Educación Ambiental : implicaciones didácticas.

A través de este proyecto se intenta conseguir suficientes estrategias y materiales para que un profesor pueda incorporar actividades de Educación Ambiental en su quehacer habitual y en los currículos tradicionales en tanto se generalize. Objetivos: -Concretar en el aula la filosofía didáctica que emana de la Educación Ambiental, con referencia a objetivos y contenidos de los Diseños Curriculares (DC). -Proponer una metodología de trabajo en el aula que, adaptándose a la LOGSE, haga viables y coherentes las actividades propuestas derivadas del presente proyecto. -Explicar la necesidad de una nueva materia de la enseñanza del futuro bachillerato que se denominaría Ciencias Medioambientales. El método de estudio que se lleva a cabo es fundamentalmente de investigación. Aplicado a 4 centros de bachillerato y 3 de formación profesional pertenecientes a La Laguna, Tenerife. Se desarrollaron los dos primeros objetivos propuestos, quedando esbozadas las bases que sustentan la implantación de dicha área. Materiales elaborados: un primer documento, introducción, donde se define y explica la concepción de Educación Ambiental que posee el grupo. Un segundo documento donde se desarrolla la unidad didáctica 'la vivienda', donde se recogen contenidos de trabajo en función de la toma de conciencia, alternativas a los grandes problemas medioambientales, etc..

Aspectos sociales y económicos de la Educación Ambiental en las Enseñanzas Medias.

Pretende dar una formación global e integral a los alumnos coordinando las distintas disciplinas que convergen en la Educación Ambiental, que les lleven a investigar y conocer los aspectos naturales, económicos y sociales de su medio. Objetivos: conocer por parte de los alumnos la problemática medioambiental de su entorno, tanto natural como económica y social. El desarrollo de actitudes de participación activa y proporcionar las aptitudes necesarias para proteger y mejorar el medio ambiente. Muestra: 50 alumnos de tercero de Formación Profesional de los Institutos de Güimar y de Granadilla. Se realizaron encuestas. Se ha conseguido un aumento de la conciencia y sensibilidad de los alumnos por su medio, la adquisición de unos conocimientos sobre la problemática medioambiental y la posibilidad de llevar a cabo un enfoque interdisciplinar de los temas que se traten.

La práctica del reciclaje. Estudio de caso de La Asociación Colombiana de Recicladores Independientes, UPZ Engativá-Bogotá D.C.

El interés de este estudio de caso es analizar los procesos de reciclaje que lideran la Asociación Colombiana de Recicladores Independientes (ACOREIN) en la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 74- Engativá, relacionándolos con las perspectivas de ciudad sostenible. Por tal motivo en el primer apartado, se describe y analiza el concepto de sostenibilidad, desarrollo sostenible, y ciudad sostenible, la cual se encuentra ejemplificada. En el segundo capítulo se describe la labor de reciclaje gestionada por ACOREIN, más específicamente en su centro de acopio -El Porvenir-, ubicado en la UPZ 74. Para ello, se analiza el papel de los recicladores, los bodegueros, los residentes, la historia del reciclaje, entre otros aspectos, dentro de la cadena del reciclaje. En el tercer capítulo se establecen unas relaciones a partir de las perspectivas de la ciudad sostenible, y de la experiencia de ACOREIN, dando paso a las conclusiones del proyecto.

Desafíos impuestos por el derecho internacional ambiental al derecho internacional clásico.

El surgimiento del derecho ambiental internacional ha generado importantes desafíos a los más inveterados fundamentos del derecho internacional público. De este modo, conceptos tradicionales como la soberanía de los Estados, los sujetos de derecho internacional, así como las perspectivas más tradicionales de la seguridad nacional están sufriendo grandes cambios. Las necesidades de la sociedad internacional contemporánea difieren sustancialmente de aquellas generadas en los preceptos de la sociedad  westfaliana, evento que explica el surgimiento de miradas alternativas que permiten la comprensión de dinámicas vigentes en el derecho internacional, ejemplifi cadas en conceptos como res communis, preocupaciones comunes o simplemen te “comunes”, los cuales vienen adquiriendo una posición privilegiada en el estudio del derecho internacional. Tales desarrollos han permitido, asimismo, el fortalecimiento de conceptos jurídicos internacionales como el de las llamadas obligaciones internacionales erga omnes, las cuales constituyen una piedra angular para la explicación de la existencia misma del derecho internacional ambiental.  Este artículo expone y analiza los conceptos mencionados anteriormente, mediante la utilización de criterios comparativos que permiten la elucidación de lo que era el derecho internacional clásico antes del surgimiento del derecho ambiental internacional, así como lo que constituye actualmente y en lo que deberá convertirse con el objeto de responder a los desarrollos y retos impuestos por la sociedad internacional contemporánea, particularmente por el derecho internacional ambiental: una nueva rama perteneciente al corpus juris del derecho internacional público.

Límites a la exoneración de responsabilidad en el derecho internacional: la selección y priorización de casos en la jurisdicción nacional

Mucho se ha discutido sobre las herramientas jurídicas con las cuales cuenta un Estado para asumir un proceso de justicia transicional. Tradicionalmente, la literatura ha estado discutiendo el contenido de los estándares de “verdad, justicia y reparación”. No obstante, se le ha dedicado muy poca atención a las fuentes normativas que pueden limitar o permitir la exoneración parcial de responsabilidad en los procesos de justicia transicional. Esta exoneración puede ser parte de una política de selección y priorización de casos, lo cual puede estar vinculado a la concesión de amnistías o indultos parciales. El objetivo de este artículo es estudiar tres marcos regulatorios del derecho internacional: 1) el derecho internacional de los derechos humanos; 2) el derecho internacional humanitario; y 3) el derecho penal internacional. Un estudio cuidadoso demuestra que ningún instrumento internacional requiere que un Estado investigue o juzgue la totalidad de los casos relacionados con el conflicto. A grandes rasgos, el derecho internacional impide que se promulguen amnistías absolutas, pero permite que el Estado seleccione y priorice casos, sin castigar la exoneración parcial de responsabilidad de un grupo de involucrados.

Responsabilidad, perdón, justicia como manifestaciones de la conciencia jurídica universal

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Responsabilidad fiscal

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La evolución reciente de la responsabilidad civil en el derecho francés

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La culpa en el régimen de responsabilidad por el hecho ajeno

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Educación Ambiental : imaginar el barrio Gaia.

Desarrollo de la Educación Ambiental en la escuela, con proyección hacia el barrio, elaborando modelos alternativos. Es un proyecto de remodelación de un espacio concreto y se desarrolla en fase experimental en el curso 89-90. El proyecto tiene dos fases: la primera, basada en la delimitación de espacios concretos de un área próxima al centro, la plasmación gráfica de ese espacio,etc.; y la segunda, que consiste en el acercamiento, por parte de los alumnos, a los problemas reales que habría que abordar para llevar a cabo un proyecto semejante (propiedad del suelo, costes, etc.). El retraso presupuestario ha sido definitivo en el desarrollo y consecución de los objetivos del proyecto. Se solicita una prórroga para el curso siguiente.

Efectividad de los instrumentos administrativos de sanción y exigencia de la reparación del daño ambiental en Colombia

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La responsabilidad en la venta de derivados financieros

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Ley de Víctimas de Colombia y la responsabilidad de las personas jurídicas por violaciones de derechos humanos

En el año 2011, después de cuatro años de cabildeo y forcejeo político, Colombia aprobó la Ley 1448, más conocida como la Ley de Víctimas. Los objetivos perseguidos por esta ley son bastante amplios, en la medida en que pretende ser una regulación comprensiva para enfrentar los efectos que el conflicto armado ha infligido en la población civil. En este sentido, la ley incluye las reformas legales que fueron consideradascomo necesarias para restablecer el estado de derecho a través de la proteccióny cumplimiento de los derechos de las víctimas. Actualmente, el gobierno, la sociedad civil y la academia se han enfocado en el análisis de los dilemas y grandes temas dela ley. Sin embargo, esta nueva regulación, con sus 208 artículos, es más amplia y compleja, razón por la cual es indispensable hacer un análisis más detenido de sus múltiples provisiones. Una de estas, que parece no haber llamado la atención y que, por lo tanto, no ha sido objeto de estudio pormenorizado es el artículo 46. A primera vista, este parece estar encaminado a reforzar la investigación y juzgamiento de las personas jurídicas relacionadas con violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el contexto colombiano. Este texto examina específicamente los alcances reales y dilemas del artículo, y propone algunas soluciones para llenar la laguna que existe actualmente en el país en la materia.

Estado de derecho, responsabilidad política y buena gobernabilidad

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La responsabilidad del Estado por el hecho del legislador

Analizar el fenómeno de la responsabilidad del Estado causada por los hechos del legislador ha sido un trabajo desarrollado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia internacional a mediados del siglo xx. En Francia, por ejemplo, se presentó el primer antecedente jurisprudencial en el año de 1934. En España, su estudio empezó a gestionarse con la promulgación de la Constitución de 1978, dándose el primer fallo judicial en elaño de 1993. Para el caso colombiano, la Constitución de 1991 introdujo en su artículo 90 el fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que esto significase que la jurisprudencia del Consejo de Estado encontrase las bases de esta responsabilidad en diferentes disposiciones de la Constitución de 1886, tales como los artículos 2º, 16 y 30, que consagró el principio de legalidad del Estado para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y garantizar la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con el título de derecho. Sin embargo, los primeros fallos relacionados con este título de imputación en Colombia fueron emitidos por el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo colombiano en el año de 1998 y por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-038 de 2006, providencia judicial que estableció algunas de las características que posee esta figura jurídica.