811 resultados para Resolución de disputas (Derecho)-México
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[Tesis] (Doctor en Derecho) U.A.N.L.
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Cuando una persona se abstiene de usar el dinero para que otra lo haga, se da como fruto de un acuerdo de voluntades, el cual debe ser respetado por ambas partes por el tiempo en el cual su relación jurídica persista
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El presente trabajo realiza un análisis sobre los diferentes fundamentos que ante la falta de regulación legal, nuestra jurisprudencia ha invocado para atribuirle efectos retroactivos –ex tunc- o efectos a futuro –ex nunc- a las sentencias de nulidad de los actos administrativos, los cuales van desde la asimilación de éste con el acto jurídico civil, hasta la pretendida identidad del acto administrativo general con la ley, todo enmarcado dentro de lo que se ha entendido por situaciones jurídicas consolidadas. Este estudio demuestra que la retroactividad o no retroactividad, no es una condición necesaria o automática de las sentencias de nulidad de los actos administrativos, porque tal idea anula reflexiones importantes que tienen que ver con la ponderación de principios básicos como la garantía de eficacia de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica, la justicia material, la confianza legítima y la igualdad. Se impone así entender que los efectos temporales de las sentencias no se derivan de alguna formalidad del proceso, ni de la naturaleza del acto administrativo, ni del tipo de sentencia; estos son más bien una de las herramientas para que el juez a través de la modulación en cada caso, pueda darle eficacia a su sentencia y cumplir con las obligaciones que le impone la Constitución y la ley, que no son otras que garantizar la protección de derechos fundamentales y preservar el orden jurídico.
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El consentimiento informado (CI) en medicina corre el riesgo de quedar reducido a un formalismo legal sin valor moral; esto puede suceder por dos cosas: 1) como consecuencia de que el paciente no comprenda con suficiencia el concepto de autonomía y 2) debido a la disminución de la autonomía práctica del paciente por efecto de la autoridad del personal médico o de las instituciones de salud. Este artículo tiene como fin mostrar bajo qué condiciones se puede evitar la reducción del CI a un formalismo legal desprovisto de valor moral. Para servir a este propósito, se considera el concepto de autonomía relacional como eje articulador que pone en relación al paciente con su comunidad moral y con el médico, lo que impulsa al personal de la salud a proporcionar las condiciones para tal fin. Así, se afirma que la valía moral del CI puede conservarse, primero, a partir de una concepción relacional de la autonomía y, segundo, mediante la aplicación, por parte del médico y de la institución, de un protocolo que disminuya la posibilidad de choque entre la autonomía y la autoridad.
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La Corte Constitucional colombiana, a través de la interpretación del texto de la carta política, ha hecho invaluables aportes al desarrollo del derecho en nuestro país. Sin embargo, este proceso de definir las palabras de la Constitución requiere la utilización de preferencias valorativas y esto, como es natural, implica un grave riesgo para la seguridad jurídica: ¿hasta dónde puede llegar el intérprete, ¿cuáles son los límites que debe respetar?. Este riesgo incrementa si tenemos en cuenta que buena parte de la doctrina constitucional colombiana contemporánea, llamada por algunos neoconstitucionalismo, ha creado una nueva jerga erudita impenetrable llena de metáforas sofisticadas, razonamientos abstrusos, argumentos con una gran carga emotiva y citas herméticas que, en cierta medida, le han permitido encubrir sus ideas y valoraciones y, de este modo, evitar que sean sensatamente escudriñadas. En un sistema como el colombiano, erigido sobre el principio de frenos y contrapesos entre los distintos poderes del Estado, si el poder político se ejerce a través de la justicia constitucional, en un lenguaje incomprensible y presentado como un argumento de última instancia, todo el equilibrio se viene abajo y, muy pronto, el derecho se convierte en el principal instrumento del despotismo., de Daniel Mendonca, es un libro perfectamente honesto que presenta sus ideas con absoluta claridad y ayuda a trazar los límites entre la discrecionalidad y la arbitrariedad de la interpretación constitucional.
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El presente trabajo aborda el controversial tema del funcionamiento del actual régimen mundial de comercio y sus sistemas de resolución de disputas. El propósito final de la investigación es establecer si la organización y las dinámicas que genera pueden ser comprendidas acertadamente como pilares de un régimen interestatal, o si es necesario utilizar la categoría de supranacionalidad para explicar el fenómeno actual de las interrelaciones comerciales bajo el amparo de la OMC. En otras palabras, se busca establecer si la OMC estaría ejerciendo un tipo de autoridad especial por sobre los Estados miembros, a través de su Sistema de Resolución de Disputas –SRD- y otros mecanismos. El estudio concluye que, en ciertas instancias y a partir de su sistema de resolución de controversias, la OMC se estaría desempeñando como un poder supranacional, por encima de sus miembros, aparentemente sin ninguna excepción y a momentos llegando a incidir en temas extremadamente sensibles y tradicionalmente soberanos de los países. La primera parte de este trabajo presenta una panorámica general del SRD y las tendencias históricas de su uso. El funcionamiento del SRD se analiza por medio de un estudio cuantitativo de los 242 primeros pedidos de consulta presentados ante la OMC. En la segunda parte se realiza un estudio de caso en torno a la queja presentada por la Unión Europea frente a Estados Unidos por los subsidios a las corporaciones extrajeras.
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El artículo, bajo la óptica de la gobernanza y la supranacionalidad, muestra el funcionamiento de la OMC y Sistema de Resolución de Disputas, presentándola como una Organización Internacional con capacidad "para convertirse en un ente omnipotente" no dependiente de ningún Estado en particular, para la cual debe emprender una amplia tarea para asegurarse que sus fallos y decisiones sean cumplidos por parte de sus miembros.
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Este libro nos permite cuestionarnos acerca de la contingencia y la complejidad en los patrones espaciales de los conflictos violentos en Colombia. Qué explica la irrupción de violencia en un lugar como la Comuna 13 de Medellín; qué impacto tienen los actores, hombres y mujeres, y el conflicto armado en la reproducción de más violencia; cómo se ve implicada la subjetividad en el conflicto armado; de qué manera responden los habitantes a la violencia que les ha tocado vivir y padecer; qué concepciones de paz se despliegan en el discurso y cómo pudiera interrumpirse la reproducción de la violencia a través del tiempo y del espacio, son algunos de los problemas abordados. La historia de la escalada armada en la Comuna 13 y su relación con los residentes del área podría ser escrita alrededor de la búsqueda desesperada y sin fin, por parte de los habitantes de la zona, de la estabilidad, la tranquilidad, la seguridad y la resolución de disputas, objetivos que han animado históricamente a la formación de Estados. Las consecuencias catastróficas del fracaso del Estado en el ofrecimiento de estos bienes públicos, constituyen una de las revelaciones de este estudio. En muchas situaciones donde la gente vive bajo un régimen armado de facto y tiene que adaptarse a él, se encuentra a sí misma en una situación en la que nunca gana: si se adapta con éxito, puede ser acusada de colaboración y apoyo; pero, si no se adapta, se arriesga a ser expulsada o muerta. Muchos residentes de esta comuna se hallaron en este dilema. La historia de la Comuna 13 no es sólo una búsqueda sin fin de la seguridad. Tampoco se puede relacionar exclusivamente con violencia y guerra. Este estudio muestra dinámicas referidas a la construcción de paz como parte de su historia. La guerra y la paz van unidas y han estado presentes simultáneamente. En una sociedad de guerra sin nombre, la Comuna 13 es un campo de batalla con nombre. Este estudio nos enseña qué tan profundamente necesitamos entender estos campos de batalla, si es que vamos a poner fin a la guerra.
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En este estudio se pretende exponer la situación actual de los derechos de propiedad de los bienes inmuebles rurales, principalmente bienes baldíos. Se parte de la base de los regímenes que han existido, sus principales características, su estado actual, la productividad económica de los mismos en determinadas regiones de Colombia, su seguridad jurídica y se planteará una propuesta de mejoramiento que podría obtener mejores resultados, tanto sociales como económicos, soportado en la experiencia del autor y en los diversos estudios que se han efectuado sobre el tema a nivel mundial.
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El estatuto de contratación administrativa (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007) por regla general regula todos los negocios jurídicos que surgen de la actividad de la Administración Pública, pero teniendo en cuenta las actividades que desarrollan algunas entidades del Estado esta regla tiende a presentar excepciones, como es el caso de aquellas Entidades que tienen por objeto la Exploración y Explotación de los Recursos Naturales renovables y no renovables. El principal actor del régimen excepcional de contratación para la exploración y explotación de hidrocarburos es la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el cual cuenta con dos reglamentos de contratación especial para la asignación de áreas y de contratación misional, en donde por disposición legal debe dar aplicación a los principios de contratación contemplados en el estatuto General de la Contratación pública (Transparencia, economía, responsabilidad y el deber de selección objetiva), este trabajo de investigación procura realizar una mirada analítica a cada procedimiento para determinar con posterioridad el grado de acatamiento de la orden legal establecida en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 así como sus principales falencias