930 resultados para Gaceta Sanitaria


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Antecedentes/Objetivos: La Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004, se centra en una función de la Salud Pública: Proteger la salud. Su impacto debe notarse gradualmente. Objetivo: Analizar denuncias y mortalidad por violencia del compañero íntimo (VCI), y medidas judiciales de protección de las víctimas, según desigualdades de género de Comunidades Autónomas (CCAA) de España, 2006 y 2011. Métodos: Estudio ecológico de la relación del índice de desigualdad de género (IDG) de las CCAA con las variables dependientes: muertes y denuncias de mujeres por VCI, y frecuencia de medidas judiciales civiles (salida del domicilio, suspensión del régimen de visitas, suspensión guarda y custodia y prestación de alimentos) y penales (privativas de libertad, orden de alejamiento, prohibición de comunicación y suspensión tenencia y uso de armas) con/sin orden de protección (OP) por VCI (2006 y 2011). Fuentes: Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, INE, Informes Estadísticos anuales Poder Judicial. Agrupación de CCAA según IDG España en 2006: 0,104 y 2011: 0,082 (por encima: > desigualdad de género, por debajo: > igualdad). Cálculo de tasas de mortalidad de mujeres > 14 años y de denuncias para las CCAA con IDGalto y bajo, del coeficiente de determinación entre las variables dependientes y el IDG, y del riesgo de aplicación de medidas judiciales, con/sin OP, en las CCAA según su IDG. Contraste entre 2006 y 2011. Resultados: En España se realizaron 8.315.202 denuncias en 2006 y 11.417.799 en 2011 por VCI. A > desigualdad de género de las CCAA > riesgo de denunciar por VCI, en 2006: R2 = 34% (p = 0,01), y 2011: R2 = 27,9% (p = 0,03). No se detectan diferencias en el riesgo de morir por VCI de las mujeres que viven en CCAA con diferentes IDG; pero se observa una disminución de la pendiente de la recta en 2011, al aumentar las muertes en las CCAA con > igualdad de género y disminuir en las desiguales. En 2006, la probabilidad de todas las medidas civiles es probabilidad en las CCAA más igualitarias. Las OP acompañantes a las medidas civiles y penales son adoptadas con > probabilidad en las CCAA con más igualdad de género. Conclusiones: Paradójicamente, con el mayor número de denuncias en las CCAA con mayor desigualdad, la adopción de medidas judiciales penales y civiles, con y sin orden de protección de las víctimas de VCI, es menos frecuente.

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Antecedentes/Objetivos: El impacto de la democracia en indicadores de mortalidad infantil, materna y en esperanza de vida ha sido demostrado. Objetivo: explorar la relación entre la democracia y la soberanía y seguridad alimentaria en Iberoamérica, considerando la riqueza de los países en 2012. Métodos: Estudio transversal ecológico, que utiliza el país como unidad de análisis sobre la relación entre el índice de libertad (como proxy de la democracia) y las variables de 1. Soberanía alimentaria: Bajo peso al nacer, desnutrición aguda y crónica infantil, % de población bajo la línea de pobreza; y 2. Seguridad alimentaria: prevalencia de subnutrición, acceso agua potable, suministro de proteínas promedio, y intensidad del déficit alimentario. Fuentes información: Estadísticas de Naciones Unidas, Banco Mundial, FAO, Freedom House. Todos los datos son referidos a 2012. Los países se estratificaron según su nivel de riqueza (Producto interior bruto-PIB) siguiendo la clasificación del Banco Mundial: baja, media, alta. También se clasificó la democracia en 3 categorías según Freedom House: países libres, medianamente libres y dictaduras. Se realizó un modelo de regresión lineal simple, y ajustado para controlar el efecto potencial de la riqueza del país. Resultados: El índice de libertad de los países estudiados, controlado por el PIB, se detecta asociado especialmente a la soberanía alimentaria. En concreto, se asocia a la desnutrición aguda infantil R2 = 49,8% (p = 0,02), desnutrición crónica infantil R2 = 51,4% (p = 0,04), y al % de población bajo la línea de pobreza R2 = 61,6% (p = 0,002). De los indicadores de seguridad alimentaria, solo el acceso al agua potable se detecta asociado R2 = 60,3% (p = 0,01), el consumo de proteínas promedio se asocia al índice de libertad, pero al controlar por el PIB se pierde la asociación. Conclusiones: La economía de los países Iberoamericanos pierde peso en la influencia sobre la seguridad y soberanía alimentaria al considerar su nivel de democracia. Este estudio muestra una fuerte asociación positiva de importantes condiciones como la desnutrición infantil y el acceso al agua potable con los derechos políticos y las libertades civiles, los cuales son políticamente modificables.

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Antecedentes/Objetivos: Tras el crecimiento de la inmigración extranjera de la pasada década, este estudio tiene como objetivo analizar la evidencia científica generada en los últimos quince años sobre la salud de la población inmigrante en España que aborda la influencia de determinantes sociales y/o las desigualdades en comparación con la población española. Métodos: Se realizó un estudio de revisión mediante la metodología de scoping review y se efectúo una búsqueda de la literatura científica publicada desde 1998 hasta 2013 en España. Se consultaron las bases de datos de medline y medes. Se combinaron 3 filtros temáticos: a) desigualdades sociales: se utilizó el propuesto por Borrell y Malmusi (Informe SESPAS 2010); b) inmigración: términos MeSH Emigrants and Immigrants, Emigration and Immigration, Transients and Migrants, Ethnic Groups; c) España: se utilizó el desarrollado por Valderas et al. (Rev Esp Cardiol 2006). Se seleccionaron estudios sobre desigualdades sociales en salud con población inmigrante procedente de países tales como Latinoamérica, África, Asia o Europa del Este. Resultados: Se seleccionaron 27 artículos. La mayoría fueron publicados en los años 2009 y 2010 (n = 17). Doce utilizaron encuestas poblacionales de salud de ámbito nacional (n = 6) y autonómicas (n = 6). Un total de 23 se centraron en población adulta mayor de 15 años. Los indicadores más frecuentemente analizados fueron el estado de salud percibido (n = 9) y la salud mental (n = 7). La población inmigrante está expuesta a determinantes sociales más desfavorables que la autóctona (clase social, renta, condiciones de empleo y trabajo, apoyo social, discriminación). A pesar de una menor prevalencia de enfermedades crónicas, parece presentar mayores problemas de salud mental y peor percepción de salud, sobretodo en mujeres y a mayor tiempo de estancia. También se reportan menores prevalencias de tabaquismo y consumo de alcohol, uso de fármacos y menor mortalidad, así como mayor sedentarismo y obesidad, sobre todo en mujeres, y violencia del compañero íntimo. Conclusiones: Los estudios exploran un amplio abanico de indicadores de salud en población adulta e infantil. A pesar de su recién llegada, las peores condiciones de vida se traducen en desigualdades sociales en la salud que afectan a la población inmigrante. Se detectan algunas lagunas de conocimiento y aspectos metodológicos a mejorar. Se hace necesario analizar la evolución de estas desigualdades en el nuevo contexto económico y considerando el previsible deterioro del efecto inmigrante sano.

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Antecedentes/Objetivos: En España, la discapacidad visual está en aumento y su distribución es desigual entre regiones y grupos sociales. La Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE 2012) recoge cierta información sobre salud visual. Los objetivos del estudio son: (1) estimar la calidad de la salud visual percibida en una población rural periférica de la red de asistencia sanitaria con relación a la población general y el uso de los servicios sanitarios especializados e (2) identificar los grupos en riesgo de tener más problemas de visión y las barreras de acceso a los servicios sanitarios. Métodos: Estudio transversal en una muestra representativa de 302 personas en Cenicientos (Madrid). Se administró cuestionario ad hoc con preguntas comparables a la ENSE 2012 sobre uso de gafas o lentes de contacto y limitaciones visuales percibidas, y otras adicionales sobre uso de servicios de salud visual y barreras de acceso a los mismos. Análisis descriptivo aplicado con prueba 2 para independencia de variables, contraste de tasas de proporciones y regresión logística (OR) para las asociaciones entre población rural y general y variables socioeconómicas. Resultados: En población rural, la prevalencia de mala salud visual percibida es el 40,8% en hombres y 39,4% en mujeres. La edad, la situación laboral, el nivel de ingresos y la presencia de enfermedades crónicas están fuertemente asociados (p = 0,001) a la salud visual percibida. Con respecto a la población general, la población rural presenta menor probabilidad de usar gafas o lentillas (p < 0,05) y mayor riesgo de presentar dificultades visuales severas en visión de lejos [OR = 2,95 IC95% (1,46-5,56)] y en visión de cerca [OR = 4,06 IC95% (2,29-7,20)]. La mayor prevalencia de mala visión percibida en población rural corresponde a los diabéticos (H. 65,5%; M. 58,3%), donde el 18,9% declara no ver bien pese a usar gafas y el 47,2% o no ha acudido nunca a consulta de oftalmología (17,0%) o lo ha hecho hace más de dos años (30,2%). En población infantil (< 16 años) el 73,2% nunca ha acudido al oftalmólogo. La distancia a la consulta, asociar sus problemas de visión a la edad y el precio de las gafas o lentes de contacto son las principales razones por las que refieren no haber resuelto su problema de visión. Conclusiones: La población rural presenta peores indicadores de salud visual que se ven influenciados por determinantes sociales, laborales y económicos. El uso de los servicios sanitarios es insuficiente para una adecuada prevención, especialmente en población diabética. Mejorar la accesibilidad a la asistencia sanitaria especializada y la concienciación en atención primaria sobre los riesgos de pérdida de visión podrían reducir estas desigualdades.

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Antecedentes/Objetivos: La Ley 1/2004 de atención a la integral a la violencia de género institucionaliza la respuesta sanitaria a este problema. En la actualidad, los servicios sanitarios se están viendo afectados por las políticas de austeridad del gobierno como respuesta a la crisis financiera, lo que puede afectar negativamente a la atención de la violencia de género. El objetivo de este estudio es explorar las percepciones de profesionales sanitarios del nivel gerencial sobre el impacto de la crisis económica en la respuesta sanitaria a la violencia de género en España. Métodos: Estudio cualitativo con 26 entrevistas individuales a informantes clave del nivel gerencial, 23 de las 17 Comunidades Autónomas y 3 del nivel nacional, entre julio de 2012 a marzo de 2013. Las transcripciones se importaron al software informático Atlas.ti-5 y se realizó un análisis de contenido cualitativo. Resultados: Se identificaron 4 categorías que explican las consecuencias de las políticas de austeridad en la atención sanitaria de la violencia de género. Tres de ellas hacen referencia a los efectos negativos: Desmotivación y pesimismo para avanzar en la integración de la respuesta a la violencia; Un sistema desbordado por los recortes y presión asistencial; y Necesidad de una mayor implicación por parte del personal sanitario para suplir las carencias del sistema. Una cuarta categoría concibe la crisis como oportunidad: El desafío es mantener y no desmantelar, una visión optimista de la crisis como un reto para afianzar lo que hay. Las personas implicadas luchan para mantener el abordaje de la violencia en las agendas, movidas por su motivación personal, pero sienten que es luchar contra un muro o ir contracorriente porque no se ha producido una integración oficial en la práctica sino sólo en la teoría, a raíz de la ley 1/2004 y las políticas de igualdad impulsadas por el anterior gobierno. Todo ello se ve dificultado por la desaparición de las subvenciones estatales para la formación y sensibilización, implantación de protocolos o creación de sistemas de información, junto a que no está en la cartera de servicios de las comunidades. Conclusiones: Continuar con la integración del abordaje de la violencia de género en el sistema de salud en época de crisis no es una prioridad. Los hallazgos sugieren que la motivación individual trata de compensar las deficiencias en el sistema existente, pero que el voluntarismo de las personas individuales no es suficiente sin estructuras organizativas que les respalden, lo que se ve especialmente dificultado en tiempos de crisis.

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Antecedentes/Objetivos: La fibromialgia (FM) es una enfermedad crónica dolorosa recientemente reconocida que afecta principalmente a las mujeres. El objetivo de este estudio es analizar la emergencia y visibilidad de la FM como un problema de salud en las políticas sanitarias, iniciativas parlamentarias (IP) y noticias de prensa en España. Métodos: Este estudio está estructurado en tres análisis independientes pero relacionados entre sí, acerca de la visibilización de la FM como un problema de salud desde distintos enfoques metodológicos y fuentes de información. Para ello se realizaron búsquedas sistemáticas a través de Internet y análisis de contenido cualitativo de los planes de salud autonómicos, noticias de prensa (El País, El Mundo y ABC) e iniciativas parlamentarias (IP) en España hasta el año 2013. Resultados: Los planes de salud no incluyen la FM entre los problemas de salud que priorizan en sus estrategias. Las IP reflejan la desproporcionada prevalencia femenina de la FM y denuncian su difícil diagnóstico, la falta de recursos destinados a la investigación y a su tratamiento, así como la falta de reconocimiento social y de las incapacidades laborales. La prensa refleja el estereotipo de enferma de las pacientes, pasivas y resignadas, que por el contrario cobran fuerza en grupo mediante las asociaciones, representadas como activas y luchadoras, quienes han conseguido llegar al Parlamento y tener impacto en las políticas. Ambos análisis indican que el año 2002 supuso un punto de inflexión en el reconocimiento social de la enfermedad, debido a la popularización del caso de particular de la diputada del PSOE en Cataluña, Manuela de Madre, a quien se le diagnosticó FM. Conclusiones: La incipiente incorporación de la FM en la agenda parlamentaria española y su cobertura periodística tienen un impacto positivo, puesto que promueven el conocimiento y la sensibilización social sobre este problema de salud. Aún así, los resultados muestran que la construcción social de la FM como problema de salud se encuentra en fase de decrecimiento gradual de interés. Además, la falta de reconocimiento social de la enfermedad puede estar relacionada con que se construye socialmente como un problema de salud de mujeres, con estereotipos de género.

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Antecedentes/Objetivos: Existe una tendencia a estigmatizar las enfermedades de las mujeres debido a la interiorización de estereotipos de género. Las implicaciones de este sesgo de género no han sido todavía plenamente explicadas. El objetivo de este estudio es explorar los discursos de profesionales sobre la fibromialgia (FM) y sus pacientes en España. Métodos: Estudio cualitativo basado en 12 entrevistas personales con profesionales involucrados en la asistencia de las personas afectadas de FM (8 hombres y 4 mujeres con perfiles de medicina general, reumatología, psiquiatría, psicología, fisioterapia, salud ocupacional). Se empleó una muestra teórica para seleccionar a los participantes, basada en la capacidad de los participantes para contribuir a la pregunta de investigación. Las entrevistas fueron transcritas e importadas al software informático Atlas.ti-7, con ayuda del que se realizó un análisis del discurso, prestando especial atención a los repertorios interpretativos. Resultados: Cuatro repertorios interpretativos emergieron de las entrevistas: 1) “La FM es una enfermedad de mujeres”, 2) “La FM es una enfermedad con un fuerte componente psicológico, pero una débil base biomédica”, 3) “Más diagnósticos de FM entre las mujeres, pero más bajas por enfermedad otorgadas a los hombres” y 4) “Desafiando la falta de reconocimiento social de la FM”. Aunque los repertorios construyen el prototipo de paciente de FM con prejuicios y estereotipos de género, emerge la resistencia hacia esta visión con el último repertorio. Conclusiones: Este estudio sugiere que las implicaciones de los estereotipos de género en las descripciones de los/as pacientes que hacen los/as profesionales influyen en su práctica profesional infravalorando la severidad y credibilidad de las pacientes y con un sesgo de género en el diagnóstico y concesión de las bajas por enfermedad y los permisos de incapacidad laboral. La relación médico-paciente se ve asimismo condicionada por estos prejuicios. Evidenciado que estos estereotipos afectan negativamente a la atención que reciben las personas afectadas de FM en España, se recomienda la sensibilización y formación de los profesionales.

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Antecedentes/Objetivos: La investigación es una necesidad común, sin embargo, las características y el contexto de los distintos países hace que la producción de la misma difiera considerablemente. El presente estudio bibliométrico tiene como objetivo describir la investigación en ciencias de la salud en Ecuador en el contexto Latinoamericano, durante el período 1996-2012. Métodos: Para el análisis se hizo uso de indicadores existentes en las bases de datos Scimago y Scopus. Se seleccionó estratégicamente a 3 países para ser comparados con la producción científica en ciencias de la salud ecuatoriana, tomando en cuenta a Brasil, México y Bolivia. Se analizaron las categorías: “Medicina”, “Enfermería”, “Nutrición y Dietética”, “Salud Pública” y “Epidemiología”, que tienen relación con ciencias de la salud y se encuentran contempladas dentro del “Plan Nacional del Buen Vivir” de Ecuador. Se analizó el número total de publicaciones en este período de tiempo, el ranking por país según número de publicaciones, el índice-H, las instituciones de mayor producción científica, los máximos productores y la colaboración internacional en publicaciones científicas. Se utilizaron las herramientas de ranking por país y comparar de Scimago y para la identificación tanto de “instituciones de excelencia” “ como de “grandes productores” se utilizó la herramienta ranking de Scopus. Resultados: Se encontró que en todas las categorías Brasil ocupa el puesto 1 y tiene el índice-H más alto, seguido por México en ranking e índice-H, Ecuador está por debajo de estos dos países pero supera a Bolivia. En cuanto a los grupos de excelencia en investigación, se encontró que dentro de los 10 primeros, solo 5 son universidades y el 60% pertenecen al sector privado, la institución que más publicaciones científicas tiene es la Universidad Central del Ecuador y el máximo productor en el Ecuador es Del Brutto, O.H. En lo referente a la colaboración científica internacional en ciencias de la salud, Ecuador recibe entre 57,8 y 100%. Conclusiones: De lo analizado se puede decir que la contribución de la investigación en ciencias de la salud en Ecuador en el contexto Latinoamericano es baja, con un despunte a partir del año 2003, que supera en incremento porcentual a México y Bolivia, este despunte podría deberse en parte a que en el Ecuador, en el año 2002 se establece la Política y la Ley del Sistema Nacional de Salud, que da inicio en octubre del mismo año al Foro Nacional de Investigación en Salud y para marzo del 2004, se instala la Comisión de Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Salud), sin embargo son necesarios más esfuerzos del Gobierno ecuatoriano para desarrollar una política de I+D efectiva.

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Antecedentes/Objetivos: El consumo de alimentos es un indicador que mide calidad de la dieta y estado nutricional. El consumo está influido directamente por la estructura de precios relativos a los alimentos. El objetivo es determinar y comparar la calidad de la dieta de la población española entre los años 2006 y 2011, y su relación con las variables socioeconómicas. Métodos: Estudio trasversal utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2006 y 2011. La muestra de la ENS-06 está compuesta por 29.478 personas, mujeres 15.019; hombres 14.459, y la del 2011 por 20.884 personas, mujeres 10.696; hombres 10.188. Variables: sexo, edad, grupos de alimentos, frecuencia de consumo, clase social (clase I, II y III hacen referencia a trabajos no manuales, clase IV y V trabajos manuales) y nivel de estudios. Se calculó el Índice de Alimentación Saludable (IASE) a partir de los grupos de alimentos, frecuencia de consumo y recomendaciones dietéticas (SENC, 2004). El IASE clasifica la alimentación en: saludable, necesita cambios y poco saludable. Se calculó la tasa de variación entre los dos años y se realizó un contraste de proporciones. Se utilizó el programa Excel y el paquete estadístico SPSS 20.0. Resultados: La prevalencia de hombres con alimentación saludable ha aumentado 7,6% respecto al 2006 (p-valor = 0,001), mientras que las mujeres con alimentación poco saludable ha aumentado 3,7%. Las personas de 45-64 años con una alimentación poco saludable han aumentado un 42,9% respecto al 2006 (p-valor = 0,001). Sin embargo los jóvenes de 16-24 años con alimentación poco saludable han disminuido un 29,5% (p-valor < 0,001). La población sin estudios con una alimentación poco saludable ha aumentado un 76,5% (p-valor < 0,001). La población con trabajos no manuales (clase I), como directivos de empresas que se alimentan saludablemente ha aumentado 14,3% respecto al 2006 (p-valor = 0,001), y la población con trabajos manuales (clase IV) que se alimenta saludablemente ha disminuido un 9,9%. Conclusiones: Las personas con mejores trabajos no-manuales han mejorado su alimentación, mientras que la población con trabajos manuales con alimentación poco saludable también han aumentado. La crisis económica actual puede estar influyendo en los cambios observados en la calidad de la dieta de la población española.

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Antecedentes/Objetivos: La etapa universitaria se caracteriza por cambios en estilos de vida y, la alimentación es uno de los de mayor variación, especialmente en los primeros cursos. El objetivo de este estudio es describir la frecuencia de consumo de alimentos y la calidad de la dieta de los universitarios españoles. Métodos: Estudio observacional, descriptivo, transversal, multicéntrico de estudiantes universitarios de primer año participantes en el proyecto uniHcos. Población de 1363 estudiantes, 72,6% mujeres y 27,4% hombres de 6 universidades españolas. Los participantes respondieron un cuestionario online de frecuencia de consumo de alimentos: A diario; 3-4 veces/semana pero no diario; 1-2 veces/semana; < 1 vez/semana; Nunca/casi-nunca. Para interpretar los resultados los alimentos se categorizaron según guías-dietéticas SENC-2004 en consumo: diario (pasta, pan-cereales, fruta, verduras, lácteos); semanal (carnes, huevos, pescado, legumbres) y ocasional (embutidos, dulces, refrescos con azúcar. A partir de estos datos se calculó el Índice de Alimentación Saludable (IASE) para determinar la calidad de la dieta. Se clasificó en saludable, necesita cambios y poco saludable. Se realizaron estadísticos descriptivos mediante el software estadístico SPSS 20.0. Resultados: El 38,1% de los universitarios consumen frutas a diario, 21,4% verduras, 74,5% lácteos, 60% pan-cereales y 15% pasta. Semanalmente, el 55,3% consumen carne 3-4 veces/semana, 20,7% huevos, 22,2% pescado y 25,5% legumbres. Además, el 13,3%, 22,2% y 10,2% de los universitarios declaran consumir a diario embutido, dulces y refrescos con azúcar respectivamente. Estos resultados van en concomitancia con los del IASE estadísticamente significativos (p-valor < 0,001), donde se muestra que 6,5% de los universitarios se alimentan saludablemente (mujer: 6,9%; hombre: 5,3%), frente a 78% que necesitan cambios (mujer: 76,7%; hombre: 81,3%) y 15,6% que presentan una alimentación poco saludable, siendo mayor en mujeres (16,4%) que en hombres (13,4%). Conclusiones: La alimentación de los universitarios españoles sigue siendo poco saludable y necesitando cambios, como muestran otros estudios en población universitaria. Los patrones alimentarios de consumo semanal de embutidos, dulces, como el de frutas, verduras y pasta, muestra una inversión de la alimentación saludable y, por tanto un problema de salud pública que requiere de atención por ser población que inicia su camino universitario.

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Objetivo: Consensuar competencias profesionales de salud pública del/de la egresado/a en farmacia y los contenidos básicos que debe incluir la materia de salud pública según el criterio de un grupo docente de salud pública del grado en farmacia procedente de distintas universidades públicas y privadas de España. Métodos: 1ª Reunión del Foro de Profesorado Universitario de Salud Pública del Grado en Farmacia, que tuvo lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid los días 19 y 20 de noviembre de 2013, en la que participaron 17 profesores/as. Los/las participantes disponían de sus propios programas docentes y de dos estudios previos sobre competencias profesionales en salud pública, para analizar las competencias y contenidos de salud pública del grado en farmacia. Se realizaron grupos de trabajo y se compartieron los resultados. Resultados: El mayor número de competencias fundamentales identificadas se corresponden con actividades de las funciones «Valorar las necesidades de salud de la población» y «Desarrollar políticas de salud». El programa final incluye contenidos básicos organizados en ocho bloques: Concepto de salud pública, Demografía sanitaria, Método epidemiológico, Medio ambiente y salud, Seguridad alimentaria, Epidemiología de los principales problemas de salud, Promoción y educación para la salud, y Planificación y gestión sanitaria. Conclusiones: La representación de prácticamente todas las facultades que imparten el grado en farmacia en España, y el consenso alcanzado en la descripción de competencias y contenidos, constituyen una base para unificar criterios que garanticen la mejora de la calidad docente y formativa.

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Antecedentes/Objetivos: El desconocimiento de la diferente semiología de las espondiloartropatías (EA) en las mujeres, respecto a su variante en hombres, está en el origen de una menor sospecha diagnóstica y errores diagnósticos en las mujeres; influyendo en la infra-estimación de su prevalencia y desigualdad de género en el acceso al tratamiento. Objetivo: reforzar las diferencias por sexo en los signos/síntomas (S/S) de la EA, la diversidad de errores diagnósticos previos, y el retraso diagnóstico. Métodos: Diseño observacional y análisis de comparación de 2 grupos de pacientes: 96 hombres (H) y 54 mujeres (M) con EA, atendidos durante 1 año (2013-2014) en las consultas de Reumatología del Hospital General Universitario de Alicante. Fuente de información: Cuestionario semi-estructurado e historia clínica (HC) sobre: S/S previos al diagnóstico, retraso diagnóstico e itinerarios sanitarios, y diagnósticos previos alternativos/erróneos. Resultados: Las EA se han confundido con 56 opciones diagnósticas alternativas/erróneas (en un 70,8% de los H y 93,8% de las M). Con los últimos criterios diagnósticos, hay más M: 31,5% que H diagnosticados de EA: 16,7%. El debut de la EA es con 25 síntomas diferentes referidos por los H (11 según HC clínica) y 20 por M (9 en HC), 18 comunes según los referidos por pacientes (7 comunes por HC). Más frecuentes en H: dolor lumbar 25%, de espalda 20,8% y cadera 8,3% vs en M: dolor espalda 22,2%, lumbar 18,5% y pies 14,8%. Los H tardan una media de 14 meses y las M 10, en demandar asistencia sanitaria tras la aparición de los síntomas. Mientras, la media del retraso en la atención médica hasta el diagnóstico de EA es de 7 y 9,75 años en hombres y mujeres, respectivamente; siendo más los especialistas que refieren a los H a Reumatología (n = 14) junto con la atención 1ª, que en las M (n = 8), las cuales son atendidas a petición de ellas (5,6%) y por urgencias 16,7% con > frecuencia que los H (a petición de ellos 1% y por urgencias 6,3%). Conclusiones: No todos los signos y síntomas de las Espondiloatropatías son referidos con la misma frecuencia en uno y otro sexo. Aplicando los nuevos criterios diagnósticos de 2009 se reducen las diferencias por sexo en el diagnóstico de EA. Pero, pese al conocimiento existente, la mímesis de prácticas profesionales diagnósticas obsoletas, como la aplicación de criterios diagnósticos sobrepasados induce a la no sospecha diagnóstica, confusión con diagnósticos erróneos y al retraso en la asistencia sanitaria. Son sesgos de género en el esfuerzo diagnóstico con consecuencias en los itinerarios complejos de los/las pacientes previos al diagnóstico de EA, en el esfuerzo terapéutico y en la prevalencia de las EA, especialmente en mujeres.

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Antecedentes/Objetivos: Además del desarrollo de género, la equidad de género es un determinante estructural de la salud, importante para las políticas de salud pública. El índice de equidad de género (IEG) mide la distancia entre ambos sexos en las dimensiones empoderamiento, actividad económica y educación. Objetivo: Explorar la variabilidad en la inequidad de género en las comunidades autónomas (CC.AA.) de España en el año 2006, mediante la descripción del IEG modificado. Métodos: Estudio transversal ecológico. Dado que el IEG sólo hace visible la inequidad cuando es desfavorable a las mujeres, se calcula el IEG modificado que puede hacer visibles aquellos casos, de haberlos actualmente o en el futuro, en los que las mujeres están, en términos relativos, mejor que los hombres. Para ello, en lugar de calcular las diferencias de género en las dimensiones del IEG mediante un cociente de proporciones, estas se comparan en términos absolutos (diferencias en las proporciones). IEGm oscila entre –1 (inequidad hacia las mujeres), 0 (equidad) y 1 (inequidad hacia los hombres). Resultados: La inequidad desfavorable a las mujeres está presente en todas las CC.AA. de España (IEGm de España = –0,162). La más equitativa: País Vasco (–0,086). La menos, Navarra (–0,184). En actividad económica, todas las CC.AA. presentan inequidad desfavorable a las mujeres. Baleares es la más equitativa (–0,221). Castilla-La Mancha la menos (–0,355). Inversamente, en actividad económica, todas las CC.AA. presentan valores de inequidad desfavorables a los hombres. Castilla-La Mancha es la única CA donde el valor de la dimensión de empoderamiento es desfavorable a los hombres (0,033). Conclusiones: No contando el índice de equidad de género con dimensión de salud/esperanza de vida, su uso es útil en la búsqueda de asociaciones con la mortalidad. Dadas las diferencias interregionales en la equidad de género en España, la Ley de Igualdad y los Planes de Igualdad en las CC.AA. deben trabajar para asegurar la equidad entre mujeres y hombres en todas sus dimensiones. En España persisten las desigualdades interregionales este-oeste en el desarrollo de género, principalmente debido al peso del empoderamiento político en el IEGm.

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Antedecentes: El Índice de Equidad de Género (IEG) fue diseñado por Social Watch en 2004, para contribuir a la promoción de la equidad de género y la autonomía de las mujeres, a nivel mundial. Al no contener ninguna dimensión de salud, este índice proporciona una oportunidad para probar la influencia de las relaciones de género en los patrones de salud y enfermedad. Sin embargo, como los valores más altos que la unidad se truncan a 1, la inequidad desfavorable a los hombres no puede ser calculada ni evidenciada. Como resultado, este instrumento de medición está en conflicto con los objetivos con los que fue creado. Objetivo: Proponer una versión refinada del IEG (IEG modificado [IEGm]) que permite poner de manifiesto las inequidades que afectan a ambos sexos, proporcionando una medición más justa de la inequidad. Método: En lugar de calcular las diferencias de género en las tres dimensiones del IEG (educación, actividad económica y el empoderamiento) por medio de un cociente de proporciones, el IEGm compara dichas proporciones en términos absolutos (diferencias en las proporciones). El IEGm oscila entre -1 (la inequidad hacia las mujeres), 0 (equidad) y 1 (inequidad hacia los hombres), a diferencia del IEG que oscila entre 0 (inequidad hacia las mujeres) y 1 (equidad) Resultados: Las clasificaciones de los países de acuerdo con el IEG y los valores IEGm muestran una alta correlación (coeficiente de rango=0,95). Sin embargo, se observa una mayor dispersión en el IEGm (43,8%) que en el IEG (19,27%). El método modificado del cálculo del IEG detecta la existencia de inequidad en la brecha de la educación, desfavorable para los hombres (coeficiente de rango = 0,36). Muchos países comparten el mismo valor absoluto de la brecha de educación, pero con signos opuestos [Azerbaiyán (-0.022) y Bélgica (0,022)], lo que refleja la inequidad hacia las mujeres y hombres, respectivamente. Esto también ocurre en la componente de trabajo técnico y profesional de la dimensión de empoderamiento [Brunei Darussalam (-0.120) frente a Australia, Islandia, Canadá y EE.UU (0.120)]. Conclusiones: El método modificado del Índice de Equidad de Género tiene utilidad potencial de ampliar los estudios de género y salud hacia los determinantes estructurales de la salud. Permite un control más estricto de la aplicación adecuada de las políticas para corregir las desigualdades sistémicas hacia las mujeres y, si llegase a ocurrir, hacia los hombres.

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