858 resultados para PROTECCIÓN DE DATOS-LEGISLACIÓN


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En este documento se realiza una descripción de la producción científica colombiana en las disciplinas de medicina social y medicina básica para la base de datos Thompson ISI en el periodo comprendido entre 1975 y 2005. La caracterización de medicina social permite observar una baja producción de artículos internacionales de alto impacto propios de la disciplina, pues los artículos más citados siempre se encontraban clasificados en más de una disciplina; caso contrario al de medicina básica. De otra parte, se observa una alta concentración de los artículos de medicina social en publicaciones relacionadas con salud pública, siendo éstas una mayoría significativa dentro de la disciplina. A su vez, en las dos disciplinas es posible identificar una alta concentración de las citaciones en pocos artículos, siendo mayor en medicina social, reflejando un menor impacto promedio de las publicaciones en esta disciplina. Por último, los documentos más citados en medicina social se caracterizan por su interdisciplinariedad, colaboración internacional, interacción entre instituciones públicas y privadas, al igual que métodos no convencionales.

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Resumen tomado de la publicación

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Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.

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El objetivo de este trabajo de grado es describir una disputa política por el significado del concepto de explotación en el marco de la redacción del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños”, en el cual se define aquello que se entiende por trata de personas. La construcción de este concepto excluye e invisibiliza otros tipos de explotación comunes en el sistema de producción capitalista contemporánea que pertenecen al universo de violencia objetiva sistémica a través del énfasis en la explotación sexual que hace parte de la violencia subjetiva.

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Este trabajo de grado busca estudiar el papel del Comité Internacional de la Cruz Roja CICR en la ejecución de labores humanitarias referentes a su papel como intermediario neutral en los procesos de liberación de personas en poder de las FARC entre el 2008 y el 2010 en Colombia, teniendo en cuenta las regulaciones de DIH por las que se rige el CICR y sus implicaciones en el conflicto armado interno.

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Este trabajo se soporta sobre una base conformada por dos conceptos, que constituyen el horizonte contextual de la investigación: Derecho Administrativo y Comunidad de integración. Es claro que al hablar de una Comunidad de integración específica como la Comunidad Andina (CAN), incide de forma directa en la actividad del derecho administrativo.Ha sido necesario que los países que conforman los grupos de integración económica cedan parte de sus competencias para crear un ordenamiento jurídico de orden supranacional, el cual modifica la dinámica social de las relaciones comerciales y afecta la estructura de la administración pública, haciendo que el derecho administrativo no se limite a interactuar solo con derecho nacional. Esta mutua dependencia de las políticas internas y las regionales se realiza, entonces, cada vez que existe participación y compromiso de los Estados frente a las decisiones, de carácter vinculante o no. En esa medida surge el problema de investigación tendiente a esclarecer cómo ha sido la adopción de las decisiones e interpretaciones, emanadas de los mecanismos oficiales del Derecho Comunitario Andino, en el ordenamiento jurídico colombiano. La existencia de varios puntos de vista con respecto a la obligatoriedad o no de dicha adopción, moldea un tema de suficiente amplitud y profundidad para ser estudiado en un trabajo de investigación.

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El presente trabajo de grado hace referencia a la población de San José de Apartadó, víctima del conflicto armado por la pugna entre grupos subversivos que buscan tener el control territorial, por la riqueza de los recursos y la ubicación geoestratégica que posee. La población se encuentra en una situación de crisis humanitaria y de desplazamiento forzado por más de 50 años. El conflicto se vio agudizado desde la llegada de los paramilitares en la década de los 90, estos en aparente connivencia con las fuerzas militares. Dicha situación llevó a que los civiles se organizaran bajo una iniciativa de resistencia civil no violenta para rechazar el conflicto y exigir el respeto a los derechos humanos. Se declaran Comunidad de Paz el 23 de marzo de 1997, lo cual generó un ambiente de descontento y represalias por parte de los grupos armados. Los pobladores se vieron en la obligación de acudir a actores externos como las ONG, con la capacidad de mediar por la población víctima y elevar el caso a nivel internacional, para que desde las instituciones internacionales pertinentes se ejerza presión externa al Estado colombiano, exigiendo la reparación y protección de las víctimas. El presente caso toma como referencia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos- SIDH.

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El presente documento, tiene como finalidad presentar una estrategia de desarrollo responsable y sostenible social y ambientalmente, estructurada en cinco ejes categóricos y tres enfoques de la productividad, los cuales son determinados en el recorrido de la investigación.

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El concepto de hospitales universitarios ha ido evolucionando en el mundo, siendo cada vez más estricta la legislación que los regula y los mecanismos de evaluación para asegurar la calidad de la educación a los estudiantes que realizan prácticas en ambientes hospitalarios. El direccionamiento estratégico de los hospitales universitarios requiere en primer lugar de un análisis específico del sector, mediante pruebas como el análisis de hacinamiento, levantamiento del panorama competitivo, el análisis estructural de las fuerzas de mercado y un estudio de competidores que permitan el diagnóstico del sector estratégico. Por otro lado la realización de un modelo matricial aportará a la planificación estratégica mediante la integración del análisis cuantitativo y cualitativo. La presente investigación busca analizar el sector estratégico de hospitales universitarios y de manera particular la situación del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt como integrante del sector. En primer lugar se realizó una investigación del concepto de hospitales universitarios en el tiempo, tanto a nivel nacional como internacional y de la legislación existente. Posteriormente se identificaron las instituciones que constituyen el sector estratégico y se realizó el análisis del medioambiente empresarial para la identificación de la situación real del sector y un análisis particular del área de educación e investigación del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, para construir las estrategias y el horizonte institucional.

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Resumen tomado parcialmente de la revista. Ponencia presentada en las Jornadas La normalització lingüística a l'ensenyament i a l'àmbit sindical, que tuvieron lugar en la sala de actos del edificio Anselm Turmeda del campus de la Universitat de les Illes Balears los días 3 y 4 de octubre de 2002

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Se repasa la normativa reguladora de la protección a la infancia a nivel autonómico, estatal e internacional; se presentan los datos demográficos relativos a la infancia (0-18 años); se analiza el Plan Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia en Riesgo, desarrollado entre 1996 y 1999; se comenta el traspaso de competencias en materia de protección de menores a los consejos insulares y se relacionan los principales recursos destinados a la protección a la infancia, disponibles en 1999, y los datos básicos de las actividades realizadas en el año 1998.

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Documento electrónico de 19 páginas en formato PDF. Resumen tomado de la propia comunicación

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Este capítulo forma parte del apartado dedicado al sistema escolar de las Islas Baleares. Estudio realizado por el Grupo de Investigación y de Formación Educativa y Social (GIFES) del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universitat de les Illes Balears. Resumen tomado de la publicación, disponible en castellano y catalán