761 resultados para INDÍGENAS DEL GUAVIARE (COLOMBIA) - DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES


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Fil: Vallejo, Gustavo Gabriel. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.

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Análisis y descripción del resultado del control de constitucionalidad realizado sobre la actividad legislativa desarrollada durante el período presidencial del Dr. Ernesto Samper Pizano comprendido entre el 7 de agosto de 1994 y el 7 de agosto de 1998, en donde se identifiquen vulneraciones a los derechos fundamentales y al equilibrio de los poderes Estatales.

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Esta monografía aborda el estudio de la guerra que se suscitó en 1932 entre Colombia y Perú, por la invasión de un grupo de peruanos en Leticia. Las circunstancias históricas, políticas y económicas, desempeñaron un papel muy importante ya que Colombia y Perú enfrentaron un conflicto bélico en medio de la gran depresión económica mundial. En 1922 con la firma del Tratado Lozano Salomón se establecieron las fronteras entre ambos Estados. Pese a esto el 1 de septiembre de 1932 ciudadanos de Loreto inconformes con dicho Tratado, invadieron Leticia lo que conllevo el repudio de la comunidad internacional y el apoyo de la Sociedad de Naciones y Brasil para que la situación se resolviera de la mejor manera posible, y evitando en cualquier caso una confrontación de grandes proporciones. La teoría del Realismo de Hans Morgenthau y más específicamente el concepto del interés nacional explica como Colombia defendió en todo momento su interés nacional, de igual manera el autor Clausewitz con conceptos claves como que es la guerra, la guerra como continuación de la política por otros medios, y los objetivos políticos y militares en común darán al lector una aproximación teórica para explicar el tema de esta monografía. Finalmente la guerra que se suscitó en 1932, concluyó favorablemente a los intereses colombianos, gracias a papel que desempeñaron actores claves, que apelaron siempre al derecho internacional y a las instancias internacionales.

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El texto hace un análisis y evaluación parcial de los resultados del componente de Lucha contra las Drogas Ilícitas del Plan Colombia, por lo que ve tanto los aspectos positivos como negativos, plasmados en el período 2002-2010.

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El fenómeno del desplazamiento interno forzado en el mundo representa una problemática de gran envergadura que impacta a aquellas personas que se ven obligadas a migrar dentro del territorio de su país huyendo de las zonas de conflictos y de las persecuciones de los actores armados, debido al contexto de violencia en el que se encuentran y del cual resultan ser las principales víctimas. Así pues, en el caso de Colombia, el desplazamiento forzado interno representa una de las principales consecuencias que ha dejado el contexto de violencia armada sufrido en el país a lo largo de las últimas décadas, lo cual ha llevado a las instancias constitucionales a pronunciarse sobre el accionar del Estado para darle solución a esta problemática. El trabajo se enfoca específicamente en la Sentencia T-025 de 2004 proferida por la Corte Constitucional donde se establece que el país atraviesa por un Estado de Cosas Inconstitucional. De manera particular, a lo largo del análisis se realiza una evaluación de la implementación, cumplimiento y alcance de la Sentencia en la Ciudad de Bogotá, durante la Administración de Samuel Moreno Rojas.

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La concentración de tierras ha sido una problemática recurrente en la historia de Colombia. La desigualdad en la distribución de las tierras ha moldeado constantemente a lo largo de las décadas nuestra realidad nacional. A pesar de la implementación de políticas agrarias en el pasado como la ley 200 de 1936 y la ley 135 de 1961, el conflicto agrario ha afectado de manera constante como generador de inequidad, violencia y desplazamiento dentro de la sociedad colombiana desde la Independencia hasta nuestros días, sin que hasta el momento el problema sobre la tenencia de la tierra haya sido resuelto.

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El desplazamiento forzado ha sido una situación que se ha venido evidenciado en la zona de La Macarena debido no solo al conflicto armado, sino a factores políticos y económicos, entendiéndose el primero como la falta de presencia estatal que ha conllevado a que grupos armados al margen de la ley se asienten en la zona y a su vez ha permitido que la económica ilegal cobre fuerza, esta última analizada en la investigación como un factor económico generador del desplazamiento. A raíz de esta situación en el año 2008 se implementa el Plan de Consolidación Integral de La Macarena (PCIM), con el fin de solventar los problemas de esta parte del país, sin embargo para esta monografía el factor político, el factor económico y la implementación del PCIM influyeron en el aumento del desplazamiento forzado en la Macarena-Meta. Periodo 2006-2010.

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Comunicando saberes es una propuesta de formación en artes y cultura que se articula en una región específica del País: el Departamento del Guaviare. A partir de la apropiación de “campos de expresiones y de conocimientos”, es decir, saberes colectivos y vigentes de los diferentes pueblos y regiones representados en este Departamento, se propone su reedificación (la creación), y su tránsito al plano de las significaciones colectivas (la comunicación). En esta propuesta formativa, el acto pedagógico no sólo deberá coincidir, suscitar y adaptarse a los procesos creativos conducidos o espontáneos que supone la actividad artística, sino que deberá poner en marcha otras estrategias tendientes a movilizar los conocimientos que luego se llevarán al acto formativo, a ampliar y mejorar la producción creativa, y activar las relaciones y el tránsito de las creaciones a la sociedad.

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La energía eléctrica y los bienes o activos eléctricos (de acuerdo con la definición técnica) con que se lleva a cabo su prestación, goza de una particular regulación y normatividad, explicables por la importancia capital de este servicio público, sumado al diseño institucional traído por la constitución de 1991, lo que la hace especialmente compleja, dinámica y abierta a precisiones. Es ese sentido, se parte de un entendimiento inicial de todos los activos que conforman una red de generación, transmisión y distribución eléctrica, para de esa forma comenzar a esbozar el régimen jurídico de los mismos, dependiendo de su posición dentro de la cadena de suministro eléctrico. Una vez concluido este acercamiento, se abordan los principales problemas previsibles desde una perspectiva puramente académica, como por ejemplo el relacionado con el alcance de los conceptos de la CREG y su valor normativo, la presunta inembargabilidad de los bienes destinados a la prestación de servicios públicos en cabeza de comunidades organizadas y el problema de la propiedad de particulares sobre activos conformantes de la red de suministro eléctrico y la salida normativa a ese conflicto (pues no debe olvidarse que los propietarios de activos de uso general, de acuerdo con la CREG, deben ser prestadores de servicios públicos domiciliarios) de modo tal que se respeten los derechos de propiedad. De cada uno de estos interrogantes surgen soluciones que lejos de zanjar las discusiones al respecto, buscan abrir el debate sobre un tema de tan capital importancia.

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La investigación que se presenta a continuación obedece a la inquietud que genera el actual contexto del conflicto armado del país y cómo este ha tomado grandes magnitudes que afectan a la población civil en diversos aspectos debido a su misma complejidad. “La crisis sociopolítica y económica que ha vivido Colombia en las últimas cinco décadas, sumada a la corrupción administrativa, la impunidad del sistema judicial y el narcotráfico, han contribuido al desarrollo del conflicto interno”1 . Como se evidencia, la violencia ha sido prácticamente una constante a lo largo de la historia que a su vez ha repercutido de diversas formas generando consecuencias como la desintegración del tejido social y la socialización basada en formas violentas como la agresión; esto ha pasado de generación en generación y ha resultado la manera como los colombianos afrontamos los conflictos, dejando como ultima opción el respeto, el diálogo o la concertación