926 resultados para regional security


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Este estudio de caso se centra en los esfuerzos de China por reanudar los Six Party Talks o Diálogos a Seis Bandas que son considerados como la opción más viable para tratar la situación nuclear en la península coreana.

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El presente estudio de caso identifica las transformaciones de la política exterior egipcia en materia de seguridad frente al Estado de Israel, desde la Caída de Mubarak. La hipótesis que sustenta este ejercicio académico repasa las principales transformaciones que ha sufrido la política exterior egipcia en términos de seguridad frente a Israel pasando por la seguridad fronteriza, las relaciones diplomáticas, y el cambio del discurso gubernamental hasta la incidencia y actual importancia de los acuerdo bilaterales que se han alcanzado con intervención de terceros países. Por esta razón, el trabajo analizará, en primer lugar, la política exterior de Egipto hacia Israel en materia de seguridad antes de la caída Mubarak, luego, evidenciará cómo cambia la política exterior luego de su derrocamiento, y finalmente, expondrá las razones que explican el cambio de dicha política exterior. Lo anterior observado a la luz de las Teorías de Graham Allison y Barry Buzan.

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Desde finales de los 70 la piratería se convirtió en un problema para Nigeria. Con el tiempo adquirió características del crimen organizado y en 2010 se transformó en un problema transnacional, afectando a Estados del golfo de Guinea. Así, a través de una base conceptual, el estudio de caso concluyó que los factores internos –como la pobreza, debilidad estatal y marginalización- y externos –siendo ellos la falta de políticas internas destinadas a las aguas y la ausencia de estrategias marítimas en la región- de la piratería, crearon una dinámica para que dicha actividad se convirtiera en una amenaza a la seguridad marítima del golfo de Guinea, tomando como referencia a Benín y Togo. Siguiendo la línea argumentativa, se demuestra que la búsqueda de una solución a la delincuencia marítima ha generado interacciones de seguridad que sugieren las primeras fases de un posible complejo de seguridad regional.

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Esta monografía tiene como objetivo explicar cómo las migraciones transnacionales se han convertido en una amenaza para la seguridad de las ex repúblicas soviéticas de Asia central durante las últimas dos décadas dando lugar a un Complejo de Seguridad Regional (CSR). Mediante la teoría crítica del CSR elaborada por Barry Buzan, se buscará probar que estos flujos migratorios transnacionales han configurado una amenaza compartida para la seguridad de la región debido a su asociación con grupos extremistas islámicos asociados con el terrorismo. La materialización de dicho CSR se manifiesta en la creación de organizaciones regionales con una agenda de seguridad compartida tales como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y la Organización de Cooperación de Shanghai con el fin de neutralizar estas nuevas amenazas de carácter transnacional.

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El objetivo de esta investigación es explicar la forma en que la oferta de drogas ilícitas en la frontera ha configurado los mecanismos de cooperación entre Colombia y Perú de 2003 a 2012. Éste será desarrollado a través de los conceptos de cooperación (Keohane 1984) y securitización (Buzan 1998), que condujeron al estudio del proceso de coordinación política en tres etapas (Balzacq 2010): qué se dice en los acuerdos de cooperación entre Colombia y Perú, cómo han actuado los Estados en la frontera y cómo ese comportamiento ha afectado la posibilidad de coordinación política con Ecuador y Brasil dentro del micro complejo regional de seguridad. De esta manera, se probará que el tema de la oferta de drogas ilícitas en la frontera permanece en el campo politizado en la agenda colombo-peruana, mientras que la posibilidad de vínculos entre grupos armados organizados de ambos Estados está securitizada.

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El nuevo orden internacional derivado de la Guerra Fría se caracterizó por la multiplicación de nuevas amenazas a la seguridad y la construcción de bloques regionales con el propósito de enfrentarlas. Esta investigación plantea que bajo tales circunstancias, en América del Norte, fue adoptada una agenda ampliada y profundizada en materia de seguridad que permitió articular las seguridades económica, militar y la bioseguridad. En este sentido, la configuración de dicha agenda fue posible gracias a la adopción de una retórica neoliberal de seguridad económica desde la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio en 1994, la cual luego del 11 de septiembre de 2001 fue articulada con la agenda de seguridad militar propuesta por el gobierno estadounidense en materia de lucha antiterrorista, que a su turno permitió la adopción de una retórica y unas medidas extraordinarias en materia de bioseguridad, motivada por los ataques bioterroristas con ántrax en EE.UU., el brote de SARS en Canadá y la pandemia de AH1N1 en México.

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Esta monografía analiza la influencia del Crimen Organizado Transnacional en la Triple Frontera compartida por Argentina, Brasil y Paraguay y sus decisiones en Política Exterior durante 1996 y 2006. Se explica cómo el Crimen Organizado Transnacional y sus efectos en la gobernabilidad de los Estados pueden ser un motivo para el análisis de la situación como un Complejo de Seguridad Regional. A partir de la conceptualización de Seguridad Regional de Barry Buzan y Ole Waever y de Robert Stewart y Derrick Frazier, se avanza hacia el resultado de la investigación que permite exponer los factores que conllevaron a el surgimiento de un Complejo de Seguridad Regional entre Argentina, Brasil y Paraguay para diezmar los efectos del Crimen Organizado Transnacional en la Triple Frontera.

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El artículo aborda el tema de la consolidación de la paz y la seguridad en la región andina como un objetivo central en la Política Exterior Común adoptada por la Comunidad Andina. Hace un análisis de cómo algunos textos e instrumentos manejaron el tema de la seguridad subregional, como por ejemplo el Comunicado de Brasilia, en el cual los presidentes sudamericanos acordaron el establecimiento de una Zona de Paz en el espacio sudamericano. En este contexto, se analiza las posibilidades de establecer dicha Zona Sudamericana de Paz a partir de los instrumentos comunitarios existentes sobre la materia tanto en la Comunidad Andina como en el MERCOSUR, así como las condiciones previas y los requisitos que ella debiera tener para alcanzar sus fines.

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Este artículo convoca a adoptar una posición equilibrada en el análisis de las dimensiones e implicaciones que las crisis individuales de los países andinos tienen para la seguridad subregional. El autor parte de la premisa de que EE.UU. carece de una política clara frente a los problemas de la subregión y sostiene que en este país existe una sensación de pérdida de control, que hace que el tema del narcotráfico se convierta en el único con resonancia política. El autor plantea la necesidad de desarrollar un enfoque multilateral que garantice la seguridad subregional, y coloca a la crisis colombiana como la más grave y preocupante.

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For over two decades the issue of East Timor's right to self-determination has been a ‘prickly’ issue in Australian foreign policy. The invasion by Indonesian forces in 1975 was expected, as Australian policy-makers had been well informed of the events leading up to the punitive action being taken. Indeed, prior discussions involving the future of the territory were held between the Australian Prime Minister and the Indonesian President in 1974. In response to the events unfolding in the territory the Australian Labor Government at the time was presented with two policy options for dealing with the issue. The Department of Defence recommended the recognition of an independent East Timor; whereas the Department of Foreign Affairs proposed that Australia disengage itself as far as possible from the issue. The decision had ramifications for future policy considerations especially with changes in government. With the Department of Foreign Affairs option being the prevailing policy what were the essential ingredients that give explanation for the government's choice? It is important to note the existence of the continuity and cyclical nature of attitudes by Labor governments toward Indonesia before and after the invasion. To do so requires an analysis of the influence ‘Doc’ Evatt had in shaping any possible Labor tradition in foreign policy articulation. The support given by Evatt for the decolonisation of the Netherlands East Indies (Indonesia) gave rise to the development of a special relationship-so defined. Evidence of the effect Evatt had on future Labor governments may be found in the opinions of Gough Whitlam. In 1975 when he was Prime Minister, Whitlam felt the East Timor issue was merely the finalisation of Indonesia's decolonisation honouring Evatt's long held anti-colonialist tradition existing in the Australian Labor Party. The early predisposition toward Indonesia's cohesiveness surfaced again in the Hawke and Keating Labor governments of later years. It did not vary a great deal with changes in government The on-going commitment to preserving and strengthening the bilateral relationship meant Indonesia's territorial integrity became the focus of the Australian political elites’ regional foreign policy determinations. The actions taken by policy-makers served to promote the desire for a stable region ahead of independence claims of the East Timorese. From a realist perspective, the security dilemma for Australian policy-makers was how to best promote regional order and stability in the South East Asian region. The desire for regional cohesiveness and stability continues to drive Australian political elites to promote policies that gives a priority to the territorial integrity of regional states. Indonesia, in spite of its diversity, was only ever thought of as a cohesive unitary state and changes to its construct have rarely been countenanced. Australia's political elite justifications for this stance vacillate between strategic and economic considerations, ideological (anti-colonialism) to one of being a pragmatic response to international politics. The political elite argues the projection of power into the region is in Australia’s national interest. The policies from one government to the next necessarily see the national interest as being an apparent fixed feature of foreign policy. The persistent fear of invasion from the north traditionally motivated Australia's political elite to adopt a strategic realist policy that sought to ‘shore up’ the stability, strength and unity of Indonesia. The national interest was deemed to be at risk if support for East Timorese independence was given. The national interest though can involve more than just the security issue, and the political elite when dealing with East Timor assumed that they were acting in the common good. Questions that need to be addressed include determining what is the national interest in this context? What is the effect of a government invoking the national interest in debates over issues in foreign policy? And, who should participate in the debate? In an effort to answer these questions an analysis of how the ex-foreign affairs mandarin Richard Woolcott defines the national interest becomes crucial. Clearly, conflict in East Timor did have implications for the national interest. The invasion of East Timor by Indonesia had the potential to damage the relationship, but equally communist successes in 1975 in Indo-China raised Australia's regional security concerns. During the Cold War, the linking of communism to nationalism was driving the decision-making processes of the Australian policy-makers striving to come to grips with the strategic realities of a changing region. Because of this, did the constraints of world politics dominated by Cold War realities combined with domestic political disruption have anything to do with Australia's response? Certainly, Australia itself was experiencing a constitutional crisis in late 1975. The Senate had blocked supply and the Labor Government did not have the funds to govern. The Governor-General by dismissing the Labor Government finally resolved the impasse. What were the reactions of the two men charged with the responsibility of forming the caretaker government toward Indonesia's military action? And, could the crisis have prevented the Australian government from making a different response to the invasion? Importantly, and in terms of economic security, did the knowledge of oil and gas deposits thought to exist in the Timor Sea influence Australia's foreign policy? The search for oil and gas requires a stable political environment in which to operate. Therefore for exploration to continue in the Timor Sea Australia must have had a preferred political option and thoughts of with whom they preferred to negotiate. What was the extent of each government's cooperation and intervention in the oil and gas industry and could any involvement have influenced the Australian political elites’ attitude toward the prospect of an independent East Timor? Australia's subsequent de jure recognition that East Timor was part of Indonesia paved the way for the Timor Gap (Zone of Cooperation) Treaty signing in 1989. The signing underpinned Australia's acceptance of Indonesian sovereignty over East Timor. The outcome of the analysis of the issues that shaped Australia's foreign policy toward East Timor showed that the political elite became locked into an integration model, which was defended by successive governments. Moreover, they formed an almost reflexive defence of Indonesia both at the domestic and international level.

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Australians have long worried about whether Indonesia is ‘special’ or ‘normal’. Instead, we need to deal with Indonesia as it really is—a country experiencing simultaneously the challenges of political reform, economic development and a shifting regional security environment. The country’s political future is less certain than we would hope: after SBY’s term of government ends, the choice of a successor will be critical in determining the future of reform. We can’t rule out that Indonesia might slide back to old ways of doing business—democratisation is a fraught process.
As the Indonesian economy grows, so too do the prospects for Indonesia to establish its natural position as the leader of Southeast Asia. As the world is re-examining Indonesia, so too Indonesia is looking afresh at the world—more interested in external issues than it was a decade ago. The Southeast Asian subregion increasingly finds itself at the centre of a more strongly interconnected Indo-Pacific region—so Indonesia’s strategic importance is going up.
It’s important for Australia to build a better strategic relationship with Indonesia. The two are complementary partners. Australia should be proactive in exploring new opportunities for cooperation with a reform minded Indonesia—it’s in our interests to draw Indonesia into a more important strategic role in regional security.
Professor Damien Kingsbury, the author of this Strategy, is the Director, Centre for Citizenship, Development and Human Rights, Faculty of Arts and Education, Deakin University, Melbourne.

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Pós-graduação em História - FCLAS

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Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)