1000 resultados para GOBIERNO ELECTRÓNICO - COLOMBIA
Resumo:
This paper analyzes the dynamics ofthe American Depositary Receipt (ADR) of a Colombian bank (Bancolombia) in relation to its pricing factors (underlying (preferred) shares price, exchange rate and the US market index). The aim is to test if there is a long-term relation among these variables that would imply predictability. One cointegrating relation is found allowing the use of a vector error correction model to examine the transmission of shocks to the underlying prices, the exchange rate, and the US market index. The main finding of this paper is that in the short run, the underlying share price seems to adjust after changes in the ADR price, pointing to the fact that the NYSE (trading market for the ADR) leads the Colombian market. However, in the long run, both, the underlying share price and the ADR price, adjust to changes in one another.
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Teniendo en cuenta que el aumento en los diferentes procesos de industrialización y globalización de la economía exigen unos estándares más altos de calidad, la Seguridad y Salud en el trabajo se han convertido en un valor agregado o una pieza clave para alcanzar certificaciones, abrir mercados, trabajar con estándares internacionales y cumplir con la normatividad tanto nacional como internacional. Con base a lo anterior, al exigir mayor productividad se ha incrementado el nivel de estrés en los trabajadores, tomando fuerza el estudio, valoración y prevención de los Riesgos Psicosociales a nivel laboral. Para ello, es necesario entender que el estar en un entorno laboral genera vulnerabilidad del trabajador ante los factores de riesgo presentes en el lugar de trabajo. Estos se pueden ver en la presencia de factores ambientales, familiares y personales, que aunque son inherentes a los seres humanos en el proceso de desarrollo, de no ser controlados, afectan directamente la salud de los empleados. En Colombia, la observación sistemática de los procesos de interacción de un trabajador con su puesto de trabajo, han llevado a reconocer la presencia de los riesgos psicosociales y, cómo éstos afectan los niveles de producción. Para beneficio tanto del trabajador como de las empresas, el Ministerio de la Protección Social, expide la Resolución 2646 de 2008, “por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional”. Por lo tanto, se considera pertinente el desarrollo de nuevos estudios sobre la cronología de la normatividad colombiana en cuanto a los riesgos psicosociales, cómo esta ha incidido en el mejoramiento de la salud mental de los trabajadores y en la generación de ambientes de trabajo saludables.
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El reconocimiento de la crisis por el que atravesaba el sistema de administración de justicia Colombiano, permitió concluir como verdad contundente, la crisis del principio de legalidad para la persecución del delito y de la pena de prisión como principal respuesta frente al delito ejecutado, de manera que resultó necesario buscar otras soluciones, plateándose el legislador colombiano, la consagración del principio de oportunidad, que en aplicación de un derecho penal mínimo, fragmentario y de última ratio, permitiera interrumpir, suspender o renunciar al ejercicio de la acción penal, diseñando un nuevo modelo de investigación, imprimiendo mayor celeridad, rebajando los costos y el empleo de recursos, lo que conlleva activar la persecución penal hacia los delitos más graves y perseguir las organizaciones criminales sin descuidar los fines del Estado Social y Democrático de Derecho. La aplicación del principio de oportunidad no puede implicar el desconocimiento de los derechos de la víctimas, pues si bien es cierto que se trata de un medio a través del cual la Fiscalía puede renunciar al ejercicio dela acción penal, suspenderlo o interrumpirlo, su ejercicio debe ser compatible con el mandato constitucional que implica el respeto a los derechos de la víctimas de las conductas delictivas.
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Con Constitución Política de 1991 se creó en Colombia un Estado Social de derecho fundado en el respeto a la dignidad humana, que en Artículo 42 se refiere a un derecho fundamental en el cual se define “La familia como núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.” Entendiendo que hay en nuestra sociedad dos formas de constituir una familia: i) Un modo religioso de forma matrimonial que es dar sus votos o un modo civil de este mismo el cual únicamente tiene efectos jurídicos como un contrato o una convención; ii) la voluntad responsable del hombre y la mujer que deciden conformarla, en el cumplimiento de las obligaciones y derechos correlativos. Hay que comprender que la familia creada por la Constitución Política de Colombia, ha tenido cambios contemporáneos en nuestra sociedad y aunque aún no son reconocidos, se trata de que en muchos casos la familia no solo se compone por los miembros establecidos, sino que también lo hace de diversas formas e incluso se hace extensa a los abuelos, nietos, primos etc. Tratándose de reconocer derechos que se están discutiendo en este momento en tribunales y Corte Constitucional, entre los cuales entra a tomar parte los derechos de las parejas homoparentales, los cuales se le han venido reconociendo en nuestra Legislación, pero que continúan algunos en una ardua lucha, para llegar a hacer una sociedad sin distinciones y desigualdades. Para resolver el asunto, debemos estudiar ante todo la jurisprudencia nacional a fin de dirimir el controversial y actual tema; lo anterior sin dejar de lado el interés superior del niño, de protección y preelevancia de sus derechos sobre aquellos de los demás, que constituye la base del desarrollo y lograr así, determinar lo pertinente a la comprensión del asunto para determinar si con la adopción por parte de parejas del mismo sexo se está afectando o no este interés superior del menor. Así mismo, resulta necesario incursionar en las opiniones del entorno a saber si nuestra sociedad está o no preparada en este momento para que las parejas del mismo sexo adopten, ya que de no serlo, con dicha argumentación se pretende aguardar al momento más oportuno para hacer un cambio trascendental en nuestro país.
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En el marco de la presente investigación, buscando encontrar el antecedente constitucional de la protección de la mujer indígena o por el contrario, la falta de señalamiento del mismo en procura de la reivindicación de sus derechos, se analizó la situación de las mujeres indígenas frente a las constituciones expedidas en Colombia, realizando un recorrido histórico de la vida republicana del país, desde las primeras constituciones hasta la actualidad, es decir desde 1810 hasta la Constitución Política de 1991, con el propósito de determinar si se encuentran amparados sus derechos frente a discriminación de género, denominado Mujeres Indígenas. Se hace el abordaje del tratamiento jurisprudencial y normativo de la inclusión de la mujer dentro del panorama social, político, económico y cultural del pais, en especial de las mujeres indígenas, encontrando que existen normas y sentencias que así los consagran, pero que necesitan de la evidencia de su cumplimiento por parte de los organismos y de la sociedad misma.
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En este documento empleamos las series de la Tasa de Cambio Representativa de Mercado y el Índice General de la Bolsa Colombia para ilustrar cuatro hechos estilizados muy conocidos en la literatura financiera: i) las series de precios siguen un camino aleatorio, ii) la distribución de los rendimientos es leptocúrtica y exhibe colas pesadas, iii) a medida que se calculan los rendimientos para períodos más amplios su distribución se acerca más a la distribución normal, y iv) los rendimientos presentan volatilidad agrupada (volatility clustering).
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El proyecto de investigación se enfoca en el análisis en un tema de gran relevancia para el derecho tributario en la época actual, toda vez que el gobierno logró sacar avante una reforma tributaria con la que pretende ajustar huecos fiscales, y en la cual plantea una serie de medidas de impacto sobre toda la sociedad, entre las que se encuentra la creación de un nuevo impuesto, denominado de normalización tributaria, incorporado en el capítulo V, que trata los mecanismos de lucha contra la evasión fiscal. Desde la presentación del proyecto de reforma tributaria presentado en el año 2014 por el gobierno nacional, empezaron a realizarse múltiples críticas al proyecto, por cuanto no ofrecía medidas de fondo para solucionar el déficit fiscal, y por incluir artículos que podían contrariar la constitución política colombiana, como es el caso del impuesto de normalización tributaria y es en este último punto es donde se centra el presente proyecto.
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El objeto de este trabajo es evaluar la estrategia en manejo de conflictos de la política nacional de gestión integral del recurso hídrico en el corregimiento de doña Josefa, departamento del Chocó en función de sus actores.
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Siguiendo la metodología de Marco Lógico, durante el proceso de formulación del proyecto, se pudo identificar como un problema central la poca voluntad que existe en amplios sectores de la población en materia de legalización de predios, convirtiéndose este un problema central, tanto para las administraciones territoriales, como para la población. Para las administraciones territoriales y entidades encargadas de llevar el registro de predios y sus mutaciones, esto es un asunto importante, ya que es con base en los registros de predios legalizados que se establecen buena parte de los ingresos tributarios y se orientan varios de los programas sociales, incluidos los de vivienda. Mientras que para los sectores de la población que se han abstenido de iniciar procesos, la no legalización de predios redunda en pérdida de beneficios o en la dificultad para acceder a ellos. La metodología de Marco Lógico, permitió evidenciar que las principales causas del problema son la desconfianza y el desconocimiento en la población, por lo cual en el presente trabajo se definió como alternativa de solución la del diseño de un servicio de asesoría personalizado que contribuya en la solución del problema, sensibilizando e informando a la población simultáneamente.
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La inversión extranjera en Colombia cuenta con un nuevo estímulo mediante la posibilidad que tienen los inversores de celebrar los denominados contratos de estabilidad jurídica con el Estado colombiano. Previo cumplimiento de unos requisitos esenciales, las personas naturales o jurídicas inversionistas, ya sean nacionales o extranjeras, e inclusive los consorcios, mediante estos contratos podrán obtener del Estado la garantía que no se les modificarán las normas actualmente vigentes consideradas como determinantes de su inversión, por un término que puede oscilar entre tres y veinte años.
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Para la presente investigación el presupuesto participativo es asumido como un mecanismo de participación ciudadana que tiene como horizonte el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de un territorio específico, espacio de deliberación y concertación, en el que participan diversos sectores sociales, gremiales, académicos, culturales y representantes de los gobiernos locales para la definición de programas y proyectos y la asignación de los correspondientes recursos para el desarrollo local. Según García, Domínguez, (2005) en Colombia las implementaciones del Presupuesto participativo han coadyuvado con objetivos de desarrollo del milenio, políticas pública, con el desarrollo local; arrojando impactos según las particularidades de contexto, progresos, perfeccionamientos, dificultades o estancamientos. Para el caso del presupuesto participativo en Itagüí, como una de las herramientas para la gestión pública de la sociedad civil organizada, se identifica que se ha apalancado en formulaciones estratégicas y financieras del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. Si bien el cumplimiento de metas de Plan de Desarrollo para la vigencia 2015, superan el 90% de las planteadas, no se evidencian los resultados esperados respecto a indicadores y metas que propenden por la democratización de la planeación para el desarrollo local a través de ejercicios de planeación local y presupuesto participativo, lo que deja sentado un margen de ineficacia en la gestión y ejecución del proyecto, y en el imaginario colectivo una percepción de deuda con las organizaciones sociales, comunitarias y comunales. Se buscará por tanto, interpretar características del comportamiento sobre el proceso en el último periodo de gobierno 2012-2015, los avances y aprendizajes obtenidos localmente para el aprovechamiento de la herramienta para la gestión pública del desarrollo en el municipio de Itagüí; a partir de contrastación y análisis de los lineamientos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal de Itagüí “Unidos Hacemos el Cambio 2012 -2015”, y las evaluaciones de los indicadores de producto del plan indicativo con corte a junio 30 de 2015. La investigación se apoyó en revisión documental, permitió obtener como conclusiones principales las siguientes: La falta de continuidad en los proceso de planeación participativa generan retrocesos y profundidad en brechas de comunicación y participación comunitaria en los asuntos de interés público. El plan de desarrollo municipal, si bien, ha garantizado el cumplimiento del marco legal e institucional para fortalecer la democracia participativa, no logra aún favorecer procesos vinculantes que potencien la capacidad de la comunidad y de las instancias de control, para incidir en las decisiones de gobierno y en las ejecuciones presupuestales relacionadas con el presupuesto participativo, incidiendo, en que el modelo de gestión pública participativa de Itagüí se encuentre en proceso de transición de la planeación representativa a la participativa.
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Hasta Junio de 2014 la Administración Municipal de Itagüí contaba con una oficina de Recepción de Quejas y Reclamos encargada del relacionamiento entre los ciudadanos y las oficinas de gobierno a través de sus solicitudes. La incertidumbre acerca de la oportunidad en las respuestas y la falta del control fueron comunes en esta situación. El Servicio de Atención al Ciudadano en la Alcaldía de Itagüí, carece de estructura, fundamentos y funcionalidad tal como lo establece la Ley 1437 de 2011, CONPES 3649 de 2010, CONPES 3785 del 2013, Decreto 2573 de 2014 y el Manual 3.1 Gobierno en Línea; según el informe de Auditoría de ICONTEC para la Certificación en Calidad NTCGP:2009 del Municipio de Itagüí, en el año 2014 se evidenció la falta de institucionalidad para el tema de Atención al Ciudadano ya que se encuentra limitada por la estructura, personal y sistemas de recepción, seguimiento y monitoreo de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias-PQRDS, que ingresan a la Administración Municipal. La administración municipal se plantea un reto frente a las limitaciones en el cual se buscan estrategias que tienen como premisa principal ¿Cómo hacer posible que la Estrategia de Atención al Ciudadano del Municipio de Itagüí sea suficiente para lograr la satisfacción de los usuarios internos y externos desde el punto inicial de contacto hasta la resolución de la necesidad? Teniendo en cuenta el concepto de Gobierno al Ciudadano el trabajo pretende articular la Política Pública, los cambios institucionales (Procesos, Procedimientos, Formatos, Estrategias), la formulación del protocolo de la Atención al Ciudadano y los aspectos técnicos necesarios para garantizar la satisfacción de los usuarios; para lograr este cometido la Alcaldía de Itagüí encaminará sus acciones a implementar un modelo de gestión para el servicio a través del uso permanente de la Tecnología de la Información y la Comunicación-TIC y la capacitación del recurso humano enmarcado de los principios de calidez, amabilidad y eficiencia del servicio, teniendo como prioridad, el mejoramiento y fortalecimiento de los canales de Atención al Ciudadano con base en la normatividad TIC y en las buenas prácticas existentes en otras entidades a nivel nacional e internacional que permitan hacer del Protocolo de Atención al Ciudadano la carta de navegación para una administración incluyente, participativa y cercana al ciudadano que presta mejores servicios tal como lo establece la Estrategia de Gobierno en Línea (Decreto 2573 de 2014).
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El presente trabajo de investigación consiste en la descripción y análisis de teorías de gestión de cambio organizacional sobre un caso de estudio en particular, como lo es el cambio en el proceso de solicitud y gestión de proyectos de Software en la compañía Inversiones Colombia tras su venta al Banco de Brasil. El problema de investigación trata la percepción de los empleados frente a la implementación del cambio anteriormente mencionado. Dicho análisis contribuye a identificar los aspectos positivos y negativos de dicha implementación a través del uso de un modelo logit, el cual es planteado a través del análisis de los modelos de Lippit’s citado por Mitchell (2013) y Lewin’s (1951). Los aspectos positivos y negativos permiten definir estrategias para la implementación de cambios que ayuden a la maximización de los aspectos positivos y la disminución o eliminación de los aspectos negativos. La investigación se realizó utilizando diferentes técnicas como: documentación de procesos internos de la compañía, encuestas y revisión de la literatura. Lo anterior favoreció para la formulación de conclusiones, donde resalta la importancia de utilizar una teoría de implementación de cambio organizacional que ayude a maximizar los aspectos positivos de una gestión del cambio y donde los hallazgos reflejan la poca comunicación y socialización que se hizo a los empleados sobre el cambio a implementar, además de que no se hizo una sensibilización sobre el nuevo proceso a implementar.
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El acoso laboral es una problemática que aqueja a la población laboral mundial y es uno de los principales riesgos psicosociales en el trabajo, pues no sólo afecta la productividad de los trabajadores, sino que también tiene un fuerte impacto en su salud mental. En Colombia se promulgó la Ley 1010 de 2006 con el fin de combatir este flagelo, sin embargo, se cuestiona la eficacia de esta ley y las resoluciones emanadas del Ministerio del Trabajo que crean los Comités de Convivencia Laboral. El acoso laboral, continúa siendo una de las principales problemáticas que viven los empleados en Colombia, situación que no es ajena en la Administración Municipal de Itagüí. La pregunta que orientó la presente investigación fue: ¿Genera credibilidad y confianza el Comité de Convivencia Laboral entre los funcionarios de la Administración Municipal de Itagüí frente a la solución de las problemáticas relacionadas con el acoso laboral? Los resultados obtenidos a partir de una encuesta realizada a 254 funcionarios y una entrevista con los miembros del Comité de Convivencia Laboral (CCL), permite concluir que el CCL de la Administración Municipal de Itagüí, presenta fallas en la gestión que viene realizando y que existe un clima de desconfianza y falta de credibilidad hacia el comité, lo que se traduce en que la Ley 1010 de 2006 pierda eficacia instrumental en la prevención del acoso laboral en la administración municipal de Itagüí.
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Vale la pena aclarar que este trabajo fue realizado a finales del año 2000, por consiguiente las cifras que aquí se encuentran han podido sufrir variaciones durante el presente año. ¿Existe alguna relación entre esta guerra que nos azota desde hace más de cuatro décadas y los niveles de pobreza que presenta el país? Por conflicto armado me refiero básicamente al problema con la guerrilla. A los secuestros, a las extorsiones, a los bloqueos a las carreteras, a las voladuras de torres de energía y oleoductos, y a las demás acciones terroristas. Mientras que por pobreza hago alusión a una mayor escasez de nuestros limitados recursos. A que la «torta de la riqueza» que nos tenemos que repartir todos los colombianos se hace cada vez más pequeña. Y lo que es peor aún, que la porción que les corresponde a los ciudadanos menos favorecidos es la más afectada. ¿El conflicto armado que actualmente está padeciendo nuestro país es entonces una causa o una consecuencia de la pobreza? Por una parte, la incapacidad del Estado para satisfacer las necesidades básicas de muchos ciudadanos (educación, salud, seguridad, empleo, etc.) es causa directa de nuestro conflicto armado. Por otra, el conflicto armado le quita competitividad a nuestros productos, provoca una fuga masiva de capital tanto económico como humano, produce desempleo, etc. El problema adquiere más bien la dimensión y las características de un círculo vicioso. Yo considero que se genera violencia cuando hay un Estado incapaz de satisfacer las necesidades más elementales de algunos miembros de la sociedad. Sin embargo, de la misma manera creo que toda forma de violencia destruye la riqueza. Sin embargo, el Estado colombiano es ineficiente y no alcanza a proporcionarle a una enorme cantidad de compatriotas.