966 resultados para Crisis social argentina


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Dentro del conocimiento, el obtenido a partir de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) ocupa un lugar preeminente en la consecución de unos mayores niveles de competitividad por parte de los países, pero no todo el conocimiento científico obtenido acaba siendo transferido, muy especialmente en coyunturas de crisis económicas como las actuales. Por todo ello, el objetivo de este trabajo es el de proponer la generación de una mayor cantidad de gestores de I+D+i y su formación en materias relacionadas con la responsabilidad social corporativa (RSC), como elementos claves para aprovechar el conocimiento científico en beneficio de la competitividad empresarial. La metodología aplicada consiste en el análisis de los datos de un estudio que pone de manifiesto estas cuestiones para un país como España, que necesita urgentemente mejorar su competitividad para salir a la mayor brevedad posible de la crisis económica actual. Los resultados dan prueba de la importancia que podría tener la generación y formación de estos gestores en la atracción de los investigadores a las empresas mediante la puesta en marcha de políticas socialmente responsables que permitan conseguir el triple beneficio: económico, social y medioambiental.

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La crisis económica en la que aún se halla inmersa la economía española ha sido especialmente procaz en el mercado laboral. Las abultadas cifras de desempleo parecen enmascarar una tétrica situación que es experimentada de desigual forma por hombres y mujeres. En este contexto, el objetivo fundamental de este artículo estriba en analizar si las diferencias de género existentes en el mercado laboral español se manifiestan del mismo modo durante la actual crisis o bien se aprecian diferencias entre la época de recesión y la inmediatamente anterior. Valorar si la crisis ha afectado por igual a los miembros de uno y otro sexo o si ha habido diferencias sustanciales entre ellos, conforma el hilo conductor de este trabajo, y en su seno evidenciar las eventuales diferencias existentes entre las empresas de Economía Social y el resto de empresas de la economía española.

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El texto parte de la fuerte conexión entre Estado social fuerte y las políticas públicas activas de distribución y equilibrio de la riqueza. Desde esta premisa se describen algunos escenarios en los que las desigualdades estructurales impiden el desarrollo de políticas públicas activas. De manera específica se alude a determinados datos relativos a America Latina. Estos datos se presentan como contrapunto al contexto europeo. Por último, se incide en el papel de las clases medias como destinatarias de las nuevas políticas públicas necesarias para dar un nuevo sentido al estado social del siglo XXI.

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Introducción. En un contexto de incremento de las desigualdades y de la pobreza en la sociedad española, donde el desmantelamiento del Estado de Bienestar reduce la posibilidad de encontrar recursos e implementar políticas públicas de reducción de estos efectos; la Sociedad Civil y la ciudadanía desarrollan prácticas resilientes orientadas a satisfacer las necesidades de las comunidades más afectadas por el desempleo y el recorte de servicios sociales. Material y métodos. a) Datos secundarios estadísticos procedentes de organismos y fundaciones; y webs de organizaciones resilientes; b) datos primarios producidos a partir de entrevistas y grupos de discusión. Metodología de análisis de contenido y análisis de discurso. Resultados y discusión. las prácticas resilientes como satisfactores de necesidades, son estructuradas a partir de dos dimensiones adaptación/transformación; dependencia/autonomía. Se observa que estas prácticas cuanto más abstracción presentan (de las necesidades concretas relacionadas con la subsistencia, a las necesidades más intangibles relacionadas con cuestiones simbólicas e identitarias), mayor complejidad en su diseño y organización, y mayor potencia como satisfactor.

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Paper submitted to IRSES II Symposium, Kokaeli, Turkey, June 16-20, 2014.

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La vinculación del negocio turístico-inmobiliario con las migraciones por amenidad o por estilos de vida tiende a incubar problemas de racionalidad que, además de los ligados a la falta de sustentabilidad ambiental, acaban por volver inviable la lógica socio-económica del proceso. Para ilustrar este argumento se propone una reflexión crítica basada en la experiencia de lo acontecido en tres regiones del mundo en las que el desarrollo del modo de producción inmobiliario -basado en la captación y promoción de los tipos de movilidad residencial orientados por la búsqueda de experiencias de ocio- ha promovido efectos regresivos en relación al desarrollo local: las áreas montañosas del Oeste de Canadá, la Norpatagonia, en Argentina, y el sudeste de España, con atención a la provincia de Alicante. El artículo indaga en la falta de sustentabilidad de un modelo de desarrollo basado en el negocio turístico-inmobiliario; al tiempo que identifica patrones comunes y diferencias entre los casos analizados.

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En este artículo analizamos el desarrollo de empresa social en España e Italia en el marco de la crisis económica y social, en términos de difusión y marco jurídico. De esta manera, definimos los confines del “ecosistema” de la empresa social en los dos países e identificamos elementos comunes y especifidades. La hipótesis es que la empresa social representa una herramienta de generación de respuestas proactivas a la crisis, impulsando trayectorias de innovación económica y social, y contribuyendo a un modelo de desarrollo económica y socialmente sostenible. La innovación surge de la capacidad de las empresas sociales de generar respuestas innovativas a demandas emergentes, de su capacidad de crear al mismo tiempo valor social y económico, de satisfacer necesidades individuales y colectivas, de activar dinámicas de cambio de medio y largo plazo, de estimular dinámicas de emprendimiento, de empoderamiento y de valorización en el territorio. Sin embargo, el carácter innovador de la empresa social no surge simplemente de una empresarializacción del Tercer Sector tradicional, y mucho menos como consecuencia de la transferencia de servicios fundamentales del estado a asociaciones, cooperativas y empresas sociales, si con eso se persigue el simple objetivo de reducción de los gastos públicos. Al contrario, detrás de la retórica de la innovación social se puedan esconder proyectos de reducción de los gastos de servicios a través de la reducción de los salarios y de la cualidad de los servicios. El artículo, a partir de la comparación de la difusión del fenómeno y de las perspectivas de desarrollo en España y en Italia, termina con una reflexión crítica sobre las luces y sombras, los riesgos y las oportunidades, relacionados con la difusión de la empresa social, o sea, de la integración de la acción solidaria y la acción económica en prácticas que son al mismo tiempo empresariales y con finalidades sociales.

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El derecho a la libre circulación y residencia han sido la clave de bóveda del proceso de integración europea, primero en la consecución del mercado interior y, desde su inclusión en el estatuto de ciudadanía europea, para el reconocimiento de un status jurídico común a todos los nacionales de los Estados miembros. Originariamente, las libertades comunitarias se concibieron sólo para los que ejercieran una actividad profesional, asalariada o no, en el territorio de la Comunidad. Esta postura se fue flexibilizando, ampliándose la libertad de circulación a ciudadanos que no ejercían actividades profesionales en el territorio de otro Estado miembro (estudiantes, jubilados, residentes y ciertos familiares). El desarrollo del proceso de integración europea, junto con la adopción de diversos actos jurídicos de Derecho derivado y la labor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha favorecido una ampliación progresiva del ámbito personal de titularidad del derecho. La libre circulación de personas es una de las libertades básicas del mercado interior, cuyo contenido esencial implica un espacio sin fronteras interiores en el que esta libertad será garantizada conforme a las disposiciones del Tratado. Posteriormente, con la adaptación de la Directiva 2004/38/CE en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, se pretendía potenciar la movilidad intracomunitaria y transformar el mercado único en un espacio de libertad de circulación, residencia y trabajo por cuenta propia y ajena para los nacionales de los Estados miembros. Sin embargo, tal y como se pone de manifiesto en el presente trabajo, este derecho no es absoluto, puesto que la Directiva lo somete a condición. De este modo, el beneficiario debe ser económicamente activo en cualquiera de sus manifestaciones o debe disponer de los recursos económicos necesarios para no convertirse en una carga excesiva para el Estado de acogida. Resulta evidente que el contexto de la crisis económica, unido al incremento de la movilidad ha motivado las tendencias restrictivas del derecho de libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión Europea en el territorio de los Estados miembros.

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In the face of what looks like a real impasse of the the line of European constitutionalism, partly due to an orientation of the Court of Justice which tends to favor the protection of economic freedoms over the protection of social rights, two opposing trends occurr. The first amounts to a new "constitutional patriotism"; the second entrusts the protection of fundamental social rights no longer to a single Chart or to a single court but to a multi-level system of protection. A dialogue between the European courts that truly valorizes fundamental rights, however, might be hindered by what someone has seen as a resurgence of the dualist theories, evident in an ECJ’s decision as Kadi.

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This paper explores the limits and potentials of European citizenship as a transnational form of social integration, taking as comparison Marshall's classical analysis of the historical development of social rights in the context of the national Welfare State. It is submitted that this potential is currently frustrated by the prevailing negative-integration dimension in which the interplay between Union citizenship and national systems of Welfare State takes place. This negative dimension pervades the entire case law of the Court of Justice on Union citizenship, even becoming dominant – after the famous Viking and Laval judgements – in the ways in which the judges in Luxembourg have built, and limited, what in Marshall’s terms might be called the European collective dimension of “industrial citizenship”. The new architecture of the economic and monetary governance of the Union, based as it is on an unprecedented effort towards a creeping constitutionalisation of a neo-liberal politics of austerity and welfare retrenchment, is destined to strengthen the de-structuring pressures on the industrial-relation and social protection systems of the member States. The conclusions sum-up the main critical arguments and make some suggestions for an alternative path for re-politicising the social question in Europe.