737 resultados para UNIFICACIÓN PROCESAL
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Antecedentes históricos del proceso laboral – La jurisdicción especial de trabajo – La oralidad en los juicios laborales – La oralidad en el derecho procesal laboral en el derecho comparado
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Antecedentes históricos de las nulidades procesales – Marco teórico de las nulidades en el proceso civil y mercantil – Marco jurídico sobre las nulidades procesales – Causas de nulidad procesal – Efectos jurídicos de las nulidades procesales – Las nulidades procesales en el derecho comparado – Las nulidad procesal y sus consecuencias en el derecho material
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Introducción La puesta en marcha de una política de desarrollo rural por parte de la Unión Europea fue, en buena medida, la consecuencia de la coincidencia, a finales de la década de los ochenta, de dos factores. Por un lado, la crisis de la Política Agraria Común (PAC) “clásica” y la necesidad de reorientar las medidas y recursos financieros de la misma, lo que llevó a prestar una creciente atención al “mundo rural”, en detrimento de la “modernización agraria” y, por lo tanto, a “ruralizar” una parte del PAC. De otro lado, la creciente atención ´prestada a la llamada “cohecion económica y social” en un momento en que la Unión se había ampliado (España y Portugal entraron en 1986), la integración se estaba reforzando (el “mercado único”para 1992) y se estaba en vísperas de la unificación monetaria. En este contexto, los territorios rurales debían ser objeto de atención, pues muchos de ellos continuaban perdiendo población y presentaban estructuras productivas poco diversificadas.
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En el país, las empresas se ven afectadas por diversas situaciones desde su inicio y a lo largo de su trayectoria, unas desisten, otras deciden hacerle frente a las responsabilidades que representa iniciar un negocio, dentro de esos compromisos se encuentra el manejo de sus recursos financieros, que implica pagos a proveedores, a empleados, contingencias y hasta los mismos accionistas que demandan información sobre el uso y destino del capital, y de no existir las herramientas adecuadas para la administración del efectivo, la sociedad puede caer en problemas de liquidez o contar con activos ociosos, que no permitan a la entidad obtener alguna rentabilidad que no provenga directamente del giro o actividad principal operativa, y la encaminen a dificultades legales o a consecuencias más serias como el cierre de esta. De acuerdo a la situación anterior, se decide centrar la investigación en la Administración del Efectivo de la empresa “IMPRENTA, S.A. DE C.V.”, ya que la empresa posee Herramientas Financieras, pero no les da el uso apropiado o en otros casos no son suficientes para contribuir en la toma de decisiones; los objetivos planteados en la investigación son en forma general: fortalecer la administración del efectivo de acuerdo a las necesidades de la empresa a través de herramientas financieras que le permitan mejorar el uso y manejo de sus recursos y contribuyan a la toma de decisiones, identificar si las actuales herramientas son efectivas en la administración de los recursos financieros, analizar razones financieras y diseñar herramientas financieras de acuerdo a las necesidades de la entidad. Según su naturaleza, la investigación se realizó sobre una base de estudio explicativo-descriptivo, las unidades de análisis son Gerente General, Gerente Financiero, Contador y encargado de Cuentas por Cobrar. El universo son las empresas del sector imprenta inscritas en los registros de la Alcaldía del Municipio de San Salvador al cierre del período de 2009, las cuales ascienden a 62, los instrumentos utilizados para la recolección de la información fueron Cuestionarios y Entrevistas dirigidos a las unidades de análisis ya mencionadas, con preguntas especificas sobre las personas que intervienen en el manejo del efectivo, controles y herramientas para la administración del mismo. En los resultados obtenidos a raíz de la unificación de las respuestas suministradas por los informantes en el cuestionario y la entrevista, la mayoría coincide en que el manejo el efectivo esta a cargo de una sola persona, se mantiene centralizada la administración de los recursos en el Gerente General y/o Representante Legal, aún más, debido a que de las entidades analizadas, la mayoría cuenta con capital familiar, y es este quien se encarga de la gestión para recurrir a financiamiento externo, lo que permite suponer la falta de transparencia en la Administración del efectivo; cabe mencionar que aún cuando conocen herramientas financieras, estas no son aplicadas dentro de las entidades. Retomando los resultados obtenidos a través del análisis financiero, la entidad puede autofinanciarse, puede hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, pero la falta de herramientas financieras para la Administración de los recursos, no ha permitido la correcta gestión y utilización del efectivo, debiendo recurrir a la obtención de financiamiento externo, determinándose con ello que la empresa está sobre-endeudada, ya que en relación al ratio de la estructura de capital (deuda – patrimonio) indica que más del 50% está financiado por entes externos, indicando que la empresa sea casi en su totalidad de terceros; por ello, la necesidad del uso de herramientas financieras a la brevedad permitirá una mejor administración de los recursos, una adecuada toma de decisiones y evitar mayor endeudamiento, ya que la empresa al realizar sus ventas y la gestión de cobro de acuerdo a sus políticas, es sostenible y cubre sus deudas a corto plazo.
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Se exponen en este análisis las características que definen hoy a la cuestión prejudicial de la Unión Europea, que ha sido calificada como la “pieza angular” del sistema de justicia europeo para, a continuación, comentar tres Sentencias dictadas por el TJUE en resolución de estas cuestiones prejudiciales, en las que se ponen especialmente de manifiesto tanto su incidencia en los ordenamientos jurídicos nacionales como relevancia para lograr una interpretación uniforme del derecho de la Unión.
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En este artículo, el autor sostiene que la actuación disciplinaria de las universidades, siempre sometida al principio de legalidad, es incompatible con la mediación u con otros alternativos de resolución de conflictos (ADR). Esta labor sancionadora, que suele ser coordinada por los Servicios de Inspección, e irrenunciable para cualquier universidad pública, no puede amparar, ni mucho menos potenciar, la solución negociada de una infracción punible. En concreto, la mediación, como forma de solución de controversias, solo puede tener una función preventiva en el ámbito universitario, y debe ser gestionada, con mucha prudencia, por otros órganos o unidades administrativas, en ámbitos en los que previsiblemente no debe aplicarse, ex lege, ninguna actuación sancionadora. La institución de la mediación (o de otros ADR, como la conformidad o la conciliación) cohonesta muy mal con el principio de legalidad, característico del Derecho sancionador, tanto en su vertiente sustantiva como procesal. Si toda conducta infractora debe ser castigada, tras la prosecución del correspondiente procedimiento administrativo, pero resulta que, por una negociación más o menos disimulada, se soslaya la aplicación del texto sancionador (total o parcialmente) –en función de que la Inspección de Servicios decida «acusar» de una u otra forma sobre la base de la previsible, o segura, actitud posterior del infractor–, se está haciendo saltar por los aires dicho principio de legalidad, que se ve desplazado por el «principio de oportunidad; siendo el de «legalidad» el único principio que debe regir la actuación de la Administración, tal y como establecen los artículos 25.1 y 103 de nuestra Carta Magna. Muchas veces olvidamos que el interés público constituye la razón de ser del procedimiento administrativo disciplinario, verdadero instrumento para el ejercicio del ius puniendi delegado por el Estado, donde no debiera tener cabida sustancial el principio dispositivo, ya que las partes no tienen ningún margen de negociación.
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En este artículo el autor realiza un estudio detallado de la trascendental STC (1.ª) 43/2010, de 26 de julio, que marcó un hito en la interpretación que el Alto Tribunal realizó del art. 241 LOPJ, tras la reforma legislativa operada en el año 2007, a través de la LO 6/2007, de 24 de mayo. En esta sentencia se otorga el amparo porque un Juzgado de Primera Instancia había producido una clara indefensión a los recurrentes, consistente en la imposibilidad de éstos de conocer y comparecer en un proceso ejecutivo en el que resultaban afectados directamente sus intereses, pues se subastó y adjudicó una vivienda de su propiedad pese a haber sido advertido el Juzgado, por diferentes conductos, de que ellos eran los titulares registrales de dicho bien inmueble. La especial relevancia de la STC (1.ª) 43/2010, de 26 de julio —con claras concomitancias con la STC (2.ª) 40/2005, ya que ambas tienen su origen en actos procesales del mismo procedimiento judicial de ejecución, aunque los demandantes de amparo fueran distintos—, radica en resaltar el reforzado protagonismo, en aras de la defensa del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que ha adquirido el incidente de nulidad de actuaciones, tras la reforma operada en el art. 241.1 LOPJ por la LO 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. El TC cambia su postura y viene a afirmar, sin ambages, que el incidente de nulidad de actuaciones se ha erigido en el instrumento clave para la tutela del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión, como última vía que permite la reparación ante la jurisdicción ordinaria, máxime si se tiene en cuenta el nuevo sistema, mucho más restrictivo, de admisión a trámite del recurso de amparo ante el TC (sólo si concurre una «especial trascendencia constitucional»).
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La justicia cautelar ocupa un lugar prioritario en el proceso hasta el punto de que la eficacia misma de éste puede hacer depender la posibilidad de la ejecución de la sentencia de fondo. Es un derivado directo del principio constitucional de la tutela judicial efectiva y desempeña un papel relevante en cualquier procedimiento de arreglo de controversias. Es cierto que un buen sistema de medidas cautelares constituye un instrumento valioso del cual hoy en día los ordenamientos jurídicos no pueden prescindir, pero de ahí a creer que estamos frente a sistema taumatúrgico que va a solucionar gran parte de los múltiples problemas que aquejan a los procedimientos judiciales, hay largo camino que recorrer.
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Esta monografía busca analizar la figura de la soberanía estatal en el marco del Régimen Internacional de DDHH a través del caso de derogación de Leyes de Amnistía en Perú por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, se pretende identificar la afectación de la soberanía del Estado peruano como consecuencia de la declaración de incompatibilidad y carencia de efectos jurídicos de las leyes de amnistía por parte de la Corte Interamericana, en la sentencia Barrios Altos c. Perú. En ese sentido, estudiando el concepto de soberanía estatal, en particular en la rama del poder legislativo, y su relación con las instituciones internacionales de carácter interestatal como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podremos señalar cómo las decisiones de la Corte limitan el poder soberano de los Estados.
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El presente estudio de caso tiene como objetivo analizar los retos frente al cumplimiento del Protocolo de Palermo, en materia de explotación sexual, en el Sistema Institucional Colombiano, durante el período comprendido entre los años 2003 y 2014. De manera preliminar se indica que dichos retos son político-jurídicos en cuanto a la manera en la que se cumplen los tratados internacionales, las obligaciones derivadas de ellos y quiénes tienen competencia para desarrollar los mandatos contenidos en los mismos. Igualmente existen retos institucionales y organizacionales pues Colombia carece de una estructura organizacional clara y la coordinación inter-agencial es escasa en materia de trata. En este sentido, esta investigación tiene un enfoque multidisciplinar, puesto que combina aspectos propios tanto del Derecho Internacional Público como de las Relaciones Internacionales. Para ello, se hará un análisis cualitativo por medio del análisis de datos y de literatura académica respecto a la trata de personas en Colombia, con el fin de lograr comprender con mayor precisión el panorama actual del país respecto al flagelo.
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Este trabajo de investigación tiene por título, "La aplicación de los principios de Celeridad y Debido Proceso en los Procesos de Cobro Coactivo en Colombia; un análisis desde su naturaleza y la normatividad vigente, a partir del año 2006 y hasta la actualidad". El problema jurídico que evidenciamos y que motiva la presente investigación es el siguiente: ¿La forma en la que ha sido interpretado el Cobro Coactivo desde su naturaleza jurídica, en el ordenamiento jurídico Colombiano ha influido negativamente en la aplicabilidad de los principios de celeridad y debido proceso, en los procesos de Cobro Coactivo? El presente trabajo tiene como objetivo general efectuar un análisis sobre la forma en la que se armonizan los principios de celeridad y debido proceso en el Cobro Coactivo como potestad excepcional en cabeza de la administración pública, bajo el sistema normativo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, la Ley 1066 de 2006 y el Estatuto Tributario.
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El Estado colombiano tiene una capacidad de sanción que ha sido diseñada para ser ejercida por el presidente de la república. En algunas ocasiones gracias a la figura de la delegación se les entregan estas facultades de sanción a los gobernadores, los alcaldes de los distritos y los alcaldes de los municipios, quienes actúan como representantes legales de estas entidades territoriales que hasta la fecha son las únicas que existen en Colombia. El presente trabajo evaluará esa capacidad de sanción en un tema especifico como es el procedimiento sancionatorio de alimentos, procedimiento que es similar en su estructura legal en todas las entidades territoriales, pero que en su aplicación presenta características diferentes, estas diferencias permiten demostrar la hipótesis planteada que los procedimientos sancionatorios en alimentos en las entidades territoriales son débiles, no obstante contar con toda la facultad sancionadora delegada para ejercer esta actividad.
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La presente investigación busca analizar el impacto en los procesos organizacionales de las Instituciones de Educación Superior IES, por la adhesión voluntaria a Pacto Global mediante la verificación del cumplimiento de los principios a nivel documental y práctico. Esta iniciativa encuentra de gran valor la participación de la academia por su aporte a los aspectos críticos en las actividades, su contribución a la investigación, aprendizaje, recursos educativos, a la formación de líderes responsables, entre otros. En ese orden de ideas, el objetivo es conocer cuáles son los beneficios de la adopción de los diez principios relacionados con derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción en las IES, a partir de la revisión de los Comunicados de Progreso (COPs) y/o Comunicados de Involucramientos (COEs), trabajo de campo pertinente a la investigación. En una primera etapa se realizó el diagnóstico, basado en la revisión documental de los informes de cada IES activas en Pacto Global y de la verificación del cumplimiento de los compromisos descritos en los informes a través de las entrevistas realizadas en las IES seleccionadas. La segunda etapa consistió en evaluar en una matriz: el nivel de conocimiento, cumplimiento, motivación y efectividad de los resultados de cada IES. Los resultados obtenidos hacen referencia a la unificación de esfuerzos dentro de la organización, la transferencia del conocimiento, mayor visibilidad en la sociedad, entre otros. En definitiva, la adhesión a Pacto ha permitido que las IES sean organizaciones responsables al servicio de la comunidad educativa y empresarial.
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La concepción de Estado moderno está íntimamente vinculada al ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza, en tanto supone que la violencia es una de las principales prerrogativas que el Estado pretende detentar, para constituirse en una organización política de poder que perdure en la sociedad en la que se instaura. En este sentido, el proyecto de investigación tiene como uno de sus objetivos específicos, identificar, caracterizar y analizar los daños antijurídicos por los cuales el Comité de Conciliación del Ministerio de Defensa Nacional autoriza el ejercicio de la acción de repetición contra los funcionarios o ex-funcionarios de las Fuerzas Militares, limitando el análisis al periodo transcurrido durante los años 2010 a 2016. Lo anterior, con el fin de establecer cuáles son las causas generadoras de responsabilidad más frecuentes en las que han incurrido los agentes de la entidad, para luego observar su impacto en el erario de la nación y verificar cómo se constituyen en una necesidad de imposición de límites al ejercicio de la fuerza del Estado.
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el papel del Centro Forjar Ciudad Bolívar en la reincidencia de actos delictivos de los adolescentes infractores, basado en la teoría de la justicia restaurativa que se busca generar desde el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia. De esta manera, se pretende demostrar que, al ser una política pública para generar una justicia restaurativa, su implementación ha sido fundamental dentro de la localidad, para generar un proceso de reinserción social y acompañamiento para evitar la reincidencia de actos delictivos de estos adolescentes. Para lograr este objetivo se utilizará un análisis metodológico cualitativo, basándose en estudios de las fuentes primarias, trabajo de campo a partir de entrevistas realizadas en el Centro Forjar de Ciudad Bolívar, para entender el impacto de la política pública en la localidad.