130 resultados para Creditors
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La faillite internationale est une matière complexe qui a donné lieu à un long et vif débat doctrinal entre les tenants des systèmes de la territorialité et de l'universalité. Une faillite est internationale lorsqu'elle met en présence un débiteur possédant des biens ou des créanciers dans plus d'un pays. Puisque la matière de faillite est souvent très différente d'un pays à l'autre, l'application du système de la pluralité, retenue dans la plupart des pays, soulève plusieurs problèmes particulièrement en ce qui concerne la coordination entre les diverses faillites et le manque de protection des créanciers, notamment parce qu'elle accorde des effets limités à la reconnaissance des procédures de faillite étrangères. En effet, en présence de procédures de faillite concurrentes il s'agit de répondre aux questions suivantes: quelle est la juridiction compétente pour ouvrir et organiser la faillite? Quelle est la loi applicable? Dans quels États cette faillite va-t-elle produire des effets? Dans le présent mémoire, il s'agit d'établir une comparaison entre le système canadien et le système européen en matière de faillite internationale. Le législateur canadien a récemment envisagé de modifier sa législation sur la faillite pour permettre une meilleure coopération internationale en matière de faillite internationale. Le projet canadien C-55 reprend pour l'essentiel les dispositions contenues dans la loi-type de la commission des Nations-Unis pour le droit commercial international (CNUDCI) sur «l'insolvabilité internationale». Ainsi, il permet de faciliter réellement la reconnaissance des décisions de faillite étrangères, il accorde une plus grande portée aux effets de cette reconnaissance et il prévoit une coordination des procédures multiples en établissant une «hiérarchisation» des procédures de faillite relativement semblable au système européen. Cependant, le projet canadien atteint moins bien l'objectif d'universalité que le Règlement européen 1346/2000 au niveau du traitement égalitaire entre les créanciers locaux et les créanciers étrangers. Si la loi-type offre à tous les États une utilité pratique considérable pour les nombreux cas de coopération internationale, l'harmonisation de la faillite internationale dépendra de son adoption dans les différentes législations. Bien que plusieurs pays aient inséré ce modèle dans leur législation sur la faillite, il n'est pas encore possible, à l'heure actuelle, de parler d'un droit international de la faillite.
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La gouvernance des sociétés par actions canadiennes accorde une place aux créanciers, qui contribuent considérablement à leur financement. Les créanciers fournissent une prestation en échange d’une promesse d’être payé plus tard, de sorte qu’ils sont en conflit d’agence avec d’autres parties prenantes de la société par actions, particulièrement les dirigeants. Principale voie procédurale des litiges en droit des sociétés, le recours en cas d’abus (ou « recours en oppression ») permet d’endiguer certains aspects de ce conflit d’agence en octroyant aux tribunaux de larges pouvoirs pour pallier les abus. Cette intervention judiciaire s’exprime par la théorie des attentes raisonnables, selon laquelle le tribunal doit protéger non seulement les droits des parties, mais également leurs attentes raisonnables. La jurisprudence permet de conclure à des attentes raisonnables relativement à l’information fournie par la société, au patrimoine social et au processus décisionnel des dirigeants. Elle laisse également entrevoir une attente raisonnable à l’égard des modifications du partage des risques découlant d’un événement imprévisible.
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La epidemiología empresarial es un concepto por el cual se pretende explicar las causas por las cuales muchas empresas quiebran o no perduran a través de los tiempos. Este trabajo logra expli car qué es la epidemiología empresarial vista desde los aportes de los clásicos de la administración, casos y definiciones de enfermedades empresariales.
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar el papel que tuvo el Fondo Monetario Internacional [FMI] en el cambio de la imagen del Estado argentino después de la crisis financiera que estalló en el 2001. Como consecuencia de la declaración de default por parte del gobierno argentino se da un cambio en la imagen financiera del país, influenciada por el FMI, que convierte a Argentina en un paria internacional en temas financieros y comerciales alejándolo de los mercados internacionales. Este estudio de caso tendrá un acercamiento cualitativo dado que se analizarán las características, actuaciones y las bases crean el lazo entre las variables de la crisis financiera y el rol del FMI en Argentina y así poder entender su relación.
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This paper considers an overlapping generations model in which capital investment is financed in a credit market with adverse selection. Lenders’ inability to commit ex-ante not to bailout ex-post, together with a wealthy position of entrepreneurs gives rise to the soft budget constraint syndrome, i.e. the absence of liquidation of poor performing firms on a regular basis. This problem arises endogenously as a result of the interaction between the economic behavior of agents, without relying on political economy explanations. We found the problem more binding along the business cycle, providing an explanation to creditors leniency during booms in some LatinAmerican countries in the late seventies and early nineties.
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Esta obra se encuentra estructurada en dos grandes partes. En la primera parte, el lector encontrará generalidades sobre los créditos y las maneras en que los mismos pueden hacerse valer al interior de un proceso concursal. Aspectos como la insinuación del crédito, su reconocimiento al interior de estos procesos y la impugnación, son trabajados de manera extensa, indicando en cada caso, de manera precisa, la regulación a aplicar para cada uno de estos momentos procesales al interior del concurso de acreedores. En la segunda parte, encontrarán un estudio detallado de los créditos privilegiados al interior del proceso concursal. Como podrá apreciarse, se trata de una obra comprensiva de todos los aspectos que una persona interesada en un proceso concursal, cualquiera sea su posición al interior del mismo (deudor, acreedor, etc.), debe tener en cuenta para resolver todas las dudas que le surjan, aspectos todos abordados con la mayor rigurosidad y profundidad. Como podrá apreciarse, se trata de una obra comprensiva de todos los aspectos que una persona interesada en un proceso concursal, cualquiera sea su posición al interior del mismo (deudor, acreedor, etc.), debe tener en cuenta para resolver todas las dudas que le surjan, aspectos todos abordados con la mayor rigurosidad y profundidad.
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Durante los años 1998 y 2002 El Pomar atravesó por una fuerte crisis económica caracterizada por una disminución de las ventas y falta de liquidez que conllevó a graves problemas con los proveedores. Igualmente, había deficiencia en la dirección del área administrativa y financiera generando debilidades frente a la competencia, pues carecían de controles en los procesos internos. Desde el año 2001 hasta el año 2003, las ventas de la empresa habían disminuido en un 65%, lo que ocasionó el cierre de 4 comercializadoras que tenían y el incumplimiento de sus obligaciones fiscales, financieras y con sus proveedores. Dada esta situación se le aconseja a la Junta Directiva tramitar un acuerdo de restructuración bajo la Ley 550 de 1999 con el fin de pagar a sus acreedores. Este acuerdo fue formalizado con los proveedores el 8 de noviembre de 2003 en donde todas las partes quedaron de acuerdo luego que la Superintendencia de Sociedades diera el aval para ejecutarlo. Para el año 2010 la empresa logró superar esta etapa, luego de que la administración se enfocó en reconquistar el mercado perdido, se vendió la empresa a accionistas colombianos para adquirir capital y se realizó de alianzas estratégicas con otras empresas. El presente trabajo tiene como tema central discutir el caso empresarial de cómo El Pomar logró resurgir de su crisis. De este modo, es cómo se establecerán los parámetros que determinarán el desarrollo del trabajo, tales como: perdurabilidad empresarial, ley 550 de 1999, resurgimiento y estrategia.
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A finales del Siglo XX, Colombia se encontraba en un escenario bastante complicado en relación con la situación del país en años anteriores. Todo esto, debido a que el país se vio afligido por una serie de situaciones adversas: el desempleo, la violencia y catástrofes naturales, fueron una de las muchas cosas que generaron un grave periodo de recesión en el país. Frente a estos desafortunados acontecimientos, y en búsqueda de propiciar y fortalecer la economía del país, el Gobierno decide en su momento, intervenir en la economía local, principalmente en el Sector Privado, con el fin de normalizar la actividad productiva del país en todos los sectores económico. Para esto, el Gobierno en conjunto con la Superintendencia de Sociedades y teniendo en cuenta la devaluación de la moneda, las altas tasas de interés que existían en ese entonces, y, la disminución de la demanda, deciden desarrollar mecanismos de conciliación tanto para los deudores como para los acreedores con el fin de reactivar la economía y mejorar la situación financiera y contable del sector productivo y de servicios, con el fin de superar la crisis en la que se encontraban sumergidos en ese entonces. La ley 550, constituida en el año 1999 y también conocida como la Ley de Insolvencia Económica, otorgo herramientas para la reestructuración de empresas que decidieron acogerse a dicha ley, a un total de 1.323 empresas que se encontraban en proceso de liquidación. Para poder acceder a este proceso de reestructuración, además de cumplir con ciertos requisitos que se mencionaran posteriormente, las empresas que podían acceder a esta ley, debían encontrarse en mora en el pago de 2 o más obligaciones por un periodo mayor a noventa días, o, se debían encontrar envueltas en por lo menos 2 demandas ejecutivas por mora en el pago de cualquier deuda adquirida en nombre de dichas empresas.
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El propósito del tema a desarrollar a través de este documento es el de analizar y comprender, bajo una óptica crítica y reflexiva, la institución jurídica de la partición en vida, su noción, regulación y efectos, con miras a determinar los posibles perjuicios que pueda generar la aplicación de esta figura a los acreedores de quien lleva a cabo la misma. Basados en dicho objetivo, se expone a la partición en vida como institución jurídica, analizando el fallo de la Corte Constitucional mediante el cual se declara su exequibilidad, y contrastándola con la partición por donación, usada en Argentina, como referente extranjero. Así mismo, son abordadas distintas instituciones jurídicas cuyo análisis permite denotar el alcance de la partición en vida en la práctica social colombiana, y a su vez, determinar cómo puede verse afectado el patrimonio de aquellos terceros que fungen como acreedores del partidor.
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La autora sostiene que, dadas las condiciones usualmente impuestas por los países industrializados acreedores, el pago de la deuda externa es inviable para el Ecuador. Si se consideran aspectos económicos, sociales yambientales, se puede apreciar que el actual servicio de la deuda genera una balanza de pagos insostenible, deterioro de la capacidad productiva local. aumento de la precariedad del mercado laboral, incremento de la extrema pobreza y una presión insoportable sobre los recursos naturales. Mediante un análisis de ciertos indicadores selectos, la autora establece las relaciones existentes entre el ajuste para servir a la deuda, el deterioro de las condiciones de vida, el impacto en la agricultura y los recursos naturales y la dinámica de los procesos migratorios.
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This Working Document by Daniel Gros presents a simple model that incorporates two types of sovereign default cost: first, a lump-sum cost due to the fact that the country does not service its debt fully and is recognised as being in default status, by ratings agencies, for example. Second, a cost that increases with the size of the losses (or haircut) imposed on creditors whose resistance to a haircut increases with the proportional loss inflicted upon them. One immediate implication of the model is that under some circumstances the creditors have a (collective) interest to forgive some debt in order to induce the country not to default. The model exhibits a potential for multiple equilibria, given that a higher interest rate charged by investors increases the debt service burden and thus the temptation to default. Under very high debt levels credit rationing can set in as the feedback loop between higher interest rates and the higher incentive to default can become explosive. The introduction of uncertainty makes multiple equilibria less likely and reduces their range.
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Without corrective measures, Greek public debt will exceed 190 percent of GDP, instead of peaking at the anyway too-high target ratio of 167 percent of GDP of the March 2012 financial assistance programme. The rise is largely due to a negative feedback loop between high public debt and the collapse in GDP, and endangers Greek membership of the euro area. But a Greek exit would have devastating impacts both inside and outside Greece. A small reduction in the interest rate on bilateral loans, the exchange of European Central Bank holdings, buy-back of privately-held debt, and frontloading of some privatisation receipts are unlikely to be sufficient. A credible resolution should involve the reduction of the official lending rate to zero until 2020, an extension of the maturity of all official lending, and indexing the notional amount of all official loans to Greek GDP. Thereby, the debt ratio would fall below 100 percent of GDP by 2020, and if the economy deteriorates further, there will not be a need for new arrangements. But if growth is better than expected, official creditors will also benefit. In exchange for such help, the fiscal sovereignty of Greece should be curtailed further. An extended privatisation plan and future budget surpluses may be used to pay back the debt relief. The Greek fiscal tragedy highlights the need for a formal debt restructuring mechanism
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It has long been known that English Cistercian monasteries often sold their wool in advance to foreign merchants in the late thirteenth century. The abbey of Pipewell in Northamptonshire features in a number of such contracts with Cahorsin merchants. This paper looks again at these contracts in the context of over 200 other such agreements found in the governmental records. Why did Pipewell descend into penury over this fifty year period? This case study demonstrates that the promise of ready cash for their most valuable commodity led such abbots to make ambitious agreements – taking on yet more debt to service existing creditors – that would lead to their eventual bankruptcy.
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In this contribution, the English commonhold system, which enables the development of freehold units in a multi-unit development, is critically re-visited. Provision is made for the development of freehold apartments on land with a registered commonhold title. At the date of registration, a management body for the scheme, the commonhold association, must be in place. Each purchaser of a unit in the relevant building obtains freehold property on purchase. The property and management of the building housing the units and of the common areas of the scheme are, by contrast, withheld from unit holders and vested in the commonhold association, which is a special kind of body corporate. Since the coming into force of the English legislation, a set of defects have been detected. This contribution re-assesses the main problem areas and makes a number of reform suggestions drawing on material from a number of jurisdictions, notably South Africa, France and Germany. Avoidable problems are likely to arise with any conversions to commonhold from the predominant English long lease system, owing to the narrowness of the conversion rules. The manner in which ownership of units and the common parts are regulated, a key aspect in any such system, merits re-assessment. It seems that here the English rules survive comparison. The rules pertaining to constitution of the commonhold association fail to provide sufficient safeguards for unpaid scheme creditors. The rules relating leasing of commonhold units seem inadequately thought out. There is a conspicuous absence of real remedies for non-payment of assessments by unit holders. The effect of these and other aspects may help to explain why commonhold has had a limited numerical impact. The time for a second generation reforming statute may have come.
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This paper aims to examine the perception of key actors regarding the costs and benefits that result from adopting International Financial Reporting Standards (IFRS) in Ukraine. Authors showed that IFRS implementation impacts on internal reporting quality, the relationship with customers, creditors and shareholders, the access to international markets and external financing. They also indicated that financial managers have serious concerns about implementation costs related to the introduction of IFRS. These costs relate to training, instruction on IFRS adoption and translation of current IFRS, changes in software systems, double purpose accounting and deadlines for IFRS adoption and consulting services.