682 resultados para DERECHO A LA DEFENSA
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Parte General que da al Supremo Gobierno de la Nación respecto de la defensa de la Plaza de Zaragoza
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After the events of September 11, the fear of terrorism led to the adoption of new anti-terrorist measures (elimination of appeals available to foreigners, reduction of legal aid, increased powers of detention, easier use of security certificates…). But in Canadian Charter of Rigths and Freedoms only the right to vote and be elected, the right to enter and remain in the country and the minority language educational rights specifically protect citizens. The protection of Canadian citizens cannot be based on the denial of foreigner´s rights. The same rights are at stake: The violation of a foreigners´s rights is a violation of citizen´s rights.
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Documento aprobado por el Consejo de Estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona en acta fechada el 10 de marzo de 2009
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El contenido de la asignatura, en mi caso del Derecho Financiero y Tributario debe ser transmitido a los alumnos. Esto, que en sí es una perogrullada, lamentablemente no siempre se tiene presente cuando el profesor, encaramado a la tarima, se enfrenta al alumnado. Pero hay que tener bien presente, que la función de todo profesor es la de transmitir conocimientos. (...)
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Plantear y analizar las causas o circunstancias ideológicas, políticas, sociales, económicas y jurídico-legislativas que han dado lugar a la actual regulación del Derecho a la Educación en la LODE. Centros de Educación Básica en España. Análisis teórico de los fundamentos ideológicos, socioeconómicos y educativos, los fundamentos políticos, las bases pedagógicas y organizativas y los antecedentes y bases jurídico-legislativas, que dan lugar a la LODE. Principios programáticos de los Congresos del PSOE desde 1918; Constitución de 1931; revistas; informes y comentarios de prensa; programas de los distintos partidos políticos; legislación en general. La LODE no responde a los principios del partido en el poder -PSOE-. Si bien la Constitución fue una ley de todos, la LODE se considera que es una ley partidista. En la LODE existen dos momentos bien diferenciados: antes de la sentencia del Tribunal Constitucional y después de dicha sentencia.
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El objetivo de la segunda edición del Proyecto de innovación docente sobre Derecho y Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid busca, en primer lugar, ensayar nuevas metodologías docentes en las asignaturas de las titulaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid de las que son responsables los profesores implicados. En segundo lugar, persigue coordinar estas asignaturas desde una perspectiva interdisciplinar, haciendo hincapié en las nuevas realidades que crean las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) y en los retos que suponen a las distintas ramas del Derecho a las que nos dedicamos los miembros del grupo. Esta coordinación tiene por objeto, en tercer lugar, mejorar la programación docente entre las asignaturas implicadas y modificar, en sintonía con ello, los sistemas de evaluación, sobre la base de las titulaciones actuales en las que nos insertamos y con los planes de estudios en vigor. Es decir, se trata de combinar nuevos métodos docentes con planes de estudios que aún no han cambiado y que se miden en créditos presenciales y en unos Centros y Departamentos que siguen rigiéndose por el sistema clásico. En cuarto lugar, se ha pretendido el manejo de metodologías específicas adaptadas a las particularidades de la enseñanza del Derecho, como el método del caso, así como técnicas que permiten mejorar el análisis objetivo de la carga de trabajo del aprendizaje del alumno en ECTS. Finalmente, de modo complementario, buscamos desarrollar la acción tutorial con los alumnos, con la finalidad de hacer un seguimiento pormenorizado de la actividad. Es preciso tomar en consideración, al juzgar el eje temático escogido relativo a las relaciones entre el Derecho y las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), que el núcleo del grupo de profesores que participan en el presente proyecto forman parte ya de un Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de Valladolid, el Grupo de investigación sobre Derecho de las nuevas tecnologías y delincuencia informática, lo que refuerza la cohesión y la coherencia del proyecto, pues en la práctica docente actual ya están haciendo hincapié en estas materias. Esta comunicación busca dar cuenta de la experiencia del proyecto
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La educación está definida por la Constitución Política como derecho y como servicio público con función social. A su vez, para lograr este cometido se la ha definido como política pública, es decir, de máximo interés para el Estado. No obstante, lo plasmado en norma y programas no corresponde con la realidad. Aún hay actuaciones de la administración que vulneran el derecho a la educación por deficiencias en la prestación del servicio público educativo. De ahí el interés legítimo que tiene la colectividad para exigir de la administración, mediante las acciones populares, que se garantice la prestación del servicio público de la educación en las mejores condiciones posibles. La educación como servicio público es un derecho colectivo, y la comunidad puede exigir que se garantice su prestación adecuadamente, pues en la medida en que haya más personas bien educadas, ello redunda en beneficio de la sociedad y del Estado.
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Mientras la atención de la comunidad internacional se ha centrado en el programa nuclear de la República Islámica de Irán, los informes muestran gran deterioro de los derechos humanos al interior del país, por el cual, el Estado no ha rendido cuentas.
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Valoració de les aportacions en llengua catalana i en llengua castellana dintre dels continguts de la revista gironina Presència. Així mateix es comenten les dificultats que va tenir la revista per a editar-se des dels seus inicis, el 1965, i al llarg de la seva existència fins el 1971
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Cuatro son los pasos requeridos para la elaboración de una política pública según el modelo secuencial sugerido por HAROLD LASWELL (1956) y luego desarrollado por JONES (1970), el primero es la definición del problema y la construcción de la agenda; el segundo, la formulación, la decisión o legitimación; el tercero, la implementación; y el cuarto, la evaluación de la política pública. Se presenta en este documento de reflexión un análisis de las tres primeras etapas en el proceso de elaboración de la política pública. Como estudio de caso se ha elegido la política pública en salud para grupos étnicos durante el período de la alcaldía de Luis Eduardo Garzón en Bogotá, con un enfoque en derechos humanos. Se utilizaron diversidad de documentos distritales, nacionales, extranjeros, entrevistas semiestructuradas, con el fin de identificar las fortalezas y las debilidades que durante esta primera fase se percibieron en el proceso de definición del problema y construcción de la agenda gubernamental distrital, e implementación por parte del gobierno de turno para el período 2004-2007, caracterizado principalmente por los programas sociales a favor de los derechos de los más vulnerables.
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El actual escenario internacional está siendo definido por procesos de regionalización que han tenido lugar tanto en Europa, como en Asia, también en América y en la subregión de América del Sur que impulsan el surgimiento de potencias regionales en los diferentes contenientes. Estos nuevos centros de poder regional son de vital trascendencia debido a que modifican la configuración del orden internacional y suscitan el cambio de las estructuras de poder. En Suramérica este proceso se ha venido desarrollando a favor de Brasil, país que en los últimos años ha acrecentado y afianzado su liderazgo sobre los diversos procesos de concertación política e integración económica tanto en el cono sur como en la región andina. Esta monografía busca demostrar que Brasil jugó un rol creciente, influyente y determinante en materia de seguridad y defensa durante el periodo mencionado, llegando a erigirse como la potencia regional en ambos aspectos, al mismo tiempo que es percibida como un poder pacífico, mediador y estabilizador en Sudamérica.
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La Investigación pretende determinar la incidencia de las Operaciones Multinacionales Conjuntas frente a la seguridad transfronteriza en el caso de la piratería somalí. Las Operaciones Multinacionales responden a intereses políticos y económicos para salvaguardar el tránsito marítimo por el Golfo de Adén hacia el Canal del Suez, al mismo tiempo que la diversidad de actores que componen el despliegue naval serán analizados a la luz de los Complejos de Seguridad de Barry Buzan ya que cuentan con niveles de interdependencia para lograr objetivos comunes que no alcanzarían si actuaran unilateralmente. Sin embargo, la piratería en Somalia responde al desmoronamiento de las estructuras del Estado que se refleja en la ausencia del monopolio de la fuerza, falta de reconocimiento del gobierno por parte de la población, luchas por el territorio y el desborde del conflicto interno, en este sentido las Operaciones Multinacionales Conjuntas tienen el objetivo de contener los actos de piratería somalí en el corredor marítimo del Océano Índico y el Mar Rojo, los actos de piratería continuaran en el país como nuevas formas de criminalidad en expansión en la medida que las Operaciones Multinacionales no tengan como propósito generar una intervención en Somalia para crear las bases del Estado y un gobierno legítimo que cuente con el respaldo de la población y con la participación de los diferentes grupos armados y políticos del país.