997 resultados para Art 84 Decreto Ley 356 de 1994
Resumo:
Essa pesquisa objetiva a análise da relação entre religião e política, em perspectiva de gênero considerando a atuação de parlamentares evangélicos/as na 54ª Legislatura (de 2011 a 2014) e a forma de intervenção desses atores no espaço político brasileiro quanto à promulgação de leis e ao desenvolvimento de políticas públicas que contemplem, dentre outras, a regulamentação do aborto, a criminalização da homofobia, a união estável entre pessoas do mesmo sexo e os desafios oriundos dessa posição para o Estado Brasileiro que se posiciona como laico. Ora, se laico remete à ideia de neutralidade estatal em matéria religiosa, legislar legitimado por determinados princípios fundamentados em doutrinas religiosas, pode sugerir a supressão da liberdade e da igualdade, o não reconhecimento da diversidade e da pluralidade e a ausência de limites entre os interesses públicos / coletivos e privados / particulares. Os procedimentos metodológicos para o desenvolvimento dessa pesquisa fundamentam-se na análise e interpretação bibliográfica visando estabelecer a relação entre religião e política, a conceituação, qualificação e tipificação do fenômeno da laicidade; levantamento documental; análise dos discursos de parlamentares evangélicos/as divulgados pela mídia, proferidos no plenário e adotados para embasar projetos de leis; pesquisa qualitativa com a realização de entrevistas e observações das posturas públicas adotadas pelos/as parlamentares integrantes da Frente Parlamentar Evangélica - FPE. Porquanto, os postulados das Ciências da Religião devidamente correlacionados com a interpretação do conjunto de dados obtidos no campo de pesquisa podem identificar o lugar do religioso na sociedade de forma interativa com as interfaces da laicidade visando aprofundar a compreensão sobre a democracia, sobre o lugar da religião nas sociedades contemporâneas e sobre os direitos difusos, coletivos e individuais das pessoas.
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O estudo visa identificar as iniciativas de Divulgação Científica empreendidas pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), com vistas à atualização e ao aperfeiçoamento da comunicação institucional, maior interação com interlocutores e fortalecimento da imagem do estado como produtor de CT&I. Foram empreendidas pesquisas bibliográficas e documentais, áreas prioritárias de fomento e difusão científica; entrevistas; auditoria de imagem na mídia estadual; diagnóstico dos principais produtos de jornalismo científico desenvolvidos pela UFMT e Unemat, assim como iniciativas conjuntas (revista Fapemat Ciência e Rede de Divulgação Científica). O método investigativo adotado pode ser caracterizado como Pesquisa Participante, concebido em estreita associação com resolução de problemas, tomada de consciência ou produção de novos conhecimentos (THIOLLENT, 1996, 1997). Tal estratégia agrega distintas técnicas de pesquisa social, definidas em função de cada fase do processo de investigação. A partir da análise dos conteúdos científicos publicados nos jornais estaduais, foi possível verificar que essas IES públicas ainda não ocupam lugar relevante em tais veículos, o que pode ser justificado pela inadequação de linguagem ou canais de relacionamento, assim como, pela necessidade de uma política de divulgação mais eficiente. O mapeamento dos portais e canais de mídias sociais institucionais evidenciou que a utilização desses veículos ainda pode ser mais bem dinamizada. Por fim, as conclusões apontam que diferenças culturais e institucionais entre as duas IES inviabilizam a adoção de uma Política de Comunicação Científica integrada, comum entre UFMT e Unemat. O que pode ser considerado, é o desenvolvimento de ações para a dinamização de divulgação dessas instituições, no âmbito do Sistema Estadual de CT&I.
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Inclui bibliografia.
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La presente investigación analiza el proceso de descentralización de base municipal aplicada en Bolivia entre 1994 (promulgación de la Ley de Participación Popular) y 2006 (elección de prefectos y el referéndum por autonomías)1, planteando para este efecto una perspectiva analítica distinta a la generalmente utilizada en los tradicionales estudios sobre el tema en el país, esta vez centrada en las relaciones intergubernamentales como un enfoque que permite observar a las estructuras estatales en su funcionamiento concreto, es decir, el ‘ser’ del proceso, más allá de las imágenes estáticas que emergen de los estudios esencialmente normativos que reparan básicamente en el ‘deber ser’ del mismo. La hipótesis central del estudio vincula, en clave de causalidad, la existencia de un supuesto ‘déficit en el establecimiento de canales y mecanismos de relaciones intergubernamentales’ (variable independiente) como un factor que contribuyó a la ‘deslegitimación política del modelo de descentralización de base municipal en Bolivia’ (variable dependiente), planteamiento que pudo ser parcialmente corroborado a partir de la sistematización, interpretación y significación de la información obtenida, confirmando la existencia de un incipiente y endeble sistema de RIG que emerge tardíamente en el escenario nacional afincándose débilmente en un proceso de descentralización municipal que por entonces había reportado notables avances. Se produjo, en otros términos, un desarrollo asimétrico entre un sistema de RIG incipiente y por lo mismo débil y desestructurado, frente a un notable desarrollo normativo y discursivo del proceso de descentralización de base municipal por entonces en ebullición, lo que contribuyó, entre muchos otros factores, al debilitamiento del modelo y al surgimiento de demandas que propugnaban su reforma desde distintas vertientes y con intensidades variables, todo en el marco de la crisis general del sistema que se produjo en el país durante el periodo de estudio y que a la postre dio origen a la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobada mediante referéndum nacional el 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero del mismo.
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En enero del año 2004, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género. Ningún partido con representación política en el año 2004 quiso quedarse fuera a la hora de apoyar una norma especialmente demandada por la ciudadanía ante la realidad social: 84 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en el año 2004. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que la Ley Integral no sólo no ha sido un elemento eficaz a la hora de acabar con las elevadas cifras de violencia de género en España, sino que además por el camino ha supuesto problemas jurídicos hasta el punto de convertirse en una norma cuya constitucionalidad se ha planteado en más de 180 ocasiones, por parte de los Jueces obligados a aplicarla, por suponer un conflicto con preceptos constitucionales como el Derecho a la Igualdad, la Presunción de Inocencia, o la Dignidad de la mujer. A través del presente estudio, comprobamos los problemas que ha supuesto la Ley Orgánica 1/2004, analizando para ello los antecedentes jurídicos que ha tenido la búsqueda de la igualdad entre géneros en España, denunciando los problemas que la aplicación de esta norma han tenido tanto a nivel de tutela penal como civil, profundizando en la doctrina jurisprudencial que avala su polémico encaje en el marco constitucional, y proponiendo posibles soluciones para no sólo evitar tener una Ley de medidas contra la Violencia de Género que vulnere derechos constitucionales, sino que además ofrezca garantías a un mayor número de mujeres, suponga una tutela judicial efectiva y no discriminatoria, y que, en definitiva, ayude a conseguir una igualdad real entre géneros que acabe definitivamente con la situación subordinada de la mujer en la sociedad.
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Análisis de la problemática y propuestas de reforma legislativa de las haciendas locales en la legislación autonómica.
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Análisis de la legislación de patrimonio de la Generalitat Valenciana.
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El trabajo analiza los posibles procedimientos de revisión en materia tributaria para proceder a la devolución de ayudas de Estado que se concedieron través de medidas tributarias favorables y que se declaran ilegales por parte de la UE.
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El Máster universitario en prevención de riesgos laborales comenzó a impartirse en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante en el curso 2012/13. En el curso 2015/16 se desarrollara la cuarta edición de esta titulación. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, señala en el artículo 27 que, una vez iniciada la implantación de las enseñanzas, la ANECA, o los órganos de evaluación que la ley de las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido en el plan de estudios. Al Máster universitario en prevención de riesgos laborales le corresponde en el curso 2015/16 la renovación de su acreditación, en base a los resultados de la docencia de los cursos 2013/14 y 2014/15. Este proyecto se centra en la preparación de los datos necesarios para el informe de autoevaluación, que será necesario presentar para la evaluación externa de la renovación de la acreditación de la titulación.
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La incorporación de la perspectiva de género a las figuras de planeamiento urbano es una obligación de las administraciones públicas que se recoge en el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y se reafirma en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo. El Ayuntamiento de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en cumplimiento de estos preceptos y con ocasión de la revisión del PGOU, encargan, a través del equipo redactor del POM, a la autora de la presente comunicación la dirección de los equipos de trabajo para la gestión de la participación ciudadana, que se sitúa en la base misma de la consecución de los objetivos propuestos. Se explicará, habida cuenta de la casi total ausencia de referencias en nuestro país, los mecanismos e instrumentos habilitados en materia de participación in situ.