854 resultados para Human Rights Risk
Resumo:
On 13 December 2006, the General Assembly of the United Nations adopted the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). It is the first comprehensive human rights treaty of the 21st century. The Convention is intended as a human rights instrument with an explicit, social development dimension. It adopts a broad categorization of persons with disabilities and reaffirms that all persons with all types of disabilities must enjoy all human rights and fundamental freedoms. Precisely, the Convention marks a 'paradigm shift' in attitudes and approaches to persons with disabilities The Convention contains two articles directly connected with judicial effective protection, one more than the other, but on the other hand, one cannot be understood without the other. Both articles are Article 12 –Equal recognition before the law- and Article 13 –access to justice- As a scholar in Procedural Law, my contribution to the International Scientific Congress on Private Law of the Philippines and Spain aims to enshrine the relevant importance of the both provisions that guarantee effective judicial protection for persons with disabilities in order to analyze, subsequently, the implementation of them in Spanish legislation
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Esta investigación se interesa en evaluar los logros y retos que ha presentado el proyecto ASEAN Community en cada una de sus tres áreas de acción (Comunidad económica, comunidad de política y seguridad, y comunidad socio-cultural) ante su aplicación en Tailandia. De esta manera, se busca analizar la incidencia que ha tenido el proyecto en el Desarrollo Humano de Tailandia durante el periodo 2004-2014. A través del análisis del estatus actual a la luz del concepto de libertades instrumentales se realiza la evaluación de los resultados de los proyectos y su conveniencia o no para el desarrollo humano de la sociedad tailandesa.
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Objetivo: Identificar la relación de los factores de riesgo ocupacional del trabajo infantil con los problemas de comportamiento en menores de edad trabajadores de una plaza de mercado en Colombia Materiales y métodos: Se realizó un estudio de corte transversal con 100 niños trabajadores de la plaza de Mercaneiva. Se aplicó un cuestionario para evaluar los factores ocupacionales en la población, evaluando aspectos sociodemográficos y condiciones laborales; para establecer la prevalencia de los problemas del comportamiento se utilizó el cuestionario sobre el comportamiento de niños niñas de 6-18 años (CBCL- 01). El análisis de los datos se realizó mediante SPSS versión 26, con un análisis estadístico cualitativo por medio de proporciones y tablas de frecuencia, se usaron además medidas de tendencia central y dispersión. Se hizo un análisis bivariado entre los problemas de comportamiento y los factores ocupacionales utilizando el coeficiente de Spearman. Resultados: Se determinaron 3 parámetros relacionados entre los factores ocupacionales y los problemas de conductas que fueron la edad mínima de admisión al empleo (8.2 ± 2.5 años, med=8), las extensas jornadas de trabajo (7.2 ± 3.1, med=7) y los años que lleva laborando (4.5± 2.6 años med=4). Los niños mostraron una diferencias significativa en los problemas de comportamiento (26.3± 9.9) más que las niñas (23.9±9.3) (p=0.023) y respecto a las conductas externalizadas fue mayor en el género masculino (p=0.001). El resultado de la prevalencia de los problemas de comportamiento demostró que el rango clínico se correlacionó significativamente con el comportamiento general (conductas internalizadas r= 0.735, p<0.001; conductas externalizadas r= 0.693, p<0.001; otros problemas r= 0.729, p<0.001) al hallar que el 76.0% de menores trabajadores están en un rango clínico. Conclusión: El empezar a trabajar a una edad temprana es un riesgo para presentar problemas de conducta. Los entes gubernamentales deben ser más activos y apropiarse de su rol para el restablecimiento de derechos y actuar en los resultados hallados en la investigación para que se continúe monitoreando mediante más estudios e intervenciones.
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El siguiente trabajo de investigación pretende analizar no solo la manera en la que la Intervención en la crisis Libia (2011-2013) se vio justificada a la luz de lo que establece la Doctrina de R2P, sino también investigar si logró cumplir con los objetivos de la misma. Con tal propósito, se evaluará si la intervención Militar Humanitaria por parte de la OTAN bajo la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, se justifica desde los objetivos que establece la Doctrina de Responsabilidad de Proteger y cumple parcialmente con los propósitos fundamentales de prevenir, reaccionar y reconstruir en la crisis Libia de 2011- 2013. El método que se utilizará para responder a la pregunta de este estudio de caso, será en su totalidad cualitativo, descriptivo y analítico. En lo que respecta a las fuentes, se usarán fuentes secundarias como artículos académicos y fuentes primarias provenientes de noticias de periódicos, revistas, resoluciones AG y del CS de la ONU.
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El presente estudio de caso busca examinar la incidencia de las medidas migratorias de control fronterizo implementadas por el Frontex y el gobierno Italiano en las condiciones mínimas de supervivencia de los migrantes irregulares, económicos y solicitantes de asilo en la Isla de Lampedusa, en el periodo 2011-2015. De esta manera, se identifican las medidas migratorias de control fronterizo implementadas por Frontex y el gobierno Italiano. Se examina la situación de la seguridad humana en la crisis migratoria de la Isla, y se analiza la relación entre las medidas migratorias de control fronterizo y las condiciones mínimas de supervivencia de los migrantes. El resultado de la investigación permite plasmar, las consecuencias negativas que han tenido las medidas migratorias en cuanto a las condiciones mínimas de supervivencia, lo que ha desembocado en una crisis humanitaria.
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Introducción: El trabajador avícola presenta un alto riesgo de sufrir de Desórdenes Musculo esqueléticos, debido a la realización de trabajos manuales repetitivos; posición bípeda prolongada, posturas por fuera de ángulos de confort de miembros superiores Objetivo: Establecer las recomendaciones basadas en la evidencia de las intervenciones en salud para los Desórdenes Musculoesqueléticos (DME) en el trabajador avícola. Metodología: Se realizó una revisión de la literatura de los estudios primarios publicados en las bases de datos Medline, Scient Direct y Scielo desde 1990. Los artículos se clasificaron de acuerdo con: el tipo de estudio, la calidad de éste y el nivel de evidencia que aportaba. Resultados: Dentro de las recomendaciones de la evidencia disponible para el manejo integral de los pacientes de la industria avícola con riesgos o eventos asociados a DME se encuentran las siguientes: 1) incorporar un enfoque sistémico en la atención a dichos trabajadores, 2) incluir aspectos psicosociales en la identificación y explicación de los riesgos y eventos en salud, 3) permitir los descansos, microrupturas y pautas para el ejercicio, 4) facilitar la rotación y ampliación de puestos de trabajo, 5) mejorar las herramientas de trabajo - especialmente el corte de los cuchillos. Conclusiones: Las intervenciones descritas en la presente revisión, apuntan hacia el mejoramiento de la incidencia y la prevalencia de los DMS, la disminución de incapacidad temporal y definitiva por los DMS, el mejoramiento en la producción industrial y la reducción de costos tanto económicos como humanos. Sin embargo, se debe plantear la necesidad de continuar impulsando el desarrollo de investigaciones y estudios que permitan tener mayores elementos de juicio para poder realizar recomendaciones a los tipos de intervenciones propuestas. A pesar de lo anterior, las intervenciones en salud para los trabajadores de la industria avícola deben ser enfocadas desde la prestación integral de los servicios de salud.
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Se desarrolla un marco teórico de la seguridad comunitaria al definirla a partir de la evolución que ha tenido el tema de la seguridad comunitaria a partir de la adopción del enfoque más amplio de la seguridad humana de los habitantes como base y eje de las políticas públicas, de donde nace un nuevo conjunto de prioridades para la erradicación de los factores de riesgo social asociados o que son proclives a la violencia y la comisión de delitos, tales como la deserción escolar, el desempleo, la violencia en todas sus formas, la inequidad de género y diversidad social, la falta de cohesión social, las migraciones, internas o externas, forzadas por las condiciones de vida. El enfoque se basa en un nuevo modelo criminológico que está sustentado en el marco de los derechos humanos, la seguridad humana y el modelo de control social democrático para formar un modelo de desarrollo humano sostenible, por tanto la prevención sustentada en políticas públicas para la seguridad humana, la participación comunitaria y el nuevo rol de la policía comunitaria.It develops a theoretical framework for defining the community from the developments that have taken the issue of community safety from the adoption of the broader approach to human security of people as the basis and focus of public policy, arises where a new set of priorities for the eradication of social risk factors that are associated with or prone to violence and committing crimes, such as school dropouts, unemployment, violence in all its forms, gender inequity and social diversity, lack of social cohesion, migration, internal or external, forced by the conditions of life. The approach is based on a new criminological model that is based on the framework of human rights, human security and control model to form a social democratic model of sustainable human development, thus preventing sustained public policies for security human, community involvement and the new role of community police.
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La ricerca affronta la questione della punizione nella prospettiva del diritto costituzionale nazionale integrata con quella del diritto europeo dei diritti dell’uomo. Nella Parte I è sostenuta la tesi secondo cui la trasformazione della Costituzione penale avviata sotto l’influsso della giurisprudenza CEDU rappresenta complessivamente un avanzamento nel processo di costituzionalizzazione del potere punitivo. Questa conclusione è supportata attraverso un confronto della filosofia costituzionale classica sulla punizione con i diversi approcci interpretativi alla Costituzione penale sviluppati durante il XX secolo (approcci tradizionale, costituzionalistico ed EDU). Nella Parte II è invece sostenuta la tesi secondo cui, nonostante gli effetti positivi dell’armonizzazione sovranazionale, lo statuto costituzionale della punizione dovrebbe comunque rimanere formalmente autonomo dal diritto EDU. Non solo, infatti, nessun paradigma dei rapporti interordinamentali finora sviluppato può giustificarne un’integrazione totale, ma essa rischierebbe anche di diminuire la normatività dell’aspetto sociale della Costituzione penale, già ipocostituzionalizzato rispetto a quello liberale. Nella Conclusione sono quindi sviluppati gli elementi fondamentali di un approccio interpretativo alternativo alla Costituzione penale che risponda meglio di quelli esistenti alle esigenze sia di garantire la massima costituzionalizzazione della punizione sia di facilitare l’integrazione sovranazionale. In base a un simile approccio costituzionalmente fondato, sostanzialista, rights-based e inclusivo di tutte le ideologie costituenti, la Costituzione potrebbe essere letta nel senso di prevedere un modello di disciplina unitario per tutte le forme di esercizio del potere punitivo (salvo quello disciplinare, distinguibile sotto l’aspetto istituzionale) caratterizzato da: una riserva di legge a intensità variabile; uno scrutinio stretto della Corte sulla giustificabilità costituzionale della pena; l’estensione dell’ambito di applicazione dei principi di colpevolezza e rieducazione; un pieno sviluppo degli aspetti di garanzia collettiva dei classici principi costituzionalpenalistici (obblighi di tutela penale e garanzia dell’effettiva collocazione della pena in capo al soggetto colpevole), nonché derivabili dall’art. 3 Cost. (proporzionalità della pena alle condizioni materiali del soggetto punito).
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Il presente studio delinea alcuni degli effetti del cambiamento climatico sul diritto internazionale. Si concentra su due principali fenomeni, la scomparsa dello Stato e le migrazioni ambientali. Questa ricerca si pone l’obiettivo di dimostrare che, nonostante il cambiamento climatico abbia un forte impatto sulla vita di estese popolazioni e di molti Stati, il diritto internazionale attualmente non abbia ancora trovato gli strumenti adeguati per disciplinare le conseguenze di questi fenomeni. Per farlo ci si è basati sullo studio delle fonti del diritto internazionale, soprattutto di soft law, sugli studi della dottrina e su alcuni casi giurisprudenziali. L'elaborato è diviso in tre capitoli, un'introduzione e una conclusione. Il primo capitolo è dedicato al fenomeno dell'innalzamento del livello del mare e alle sue conseguenze sulla statualità, diritti umani e diritto del mare. Il secondo al fenomeno delle migrazioni ambientali e all’individuazione di una tutela per questa categoria. Il terzo si concentra sui tentativi volti alla previsione di una responsabilità degli Stati per mancata mitigazione degli effetti del cambiamento climatico andando ad analizzare due casi emblematici e le richieste pendenti di chiarimenti alle Corti in questo senso. Si indaga infine sulla possibilità e opportunità di investire un organo con potere coercitivo come il Consiglio di Sicurezza della responsabilità di far fronte all’inazione degli Stati rispetto alle minacce del cambiamento climatico, allo scopo di imporre il rispetto di determinati standard. Nonostante l’interesse della comunità internazionale rispetto a queste tematiche sia dimostrato dall’adozione di svariati strumenti di soft law volte all’inquadramento di questi fenomeni e alla tutela di Stati e individui, dal lavoro svolto emerge come ancora non sia matura la volontà di istituire un sistema adeguato ed effettivo.
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Universidade Estadual de Campinas . Faculdade de Educação Física
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This study investigated the disclosure of HIV-positive serostatus to sexual partners by heterosexual and bisexual men, selected in centers for HIV/AIDS care. In 250 interviews, we investigated disclosure of serostatus to partners, correlating disclosure to characteristics of relationships. The focus group further explored barriers to maintenance/establishment of partnerships and their association with disclosure and condom use. Fear of rejection led to isolation and distress, thus hindering disclosure to current and new partners. Disclosure requires trust and was more frequent to steady partners, to partners who were HIV-positive themselves, to female partners, and by heterosexuals, occurring less frequently with commercial sex workers. Most interviewees reported consistent condom use. Unprotected sex was more frequent with seropositive partners. Suggestions to enhance comprehensive care for HIV-positive men included stigma management, group activities, and human rights-based approaches involving professional education in care for sexual health, disclosure, and care of "persons living with HIV".
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Este artigo descreve como jovens religiosos e autoridades religiosas das respectivas comunidades compreendem a sexualidade, considerando suas experiências pessoais e como membros de comunidades religiosas. A análise pretende contribuir para que políticas públicas dedicadas à promoção da saúde sexual da juventude considerem a religiosidade no contexto de um Estado laico e da promoção do direito à prevenção. Foram realizadas 26 entrevistas abertas e semidirigidas em diferentes comunidades da região metropolitana da cidade de São Paulo (comunidade Católica, de Umbanda, do Candomblé e de diferentes denominações Evangélicas) sobre iniciação sexual, casamento, gravidez, contracepção e prevenção das DSTs/aids, homossexualidade, aborto e direitos humanos. Observou-se como jovens e autoridades religiosas convivem com a tensão entre tradição e modernidade e os distintos discursos sobre a sexualidade. Como sujeitos religiosos (do discurso religioso) e sujeitos sexuais (de discursos sobre sexualidade), devem ser incorporados pelos programas como sujeitos de direito nos termos de sua religiosidade.
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O presente artigo trata de questões da história, do direito, da economia, da antropologia, da sociologia, da política, no que tange a minorias, salientando alguns marcos significativos da política indigenista brasileira na década de 1980. No que tange aos direitos humanos aplicados às minorias, se anteriormente o fulcro era a proteção desses direitos, hoje se demanda a sua regulação e a garantia jurídica, fomentando uma reordenação dessas relações. Essa foi uma grande contribuição da Constituição de 1988 no que diz respeito às comunidades indígenas que habitam o território nacional.
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Há uma ampla bibliografia sobre a crise da modernidade. Uma certa vertente compreende que estão ameaçados vários pilares da vida social moderna, dentre eles as conquistas representadas pelos direitos universais. A literatura da Saúde Coletiva também aponta o Sistema Único de Saúde (SUS) como uma ocorrência contrária ao movimento mundial de flexibilização daqueles direitos. Os princípios de universalidade e integralidade, além de constituírem um desafio institucional, financeiro, político e social, expressam também a decisão da sociedade de implementar direitos universais. Utilizamos o instrumental teórico de Souza Santos para caracterizar o SUS como um observatório sobre a efetivação de tais direitos. Ressurge a importância do remodelamento institucional e das deliberações democráticas no estabelecimento do contrato social.
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Este trabalho problematiza, a partir de uma perspectiva sócio-histórica, formas de enfrentamento à violência a que estão submetidos adolescentes e jovens de grupos populares urbanos no Brasil. Considera-se a violência como um fenômeno complexo de grande relevância para diversas instâncias sociais. A vulnerabilidade daqueles adolescentes e jovens, expressa por inúmeros índices relacionados à violência, tem alcançado patamares alarmantes no nosso país, num contexto de políticas públicas que são, em grande parte, insuficientes, fragmentadas e/ou inadequadas. Assim, apresenta-se o relato e a análise de uma intervenção social calcada na educação e na defesa dos direitos decorrentes da cidadania, para adolescentes e jovens vulneráveis socialmente, tomando-se como referência uma região composta por bairros pobres e carentes de infra-estrutura social numa cidade média do interior do estado de São Paulo. Trabalhou-se em diferentes projetos com ações pautadas na abordagem interdisciplinar, por meio de três eixos bases: Violência Escolar; Violência Urbana; e Violação de Direitos e Comunidade. Os resultados alcançados refletem elaborações coletivas acerca das ações destinadas aos jovens de grupos populares urbanos e suas alternativas, buscando produzir estratégias de enfrentamento dessas questões em espaços públicos, desde a instituição escolar historicamente constituída para essa população, assim como as instituições mais recentes que respondem à lógica contraditória e complexa da assistência ao direito. Cria-se, portanto, subsídios para políticas públicas cujo impacto se dê na direção de promover a diminuição da desigualdade, da discriminação e da violência a que está sujeita a maioria dos adolescentes e jovens no Brasil.