985 resultados para Estado de la investigación


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El uso de instrumentos y directrices en la política pública para la modelación de los resultados de la actividad científica y tecnológica ha sido frecuente en el Estado colombiano. Este trabajo bajo la ‘teoría de la regulación’ de Black, examina el Modelo de Medición de Grupos de Investigación y de calificación de Revistas Científicas –Publindex- de Colciencias, como instrumentos de intervención del Estado, fundados en el uso de indicadores bibliométricos y cienciométricos. Para ello, se da respuesta a interrogantes referidos a la auto-organización de la ciencia; su relación con el Modelo de Grupos de Investigación, la influencia que dicho modelo tiene sobre la libertad de investigación; las implicaciones que tiene el otorgar categoría o status a los Grupos por actos estatales y la conveniencia de que el Estado tenga un sistema de incentivos para el examen de información científica y técnica originada en indicadores científicos, entre otros. Se busca en síntesis, aportar elementos que permitan, desde una perspectiva sistémica e interdisciplinaria explicar algunas de las razones por las cuales los elementos involucrados en la estructuración de la normativa de ciencia y tecnología, pueden inducir a afectaciones negativas y positivas en el quehacer científico y tecnológico.

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El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

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Contiene dos anexos con los cuestionarios. Resumen tomado de la publicación

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Se aborda la importancia de conocer la difusión y consumo que los libros de texto de historia española han tenido desde la implantación del sistema escolar liberal. Se plantea la necesidad de incrementar estudios empíricos basados en este conocimiento. Desde esta perspectiva, los libros de texto de historia son una fuente documental preferente por la rica cantidad de información que suministran acerca de los profesores y sus prácticas educativas. Desde este planteamiento se aportan datos sobre la producción de manuales escolares de historia desde 1800 hasta 1970, el porcentaje en el que una serie de manuales reseñados por título y autor fueron utilizados en los centros valencianos de enseñanza primaria hacia 1860, la difusión de los manuales de historia en los Institutos de Bachillerato en la segunda mitad del siglo XIX así como los utilizados en lo centros valencianos de enseñanza primaria hacia 1900, en los centros privados valencianos de enseñanza secundaria en 1941-1942, en los centros catalanes en los cursos 1982-1984, en los centros de secundaria gallegos en el curso 1993-1994 y en los institutos de Castilla y León en el año 1995.

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El artículo para revista a las investigaciones sobre la relación que existe entre la evolución de la intención de voto a los gobiernos y la coyuntura económica. Se constata que los ciudadano suelen premiar con su voto a los gobiernos que mandan durante épocas de prosperidad, y viceversa. El artículo desmenuza la modelización que han adquirido estas funciones: qué tipos de variables han englobado, qué retardos temporales se han utilizado y qué valor explicativo han conseguido. Finalmente se entre en la discusión de los principales debates que las funciones de popularidad han generado: ¿influye más sobre el voto la evolución de las condiciones económicas personales del votante o de las condiciones macroeconómicas del país?, ¿influyen más las evaluaciones del pasado o las expectativas sobre el futuro?.

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Resumen basado en el que aporta la revista

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Se exponen los resultados de una investigación sobre el uso de las TIC en las escuelas e institutos españoles durante el curso 2010-2011. Se informa sobre las características y la metodología del estudio. En cuanto a los resultados, se agrupan en tres apartados: desaciertos, malos hábitos y buenas prácticas.

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Estudiar la política documental llevada a cabo en España durante el siglo XIX. En primer lugar, se analizan la legislación y las estructuras administrativas en materia de archivos y bibliotecas existentes en España durante el siglo XIX. Además, se estudia la creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. A continuación, se investiga la implantación de las disciplinas documentarias en los planes de estudio de las distintas carreras universitarias, así como la institucionalización de estas enseñanzas mediante la creación de la Escuela Superior de Diplomática. Por último, se dan a conocer las instituciones documentales del siglo XIX. Se consultan fuentes institucionales, documentales y personales. Investigación de carácter teórico y de análisis de la aplicación del contenido a las actuaciones institucionales y sociales. La política documental de la administración española en el siglo XIX sigue dos direcciones. Por un lado, se dota a los organismos públicos de archivos y bibliotecas y, por otro, se incorporan estas unidades documentales a la enseñanza, la ciencia y la cultura popular.

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Este trabajo es una investigación publicada

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Resumen también en inglés. Resumen basado en el del autor. Este artículo se incluye en el monográfico 'Didácticas especiales'

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Resumen tomado del autor. Resumen en castellano e inglés