El bloque de constitucionalidad y principio de convencionalidad : Estudio sobre el carácter vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la reforma constitucional de los estados.

33 p.

El reacionismo del Estado Colombiano y su influencia en la garantía efectiva de derechos fundamentales

28 p.

La aplicación del principio interés superior del niño, niña y adolescente” en los procesos disciplinarios administrativos del ministerio de educación

La monografía titulada “La Aplicación del principio Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente” en los procesos disciplinarios administrativos del Ministerio de Educación; analiza el cumplimiento del mismo principio, en relación a la aplicación de acciones educativas disciplinarias en los procesos instaurados en contra de los estudiantes, dependiendo de la gravedad de la falta cometida. Posteriormente se analiza la legislación ecuatoriana en cuanto a la clasificación de las faltas, la sustanciación y resolución del proceso, a través de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, con su Reglamento General, y el Acuerdo Ministerial 434, cuerpos normativos que velan por el respeto y garantía de los principios y derechos constitucionales de este grupo de atención prioritaria. Serealiza un análisis jurídico de aspectos relacionados al ámbito disciplinario entre la normativa colombiana del departamento de Caqueta, con respecto de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento General. También se consideran los procesos disciplinariosinstaurados en contra de los estudiantes del Colegio Nacional Juan Pio Montufar de la ciudad de Quito,desde el Auto Inicial hasta la emisión de la Resolución;fiscalizando que en cada una de sus etapas se respete el principio del Interés Superior de los niños, niñas y adolescentes, yel derecho al Debido Proceso.

El garantismo como elemento necesario para la conservación y defensa de los derechos sociales: una mirada desde el aporte de Luigi Ferrajoli

El Garantismo como elemento necesario para la conservación y defensa de los Derechos Sociales desde la mirada de Luigi Ferrajoli, pretende recuperar los Derechos Sociales que resultan vulnerados ante influencia de la Globalización, que provoca pobreza, marginación social y desigualdad. Es por ello la importancia de nuestros objetivos de estudio. Objetivos: Analizar los elementos básicos del modelo garantista de Luigi Ferrajoli, como una alternativa frente a las violaciones de los Derechos Sociales en el actual Estado Constitucional de Derecho. Y evaluar si en El Salvador las normas Constitucionales y demás Leyes Secundarias limitan las políticas liberales de la Globalización ante las violaciones de derechos Sociales que estas producen. Metodología: En la investigación se utilizara el enfoque cualitativo. El método cualitativo hace referencia a un grupo de métodos de investigación de base lingüístico- semiótica. El diseño de la investigación cualitativa es probablemente el más flexible de todas las técnicas experimentales, ya que abarca una variedad de métodos y estructuras aceptadas. Ya sea un estudio de caso individual o una amplia entrevista, este tipo de estudio debe ser llevado a cabo y diseñado con cuidado, aunque no existe ninguna estructura estandarizada. En la investigación se harán entrevistas, al Procurador de los Derechos Humanos, subdirector FESPAD, Directora de Gobernabilidad y a un Docente Constitucionalista. Resultados Esperados: Delimitar si la violación de los Derecho Sociales es un efecto del absolutismo de los grandes poderes económicos. Establecer si las políticas de libre mercado influyen en la Jerarquización de los Derechos Sociales situándolos en un segundo plano ante intereses meramente económicos. Y Conocer a profundidad si las leyes que tutelan o garantizan derechos sociales en nuestro país no se adecuan a la realidad de nuestra sociedad, generando claras violación a Derechos Sociales.

Análisis de la Ley especial de extinción de dominio y de la administración de los bienes de origen o destinación ilícita, su importancia en el proceso jurisdiccional y su garantía en el derecho de propiedad

El dominio doctrinariamente es el derecho real máximo del cual se desglosan la mayoría de los derechos reales consagrados en el derecho civil, de esto se desprenden facultades, o derechos los cuales revisten al propietario, para que pueda usar, gozar y disponer libremente de una cosa. Pero si analizamos bien la concepción del concepto de dominio consagrado en el Código Civil, nos daremos cuenta que hay una forma de concebir las cosas corporales. El Art. 568 Código Civil Se llama Dominio o Propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad y el uso de la cosa se le llama usufructo. El derecho de dominio tiene características que le hacen ser diferentes de los demás derechos, es por ende que gozan de características especiales como los que identifican a los derechos reales: a) Es un derecho real, b) Es absoluto, c) Es exclusivo, d) Es perpetuo. En la Constitución se establecen una cantidad de derechos fundamentales entre ellos el derecho de propiedad y posesión, sobre los bienes que una persona puede tener, así mismo la constitución regula que la persona no puede ser privada de sus derechos fundamentales sin que esta sea antes previamente oída y vencida en un juicio mediante un proceso que se le debe seguir para no vulnerar sus derechos y garantías tanto constitucionales como las que las leyes aplicables determinan. La ley que se Analizara persigue la recuperación de bienes producto de actos ilícitos, y regula los medios, competencias y procedimientos para obtener dicha recuperación. "Por tal razón, es indispensable dotar al Estado, garantizando el debido proceso, de un mecanismo legal para la investigación, el examen y establecimiento del origen ilícito de patrimonios realizadas al margen de la ley y proceder a su extinción". La figura de la extinción de dominio tal y como aparece definida en dicha ley, por lo menos en el medio, es novedosa. Hasta ahora, la extinción del derecho de dominio considerada como el cambio de titularidad del derecho real de propiedad se producía por los medios tradicionales, o títulos de adquisición de dominio o pérdida como la transferencia en sus diversas modalidades, la expropiación, la transmisión y la prescripción. La novedad de la ley consiste en la introducción de una nueva forma de extinción, que es la "pérdida de ese derecho de dominio a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular", por razón de la naturaleza de la procedencia adquisitiva del bien, en resumen que provenga de hechos o actos ilícitos. No obstante para que haya una completa legalidad en el proceso y el destino de estos bienes que sean objeto de medidas cautelares o extinguidos mediante una sentencia definitiva dictada por un juez especializado, para garantizar su buena administración se crearan las distintas instituciones especializadas en el área; estas se encargaran de reparación, identificación inventario, administración, mantenimiento, preservación, custodia, y la destinación de los mismos todo ello para garantizar el derecho de propiedad ya sea que lo tenga el particular o este pase a favor del Estado.

La inconstitucionalidad por omisión en la esfera de los derechos sociales

La figura de la Inconstitucionalidad por Omisión se compone por dos elementos: "inconstitucionalidad" y "omisión"; el primero de ellos hace referencia a una conducta vulneradora de la Carta Magna, y "omisión", se define como una inactividad o un dejar de hacer. En algunos diccionarios jurídicos, el término "omisión" es remitido al ámbito penal, no procesal constitucional, esto es porque la Inconstitucionalidad por Omisión es una figura aún en construcción, de tal forma que su regulación expresa se encuentra ausente en muchos países, incluyendo el nuestro. Es por ello, que en la doctrina, hay una pugna en el reconocimiento de la existencia de esta figura, las cuales se analizarán en los argumentos a favor y en contra del reconocimiento de la misma, así como los diversos tipos de omisión legislativa, y las teorías aplicables a esta investigación en relación a los derechos sociales, tales como: (1) La Doctrina de la Supremacía Constitucional, en la que se establecerá que las disposiciones de la Carta Magna deben ser acatadas por su carácter superior, incluyendo los mandatos constitucionales de disposiciones programáticas pendientes de desarrollo legislativo; (2) La Teoría del Estado Social, en la que se analizará cómo quedaron los derechos sociales después de la crisis del Estado de Bienestar; y (3) la Teoría jurídica garantista de los derechos fundamentales de Luigi Ferrajoli, que se retomará en referencia a la falta de garantía de los derechos sociales, el cual es un punto de gran importancia, debido que estos derechos al ser incorporados al ordenamiento jurídico adquieren la función de legitimar al Estado y proteger la dignidad humana. Por otro lado, se establecerá la relación de esta investigación con aspectos de contenido económico, político y social, por ejemplo: en el aspecto económico, es necesario que el Estado cuente con recursos para garantizar y satisfacer el goce de los derechos sociales; de igual forma, es necesario que el legislador secundario priorice garantizar los derechos sociales sobre intereses políticos, o de conveniencia, en su función de creación de leyes (aspecto político); en cuanto al aspecto social, este debe activarse mediante la lucha del reconocimiento del respeto y desarrollo de los mandatos constitucionales, que puede darse por medio del mecanismo de la Inconstitucionalidad por Omisión, es decir, la actuación activa de la sociedad que requiere un necesario conocimiento de las nuevas realidades jurídicas, dado que no se puede defender algo del cual se tenga desconocimiento. Así también, el desarrollo de la investigación resaltará la importancia del necesario control en las omisiones que incurre el órgano legislativo, al incumplir mandatos constitucionales para legislar, lo que produce un despliegue incorrecto de la eficacia jurídica de la Carta Magna; dicha omisión, debe producirse en un espacio de tiempo razonable. En el caso salvadoreño, el tiempo existente entre la vigencia de nuestra Constitución y la actualidad son treinta años; el deber ser es que los mandatos constitucionales, expresos o implícitos, ya han sido desarrollados, pero, la realidad dice lo contrario, lo que nos lleva a cuestionar ¿Por qué no han sido desarrollados todos los mandatos constitucionales? Si bien es cierto, la figura de la Inconstitucionalidad por Omisión es una figura emergente en nuestro país, la excesiva dilación de legislar se produce, entre otras causas, por la falta de demanda en la exigencia de desarrollo. Es importante destacar, que la presente investigación trata sobre la esfera social, por lo que el análisis de los mandatos constitucionales pendientes de legislar serán aquellos comprendidos en el Capítulo II ("Derechos sociales") de nuestra Constitución.

El derecho a recibir resoluciones motivadas desarrolladas por la Corte Constitucional, mediante resoluciones de acciones extraordinarias de protección

Entodas las sociedades ha sido una necesidad importante que las personas obtengan decisiones debidamente motivadas por parte de las personas que las representan o que están en el poder. En la actualidad se denota claramente la imperfección en la técnica y en la formación de los jueces y tribunales al momento de dictar una infinidad de resoluciones judiciales, las cuales pueden estar bien o mal motivadas, afectando por tanto a un sin número de personas, ya sea en sus patrimonios o hasta su honor. A raíz de la vigencia de la Constitución de la Repúblicaen el año 2008, se incorporó una nueva garantía de derechos denominada Acción Extraordinaria de Protección, orientada a tutelar el debido proceso y los derechos constitucionales que resulten vulnerados en resoluciones judiciales emitidas por los jueces y tribunales en su actividad jurisdiccional, siendo la motivación uno de estos derechos que frecuentemente es vulnerado. En el presente trabajo se establece cual es la tesis que la Corte Constitucional ha desarrollado sobre la motivación y se explica los tres requisitos que la integran los cuales son: la razonabilidad, lógica, y la comprensibilidad; para que de esta manera la sociedad conozca esta garantía a plenitud y pueda ejercer su derecho a la defensa en el momento oportuno.

Guía de procedimientos teóricos y prácticos de los principales impuestos y obligaciones tributarias municipales, como herramienta de consulta que contribuya al desempeño eficiente de los profesionales de contaduría pública en el ambito laboral.

Los impuestos municipales son los tributos exigidos por cada Alcaldía en los Municipios existentes, facultados a través de leyes constitucionales, con el fin de prestar servicios a las comunidades concernientes a sus territorios, pero sin llegar a individualizarse; sin embargo su estudio es poco difundido entre los contribuyentes municipales y son pocos los profesionales que se especializan en esta área, debilitando de forma indirecta el eficiente desempeño laboral de los profesionales de Contaduría Pública. Sin embargo a medida que incrementa la demanda del personal capacitado en el desempeño de las funciones empresariales, los profesionales se ven obligados a poseer conocimientos tributarios municipales actualizados. Dando origen a la necesidad de buscar herramientas de apoyo que proporcionen pasos prácticos para aquellas áreas poco tratadas. Dando relevancia al objetivo principal de “La elaboración de una Guía de consulta práctica, que ayude a fomentar el interés por conocer los diferentes trámites municipales empresariales existentes en las diferentes normativas tributarias”. Determinándose la estructura del estudio y documento de la siguiente manera: CAPITULO I EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el cual se determina el problema, sus antecedentes legales, estadísticos y sus características hasta formular el problema de estudio, el cual fue delimitado en sus dimensiones teórica, temporal y espacial relacionadas con las unidades de observación “Profesionales de Contaduría Pública y Personal Administrativo de la Alcaldía de San Salvador”, lo cual es justificable por su factibilidad, novedad y utilidad social con el objetivo de integrar en un documento los pasos a realizar de los diferentes trámites empresariales que se efectúan. CAPITULO II MARCO TEÓRICO. Contiene las generalidades sobre el Derecho, sus fines y clasificación, su fuente y jerarquía, definiendo los tributos, clasificaciones y categorías del tributo (impuestos, tasas y contribuciones); identificando los organismos que los establecen, hasta llegar a definir el derecho tributario municipal, reconociendo a la municipalidad como ente receptor de tributos desde sus orígenes, según facultad constitucional, sus antecedentes, sus leyes aplicables, contribuyentes al impuesto, mostrando en una forma general el hecho generador por el cual se exige el tributo, su base tributaria, sus infracciones y sanciones por incumplimiento. CAPITULO III INVESTIGACIÓN DE CAMPO. Presenta un panorama detallado de la metodología utilizada durante la investigación. Se definen las técnicas, métodos e instrumentos utilizados en la recolección, procesamiento, análisis e interpretación de la información resultante, cruce de variables y diagnóstico de la información obtenida. CAPITULO IV GUÍA DE APLICACIÓN PRÁCTICA SOBRE LOS PRINCIPALES TRAMITES EMPRESARIALES E IMPUESTOS MUNICIPALES. La propuesta de estudio pretende ayudar y fomentar en el estudiante de Contaduría Pública el interés por conocer cada uno de los trámites empresariales que se efectúan en las municipalidades, y así brindar la oportunidad de aplicarlos sin dificultad en el área laboral, cuando así lo requieran; en el desarrollo del documento se realiza una inducción a la guía, la cual consiste en detallar los objetivos de la misma, un listado de los diferentes trámites, detallando para cada uno de ellos la información de mayor relevancia que servirá de base para su cumplimiento, finalizando con pasos básicos para una mayor comprensión del lector. CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Plantea las principales conclusiones y recomendaciones que, según el criterio del grupo de trabajo, merecen destacarse para ejercitar su práctica, contribuyendo a que la unidad de observación “Profesionales de Contaduría Pública” logren un mejor desempeño en el área laboral, en la medida en que incrementan sus conocimientos en materia Tributaria Municipal.

El bienestar del futbolista colombiano a través de sus derechos

56 p.

Suspensión de la mesada pensional a sobreviviente por ser trabajador: un estudio sobre la vulneración de derechos fundamentales

40 p.

Del derecho fundamental a la salud: un estudio sobre la vulneración a este derecho, en el interregno entre el reconocimiento pensional y la inclusión en nómina del pensionado

30 p.

Fundamentos jurídicos de los derechos intelectuales colectivos

Introducción El objetivo de esta exposición es ubicar el marco jurídico del derecho estatal que sirve como base para el reconocimiento de derechos intelectuales colectivos de los pueblos indígenas en Colombia. Para ello, es necesario abordar el tema bajo tres aspectos básicos: evolución histórica de la legislación especial indígena, fundamentos constitucionales indígenas; bases en el ámbito internacional. Los aspectos antes mencionados están atravesados por dos ejes fundamentales: territorio y cultura, que son la base para el derecho de los pueblos y, por consiguiente de los derechos intelectuales colectivos indígenas en particular y de las minorías étnicas en general. Si bien existe otro tipo de fundamentos históricos y culturales para reivindicar los derechos colectivos, no serán abordados desde esta ponencia…

El derecho a la pensión como derecho fundamental. Desconocimiento de los derechos pensiónales por parte del estado

34 p.

Imagens da imparcialidade entre o discurso constitucional e a prática judicial

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Direito, Programa de Pós-Graduação em Direito, 2016.

Limites ao poder de tributar no marco da Constituiçâo brasileira de 1988

417 p.