996 resultados para ADMINISTRACION DE JUSTICIA - POLITICA GUBERNAMENTAL - COLOMBIA - 2002-2008


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Este trabajo busca, en primer lugar, por medio de una investigacin diagnstica, demostrar por qu las polticas de autonoma universitaria, financiacin y calidad constituyeron desde 1992 hasta 2011 una poltica de Estado en materia de educacin superior. Y, en segundo lugar, con base en ese diagnstico, brindar algunas herramientas para la institucionalizacin de polticas pblicas en esa materia sustentadas en la construccin participativa de las mismas. Para su desarrollo se tomaron como marco los conceptos de polticas pblicas, polticas de Estado e institucionalizacin planteados por diferentes autores, lo que permiti realizar un estudio transversal e integrado de los contextos, actores e instrumentos de las precitadas polticas.

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A partir de febrero de 2014, la historia de la Repblica Bolivariana se fractur. El descontento popular, la protesta social y las marchas pacficas son reprimidas como consecuencia de un abuso de poder por parte del gobierno del presidente Nicols Maduro. Las redes de informacin y comunicacin, en los trminos de Margaret Keck y Kathryn Sikkink, han jugado un papel fundamental para poner en evidencia las violaciones sistemticas a los DD.HH., siendo estos el factor principal que vulnera la estabilidad poltica de la democracia venezolana. En este sentido, el desconocimiento de las garantas fundamentales, el deterioro de la democracia constitucional y el papel multiplicador de los actores transnacionales, han logrado visibilizar ante la comunidad internacional un dficit en materia de DD.HH. y con ello la debilidad de Venezuela como gobierno democrtico.

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El presente trabajo realiza un anlisis sobre los diferentes fundamentos que ante la falta de regulacin legal, nuestra jurisprudencia ha invocado para atribuirle efectos retroactivos ex tunc- o efectos a futuro ex nunc- a las sentencias de nulidad de los actos administrativos, los cuales van desde la asimilacin de ste con el acto jurdico civil, hasta la pretendida identidad del acto administrativo general con la ley, todo enmarcado dentro de lo que se ha entendido por situaciones jurdicas consolidadas. Este estudio demuestra que la retroactividad o no retroactividad, no es una condicin necesaria o automtica de las sentencias de nulidad de los actos administrativos, porque tal idea anula reflexiones importantes que tienen que ver con la ponderacin de principios bsicos como la garanta de eficacia de los derechos fundamentales, la seguridad jurdica, la justicia material, la confianza legtima y la igualdad. Se impone as entender que los efectos temporales de las sentencias no se derivan de alguna formalidad del proceso, ni de la naturaleza del acto administrativo, ni del tipo de sentencia; estos son ms bien una de las herramientas para que el juez a travs de la modulacin en cada caso, pueda darle eficacia a su sentencia y cumplir con las obligaciones que le impone la Constitucin y la ley, que no son otras que garantizar la proteccin de derechos fundamentales y preservar el orden jurdico.

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El tema central de esta monografa, es el ejercicio de construccin discursiva en torno a los Derechos Humanos (DDHH) que tiene lugar en el periodo de 1993 2001 con ocasin de la aprobacin de la Ley Helms-Burton en los EEUU. Se trata de considerar los elementos en virtud de los cuales los DDHH pueden instrumentalizarse y politizarse con fines de reivindicacin que no necesariamente coinciden con la esencia misma que los caracteriza. Ello, empleando como base terica la proposicin metodolgica del Anlisis Crtico del Discurso y la hegemona, como concepto de imposicin moral, intelectual y politica, de conformidad con la postulacin terica desarrollada por Antonio Gramsci.

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Este trabajo se centra en el anlisis de las actividades desarrolladas en torno a los servicios de procesos de impresin que ofrece la organizacin DATAPOINT de Colombia SAS para identificar los puntos crticos en la gestin de los residuos de impresin y las decisiones tomadas por parte de los involucrados durante todo el proceso (proveedores, clientes y la empresa), con el fin de revisar medidas y estrategias que permitan fortalecer la gestin integral de residuos de impresin a partir de una revisin y comparacin de las mejores prcticas planteadas por los actores del sector. Tambin se efectuaron recomendaciones con acciones de mejora que se podran desarrollar con el fin de mitigar el impacto ambiental generado por estos residuos. Con la finalidad de cumplir con lo planteado se realiz inicialmente un estudio sobre la organizacin, sus clientes y proveedores para entender de manera integral la cadena de valor en torno a los tner y su gestin inversa, (explicar) al igual que el entorno normativo tanto de manera nacional como internacional. Posteriormente, se identificaron los puntos de mejora comparando lo planteado por el proveedor versus lo ejecutado por los involucrados en el proceso, labor se realiz en campo con los clientes para entender la situacin actual, sus necesidades y en que basan la toma de decisiones relacionada con el manejo de los residuos de impresin. Finalmente se listaran una serie de acciones de mejora y recomendaciones las cuales pueden ser incorporadas a los procesos crticos de DATAPOINT.

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El inters de la presente investigacin est sostenido en analizar la estructuracin de la poltica pblica minero-energtica, los instrumentos utilizados para su posterior implementacin en el municipio de Segovia, Antioquia, y la incidencia que tiene en las tensiones de los actores que tienen presencia en este lugar. Se utiliza la Acumulacin por Desposesin para la interpretacin de los hechos ocurridos en Segovia, donde se procede a evidenciar que la imposicin o inclusin de nuevos modos de produccin, genera resistencias que entran en disputa entre s y que producen la reconfiguracin espacial del municipio.

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Esta investigacin aborda las condiciones bajo las que se llev a cabo en Colombia, en el primer gobierno del presidente lvaro Uribe Vlez (2002-2006), la negociacin entre el Estado y los grupos paramilitares. Se establecen las caractersticas de ese proceso de paz, su correspondencia con modelos tradicionales de negociacin y sus alcances sobre el proceso de Desmovilizacin, Desarme y Reinsercin (DDR) de las organizaciones paramilitares.

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El Estado como institucin poltico-jurdica, as como las estructuras de poder y organizacin social, han sufrido grandes transformaciones en el mundo contemporneo, producto de discusiones y tendencias como la globalizacin, la reconfiguracin de la legitimidad de las instituciones burocrticas, el establecimiento de estndares, polticas y prcticas de calidad internacional, el impacto de las crisis de la hacienda pblica, entre otros factores que influenciaron la creciente intervencin de los particulares y sus mecanismos de regulacin en la gestin de los asuntos pblicos. El Estado Colombiano no ha sido ajeno a tales situaciones, y la creciente injerencia del sector privado en lo pblico, se ha visto representada en la expedicin del rgimen legal de las Asociaciones Pblico Privadas (Ley 1508 de 2012), en virtud del cual los particulares estructuran, ejecutan y desarrollan proyectos conjugando el nimo de lucro con la promocin del inters general. De conformidad con lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo sistematizar y analizar las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con el rgimen de las Asociaciones Pblico Privadas, as como abordar reflexiones sobre la transformacin del Estado y el papel de los particulares en el mbito de lo pblico.

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El Estado Colombiano en los ltimos aos ha venido sufriendo mltiples condenas por la privacin injusta de la libertad, de la que han sido vctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios aos en la crcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparacin directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las ms costosas contra el Estado, segn la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el prembulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: Hasta dnde llega la carga de un ciudadano por la privacin injusta de la libertad, y cmo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 captulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privacin injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer captulo se inicia dando una visin global de la privacin de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo captulo se trata sobre los regmenes de la privacin injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privacin de manera injusta de su libertad; continuando el anlisis, en el tercer captulo se habla sobre la aplicacin del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolucin con base en este principio; en el cuarto captulo se trata sobre los regmenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el ltimo captulo trata sobre la cuanta de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privacin injusta de la libertad y su diferente evolucin presentado las sentencias de unificacin sobre la reparacin de daos, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el rgimen de responsabilidad por privacin injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegtimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asuncin de la carga de soportar una investigacin penal y la privacin de la libertad, bajo el argumento de conservacin del inters y seguridad general de la comunidad, en la investigacin y sancin de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carcter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa proteccin y defensa, por tanto, cualquier restriccin, por corta que sea, siempre que no encuentre justificacin, configura un dao antijurdico que debe ser resarcido, anlisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el dao especial, cuando an sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el dao antijurdico causado por un agente suyo. La privacin de la libertad puede ser legal o ilegal; ser legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia fsica recogidos y asegurados o de la informacin obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partcipe de la conducta delictiva que se investiga; adems, dicha privacin de la libertad, debe tener como fin evitar la obstruccin de la justicia y asegurar: 1) La comparecencia del imputado al proceso, 2) La proteccin de la comunidad y de las vctimas y 3) El cumplimiento de la pena. Dicha privacin legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garanta con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2) Sin orden judicial, la cual tendr lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o ser ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privacin injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qu este permanezca en tal situacin, slo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislacin y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privacin injusta de la libertad a ttulo de desequilibrar las cargas pblicas, ya que con ello ocasiona un dao especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho dao es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurdico, debindose desarrollar este bajo el rgimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es nicamente el dao y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - as sea que dicha privacin se de con apego al ordenamiento jurdico - no es una carga que las personas estn obligadas jurdicamente a soportar; por lo cual los daos producto de tal privacin son antijurdicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no estn en la obligacin de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensacin alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restriccin, por corta que sea, siempre que no encuentre justificacin, configura un dao antijurdico que debe ser resarcido. La detencin preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar slo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podran generarse por estos errores de la Fiscala hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

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El objetivo principal de esta monografa es comprender los procesos de securitizacin en Colombia en el periodo 2006-2010. Se analizarn los discursos securitizadores del segundo gobierno del presidente Uribe y del primer gobierno del presidente Santos y las percepciones en el hemisferio hacia estos discursos. Estas percepciones no permitieron que el proceso de securitizacin de Uribe considerando a las FARC como una amenaza terrorista fuera aceptado en su totalidad por el hemisferio, mientras que el proceso de securitizacin de Santos considerando a las FARC como grupos al margen de la ley si lo fue. Este anlisis se realizar con el apoyo de la teora de securitizacin desarrollada en 1998 por los autores Barry Buzan, Waever y de Wilde.

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Estudio cualitativo que analiza los abordajes tericos utilizados por diferentes autores en la comprensin de la influencia de los recursos econmicos en la actividad fsica desde los modelos de determinantes y determinacin social.

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Este proyecto caracteriza la industria del cemento en Colombia a partir de la contextualizacin y descripcin de esta actividad en el mundo y en el pas, describiendo y analizando asuntos relacionados con la cadena de suministro de esta. Teniendo en cuenta los actores directos e indirectos que en esta interactan y temas como el comercio internacional, el desempeo y la competitividad regional de la industria nacional, la percepcin empresarial y factores como la responsabilidad social y las buenas prcticas. Adems de la descripcin de los factores nacionales que afectan a la industria como la infraestructura, el transporte y el desempeo logstico del pas. En la contextualizacin mundial se presentan temas como la produccin, oferta y demanda mundial de este producto y las principales tendencias y prcticas logsticas que caracterizan a esta industria internacionalmente; en el panorama nacional se caracteriza la competitividad y desempeo logstico del pas y los factores que afectan a la industria del cemento. Se presentan los orgenes e historia de la industria en el pas y se dan datos de la produccin, despachos y comercio internacional de esta adems de una breve descripcin de su cadena de suministro y la caracterizacin de las relaciones entre sus eslabones. Finalmente se describen los entes con los cuales interacta la industria, se describe lo ms relevante en cuanto a polticas ambientales, responsabilidad social y buenas prcticas de los principales productores del pas y se concluye con la caracterizacin de la competitividad general de la industria a nivel nacional y los retos y problemticas que afronta el sector y que lo limitan para mejorar su desempeo a nivel regional.

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A lo largo de esta investigacin se analizaron comparativamente tres experiencias auto-definidas como de Educacin en Derechos Humanos, a saber, una organizacin no gubernamental, la Escuela de Derechos Humanos de Cinep; un colegio oficial de la ciudad de Bogot, la IED Eduardo Umaa Mendoza; y un movimiento social, el Movimiento Nacional de Vctimas de Crmenes de Estado-Captulo Bogot. En lo fundamental, se analizaron los procesos de constitucin de cada escenario, los discursos, y las prcticas polticas y pedaggicas a la luz de un enfoque antropolgico de la Educacin en Derechos Humanos. Lo que he denominado el enfoque o mirada antropolgica de esta nocin, implica, por una parte, una aproximacin etnogrfica alrededor de los discursos, las prcticas y los sentidos que los protagonistas movilizan en cada escenario con respecto a lo educativo, a los Derechos Humanos y a los sentidos de la Educacin en Derechos Humanos, y por otra, la distincin entre la diversidad de redes de significado que precedieron su proceso de institucionalizacin, a lo cual denominar campo simblico, y su cohesin como un campo de saber dotado de claves analticas propias. Campo simblico y campo de saber operan como dos momentos analticos diferenciables. A travs del primero, se hacen evidentes las representaciones polticas, sociales y culturales heredadas del mundo bipolar y de la guerra fra que en trminos generales exponen una defensa a ultranza de los valores y principios de la democracia liberal y de la lucha anti-comunista. Por otra parte, la nocin de campo de saber permite 6 esbozar las trayectorias que le han permitido a la Educacin en Derechos Humanos recrear nociones como la de sujeto de derechos o pedagogas de la memoria, claves que sin lugar a dudas cohesionan un cuerpo de saber ciertamente autnomo, dotado de fronteras porosas y mviles. La distincin entre una y otra esfera de anlisis permite trazar cuando menos tres rutas de emergencia e institucionalizacin de la Educacin en Derechos Humanos que, como se expondr en el anlisis de las experiencias, no trascurren paralelamente sino en medio de superposiciones, intersticios y desplazamientos. As, se hacen plausibles las huellas del colonialismo, permanentemente ligadas a voces disonantes que eventualmente arrojan pistas en torno a una Educacin en Derechos Humanos capaz de impugnar su propia institucionalizacin.

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En la presente investigacin se estudi la organizacin administrativa y territorial de la Repblica Bolivariana de Venezuela, para poder identificar si se podan definir y catalogar a Venezuela como un Estado federal como manda su Constitucin, o si por el contrario, podramos estar hablando de una organizacin distinta llmese autonmica o unitaria, o simplemente un modelo federal diferente al dual influenciado por las diferentes formas de organizacin.

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El presente trabajo de grado es una revisin de la literatura que permite hacer un recorrido desde el psicoanlisis acerca de la compleja problemtica de las adicciones. Para ello, se revisaron las bases de datos PepWeb, Ebsco, y Jstor, revisando las posiciones del psicoanlisis freudiano, lacaniano y otras corrientes psicoanalticas respondiendo a las siguientes preguntas de investigacin: (a) Cmo se comprenden las adicciones desde un marco de referencia psicoanaltico? (b) Cmo desde la teora freudiana y la teora lacaniana - se aborda la comprensin de la adiccin? (c) Qu dice el psicoanlisis contemporneo sobre sta problemtica? Se abordan temas como la concepcin de una adiccin desde la perspectiva de Freud y Lacan hasta psicoanalistas contemporneos, el rol que juega el goce en la adiccin y, finalmente, el complejo debate incipiente sobre la legalidad del txico. Se encontr que es un campo de constante publicacin y es necesario que los clnicos y los psicoanalistas aborden este campo de estudio clnico permanentemente y sigan produciendo investigaciones sobre el fenmeno.