por este motivo, nesse conceito, o aborto eugênico.Assim, atráves do estudo e da discussão, espera-se que esta obra venha contribuir com o tema do Aborto, sendo igualmente capz de despertar em cada um, um raciocínio e uma conclusão sensata e justa.
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Esta dissertação expõe a fundamentação do conceito de bem comum no pensamento de JOHN MITCHELL FINNIS. Este jusfilósofo tem como ponto de partida para sua reflexão uma reinterpretação da ética tomista. Dela interessa o tratamento dado à separação das quatro ordens de conhecimento, particularmente a separação entre ordem natural e prática. A ordem prática de conhecimento tem suas próprias diretrizes. Logo, assim como na ordem natural de conhecimento a primeira diretriz é o princípio da não contradição, na ordem prática o primeiro princípio é o bem é para ser feito e buscado e o mal evitado. Estes postulados não são imperativos e nem indicativos, mas diretivos; e, no caso da ordem prática, uma diretiva para ação. A implicação epistemológica está em que a fundamentação imediata do agir humano não reside na natureza humana, mas na percepção prática de bens a serem realizados e dos males a serem evitados. Há um número determinado de bens humanos básicos, que são as razões primeiras para o agir humano. Eles são objetivos, incomensuráveis, auto-evidentes e pré-morais. O rol que FINNIS propõe é vida, conhecimento, matrimônio, excelência na realização, sociabilidade/amizade, razoabilidade prática e ‘religião’. O conteúdo da moral resulta destes bens humanos e tem como princípio supremo toda a escolha deve favorecer e respeitar o bem humano integral. Além de sintetizar a correção para o agir individual, a moral também fundamenta e demanda um agir social correto, que está expresso no conceito de bem comum. FINNIS define bem comum nos seguintes termos: um conjunto de condições que tornam aptos os membros de uma comunidade a alcançar por si mesmos objetivos razoáveis, ou realizar razoavelmente por si mesmos o(s) valor(es) pelos quais eles têm razão em colaborar uns com os outros (positiva e/ou negativamente) em uma comunidade. O conteúdo específico do bem comum da comunidade política é constituído pela justiça. O direito é o objeto da justiça e, assim, meio pelo qual o Estado a realiza e, por conseqüência, o bem comum.
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O presente artigo tem como objetivo investigar os seguintes problemas: Como compreender a propriedade intelectual à luz dos direitos humanos? Em que medida o sistema internacional de direitos humanos pode contribuir para a proteção do direito à propriedade intelectual sob uma perspectiva emancipatória? Qual há de ser o impacto dos regimes jurídicos de proteção da propriedade intelectual no campo dos direitos humanos? Qual é o alcance da função social da propriedade intelectual? Como tecer um adequado juízo de ponderação entre o direito à propriedade intelectual e os direitos sociais, econômicos e culturais? Quais os principais desafios e perspectivas da relação entre direitos humanos e propriedade intelectual?
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A presença de uma empresa internacionalmente significa também a disseminação mundial de seu Código de Conduta de Responsabilidade Social (Código de CRS). É portanto necessário um certo controle do conteúdo desses Códigos. As regras e padrões internacionais podem desempenhar este papel. O setor de gás e petróleo causa grande impacto nas comunidades em que as empresas exercem suas atividades. O mesmo se pode afirmar em relação aos seus Códigos de CRS. Este estudo examina, então, duas vertentes distintas mas convergentes. De um lado, o estudo comparativo de como os Códigos de CRS das empresas do setor de gás e petróleo tratam dos humanos e trabalhistas. De outro, examina-se a conformidade ou falta de conformidade dos Códigos de CRS com os tratados, convenções, normas e padrões internacionais. Estratégias podem então ser propostas ao setor de gás e petróleo, para a melhoria dos direitos humanos e trabalhistas de seus Códigos de CRS. Com isso atende-se às necessidades das comunidades envolvidas e, também, cria-se valor para as empresas do setor de gás e petróleo.
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o presente trabalho buscou descrever a solução adotada pela Rede Ferroviária Federal SI A-RFFSA, para redução de seu quadro de pessoal, com vistas à desestatização, escolhida esta corno via para sua sobrevivência em meio à grave crise econômico-financeira que vinha atravessando nos seus últimos anos como empresa controlada pelo governo federaL Procurou-se apresentar os impactos do Programa de Incentivo ao DesligamentoPID sobre o quadro de pessoal da Administração Geral-AG da RFFSA, fazendo-se as necessárias ligações para mostrar que o Programa de Desligamentos Incentivados da Rede Ferroviária Federal insere-se num quadro maior, seguindo as linhas de uma política pública determinada pelo governo federal para seus recursos humanos. Tanto no passado quanto no seu presente de transição, a RFFSA carece de definições consistentes sobre sua Missão e sua Filosofia Empresarial. A incongruência manifestada em sua cultura organizacional encontra nesta falta de bússola segura uma de suas causas. Como reflexo, as medidas desestatizantes na Rede Ferroviária Federal atingiram diretamente seu patrimônio humano. conforme busca-se descrever no presente trabalho. Por outro lado, a Rede Ferroviária Federal, mesmo concedendo à iniciativa privada o direito às operações da ferrovia, não perde seu caráter de empresa pública. Seu papel estratégico, por tratar-se de empresa do ramo de transporte, diretamente responsável pela circulação da produção nacional, amplia o compromisso social que deve caracterizar as empresas estatais. Diante da alteração de seu papeL o órgão da Rede Ferroviária Federal objeto deste estudo, a Administração Geral, será colocado frente à necessidade de também alterar sua estrutura organizacional. As novas relações com o poder público e com as concessionárias exigirão novas posturas a serem adotadas proativamente pela AG. Por isso, buscou-se fornecer melhor entendimento do quadro atual da RFFSA, a partir de seu passado, realçando as relações governo/ferrovia/empresários. Estas relações mostram a prevalecência dos interesses políticos sobre os aspectos técnicos, em muitas decisões da vida da ferrovia brasileira, com conseqüências prejudiciais ao desfecho da história ferroviária. Para se chegar ao entendimento dos caminhos tornados pela RFFSA na formulação de suas políticas, foi necessário levantar a política do governo federal para as empresas estatais, uma vez que estas foram perdendo gradativamente sua autonomia, ficando cada vez mais dependentes das restrições colocadas a nível federal.. Neste cenário maior, inserese o Programa de Desligamentos Incentivados implantado na AG da RFFSA Finalmente, buscou o presente trabalho levantar os desafios para a AG-RFFSA neste novo papel da Rede Ferroviária no cenário do transporte ferroviário concedido à iniciativa privada.
Direitos humanos e Poder Judiciário: Federalização, Lei Maria da Penha e Juizados Especiais Federais
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A partir de uma parceria com o Escritório do Brasil da Fundação Ford, o Centro de Justiça e Sociedade apresentou aos alunos de um de seus cursos de Especialização em Poder Judiciário — realizado em parceria com a Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região — o desafio de pesquisar e escrever sobre temas vitais de direitos humanos diretamente conectados ao Poder Judiciário, quais sejam: a Lei Maria da Penha e a violência contra a mulher; a Federalização das graves violações de direitos humanos; e o acesso à Justiça nos Juizados Especiais Federais. Dessas parcerias institucionais e desse desafio acadêmico resultou a presente coletânea de artigos. É o produto de um esforço institucional e, sobretudo, de uma reflexão preocupada com a garantia e a efetividade dos direitos humanos. Como qualquer outro livro, merece ser lido com o espírito crítico e a desconfiança epistemológica que deve marcar o processo democrático de construção do conhecimento. Ao final, possui a característica de toda a obra engajada: a esperança num mundo melhor.
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Esse trabalho procura analisar a atuação do Poder Judiciário brasileiro frente à proteção dos direitos humanos e a utilização por este Poder dos instrumentos de proteção a esses direitos, em especial, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tal escolha faz-se importante na medida em que o Brasil, com a aprovação do Decreto Legislativo nº. 89, de 03 de dezembro de 1998, reconheceu a jurisdição obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sendo, por isso, agora, possível a condenação judicial internacional de violações de direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro. O trabalho foi dividido em quatro momentos importantes: entender o funcionamento do Sistema Interamericano, com foco na estrutura da Corte Interamericana de Direitos Humanos; estudar a incorporação dos tratados que versam sobre direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro; a relação entre Sociedade, Poder Judiciário e Direitos Humanos; e, por fim, a análise dos casos brasileiros perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
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Traça uma retrospectiva histórica das forma de trabalho, estabelecendo relações com o surgimento do capitalismo moderno e o surgimento do direito do trabalho como forma de ideologia burocrática
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Trata da estrutura e função do direito na sociedade segundo a teoria da ação comunicativa elaborada por Jürgen Habermas. Procura obter bases para fundamentar uma possível análise do direito do trabalho. Considera -se o direito como garantidor de liberdades e como meio de controle. Esta duplicidade não é exclusiva do direito, mas expressão de forças contraditórias que decorrem dos mecanismos de condenação da força da ação na sociedade moderna
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A incorporação da proteção do direito à saúde em textos constitucionais é uma forma contemporânea de expressão do desejo de uma sociedade em ver efetivado esse direito fundamental. Os efeitos dessa incorporação dependem da interação de diferentes fatores relacionados ao comportamento dos agentes públicos e dos cidadãos. A resultante dessa interação têm sido pouco estudada do ponto de vista quantitativo. Nesse trabalho foi realizada uma análise de regressão múltipla visando identificar o efeito, sobre a taxa de mortalidade infantil, da presença da proteção ou da ausência da proteção do direito à saúde nas constituições de 112 países. Para tanto, foi desenvolvida uma variável categórica denominada ¿nível de proteção constitucional do direito à saúde¿, avaliada a partir da análise de conteúdo dos textos constitucionais e incorporada ao modelo na forma de uma variável dummy binária. Também foram incorporadas variáveis de controle para renda per capita, efetividade do governo, despesas públicas com saúde, alfabetização feminina, presença de jovens na população e distribuição de renda (F sign.= 0,000; R2 ajustado = 0,901). A análise de regressão revelou que a variável dummy é estatisticamente significante a um nível de 5% (p-valor = 0,039) e revelou ainda uma associação negativa entre a presença da proteção constitucional do direito à saúde e as taxas de mortalidade infantil. De acordo com o modelo testado, a presença da proteção constitucional do direito à saúde, mantidos constantes os demais fatores, está associada a uma redução no valor esperado da mortalidade infantil da ordem de 14,61%. Os resultados sugerem que a inclusão da proteção do direito à saúde no texto constitucional efetivamente exerce um impacto positivo sobre o sistema de saúde de um país.