906 resultados para PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD


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Resumen basado en el del autor. El nombre del proyecto, PERINE, es el acr??nimo de Pedagogical and Educational Research Information Network for Europe, y fue coordinador del proyecto ante el organismo patrocinador, la Comisi??n Europea

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El ordenamiento territorial colombiano es débil y sus entidades territoriales carecen de funciones concretas, siendo un obstáculo para alcanzar los fines que la Constitución de 1991 le impuso al Estado colombiano en el contexto de una economía de mercado. En este sentido, en la presente investigación se realiza un estudio sobre la provincia, como nivel de gobierno entre el municipio y el departamento, presentándola como una posibilidad para fortalecer y articular las iniciativas locales, aumentar la participación política y generar economías a escalas en Colombia. En principio, se hace un análisis del ordenamiento territorial colombiano frente al cumplimiento de los fines del Estado; segundo, se realiza un acercamiento conceptual de la Provincia identificando su correlación con entidades similares en países de Europa y América latina; tercero, se hace un recorrido histórico de la Provincia desde la época de la Conquista hasta la actualidad en la realidad colombiana. Y por último, se hace un estudio del rol de las Provincias en una economía abierta como la colombiana.

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Este artículo se presentó en las III Jornadas Pedagógicas sobre el Deficiente Mental Adulto, organizadas por la Universitat de les Illes Balears

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Cormatec Ltda., es una empresa colombiana, dedicada a la comercialización de maquinaria, equipos y artículos para la industria del procesamiento de alimentos, hoteles, restaurantes, carnicerías, frigoríficos y empresas similares. En los últimos años, la empresa ha presentado importantes problemas de disminución de ventas, debido en principio a la fuerte competencia que existe en el sector. Por tal motivo, el presente plan de mercadeo y logístico, busca diagnosticar las causas del bajo rendimiento presentado en la organización en los últimos periodos y proponer soluciones que maximicen las utilidades de la empresa.

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El trabajo de grado fue inspirado en la primera experiencia laboral del autor en Proaño Representaciones, una empresa comercializadora del Equipos de Protección Personal (EPP’s) y seguridad industrial en Quito, Ecuador. Durante la primera etapa de esta experiencia se pudo ser parte de diferentes iniciativas, especialmente en el tema de la gestión de la comercialización, dentro de ellas se evidenciaba el interés de la empresas por introducirse en le mercado de la seguridad ocupacional en los países vecinos, Colombia y Perú. De la mano de lo anterior, se le presento a la empresa una propuesta donde se planteaba hacer una investigación de mercados en el sector de la salud ocupacional en las principales ciudades de Colombia, Bogotá y Medellín, la iniciativa en un principio tenia dos frentes, la intervención en los canales de distribución (pequeños distribuidores y fabricantes) y por otro lado la participación en contrataciones estatales. Pero a lo largo del desarrollo de la iniciativa se replanteo la iniciativa, los dos ejes no podían ser trabajados simultáneamente, se decidió que fueran pasos a seguir, ósea, en un principio intervenir los canales de distribución en Bogotá y Medellín, y después la participación en la contracción estatal. Durante el desarrollo de este trabajo de grado se tuvo la oportunidad de ser parte de círculos de aprendizaje especializados, visitas a empresas protagonistas del sector como por ejemplo ARSEG, todo lo anterior se llevo a cabo tanto en la ciudad de Bogotá y Medellín. Igualmente desarrollar esta iniciativa permitió un acercamiento a entidades de gobierno como lo fue el Ministerio del Trabajo.

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El plan de empresa, nombrado Huevos del Rancho (HDR) es un proyecto que nació a partir del emprendimiento de dos estudiantes de administración, con ganas de implementar la teoría estudiada en un proyecto real. Esta iniciativa que al principio fue una idea simple, terminó convirtiéndose en un proyecto de vida. Huevos del Rancho se dedica a la producción, distribución y comercialización de huevos orgánicos. Sus productos y procesos cuentan con valores agregados y diferenciados que han permitido generar un modelo único de producción y de distribución del producto en los mercados objetivos. A pesar de que HDR ya inició operaciones en esta actividad de manera empírica en el 2010, sus resultados brindaron a los socios una visión del verdadero potencial que recaía en este negocio. El principal fundamento que se inculcó en los socios fue empezar a pensar en grande, no en negocio, sino en empresa.

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Esta tesis producto del trabajo de investigación se planteo sobre las bases de un derecho administrativo interno creado para resolver los problemas suscitados al interior del Estado en consonancia con los postulados constitucionales, teniendo en cuenta el artículo 4° en que se establece la supremacía de la Constitución y los artículo 9°, 93, 94 y 224 al 227 que ordenan el desarrollo del derecho de integración en el marco de los países Latinoamericanos y del Caribe, por lo que surge la imperiosa necesidad de armonizar el derecho de la integración con el ordenamiento jurídico nacional y en especial con el derecho administrativo quien deberá recepcionar el mencionado ordenamiento supraestatal, alterando las tradicionales concepciones de las fuentes de este derecho interno. Por lo tanto, desde la perspectiva del derecho administrativo comprendido como un derecho legislado que regula las relaciones entre el Estado y los particulares en el que prevalece el “principio de legalidad” de los actos administrativos, se puede intuir que constituye un problema jurídico los impactos derivados de los tratados de integración, donde nos preguntamos sí las categorías de fuentes actuales del derecho administrativo son las adecuadas para abordar la recepción de estas disposiciones Por lo que al explorara las incidencias en el derecho administrativo con ocasión de la recepción del derecho de integración con particular énfasis en la Comunidad Andina, identificamos que uno de los rasgos más distintivos del ordenamiento jurídico andino, como el de otros esquemas de integración, proviene del discutido concepto de supranacionalidad. Dentro de la teoría jurídica contemporánea la comprensión de este término trae una novísima concepción que al mismo tiempo es respetuosa de la soberanía interna de los Estados miembros, la cual permite el surgimiento del nuevo ente común donde es posible la distribución de competencias en la reglamentación de ciertos ámbitos entre autoridades multilaterales y nacionales, conservando su propia autonomía. Este concepto ha permitido que en el ordenamiento comunitario andino, a semejanza de lo que acontece en el derecho interno de los Estados, exista un sistema de control de las normas jurídicas garantizado por una jurisdicción contenciosa-administrativa ejercida a través del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Lo que en definitiva incide en el derecho administrativo interno al encontramos frente a ordenamientos independientes, como lo son los del derecho de integración, en los que se producen, aplican y ejecutan normas según las reglas de juego adoptadas para ese efecto por los Estados miembros, que dependerán del marco del proceso de integración y su armonización con las normas internas. Es por ello, que en el resultado final de esta tesis se constata la aparición de nuevas fuentes de legalidad, donde ya no sólo se contemplará la ley y la jurisprudencia, ésta última posicionada con el devenir del tiempo debido a su pertinencia, como lo podemos contrastar con la expedición del Nuevo Código de Procedimiento Contencioso Administrativo (L. 1437/11) que aún no ha entrado en vigencia, en donde se resalta la importancia del Precedente Judicial a partir de las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Pero más allá, de este nuevo reconocimiento legislativo, el sistema de fuentes establecido se verá alterado en su jerarquía con el derecho que nace con ocasión de los tratados de integración, lo que aún no se refleja en este nuevo Código, el cual no prevé la aplicación de las nuevas fuentes de legalidad.

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Los giros de la fortuna, con la reivindicación que significó la amnistía propiciada por el presidente Rafael Caldera, y la persistencia en un proyecto político que había concebido con tiempo suficiente, le permitieron a Hugo Chávez aparecer en los siguientes comicios como candidato abanderado de un proyecto alternativo, añorado quizás por muchos venezolanos. Puesto en el ejercicio del poder por la vía electoral mayoritaria, el presidente Chávez dio inicio a un proyecto político en el que las Ffuerzas Armadas cambiarían, bajo su liderazgo personal, la función que se les había atribuido en el Pacto de Punto Fijo. Conforme al nuevo esquema, éstas se convertirían en la principal organización con capacidad para adelantar los objetivos estratégicos de la Revolución Bolivariana. Los cambios constitucionales de la proclamada Quinta República se orientaron en esa dirección. >De acuerdo con la Constitución de 1999 (...), el tema de la Seguridad de la Nación (Cap. VII) adquirió por primera vez rango constitucional. Se incorporaron dos nuevos conceptos: “seguridad y defensa integral” y se estableció el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para la defensa de la seguridad de la nación. Una Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación (2002)(...) , vino a definir los conceptos de “seguridad de la nación, defensa integral y desarrollo integral”, que son los principales componentes de la actual visión venezolana sobre la seguridad. Sus campos de aplicación son múltiples: económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, dando a entender que los principales ámbitos de la vida social conciernen al tema de la seguridad y que el accionar de los militares se amplía por ese mismo conducto a las demás esferas. Conforme al nuevo esquema, desapareció el carácter plural de las Fuerzas Armadas Nacionales, separadas en fuerzas diferentes bajo el esquema anterior, para ser reemplazado por el singular de una Fuerza Armada Nacional, bajo el concepto de unidad en el mando. Dentro de las atribuciones del presidente se incluyó la de promover oficiales a partir de un cierto grado, poniendo fin a una atribución que le correspondía al Senado y que respondía al ejercicio del control civil. Se estableció, así mismo, el derecho al voto de los militares y se eliminaron diferentes características que permitían calificar a la institución militar como “apolítica” y “no deliberante”, para sustituir su carácter por el de una organización “sin militancia política”. Los conceptos, las estrategias y las definiciones anteriores han puesto en marcha un nuevo pensamiento militar que –al decir de su propio inspirador– se debe fundar en unas nuevas relaciones cívico-militares, y tener una orientación anti-imperialista, ésto es destinada a resistir a la influencia tradicional de los Estados Unidos como potencia continental. El desarrollo del proyecto implica el seguimiento de tres líneas estratégicas: el fortalecimiento del poder militar de la nación, la consolidación y profundización de la unión cívico-militar en diferentes actividades y la participación popular en las tareas de defensa nacional. Ésta es la línea de pensamiento que da origen a la condición cívico-militar del Gobierno, así como a la insistencia en la preparación generalizada contra una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. El proclamado carácter cívico-militar del régimen venezolano encuentra, entre otros, asidero institucional en la existencia de dos nuevas figuras llamadas Cuerpos Especiales, que se suman a los componentes tradicionales del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, y que se denominan Reserva Nacional y Guardia Territorial (...). La creación de estos dos últimos cuerpos tiene profunda significación en el propósito de involucrar a la población civil en actividades complementarias del papel que corresponde a la Fuerza Armada Nacional. En la medida que la orientación del conjunto corresponde al propio Presidente de la República, se consolida un mecanismo que hace coincidir los propósitos de las fuerzas militares tradicionales con los de un pueblo en armas desde la civilidad, siempre al servicio de un propósito político controlado por el Ejecutivo, que a su vez, es el conductor supremo de la llamada Revolución Bolivariana. El presidente Chávez se refiere a la actual Fuerza Armada Nacional como un “ejército libertador”, agente y protagonista de los cambios que anuncia hacia el futuro, en unión de los sectores civiles que incorpora al mismo propósito. Ésta es la Venezuela dirigida por un esquema cívico-militar que de alguna manera se nutre, en el siglo XXI, de tradiciones y experiencias históricas que marcaron la vida nacional. El seguimiento del curso de acción de esa alianza resulta de gran importancia para Colombia, en la medida que la marcha de nuestros procesos sociales, políticos y económicos no se puede desligar de la del país vecino. Las credenciales democráticas del presidente Chávez, en cuanto al origen de su mandato, le confieren una legitimidad que, a su vez, le da un amplio margen de maniobra, tanto nacional como internacional. La orientación que en ambos escenarios tome su gobierno en desarrollo de sus estrategias, o ante circunstancias particulares, debe ser objeto de la mayor atención y análisis de parte nuestra. En todo caso, conviene tener en cuenta el propósito de combinación de lo civil y de lo militar, bajo su inspiración, porque de ello se pueden derivar consecuencias esencialmente diferentes de las correspondientes a un sistema de la índole del nuestro.

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Para la Universidad del Rosario, la pertinencia del proyecto educativo se evidencia en la medida en que las acciones institucionales generen impactos positivos en el entorno social, económico y cultural y logren su transformación, en la búsqueda de una sociedad más humana y sostenible. Desde su fundación, el Rosario ha considerado a Colombia como el horizonte de sus esfuerzos y por ello ha desarrollado sus funciones básicas de docencia, investigación y extensión desde los principios de ética y responsabilidad social. Entendiendo la educación como un servicio público, resulta claro que las instituciones educativas adquieren frente a la sociedad una responsabilidad inmensa e ineludible, pues de ellas depende en gran parte la construcción o modelamiento de sus miembros. Así, aunque cualquier sociedad se construye a partir de los aportes de individuos y de instituciones del más variado tipo, a las instituciones educativas les corresponde una tarea central en el proceso de socialización y creación del horizonte cultural: son las encargadas de mantener el acervo cultural y de convertirse en motores del desarrollo del conocimiento, la ciencia, la sociedad y la cultura. En perspectiva del nuevo siglo, como afirma la UNESCO(...) la institución educativa se enfrenta a desafíos “relativos a la financiación, la igualdad de condiciones de acceso a los estudios y, en el transcurso de los mismos, una mejor capacitación del personal, la formación basada en las competencias, la mejora y conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, la pertinencia de los planes de estudios, las posibilidades de empleo de los diplomados, el establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces y la igualdad de acceso a los beneficios que reporta la cooperación internacional. La educación superior debe hacer frente a la vez a los retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo.” El contexto nacional presenta hoy incontables desafíos relacionados con la pobreza, la marginalidad, la desigualdad y la injusticia, que llevan al país a comprometerse con soluciones para el futuro inmediato y con soluciones de largo plazo que aseguren la competitividad, la sostenibilidad y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. En este sentido, Colombia suscribió la denominada “Declaración del Mileno” con el firme compromiso de eliminar la indigencia para el año 2015 En el caso de las naciones en vía de desarrollo, como Colombia, ante la falta de capacidad del Estado para suplir todas las necesidades de la población, la sociedad civil y las instituciones deben asumir, bajo principios de solidaridad y subsidiariedad, el diseño y la ejecución de acciones de responsabilidad social que impacten en beneficio de la sociedad, emprendiendo, por un lado, acciones que inciden directamente en las comunidades y, de otra parte, a través de la realización de investigación social y científica que permita ofrecer soluciones serias, objetivas y realizables. Este compromiso, en la Universidad del Rosario, además de ser uno se sus principios misionales, toma mayor fuerza al estar reconocida como una de las 12 universidades que en el país cuentan con acreditación nacional de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional. Así lo ha entendido esta Universidad, la cual, además de trabajar en la formación de los profesionales que el país requiere, viene desarrollando distintos proyectos de servicio comunitario apoyados en el trabajo voluntario de sus estudiantes, profesores, egresados y funcionarios.

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El diagnóstico era claro: azúcar en la sangre, es decir, diabetes. Juan P., un hombre que durante cinco años enfrentó serios problemas de salud, creía haber encontrado la respuesta a su rosario de males. Pero la verdad era que su viacrucis hasta ahora comenzaba. Él, un colombiano de 45 años, trabajador de la construcción, que tenía problemas de obesidad, en 2003 empezó a tener cambios notorios en su salud: se cansaba fácilmente, no rendía en el trabajo, sentía mucha sed y orinaba con frecuencia. Síntomas que prendieron las alarmas. Angustiado, empezó la maratón de largas filas y de extenuantes madrugadas para lograr una cita médica. Finalmente, consiguió una fecha y hora para ser visto por el médico general. Tras una rápida valoración, vinieron los exámenes de laboratorio, los ayunos, las esperas y las inasistencias laborales. Luego de este ir y venir, por fin, Juan P. recibió sus resultados. Al parecer, tenía la respuesta en las manos: diabetes. El paciente, que finalmente sabía la causa de sus males, dio comienzo a una nueva vida basada en el tratamiento médico: una dieta sin harinas ni dulces por el resto de su vida. Pese a este estricto sistema, pasaba el tiempo y Juan P. no presentaba mejoría, todo estaba como al principio. Entonces, fue remitido a un especialista en endocrinología, quien le formuló un medicamento para controlar su azúcar. Otra vez, el paciente creía haber hallado la salida a su problema. Así pasaron tres años en tensa calma, pero un día, la paz se rompió otra vez. Empezó a tener una sensación de quemadura en la planta de sus pies, la cual se fue haciendo cada vez más intensa hasta impedirle dormir adecuadamente. Por tal razón, su rendimiento laboral fue disminuyendo hasta que, sin más remedio, fue despedido. Así, con los restos de esperanza que le quedaban, este hombre de 45 años siguió siendo valorado y tratado por múltiples especialistas, pero sin encontrar una respuesta certera. A pesar de que sus niveles de azúcar en la sangre (glicemia) estaban controlados, el dolor no cesaba, seguía ahí presente. Así vivió Juan P. varios años de su vida, siendo el reflejo de otros tantos colombianos que no saben que existe y que tienen una enfermedad llamada Neuropatía Diabética Dolorosa (NDD). Una patología de difícil diagnóstico y tratamiento.

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La permanencia de las empresas en el tiempo, de manera exitosa, se constituye en un tema de preocupación para el Gobierno, las empresas y la academia de la Administración. Se han realizado varias investigaciones, materializadas en libros, artículos y ponencias, tratando de explicar por qué unas organizaciones perduran y otras desaparecen. Con el objetivo de hacer un aporte a la academia de la Administración en la identificación de elementos que permitan a las empresas pasar de la longevidad a la perdurabilidad, la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario viene desarrollando desde el año 2004 estudios encaminados a tal fin. El grupo de investigación ha establecido lo siguiente: Para socializar los hallazgos encontrados, se ha decidido publicar, a través de los documentos de investigación, algunos casos de empresas y sectores en los cuales la permanencia de algunas de aquellas se ha visto afectada por discontinuidades del entorno. De manera puntual, este documento, realizado de forma conjunta por estudiantes de la asignatura Análisis Estratégico Sectorial aplicado al Sector Salud, impartida en la Maestría en Administración en Salud, y el profesor Hugo Alberto Rivera, pretende hacer un aporte a la línea de investigación, y relacionar las características de la definición del concepto “perdurabilidad”, propuestas por la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario y lo encontrado en las empresas. El sector estudiado es el de las Administradoras de Riesgos Profesionales. Se toma la decisión de hacer el estudio, dado que a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se reglamentaron, con el Decreto 1295 de 1994, los lineamientos administrativos, económicos y asistenciales referentes a la salud de los trabajadores y a los riesgos profesionales, mediante la creación del Sistema General de Riesgos Profesionales. Este sistema surge a partir del Tercer Libro de la Ley 100 y se rige, al igual que los referentes a pensiones y salud, por los principios de unidad, eficiencia, participación, solidaridad e integralidad. En cuanto al principio de la universalidad, o sea, la garantía de la protección para todas las personas sin ninguna discriminación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social trabaja para ampliar la cobertura de los trabajadores de los sectores informales, deportivos y campesinos. El sistema cubre a los trabajadores dependientes vinculados mediante contrato de trabajo, los trabajadores independientes, los jubilados incorporados a la fuerza laboral y los estudiantes en práctica que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso para la respectiva institución, y cuya actividad formativa es requisito para la culminación de sus estudios. El documento contiene una descripción del sector e incluye un análisis estratégico que permite identificar el estado de las empresas estudiadas y los elementos que pueden contribuir a su perdurabilidad.

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La obra pretende probar la hipótesis de trabajo que versa sobre la constante centralista que ha marcado las relaciones entre territorio y poder en Colombia. Dicha tendencia se observa en la reiterada adopción del modelo territorial unitario, con leves excepciones, que ha marcado la construcción de la Constitución territorial desde el año 1821. Sin duda, una apuesta que nuevamente es retomada en el proceso constituyente de 1991, a pesar de la inserción tímida de los principios de descentralización y autonomía, y del generoso espíritu del constituyente, hoy bastante menguado, en materia de transferencias intergubernamentales. Dicha hipótesis conllevó a la revisión de otros Estados unitarios, e incluso de modelos regionales o autonómicos y federales, todos ellos en proceso de reacomodamiento, transformación e incluso de difusas fronteras de diferenciación. La historia constitucional, la asamblea constituyente y la arquitectura de la constitución territorial de 1991, son objeto de sistemático estudio y reflexión. También el desarrollo que ha sufrido el Título XI de la Constitución Política, a lo largo de las dos últimas décadas. Por ello, la publicación presenta una reflexión sobre los diversos planes de desarrollo, documentos Conpes, políticas territoriales, reformas constitucionales y legislación, que hablan sobre los avances, pero también sobre los retrocesos que se han dado en materia de descentralización y de autonomía en los últimos veinte años. La publicación está sustentada con innumerable bibliografía nacional e internacional, además de las diversas opiniones y posturas de algunos actores territoriales, académicos y políticos sobre el tema de la organización del territorio, la constante centralista y la situación del nivel intermedio de gobierno. Finalmente, culmina con un análisis y lectura sobre la orientación territorial que le ha dado al país la Ley 1454 de 2011 o Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que le apunta más al principio de asociatividad territorial que al desarrollo pleno de los principios de descentralización y autonomía territorial