1000 resultados para Políticas públicas, Estados Unidos


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Son bien conocidas las tensiones entre juristas y economistas en torno a la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Mientras para los economistas más ortodoxos los derechos sociales son simples declaraciones, para los juristas más progresistas los derechos sociales, al igual que los derechos civiles y políticos, son plenamente exigibles a través de mecanismos judiciales y no judiciales. En el ámbito de estos últimos mecanismos, especial lugar ocupan las políticas públicas. Conforme con este marco, este ensayo llama la atención sobre la necesidad de que las políticas educativas se diseñen e implementen con fundamento en el contenido del derecho a la educación y las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado colombiano en la materia. El ensayo se estructura en tres acápites: (i) presenta algunas reflexiones que ponen en evidencia la distancia entre la política educativa y el derecho a la educación; (ii) sintetiza el contenido fundamental del derecho a la educación y las obligaciones del Estado; y (iii) presenta un conjunto de indicadores a partir de los cuales se puede valorar el éxito de las políticas en lo que se refiere al respeto, protección y realización del derecho a la educación. 

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El presente artículo pone en discusión las posibilidades de articulación de las políticas públicas de salud con el concepto de literatura menor. El ejercicio de reflexión propone la migración del campo de comprensión de las políticas públicas como formas de gobernabilidad hacia las insistencias en aminorar, producidas como líneas de fuga. Lo anterior significa considerar las políticas como máquinas que producen estratificaciones y que, a la vez, son el palco de experiencias de desterritorialización. Esa discusión se considera un dispositivo importante tanto en las prácticas de salud como en la psicología, en lo que respecta a la necesidad de reinvención de dichas prácticas, deshaciendo los estratos y rehaciéndose, no como materia y forma, sino como velocidad y afectos. Para ello, se circunscribe el campo conceptual, y las políticas públicas se entienden como estrategia de gobernabilidad y como algo que varía sus formas y abre una aminoración. A partir de esto, se toman en consideración algunas cartografías de las políticas públicas y las causas de la aminoración, posibilitando encaminar esta forma de pensar en el propio campo psicológico.

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El trabajo busca determinar si Invest in Bogotá puede considerarse un instrumento de Buen Gobierno. Se analizará cómo desde la perspectiva del Análisis de Políticas Públicas, puede evaluarse la agencia, desde su formulación hasta su implementación, para el periodo 2006-2010.

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Este artículo trata de mostrar que, más allá de su dimensión económica, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia supone grandes retos políticos y geopolíticos para los dos países. En primera instancia, el TLC le permitiría a los Estados Unidos ampliar su red de acuerdos económicos bilaterales y constituye para Colombia una posibilidad de mejorar su presencia en el mercado norteamericano. Desde la perspectiva estadounidense, Colombia se convierte en un aliado y en un elemento crucial de influencia pro-norteamericana en Suramérica, en un contexto de inestabilidad; además de ser un apoyo en la lucha contra el terrorismo. Del lado colombiano, el Estado necesita la ayuda económica, financiera y logística de Estados Unidos para financiar su guerra contra el narcotráfico y los grupos armados. No obstante, el gobierno colombiano debe tener en cuenta los procesos regionales de integración económica, en los cuales está activamente involucrado, y favorecer las relaciones diplomáticas y comerciales con sus vecinos.

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El hecho de que, desde la Constitución de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la “descentralización controlada” más que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestión de saber por qué y cómo aquéllos pueden combinar este doble rol. La mayor parte de la respuesta se encuentra en el examen simultáneo de la lógica de regulación de las políticas pública (Muller, 1997 y 2002) y de las condiciones de su implementación en el territorio o “despliegue territorial” (Medellín, 2003).La territorialidad de una política pública se refiere, según Muller, a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica territorial u horizontal (regulación de un territorio geográfico en una dialéctica centro-periferia), mientras la sectorialidad se refiere a una situación en la cual la lógica dominante de una política pública es una lógica sectorial o vertical (regulación de la reproducción de un sector determinado verticalmente en una dialéctica global-sectorial). A cada lógica de regulación de las políticas públicas le corresponde una manera de gobernar un territorio: el gobierno del territorio para la sectorialidad y la gobernancia de los territorios para la territorialidad.Al contrario del caso francés en el cual la construcción del Estado marca el fin de una lógica de territorialidad (la “territorialidad tradicional”), el Estado colombiano es un Estado endémico, un Estado fragmentado confrontado a la lucha por el control territorial y el temor a la fractura de la unidad territorial (Navas, 2003). Su capacidad parcial por cubrir todo el territorio y actuar sobre él (su “territorialidad parcial” según Medellín) afecta su gobernabilidad y el despliegue territorial de las políticas públicas, sometido a negociaciones inciertas, cercanas a la temática de la gobernancia.Por ello, la gobernabilidad en Colombia sólo es posible mediante políticas públicas híbridas, hijas del “matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad”, de la “secterritorialidad”, que combina en proporción variable lógica sectorial (o sectorialidad, que implica centralización) y lógica territorial (o territorialidad, que implica descentralización), gracias a un modo de gobierno híbrido, la “gobiernancia” del territorio, ésta es una “dosificación” compleja entre gobier-no y gobernancia. Es, entonces, posible determinar el grado de territorialidad y de sectorialidad de una política pública en un momento dado y clasificar las políticas públicas según su grado de territorialidad y de sectorialidad, es decir, según la importancia relativa de sus lógicas de regulación.Si el periodo que empieza al iniciar los años setenta, y que termina al iniciar los años ochenta es un periodo en el cual domina primordialmente la sectorialidad y se asegura la gobernabilidad recurriendo casi exclusivamente al gobierno del territorio a través del despliegue territorial separado de cada sector, el periodo que va de 1984 a la época actual, caracterizado por la “descentralización controlada”, señala un cambio parcial de lógica de regulación de las políticas públicas a través del recurrir parcial a la lógica de territorialidad como respuesta a alguna crisis de sectorialidad.Como bien lo muestra el análisis y la evaluación de las políticas públicas de vivienda de interés social, ordenamiento y desarrollo del territorio municipal, educación y acueducto y alcantarillado, la gobernabilidad en este secundo periodo está asegurada, entonces, sólo gracias a la gobiernancia en los territorios o combinación entre el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios, es decir, gracias a un modo de gobierno híbrido que les permite a los ejecutivos locales conciliar su inclinación por la gobernancia de sus territorios y sus obligaciones en cuanto al gobierno del territorio y ser, al mismo tiempo, actores gobernantes y agentes regidores.-----Since the 1991 Constitution, most rulings and sentences tend to consider that individuals in charge of the local executive power (mayors, governors) should be some sort of tuling aldermen responsible for their particular territories and their “controlled decentralization” instead of actual governing actors, advocates and defenders of the governance of their territories. This fact raises the questions of why and how they can possibly play this double role. The bulk of the answer to this question can be found by examining both the logic behind public policies (Muller) and the conditions in whixh these are implemented in each territory, or “territorial deployment” (Medellìn).According to Muller, the territoriality of a particular public policy refers to a situation whereby the prevailing logic is territorial or horizontal (regulation of a geographical territory follows a center-periphery scheme), whereas its sectoriality refers to a situation whereby the prevailing logic is sectorial or vertical (regulation of a sector’s reproduction is vertically determined by a global-sectorial scheme). For each regulation logic behind public policies there is a corresponding way of governing a particular territory: governing the territory for the sake of sectoriality, and governing it for the sake of territoriality.As opposed to the French case, whereby the construction of the State signals the purposes of a territorial logic (“traditional territoriality”), the Colombian State is na endemic one, a fragmented State struggling for territorial control and in fear of the fragmentation of territorial unity (Navas). Its limited capacity to cover the whole territory and to act on it (its “limited or partial territoriality”, according to Medellín) affects governability as well as the deployment of public policies, which is frequently subject to uncertain negotiations related to the problem of governance.That es why governability in Colombia is only possible through hybrid public policies, which are in turn the result of the “indissoluble marriage between sectoriality and territoriality”, the result of a sort of “secterritoriality” which combines in various proportions a sectorial logic (or sectoriallity, which implies centralization) and a territorial logic (or territoriallity, which implies decentralization), all due to a hybrid form of governmen, or “governance” of the territory, a complex and variable dosage of both government and governance. Keeping this in mind, it is possible to establish the degree of territoriality and sectoriality of a public policy at a particular time, and to classify public policies according to their degree of territoriality and/or sectoriality, that is, according to the relative importance of the logics behind their regulation.From the early 70s to the early 80s, sectoriality prevailed and governability was guaranteed almost exclusively through the separate territorial deployment of each sector, then, from 1984 to the present, “controlled decentralization” has shown partial changes in the regulation logic behind public policies by resorting, at least in part, to a logic of territoriality in response to some sort of sectorriality crisis.As can be clearly seen after analyzing and evaluatin public policies in matters such as statesubsidized housing, municipal land development and legislation, education, water and sewage services, governability during this second period can only be guaranteed by governance in the territories or by a combination of both, government in the territory and governance in the territories. In other words, governability is possible thanks to a type of hybrid government that allows those in charge of exercising local executive power to reconcile their bias towards the governance of their teritories and their duties vis-àvis the government of the territory, but capable of being, at the same time, governing actors and ruling agents, active modern-day aldermen.

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El análisis de los impactos e implicaciones de un acuerdo de integración sobre un país debe abarcar no sólo consideraciones de tipo económico, sino que debe incluirse la perspectiva institucional. No es un secreto que el éxito o fracaso de la economía de un país, no importa su tamaño, depende en gran medida de la calidad de sus instituciones. En este orden de ideas, desde finales de la década de los ochenta el análisis de las instituciones ha sido un lugar común en escenarios donde la internacionalización y la apertura económica han sido estudiadas, así como las causas del crecimiento económico y el desarrollo.-----The analysis of the impacts and implications that an integration agreement can have on a country should include not only economic but also institutional considerations. It is no secret that a country’s economic failure or success, no matter how small that country is, depends to a large extent on the quality of its institutions. Thus, since the late 80’s, the analysis of institutions has been commonplace in scenarios where internationalization and economic openingup have been studied, as well as in those where the causes of economic growth and development have been examined.

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Este artículo analiza los cambios recientes en la competencia partidista en México, haciendo énfasis en la elección de julio de 2006 a través de la cual se elige presidente de la República y miembros del Congreso. Dicha elección muestra la transición de elecciones competitivas, concentradas en el binomio autoritarismodemocracia, a elecciones temáticas, de asuntos o issues, centradas en las propuestas de política pública de los candidatos a la presidencia y en las que los ciudadanos, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, entre otras, juegan un papel activo. Con ese fin en el artículo se expone primero un breve recuento de los ejes medulares de la actual competencia partidista como la última reforma electoral realizada para mover al sistema electoral hacia elecciones justas, libres y transparentes, los desafíos del sistema de partidos y elementos contextuales socioeconómicos y políticos relevantes. Se analiza en segundo término la evolución de la competitividad y los cambios en la estructura de la competencia, lo cual permite entender el tránsito a elecciones temáticas centradas en las propuestas de política pública de los candidatos. En tercer lugar se presentan las principales propuestas de los candidatos en áreas prioritarias y su evaluación. Finalmente se hace una reflexión de conjunto sobre el significado de esta elección, el contexto que domina la actual contienda por la presidencia y la incertidumbre y competitividad que la caracterizan.-----This paper analyses recent changes in Mexican political parties’ competition for national presidency, with an emphasis on July’s 2006 Congressional and Presidential elections. The latter revealed a transition from an old competitive ballot race focused on the antithetic duet authoritarianism-democracy, to what could be called topical elections, focused on issues concerning presidential candidates’ public policy proposals in which citizens, civil associations, and nongovernmental organizations, among other groups, play an active role. With this purpose in mind, the paper starts with a brief exposition of the parties’ core contentions, including debates such as that around the last election reform aiming at pushing the ballot system towards fairer and more transparent elections, the challenges ahead for the party system, and other relevant contextual, political and socio-economic issues. Secondly, the evolution of the new terms of the competition and its structural changes are examined, in order to better understand our main concern here, i.e., the transition to a topical election contest focused on candidates’ public policy proposals. Thirdly, the candidates’ main proposals in crucial priority areas are presented and assessed. Finally, a global reflection is made on the meaning of these elections, on the context that has prevailed alongside, and on the uncertainty and competitiveness that have characterized them. 

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La autora identifica las principales características e implicaciones de la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, determinando como argumentos esenciales de este proceso la relación e importancia histórica de este país en materia comercial y política, la necesidad de continuar con las preferencias arancelarias, ATPDEA,** a largo plazo y especialmente enfrentar la competencia de otros países que han negociado acuerdos con Estados Unidos previamente. Sin embargo, destaca como principal requisito para abordar este acuerdo, que se retome la política de productividad y competitividad como elemento indispensable para diversificar las exportaciones y aprovechar las ventajas competitivas de nuestro país frente a este acuerdo y de cara a la internacionalización de la economía nacional.** Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act.-----The author discusses the main characteristics and implications of the Free Trade Agreement with the United States by pointing out, as the most outstanding arguments of this process, the following: the relation with and the historical importance of the US in terms of trade and politics, the need to maintain tariff preferences and a long-term ATPDEA* *, and particularly the need to face the competitiveness of other countries that have reached agreements with that country before. Nevertheless, the author suggests to consider productivity and competitiveness policies as an essential factor to diversify exportations and to make good use of Colombia’s competitive advantages concerning this agreement, vis-à-vis the internationalization of its economy.

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Canadá y Estados Unidos comparten en su frontera más de 150 ríos y lagos que han sido objeto de diferentes controversias. Por tal motivo, se han establecido mecanismos de cooperación, tales como la Comisión Mixta Internacional, con el fin de regular y armonizar los temas concernientes a estas cuencas compartidas. Sin embargo, esos instrumentos en la actualidad ya no son suficientes para preservar la seguridad ambiental de la zona y dar el manejo adecuado a las problemáticas ecológicas que se presentan. Las dinámicas de la hidropolítica que involucran a un país como Estados Unidos, caracterizado por una escasez hídrica importante, ocupan un lugar relevante en las agendas de estos dos gobiernos y que con mayor ahínco, comprometen la soberanía de ambos, al generar relaciones de tensión y una carencia de instrumentos institucionales internacionales que les permitan dirimir de manera efectiva estas nuevas controversias.-----Canada and the United States share more than 150 rivers and lakes along their borders, which have been subject to different conflicts. For such reason, cooperation mechanisms have been established, such as the International Joint Commission, with the aim of regulating and reconciling the topics concerning such shared basins. However, today those instruments are not sufficient anymore for the preservation of the environmental security and for providing proper management of the ecologic issues that arise. The hydropolitics dynamics involving such a country as the United States, which features a major water shortage, hold a relevant place in the agendas of these two governments, and compromise harder both countries sovereignty by creating tense relations and a lack of international institutional instruments which enable them to resolve these new conflicts on an effective way.

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Los procesos de integración que se han venido consolidando a lo largo de las últimas dos décadas han permitido el incremento de la productividad, la inversión e inserción de la economía colombiana en los mercados mundiales. Sin embargo, ha sido Estados Unidos el socio comercial más importante y decisivo para el comercio internacional de nuestros productos. Por tal motivo, la consolidación de un Tratado de Libre Comercio con este país será una oportunidad única para potenciar el desarrollo económico interno, la consolidación de una alianza estratégica para Colombia e, incluso, permitirá el fortalecimiento de nuestras relaciones con los mercados europeos y asiáticos.-----The integration processes that have been taking place in the last two decades have allowed an increase in productivity and investment, and the insertion of Colombian economy in world markets. However, the United States have been Colombia’s most important and decisive commercial partner for trading its products at an international level. Therefore, the consolidation of a Free Trade Agreement with that country will be a unique opportunity for boosting Colombia’s internal economic development and consolidating a strategic partnership; it will also strengthen our relations with European and Asian markets.